Mirándonos en el espejo mexicano

El Salto, riberas del Río Santiago (Foto: Martín Álvarez-Mullaly, OPSUR – #ToxiTourMexico, diciembre de 2019)

La Caravana pudo constatar la existencia de corredores industriales consolidados en los últimos 20 años bajo el amparo de los tratados de libre comercio. Permitió observar in situ, cómo la ley acaba permitiendo la autorregulación ambiental de las empresas con el objetivo de atraer inversiones. Industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas coinciden con espacios urbanizados sin que se haga un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales. 

De forma generalizada, el panorama en las seis regiones generó gran preocupación entre los observadores y observadoras, al encontrarse ante una alarmante situación de urgencia ambiental y sanitaria. Se puso de manifiesto la sistemática contaminación del aire, el agua y el suelo; la destrucción de los ríos, lagos, bosques y tierras de cultivo; procesos de urbanización salvaje y de proliferación de basureros y lugares de vertido de desechos tóxicos extremadamente peligrosos, así como la destrucción de la salud y los tejidos comunitarios en las regiones donde se han instalado las industrias amparadas por el régimen de comercio e inversiones. Según la información recabada por informes toxicológicos dados a conocer durante el recorrido, los habitantes de las regiones visitadas presentan diversas enfermedades, como cáncer de hígado, riñón, piel y estómago, así como leucemia, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética, vinculadas con la actividad de las empresas en diferentes sectores.  

Resultó evidente que a pesar de tener conocimiento de todo ello, los sucesivos gobiernos mexicanos no solo no han actuado hasta ahora, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales ignorando las demandas y reivindicaciones de las comunidades afectadas; han contenido el descontento social a través de políticas de criminalización,  represión y la siembra del terror en las organizaciones sociales mediante diversos grupos delictivos; y han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que aumentan aún más los riesgos para la población local.  

Por su parte, los gobiernos de los países de origen de las empresas extranjeras –fundamentalmente estadounidenses y europeas– que operan en los corredores industriales no vigilan el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y ambientales por parte de estas industrias, ni tampoco asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales que se generan. Asimismo, promueven la firma de tratados de libre comercio y de protección de inversiones, como el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México concluido en abril de 2020. Entre los elementos centrales del acuerdo, hay un capítulo sobre la protección de las inversiones¹⁵. México sería el primer país latinoamericano en firmar un tratado con Europa que incluya esta dimensión. Los beneficios para las empresas europeas son evidentes: el 35% de la inversión extranjera directa (IED) en México es de origen europeo¹⁶. Pero para el país latinoamericano, que ya se encuentra entre los cinco países más demandados del mundo (y el tercero de América Latina) por inversores extranjeros ante tribunales internacionales, este capítulo implica un riesgo considerable. Entre las 31 demandas de arbitraje que enfrentaba en 2019, siete fueron presentadas por empresas europeas (cinco españolas y dos francesas)¹⁷.  

Uno de los elementos que más impactó a los observadores y observadoras internacionales radica en la capacidad de organización y de articulación de las resistencias que han desarrollado las comunidades afectadas en las seis regiones. Se hizo evidente que durante décadas, a pesar de la devastación socioambiental de sus territorios y de la agresión constante a su vida y su salud, han hecho un seguimiento de los impactos, desarrollando una gran capacidad de análisis colectivo e integrador del conjunto de dinámicas a las que se enfrentan, y se han vinculado con especialistas científicos con un alto compromiso social que han consolidado los diagnósticos populares. Los avances logrados por estas organizaciones tendrán impactos no solo en otras regiones a nivel nacional, sino también a nivel internacional.  

A comienzos de 2020, el contexto de crisis sanitaria mundial genera una mayor preocupación para los y las observadores/as de la Caravana, en términos de los impactos que puede tener la pandemia sobre las comunidades afectadas visitadas. Esta preocupación se incrementa ante la reciente constatación por parte de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, de que el 78% de los decesos por COVID19 parecen estarse concentrando en algunas de las regiones recorridas o bien en regiones de características muy similares a las recorridas por la Caravana¹⁸. En efecto, tal y como lo informaron las organizaciones en la reunión que mantuvieron el 6 de mayo de 2020 con SEMARNAT, la Secretaría de Salud y CONACYT, las seis regiones se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desatención estructural, caracterizada por el deterioro del sistema inmunológico de sus habitantes, dada la prevalencia en dichas regiones de comorbilidades interactúan intensamente con el SARS Cov-2, como es el cas de enfermedades degenerativas como el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades respiratorias, la diabetes, la obesidad, las enfermedades autoinmunes, entre otras¹⁹.  

A continuación, sobre la base de datos recabados por integrantes de la ANAA²⁰ y de las observaciones in situ, exponemos brevemente los resultados preliminares²¹. 

La Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, caracterizada por el emplazamiento de grandes zonas industriales, manufactureras, urbanas y agropecuarias. Algunas de las más de 70 empresas transnacionales presentes en la región son: Nestlé, Huntsman, Forbo Siegling, Omya (Suiza), Pernord Ricard, Danone, Virbac (Francia), Mexikor, Valresa (Estado español), Nefab, Zassa Abloy, Concretos Apasco (Suecia), Operadora CICSA, Cytec (Bélgica), DSM Nutritional Products (Países Bajos), QTEK México Pentair Vales and Controls (Irlanda), Petosa, Siemens, Continental, WVoit, BDT, ZF Friedrichshafen AG, Salzgitter Mannesmann, Borgwarner y Hella Automotive (Alemania). Desde el año 2000, la población afectada comenzó a organizarse para exigir que se investigaran los impactos de los corredores industriales en la salud de la población²². En 2011, un estudio sobre la calidad del agua del Río Santiago, a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), comprobó la presencia de 1.090 contaminantes, el incumplimiento de la laxa norma de descargas por el 94% de las industrias y el vertido de 507,5 toneladas diarias de contaminantes²³. A pesar de estos hallazgos, no se tomaron medidas de reparación o de atención a la población. Por otra parte, el Gobierno del Estado de Jalisco tardó 10 años en hacer público –y lo hizo únicamente en diciembre de 2019 como consecuencia de la presión popular– un estudio que había encargado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Los datos recabados sobre 300 niño/as de entre 6 y 12 años de El Salto, Puente Grande, Juanacatlán, Colonia Jalisco y Jardines de la Barranca pusieron en evidencia, entre otros: la presencia de arsénico en el 45% de los niño/as de Juanacatlán; de cadmio en 97,8% de los/as niños/as de El Salto; de mercurio en 59% de los/as niños/as de Puente Grande; de plomo en el 93,8% de los/as niños/as de Juanacatlán; y benceno en 73,7% de aquellos/as de Juanacatlán²⁴. Para las organizaciones de afectado/as, el muestreo constituye un reflejo de una realidad que aqueja al conjunto de la población. Denuncian que su región se ha sacrificado en aras del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras, y exigen la declaración de una Zona de Emergencia Ambiental y Sanitaria. 

En lo que atañe a la Cuenca de la Independencia, las comunidades del Norte del Estado de Guanajuato denunciaron los impactos producidos por la agricultura de exportación (brócoli, espinaca, fresa, frutos rojos, maíz transgénico, entre otros) de las empresas transnacionales y por poderosos empresarios mexicanos que han participado históricamente en las tres ramas del gobierno. El agronegocio no solo ha perforado más de 3000 pozos profundos, de los cuales cada año se extraen millones de metros cúbicos de agua, sino que el uso intensivo de agroquímicos ha causado la contaminación grave de los suelos y del agua. Las personas que viven en la región padecen síntomas provocados por fluoruro y arsénico en particular, tales como: fluorosis dental, fluorosis esquelética, síntomas neurológicos, problemas de los riñones, insuficiencia renal, varios tipos de cáncer. Además, en San Miguel Allende se encontraron casos de cáncer de pulmón atribuidos a la exposición prolongada a erionita potásica. 

La región está asimismo amenazada por la posible implementación del proyecto minero a cielo vierto “Cerro del Gallo” en Dolores Hidalgo. El permiso fue de momento denegado por SEMARNAT, pero los capitales interesados podrían apelar. En lo que atañe a las condiciones de trabajo, se denunció la explotación laboral extrema por parte de la industria, que emplea de forma temporal y en condiciones precarias a personas provenientes de comunidades indígenas del Sur del país. En esta región, las comunidades afirmaron que el agotamiento de los recursos naturales por la agroindustria ha obligado a un gran número de personas a migrar hacia los Estados Unidos. En el Sur del Estado, donde se ubica uno de los principales centros industriales del país, se informó sobre los impactos generados por la planta de Tekchem, que en el año 2000 registró explosiones de malatión, provocando la formación de una nube tóxica que afectó a la población a varios kilómetros a la redonda. También, se denunció el caso de la industria Química Central de México, clausurada en 2014 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que exigió a la empresa el retiro de miles de toneladas de contaminantes. A pesar de ello, la empresa sigue sin cumplir. La población local menciona el aumento de enfermedades respiratorias e inmunológicas, daños teratogénicos, malformaciones, además de problemas por intoxicación severa: dolor de cabeza, dolor de garganta, ardor de ojos y vómito.

Otro de los paraísos industriales recorridos fue el Valle del Mezquital. En esta región se ubican las ocho principales fábricas de cemento y cal del país (generando la cuarta parte del cemento de México), entre las cuales se destaca la planta de la transnacional francesa Lafarge-Holcim. Este tipo de industria representa un riesgo para la población, ya que su funcionamiento requiere de dos procesos altamente contaminantes: la extracción minera a cielo abierto y la transformación industrial del material a través de calor, que genera emisiones contaminantes. Además, se incineran basuras y diversos tipos de residuos industriales en hornos de cemento, utilizándose neumáticos, productos químicos, aceites caducados, entre otros. Esto provoca la presencia de dioxinas y furanos en el polvo que cubre cotidianamente los campos agrícolas y las ciudades de la región. Las comunidades reportaron asimismo impactos generados por las aguas residuales urbanas e industriales, procedentes de la Ciudad de México, y la explotación de minería no metálica a cielo abierto. A ello se suman las emisiones atmosféricas de una planta de refinación de Pemex, de una planta termoeléctrica de la CFE, y dos parques industriales y empresas procesadoras de alimentos, como Sigma Alimentos, Cargill, Barcel, Griffith, Bimbo y la Compañía Cerillera la Centra. En abril de 2013 explotó en cinco ocasiones una planta de agroquímicos ATC y se reportaron cuadros de envenenamiento en alrededor de 40.000 personas²⁵.  

Durante una presentación organizada para la Caravana sobre otra de las regiones visitadas, la Cuenca del Río Atoyac-Zahuapan, el investigador Samuel Rosado²⁶ documentó cartográficamente cómo a partir de la firma del TLCAN se incrementó la presencia del capital estadounidense y alemán. En particular, entre 2011 y 2016, el sector automotriz presente en la región creció un 60%. A pesar de las promesas de generación de trabajo para las poblaciones locales a partir del establecimiento de los corredores industriales, Rosado mencionó que la industria manufacturera en Puebla y Tlaxcala sólo representa 16% de los puestos de trabajo. 

Apoyándose en informes de CONAGUA y la CNDH, las comunidades afectadas reportaron la presencia de los siguientes contaminantes en el río: mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, cadmio, zinc, tolueno, dibromoclorometano, cloroformo, cloruro de vinilo, cloruro de metilo, fenoles, compuestos de benceno, nitritos y nitratos, fosfato y xilenos. De acuerdo con las denuncias presentadas por el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. frente a la Red contra el Genocidio y la Impunidad en México, entre 2002 y 2016 más de 25.000 personas fallecieron de cáncer, 4.000 de ellas por insuficiencia renal y se contabilizaron más de 900 casos de abortos espontáneos. Asimismo, la Red estima que en promedio muere en la región una persona cada cuatro horas por alguna de estas causas²⁷. 

En Puebla, otro de los paraísos industriales y agroindustriales visitados por la Caravana, las comunidades afectadas denunciaron la sobreexplotación de los acuíferos y los altos niveles de contaminación ocasionados por la industria manufacturera, automotriz (por ejemplo Volkswagen), porcina (Granjas Carroll-Smithfield y Driscolls) y minera. Cabe señalar que esta región fue en 2009 el epicentro de la pandemia del virus H1N1. Además, se denunció el continuo despojo de tierras causado por la implementación de diversos tipos de megaproyectos como las megagranjas de cerdos, la agroindustria de exportación, la minería a cielo abierto o los parques eólicos de la empresa española Iberdrola.  

En el Norte del Istmo de Tehuantepec, la Caravana recorrió uno de los polos petroleros y petroquímicos más antiguos  e importantes de América Latina, conformado por la Refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque, establecidos en Minatitlán, Veracruz. En Coatzacoalcos se encuentra el CPQ Cangrejera (donde opera, por ejemplo, grupo español COBRA, propiedad de ACS), el CPQ Morelos, y el CPQ Pajaritos, cuya planta de clorados III sufrió una explosión en 2016 en la que murieron 32 trabajadores. En este último caso, las comunidades afectadas denuncian que más de 300.000 habitantes locales se vieron expuestos a las cenizas precipitadas por la explosión, que contenían un alto contenido de dioxinas y furanos policlorados.  La región posee también el principal núcleo de ductos de fósiles industriales (oleoductos, gasoductos, gasolinoductos y ductos petroquímicos) que son objeto continuo de explosiones y derrames en el área de  Nanchital, contaminando peligrosamente a la región. 

Además de la contaminación permanente del Río Coatzacoalcos por el vertido de hidrocarburos en los humedales vecinos a los grandes centros industriales, las comunidades afectadas informaron que el almacenamiento a cielo abierto de coque en Jáltiplan de Morelos, por la empresa española García Munte (actualmente ADN Energía de México), provoca la dispersión de un polvo fino y de nubes tóxicas asociados a un gran número de enfermedades que aquejan a la población. Por otra parte, señalaron que de acuerdo con los pescadores locales, desde la instalación de la planta en 2013, observaron la mortandad de peces, tortugas y otras especies locales. Las comunidades campesinas también informaron de pérdidas en las cosechas de frutales y hortalizas. Por otra parte, se señaló que la planta de coque genera únicamente una veintena de puestos de trabajo y que los trabajadores tienen graves problemas de salud.