Licencia para saquear: el capital contra la vida digna

“¿De repente a los gobiernos de países tan pobres como Uganda, Kazajistan o Paraguay se les ocurrió que era buena idea unificar sus territorios nacionales a través de la infraestructura? (…) La infraestructura juega un doble rol. Por un lado, se trata de disminuir los costos de producción a través de la construcción de estos recursos. Pero, por otro lado, el capital avanza sobre la infraestructura como un negocio en sí mismo, se da, tal como pude interpretar de los ejemplos del libro, un proceso de “acumulación por desposesión” sobre el bien público infraestructura”. Accedé a la descarga gratuita del libro.

Foto: Martín Álvarez Mullally

Por Agostina Costantino / Huerquen, Colectivo de Comunicación .- “Licencia para saquear. Infraestructura y extracción financiera en el Sur Global”, escrito por el investigador inglés Nicholas Hildyard y traducido por Nancy Viviana Piñeiro, es un material clave para entender una de las formas que ha adoptado la acumulación de capital en los países de esta parte del mundo. El autor es fundador y director de una organización llamada The Corner House, que se dedica a apoyar movimientos comunitarios en favor de la justicia ambiental y social (desde luchas por el derecho a la tierra y el agua, hasta la mejor atención en salud, pasando por campañas en contra de proyectos mineros y más). Este dato no es menor, pues el objetivo ulterior del libro es, justamente, éste: brindar material a la comunidad que sirva de apoyo para cuestionar y resistir los mega proyectos de infraestructura que atentan contra la vida digna de las personas.

Hildyard comienza planteando la paradoja de que, en la actualidad, muchos organismos internacionales se muestran preocupados frente al cada vez más grave problema de la desigualdad, pero siguen sin preguntarse por sus causas estructurales. Esta corrección política institucional se suma a la incómoda tarea de ahondar en las razones que explican que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, para explicar el hecho de que se hayan convertido en best sellers libros que plantean esta problemática desde la superficialidad. Como si gravar con un impuesto a la herencia de los patrimonios, que, por cierto, bienvenido fuera si tan solo se planteara, fuera a evitar que los procesos escandalosos que producen la desigualdad se siguieran reproduciendo.

La idea general del libro es que el avance del capital hacia los rincones más recónditos del planeta y todas las dimensiones que hacen a la vida digna de las personas (la

alimentación, la salud, la educación, la cultura y hasta… ¡el aire!) produce necesariamente un aumento en la desigualdad. Lo macabro de todo esto, tal como se presenta en Licencia para saquear, es que ni siquiera se puede apelar a la ilegalidad de los procesos, porque todo esto se produce respetando los marcos legales de los países. Lo interesante de los casos que presenta el libro es que la característica común de todos ellos es que la norma es la legalidad. También existen procedimientos ilegales, claro, pero los mismos no explican la totalidad de la extracción de recursos de las comunidades, necesarios para la reproducción de una vida digna.

El ejemplo que usa para analizar esto es el caso de los proyectos de infraestructura, a los que presenta como proyectos de extracción financiera. ¿Por qué han proliferado en los últimos años en todo el mundo propuestas y ejecuciones de mega proyectos de infraestructura, como rutas que unen muchos países, grandes puentes, puertos enormes y vías férreas? ¿De repente a los gobiernos de países tan pobres como Uganda, Kazajistan o Paraguay se les ocurrió que era buena idea unificar sus territorios nacionales a través de la infraestructura? El autor plantea que no, que la proliferación de estos proyectos no responde a satisfacer necesidades de las comunidades, sino pura y exclusivamente a satisfacer las demandas del capital. Y esto por varias vías.

La desintegración de las cadenas productivas ha llegado a un punto tal que para producir cualquier bien industrial pueden hacer falta miles de componentes y recursos traídos de cualquier rincón del mundo, por más recóndito que sea. Este bien se vende a su vez en diversos territorios, incluso los más alejados de su lugar de ensamble final. Esta dislocación entre la producción y el consumo hace que sea necesario acortar cada vez más esas distancias. Y, en este caso, acortar las distancias no es más que un eufemismo para decir “achicar los costos”, o en las palabras del geógrafo David Harvey que se repiten en el libro: “aniquilar el espacio a través del tiempo”.

Ahora bien, el avance del capital se da cada vez más sobre territorios tan lejanos y antes inaccesibles: bosques, selvas, montes que a simple ojo pueden considerarse “vírgenes”. Una mirada más atenta da cuenta que son en realidad territorios habitados por comunidades y manejados bajo otras lógicas de producción. Por esto mismo, son necesarias obras cada vez más grandes y faraónicas para unir estos territorios con los espacios de consumo de las mercancías extraídas de allí. En este punto, la infraestructura juega un doble rol. Por un lado, se trata de disminuir los costos de producción a través de la construcción de estos recursos.

Pero, por otro lado, el capital avanza sobre la infraestructura como un negocio en sí mismo, se da, tal como pude interpretar de los ejemplos del libro, un proceso de “acumulación por desposesión” sobre el bien público infraestructura. Es decir, se transforma en capital un recurso que antes no lo era, o en palabras del autor transformando a la infraestructura en un activo. La novedad de esto es que, en lugar de materializarse a través de la privatización de estos bienes públicos, esta transformación se da través de proyectos público-privados, o PPP, como son popularmente conocidos. Estos proyectos resuelven, al mismo tiempo, el problema de acortar las distancias para el capital y de funcionar en sí mismos como una oportunidad de inversión para ese mismo capital, con el aditivo de obtener, de manera totalmente legal, concesiones y beneficios por parte de los gobiernos que, Hildyard, considera como extractivos.

Ahora bien, ante este planteo, ¿por qué es importante la lectura de este libro para Argentina? Si bien el caso de este país no aparece más que en algún ejemplo (y como parte del mega proyecto IIRSA, que se detalla con minuciosidad), la operatoria de los PPP está muy bien explicada a través de ejemplos de otros países, y parece ser posible generalizar este comportamiento.

Desde hace varios años en Argentina, hay un ímpetu de los gobiernos por bajar los costos logísticos. En particular, en los últimos cuatro años, éste fue un objetivo explícito que se buscó lograr a través de PPP para la construcción de autopistas, cárceles, hospitales, viviendas y mejoras en el sistema energético. Hasta se creó una Subsecretaría de Participación Público Privada en el Ministerio de Finanzas de la Nación (esta dependencia  aún existe, pero depende la Jefatura de Gabinete de Ministros).

En la actualidad, hay 3 proyectos agendados en el área energética (construcción y mantenimiento de líneas de alta tensión); 5 proyectos en transporte, telecomunicación y tecnología; 3 en agua saneamiento y vivienda; y 1 en defensa. Todos estos proyectos aun sin ejecutar se suman a los 6 que ya se están ejecutando, que venían del gobierno anterior. En el caso de estos últimos, donde se suponía que la parte privada iba a conseguir el financiamiento para la ejecución, la crisis que se desata en el país en 2018 hace que esto resulte imposible. Por eso, en muchos de los acuerdos, sobre todo en obras provinciales, los fondos los terminó poniendo el Estado porque no aparecía la financiación privada por parte de bancos extranjeros, con lo cual los PPP perdieron la característica que los distinguía de los contratos de obras públicas tradicionales. Esta operatoria en la que los fondos los termina poniendo el Estado es la que se describe en el libro, mostrando cómo en la mayoría de estos proyectos el costo fiscal termina siendo casi el mismo que si el propio Estado se hubiera hecho cargo de la construcción, pero cediéndole a los privados las rentas casi eternas de estos proyectos.

Si bien muchas de las prioridades de política económica han cambiado con los sucesivos gobiernos nacionales, existe una presión estructural, organizada a través de cámaras y asociaciones dedicadas al lobby político y mediático, que busca garantizar ciertas continuidades. Entre ellas, destaca justamente la presión extractivista sobre los recursos comunes, que desde el inicio del siglo XXI han ido en aumento. Ante la crisis legada por Cambiemos, que incluye como componente central un endeudamiento feroz, se volvieron a presentar como alternativa una mayor integración exportadora del país. Es imposible pensar en profundizar este sesgo sin avanzar sobre nuevos megaproyectos mineros, poner en producción más territorios o intensificar la desbalanceada matriz energética. Esta lógica de poner en valor los recursos ha entrado y seguirá entrando en conflicto con quienes habitan en esos territorios, quedando como auténticas zonas de sacrificio en aras de un siempre elusivo desarrollo. Al mismo tiempo, seguirá reproduciendo las desigualdades que ninguna política social logrará compensar. Por todo ello, lectura de este libro resulta urgente para entender la Argentina que vivimos y la necesidad de prontos cambios.

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