Distintas agencias internacionales -como el G20, el FMI o la OMC- promueven desde hace varios años la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles como una manera frenar las emisiones de gases que impactan en el cambio climático y, a la vez, acelerar la transición hacia otras fuentes de energía. Desde la articulación Sindicatos por la Democracia Energética (TUED, según sus siglas en inglés), una confluencia internacional de sectores sindicales, difundieron en febrero pasado un análisis crítico de esas posiciones.
“Hay buenas razones para desconfiar del llamado de la élite mundial a reformar los subsidios. Este llamado se enmarca en formas que buscan legitimar y universalizar los enfoques neoliberales a la transición energética”, sostiene el documento realizado por Sean Sweeney, investigador de la Universidad de Nueva York y titulado Usando los números como armas. El académico postula que “existe un riesgo real de que la consolidación de la política neoliberal produzca resultados que sean considerablemente peores que los producidos por los subsidios a los combustibles fósiles”.
Al analizar los montos de subsidios a los fósiles que el FMI contabiliza en el globo, Sweeney concluye: “Aproximadamente el 94 por ciento de los $5.2 billones del FMI en ‘subsidios a los combustibles fósiles’ existe solo en teoría. Estos subsidios no se pueden ‘eliminar’ o ‘eliminar gradualmente’, porque no hay nada allí”. Sostiene que esos valores son alcanzados mediante cálculos que no existen en realidad.
El analista observa que “la ‘reforma de subsidios’ proporciona un escudo protector verde para la misma agenda de ‘ajuste estructural’ antipública, en favor de los productores y socialmente regresiva”. Y, como resultado, advierte que “’remover’ los subsidios o más exactamente, imponer precios más altos a los combustibles fósiles, dañaría a mucha gente común y corriente; especialmente en los países más pobres”.
El trabajo, concluye, entonces que “el problema de los combustibles fósiles es la dependencia, no la energía a bajo precio. Elevar el precio sin formas alternativas de energía baja en carbono disponibles para todos, no producirá el tipo de reducción de emisiones que el mundo necesita”.
Los postulados de Sweeny iluminan un aspecto muchas veces velado en el debate en torno a los subsidios a los hidrocarburos. Que el Estado pueda garantizar el acceso de energía a la población mediante este tipo de herramientas no debe ser descartado de plano, lo que, por otro lado, no implica que los subsidios sean siempre deseables. Evaluar críticamente la pertinencia del subsidio en un contexto de mercatilización de la energía nos parece una tarea de primer orden para no beneficiar el lucro corporativo a costas de las arcas públicas presentado con un discurso democrático.
