Por Facundo López Crespo * / El Cohete a la Luna .- Las empresas piden dólares, las industrias y los hogares pesos
Frente a la caída de la extracción de gas, el gobierno se trazó el objetivo de recuperar las inversiones del sector en los próximos meses. Esta tarea enfrenta dos grandes desafíos. En primer lugar, la apuesta por Vaca Muerta en los últimos años aparece hoy como un problema: los pozos no convencionales se agotan rápido y las empresas deben perforar (es decir, invertir) continuamente para que no caiga la producción. Por otra parte, hay una tensión que se profundiza en un escenario de inestabilidad cambiaria, entre los estímulos dolarizados que piden las empresas y las tarifas pesificadas que necesitan tanto los sectores productivos de la economía como también los hogares.
Por la insuficiente oferta local, desde 2007 nuestro país es importador de gas. Para recuperar el autoabastecimiento, a través de diferentes mecanismos, las compañías del sector comenzaron a percibir una mayor retribución económica por lo extraído que, en conjunción con otros factores, permitieron que al día de hoy la necesidad de tener que importarlo sea significativamente menor por una mayor oferta local.
Sin embargo, las inversiones que permitieron sustituir importaciones por gas propio están actualmente paralizadas. Este año las compañías prevén invertir en perforación de pozos gasíferos un 12% de lo invertido en 2018.
Esta previsión no está vinculada a la crisis económica derivada de las medidas sanitarias que se tomaron para hacer frente a Covid-19, ya que fue formulada con anterioridad al inicio de la pandemia. Inclusive, al momento en que el gobierno nacional decreta el 17 de marzo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en ninguna área gasífera se estaban llevando adelante actividades vinculadas con la perforación de pozos. Por lo tanto, hay que analizar la caída en las inversiones por fuera de la particular coyuntura imperante.
En este sentido, es más atinado atender la trayectoria específica del sector en estos últimos años para comprender los motivos por los cuales se encuentra afectada la inversión. Puntualmente, sirve observar qué sucedió con los estímulos económicos que se giraron al sector para apoyar estas inversiones.
Durante los gobiernos kirchneristas se crearon diferentes programas de incentivo a la extracción gasífera (Gas Plus, Plan Gas I y Plan Gas II, entre otros) para subsidiar a las compañías del sector.
Cambiemos, en el marco de una política económica caracterizada por el ajuste fiscal, optó por trasladar a los consumidores de gas, vía incrementos tarifarios, el estímulo a las empresas. No se puso en discusión la pertinencia de los estímulos, sólo cambió la herramienta de financiamiento.
En ambos casos, sea por subsidio o por tarifas, los estímulos siempre estuvieron dolarizados. Vale aclarar que esto no significa que se hayan otorgado en dólares, sino que los montos, pagados en pesos, se fueron ajustando en función de la variación del tipo de cambio. Este ajuste dejó de aplicarse desde 2018, cuando la economía comenzó a transitar un ciclo de fuerte depreciación de la moneda local, y la dolarización de los estímulos devino inviable.
El gobierno de Cambiemos desde que inició su gestión hasta el inicio de ese ciclo aplicó una política tarifaria que llevó el precio del gas de 2,20 a 4,60 dólares por millón de BTU (unidad de medida internacional).
Ningún segmento de la demanda de gas quedó exento de los aumentos. Es así que, por tener que afrontar un incremento de costos, las usinas eléctricas, que utilizan el gas como insumo para la generación de electricidad, trasladaron estos aumentos a la tarifa eléctrica abonada por los usuarios. En igual sentido actuaron las distribuidoras de gas, con el consecuente impacto en la tarifa. En definitiva, por el encarecimiento de las tarifas energéticas, los subsidios a los productores de gas fueron menores, pero no desaparecieron, y continuaron financiando parte de los estímulos.
El plan era que el precio del gas continuara su ascenso de tal manera de trasladar completamente a los usuarios la carga de los estímulos. Sin embargo, desde que comenzaron a producirse fuertes devaluaciones de la moneda local, en mayo de 2018, el gobierno chocó con la inviabilidad política para llevarlo a cabo.
A partir de entonces, los aumentos en las tarifas de electricidad y de gas no alcanzaron a acompañar la variación del tipo de cambio y el precio del gas, medido en dólares, descendió. Continuar con el plan le hubiese traído problemas de gobernabilidad, ya que aún dejando el precio del gas sin cambios, por el tenor de las devaluaciones, se deberían haber convalidado significativos traslados a las tarifas energéticas, decisión que el gobierno evitó, teniendo en cuenta que la política tarifaria encarada desde el inicio de la gestión fue resistida por una gran parte de la ciudadanía.
Para sostener los estímulos, la alternativa parecía ser volver a aumentar los subsidios, pero en el marco del acuerdo crediticio celebrado con el FMI, en junio de 2018, el gobierno se había comprometido a reducir el gasto público, situando en los subsidios energéticos el foco de los recortes.
De hecho, para cumplir con las metas de contracción del gasto público, en diciembre de 2018 el gobierno adoptó medidas que implicaron relajar las partidas presupuestarias vinculadas al programa de subsidios para las compañías del sector que había creado previamente —Plan Gas III—. Estas medidas, principalmente, consistieron en:
- reducir el volumen de gas subsidiado a Tecpetrol, empresa del Grupo Techint, en el área Fortín de Piedra; y
- rechazar las solicitudes de YPF, Total, Pampa Energía, PAE, entre otras, para incluir un conjunto de sus áreas en el programa.
Por estos factores el sector comenzó a recibir menos estímulos, pudiéndose aquí encontrar una de las razones por las cuales se produjo la caída en los niveles de inversión para la perforación de pozos gasíferos. La actual reticencia inversora tiene su efecto en la extracción de gas: en julio de este año, la caída interanual fue del 12%. Y esta caída representa una reversión de la tendencia al crecimiento que se arrastraba en los años previos.
En los últimos años, por haberse centrado la perforación de pozos en Vaca Muerta, el crecimiento en la extracción estuvo explicado por el no convencional, debido a lo cual el mega-yacimiento aporta actualmente el 40% del total extraído. Haber hecho eje en Vaca Muerta se convierte ahora en un problema, cuando las inversiones están paralizadas. Porque una característica de la dinámica productiva del no convencional es que se requiere perforar constantemente nuevos pozos para evitar que la extracción conjunta de los pozos no convencionales caiga. Ya que cada pozo no convencional, no solo madura en poco tiempo, sino que también, una vez que comienza a caer su productividad, la tasa de declive es muy significativa. Lo que deriva en que si no se renuevan las perforaciones, tempranamente el aporte del no convencional a la extracción total se resiente considerablemente. Es debido a esto que en la actual coyuntura de escasa perforación de pozos, particularmente en Vaca Muerta, se observa una merma considerable en la extracción total.
El actual gobierno está trabajando sobre un nuevo programa de incentivos al sector para recuperar las inversiones y frenar la caída en la extracción, con el objetivo de evitar que las importaciones se disparen el año que viene.
Aunque aún no fue oficializado, el programa consistiría en garantizarles a estas compañías un ingreso por el gas inyectado de 3,50 dólares por millón de BTU. La diferencia entre ese precio y el actual, estimado en 2,50 dólares, se cubriría, por ahora, con subsidios, atendiendo al congelamiento tarifario establecido hasta fin de año.
El nuevo programa exigiría a las compañías como contraprestación que, al menos, mantengan los niveles de extracción obtenidos en el trimestre mayo-julio del año en curso. Por lo cual, teniendo en cuenta la tendencia al declive en la extracción de cada pozo gasífero, sobre todo de los no convencionales, para poder cumplir con la exigencia las compañías van a tener que perforar nuevos pozos.
Apostar nuevamente por la dolarización de los estímulos al sector dificulta el objetivo de pesificar las tarifas energéticas. Bajo el esquema de estímulos dolarizados, la única forma de lograr la pesificación sería que los subsidios actúen como variable de ajuste ante variaciones en el tipo de cambio, evitando así que los estímulos se vieran afectados. Lo que también es un problema porque implica que el gobierno quede sujeto de manera forzada a reasignaciones presupuestarias que podrían no estar alineadas con sus objetivos fiscales, ya que se alteraría tanto el nivel como la composición del gasto público. Es así que este esquema de estímulos dolarizados exige como condición mínima alcanzar una relativa estabilidad macroeconómica en materia cambiaria, ya que como el pasado reciente lo demuestra, cuando se producen significativos ajustes del tipo de cambio, la sostenibilidad del esquema entra en tensión.
* Licenciado en Economía (UNR). Integrante de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).
