Con un foro sobre “Energía y modelo productivo” concluyeron las instancias de denuncias del Juicio Popular a la deuda y al FMI convocado por la Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda. En las próximas semanas se escucharán los alegatos de las fiscalías. A continuación transcribimos nuestra intervención en esa jornada, fruto del trabajo colectivo que desarrollamos en el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y en el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).
Sostenemos que es necesario investigar si la deuda -y en todo caso qué parte- es legítima y legal o, por el contrario, es fraudulenta y odiosa. Y, sabiendo que hay múltiples motivos para pensar que puede ser declarada fraudulenta, queremos focalizarnos en tres aspectos del modelo energético, más precisamente hidrocarburífero, que se vinculan con la deuda externa.
El primero de estos aspectos es el vínculo entre bienes comunes y deuda. Desde los organismos internacionales se asume como garantía del pago de deuda la explotación de los recursos naturales o bienes naturales. Los distintos gobiernos asumen también una definición similar. Por lo tanto, una vez contraída la deuda, las políticas públicas presionan para la expansión de los procesos de extracción, nocivos para el ambiente y las poblaciones, como una forma de “honrar las deudas”. Esa presión se constata en distintas regiones del país focalizadas en el agronegocio con sus nuevas transgenias y megafactorias, en la megaminería y en los hidrocarburos, entre otras.
Entonces, la propuesta de “desarrollo” escondida detrás de los acuerdos de deuda podría resumirse en obtener dólares a cambio de la degradación a niveles preocupantes del espacio y el ambiente, que no puede ser escindido de quienes viven allí. La deuda es una condena a quedar atrapados/as en esa lógica.
Al respecto nos parece elocuente una nota al pie de la primera revisión periódica del FMI en torno al acuerdo arribado con Macri. En octubre de 2018, el organismo al analizar la política fiscal señalaba los malos resultados pero indicaba que se iban a compensar con “un repunte de las exportaciones agrícolas después de la sequía, y un esperado aumento de las exportaciones de energía a medida que la producción en la cuenca de Vaca Muerta se recupere”[1]. Exportación del campo y de energía como mecanismos para cumplir las metas fiscales y poder garantizar el pago de la deuda.
Para ilustrar la perspectiva gubernamental podemos tomar el plan energético que se publicó en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel a cargo del área. Allí se estimaba que en 2027 los ingresos por exportaciones de hidrocarburos superarían a los ingresos de exportación agropecuaria[2].
Más cuidadosamente la gestión actual también cree que con la explotación fundamentalmente de Vaca Muerta se van a minimizar, o incluso superar, los problemas de la restricción externa y, en el mejor de los casos, se podría en unos años hacer frente a los compromisos de deuda[3]. Lo que nos lleva al segundo punto que queríamos señalar en torno a la perniciosa relación entre deuda y sector energético: la fuga de divisas.
Uno de los objetivos de la explotación de Vaca Muerta mediante fracking es la obtención del gas que Argentina consume y, por lo tanto, evitar la importación, es decir la salida de dólares. Pero hay un punto que habitualmente es omitido y agrava el panorama: las divisas no sólo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas del sector extranjerizan sus excedentes o pagan deuda.
La deuda pública contraída por el macrismo sabemos permitió la fuga de divisas en cantidades similares a las que ingresaron. En ese proceso uno de los sectores que mayor injerencia tuvo fue el energético. La lógica de la inversión del sector que es festejada y promovida por las distintas gestiones implica como contracara un endeudamiento a corto plazo, muchas veces con préstamos intrafirmas. Es decir, lo que se festeja como inversiones salen rápidamente del país engordado por los intereses. Si fuéramos mal pensados/as podríamos suponer que en esas operatorias hay toda una serie de maniobras espurias, sino fraudulentas, como las que se constataron con el vaciamiento de Vicentin, que se ponen en práctica.
El nivel de fuga del sector energético en los últimos años fue notable. En la lista de las 100 empresas que más fugaron publicada por El Cohete a la Luna, aparecen 27 energéticas que, en conjunto, fugaron casi 6.000 millones de dólares. De esas 27 empresas, 15 tienen una participación central en Vaca Muerta y fugaron casi 4.000 millones de dólares. Lo que creemos pone en duda que la apuesta por los hidrocarburos no convencionales sea tan redituable como se suele esgrimir[4].
Pero ¿qué tiene que ver la deuda privada con la deuda externa? La deuda privada, la remisión de utilidades al exterior u otros mecanismos de fuga de dólares presiona sobre la reservas del Banco Central y, por lo tanto, sobre el tipo de cambio. Esas presiones sobre la cantidad de dólares del Banco Central promueve procesos de devaluación. Las devaluaciones encarecen cada dólar y por tanto devolver los préstamos privados que fueron presentados como inversión implica cada vez más pesos. De esta manera se vuelve cada vez más costoso poder devolver ese dólar privado. Pero la devaluación no sólo encarece el pago de las deudas privadas sino también el pago de las deudas públicas. Es decir, que los endeudamientos millonarios de las petroleras redundan en mayores dificultades para afrontar la deuda pública en dólares.
Finalmente, en esta articulación entre deuda y explotación energética, nos parece relevante señalar la situación de las provincias cuyas economías dependen de los hidrocarburos. Justamente porque poseen esos recursos, esos distritos pueden endeudarse abultadamente en dólares. Ante devaluaciones o ante las cada vez más recurrentes caídas del precio internacional del barril, esas abultadas deudas complican fuertemente sus economías[5]. Por esas crisis de dependencia el gobierno nacional debe auxiliar a esas provincias.
Esas ayudas tienen dos destinatarios. Directamente las arcas provinciales o mediante subsidios a las empresas, de manera tal de reactivar las economías. Pero con estos subsidios las compañías garantizan que van a devolver los préstamos que necesitan para invertir y pueden acceder a nuevos créditos que seguirán expandiendo la espiral de la deuda privada que impacta sobre el tipo de cambio y, por tanto, también sobre todas las deudas públicas en dólares.
Entonces, ante este Tribunal, queremos denunciar que los organismos internacionales y los fondos de inversión, así como el estado nacional y los estados provinciales saben que la toma de deuda como se hizo implicaba la profundización de una matriz productiva dependiente, extractivista y contaminante. Y que incluso, como señala el FMI en su nota al pie, sabía que esa explotación de recursos naturales era la garantía del pago. Lo cierto es que ese esquema aunque profundizó la destrucción de la naturaleza, no puede pagar la deuda. Por lo tanto, más allá de cómo se contrajo y para que se usó la deuda hay una imposibilidad real del pago. Y a su vez, el pago implica continuar con este modelo de financiación para pagar deuda infinita que condena a la contaminación, la dependencia y la superexplotación. Creemos que debemos cortar esa rueda siniestra y el no pago de la deuda con motivos fundados brinda posibilidades para eso.
Como sanción que se declare fraudulenta y que se defina el desconocimiento de la deuda contraída.
Que se reconozca y señale públicamente a quienes fueron participes desde las instancias gubernamentales del endeudamiento.
Que se reconozca y señale públicamente a las empresas y capitales que fugaron las divisas que habían entrado al país como deuda pública.
Que las empresas energéticas devuelvan los dólares que se llevaron, que se imposibilite la remisión de la riqueza generada en Argentina a otros países.
[1] IMF (2018, October). First review under the stand-by arrangement. Country Report No. 18/297. International Monetary Fund. Pag. 9 Recuperado de: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18297-ArgentinaBundle.ashx
[2] SGE (2018). Plan Energético Argentino: Lineamientos. Secretaría de Planeamiento Estratégico. Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_plan_-_oil_gas_guidelines_-_november_12_2018-min_0.pdf
[3] Telam (01/06/2020). “Kulfas afirma que Vaca Muerta mantiene el mismo potencial y retoma la idea de la Ley de Hidrocarburos”. Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/202006/470976-kulfas-afirma-que-vaca-muerta-mantiene-el-mismo-potencial-y-retoma-la-idea-de-ley-de-hidrocarburos.html
[4] Kofman, Marco (14/06/2020). “La Vaca Desatada”. Recuperado en: https://www.elcohetealaluna.com/la-vaca-desatada/ Más precisiones al respecto en García Zanotti, Gustavo (2020). “Vaca Muerta y el desarrollo argentino” Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Recuperado de: https://ejes.org.ar/economistas/vaca-muerta-espanol.pdf
[5] Va con Firma (28/10/2020). “La provincia quedó a 30 días del default”. Recuperado en: https://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_12293/la-provincia-quedo-a-30-dias-del-span-classfindeddefaultspan
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