La Procuraduría General de la Nación en Colombia solicitó al Consejo de Estado declarar nulos un decreto y una resolución que posibilitan la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. Como ente representativo de la ciudadanía frente al Estado y como máximo organismo del Ministerio Público, la entidad argumentó que el fracking es contrario a los principios de precaución y de desarrollo sostenible contenidos en la Constitución.
La acción solicitada por la Procuraduría refuerza las demandas de la ciudadanía para frenar el avance del fracking en el país. Refuerza, a su vez, la decisión del Consejo de Estado, que en noviembre de 2018 suspendió provisionalmente el Decreto 3004 del año 2013 y la Resolución 90341 de 2014. La medida judicial, ratificada en 2019, deja sin efecto los criterios y procedimientos técnicos para el uso de la fractura hidráulica en Colombia. Tanto el alto tribunal administrativo como la Procuraduría fundamentaron sus decisiones en el principio de precaución ante la incertidumbre sobre los daños y efectos a la salud humana y al ambiente.
El principio de precaución establece que cuando hay peligro de daño grave o irreversible por parte de algún proyecto, este puede ser prohibido.
Tras el análisis de los documentos científicos aportados, la Procuraduría aseguró que el costo ambiental que representa el fracking es inconmensurable, sobre todo debido a que no se cuenta con la información, ni con las herramientas institucionales para realizar un verdadero control ambiental del tema.
La presentación de la Procuraduría es el “alegato de conclusión” de este organismo en el juicio que se lleva adelante contra el decreto y la resolución que habilitan el fracking. En los próximos meses se conocerá el fallo final de este juicio.
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