Por Susana Lara / El Cohete a la Luna .- La gobernadora de Río Negro distrae la atención
La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras insiste en focalizar el conflicto territorial con el pueblo mapuche-tehuelche en la demanda de una sola comunidad –la Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Bariloche—, estrategia de los grupos dominantes que al mismo tiempo oculta movimientos y reacomodamiento de capitales en todo el espacio de la provincia, entre ellos los de la minería. Las ministras Marcela Losardo (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) llegaron el miércoles 11 a El Bolsón. Con funcionarios de sus equipos, al día siguiente participaron en Viedma de una nueva instancia de la mesa ejecutiva de resolución del conflicto territorial con Carreras, funcionarios provinciales, una representación de una organización mapuche y sin nadie del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo de aplicación de la legislación indígena en el país. La gobernadora cerró tres horas de encuentro en forma abrupta, sin ninguna definición política de su parte y ninguna hoja de ruta futura para la mesa. Así, el diálogo político puede quedar reducido a una mera conversación, de acuerdo a las consultas hechas a algunos de los participantes del encuentro en la Casa de Gobierno rionegrina.
Lejos tanto de la casa de gobierno como de la cordillera, el despojo a una familia mapuche en la estepa revela los mecanismos de la burocracia estatal y algunos capitales en el acaparamiento de suelo rural rico en arenas silíceas, entre otros minerales. Estas arenas son insumo fundamental para el fracking en Vaca Muerta (VM), mercado en desarrollo que en tres años incorporó jugadores de mayor peso en RN.
La familia Coña Huenchufil fue despojada de 6.000 hectáreas en el bajo de Cuyún Lleufú, a unos 77 kilómetros al sur de Villa Regina, la localidad más próxima sobre el curso del río Negro. Ese campo contiene varias de las canteras de arenas silíceas propiedad de Daniel Marín, productor minero local cuya trayectoria ascendente relatamos el año pasado. Sin detalles, el conflicto fue planteado en la mesa de diálogo de Viedma como uno de los que está dentro del área de proyectos mineros que requieren la consulta libre, previa y debidamente informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Argentina se comprometió a cumplir.
Mercado en expansión
Las declaraciones públicas sobre la conflictividad social en la zona andina contrastan con el silencio institucional sobre la consolidación y ampliación del mercado de las arenas silíceas. Marín, el jugador en posición adelantada protegido por el gobierno local, dejó de estar solo. Un CEO de Organización Román, una firma subsidiaria de YPF SA y otro inversor rionegrino respaldado por capitales norteamericanos inscribieron canteras de estas arenas en los últimos tres años, las que se publican parcialmente y con demora en el Boletín Oficial (BO).
La Compañía de Inversiones Mineras SA (CIMSA), subsidiaria de YPF, inscribió al menos 27 canteras que cubren una superficie de 1.100 hectáreas; con otros socios, Ronald Strazzolini (de Román) inscribió al menos 66 canteras en más de 3.300 hectáreas; y Claudio Cicarelli, ex jugador de básquetbol de Viedma, otro paquete de canteras en 14.000 hectáreas. Este año South Financial Sands SA empezó a inscribir canteras a su nombre, las que todavía no fueron publicadas en el BO aunque sí constan en el Catastro Minero.
Capitales norteamericanos y de la brasileña Camargo Correa SA (CCSA) formaron el año pasado South Financial Sands SA y Petro Safe Services SA; tres meses después, Black Mountain Sand Arg. SA. Ese andamiaje destinado a la minería y servicios a los hidrocarburos acompaña el desarrollo de Cicarelli en el emergente campo de las silíceas, en el que los jugadores de Chubut y de Neuquén ya no cuentan con el control del tablero. En medio de la paralización de la explotación de los hidrocarburos (convencional y no convencional) por la emergencia sanitaria dispuesta por el Covid-19, sin debate público abierto a la sociedad, se reconfigura un escenario económico para RN con epicentro en la estepa donde están concentradas estas canteras, muy próximas al proyecto de uranio Amarillo Grande y del oro de Calcatreu que se extiende a Chubut.
“Todavía no existe actividad comercial de las canteras. No hay guías, por ejemplo”, aseguró Cicarelli. De ser así, el movimiento de camiones advertido desde las canteras de Marín por los pobladores vecinos son de logística previa, pero no de comercialización. Falta determinar la calidad y cantidad de las arenas existentes para poder avanzar en su comercialización, añadió. En el caso de las canteras a su nombre, dijo que los resultados de laboratorios confirman que son aptas para el uso industrial requerido por el fracking y otros usos, tanto en mercado local como el exterior. La norteamericana Westward Environmenta fue contratada para esas pruebas a través de Black Mountain Sand Arg. El cuello de botella es la cantidad, que el fracking requiere en grande. El anuncio presidencial del plan de gas hecho recientemente desde Vaca Muerta promete colocación segura de lo que haya.
Dos audios, un gran problema
El último mes se viralizaron dos grabaciones de WhatsApp que dan cuenta de la maraña de presiones para sacar del medio a la comunidad Coña Huenchufil, que reclama la restitución de sus tierras inscriptas como fiscales propiedad de la provincia. Los audios involucran a Diego Lawrie, director de Tierras; Luis Di Giácomo, ex ministro de Gobierno y actual diputado provincial por el oficialismo; María Valentina Curufil, presidenta del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), organismo de aplicación de la Ley provincial Integral del Indígena N°2287; y Francisco Anaya, de la Fundación Ambiental Sustentable con asiento en Cipolletti. Las conversaciones aseguran que la familia Coña es la interesada en vender el territorio que reclaman como propio, que les ofrecerían un dinero para desistir de su reclamo y que se frenarían distintas instancias judiciales y administrativas en torno a ese espacio.
Al momento de consultarlo aseguró que no había escuchado esos audios, cuyo contenido sí conocía. Si bien negó haber participado en ninguna maniobra, sí ratificó su respaldo a la familia De La Canal, la que se asentó en el lugar tradicional de Coña con el reconocimiento de Tierras. A la vez, De La Canal mantiene un conflicto con Marín, quien recorre ese lugar por las canteras. Así, el episodio de los mensajes de WhatsApp contribuye a discutir los mecanismos subterráneos del conflicto territorial, en el que las familias (criollas o mapuche) que ejercen la ocupación tradicional son un obstáculo para el avance de algunas fronteras de negocios. Lo más controvertido es la confirmación de la participación dudosa del Codeci, organismo con representación elegida por gente mapuche, en decisiones políticas y jurídicas en perjuicio de la demanda del propio pueblo.
Este contexto flotaba en la mesa de diálogo que presidió Carreras en Viedma. La intención condicionar críticas estuvo muy pensado desde el gobierno, al punto que hasta el locutor oficial del evento hizo precisiones formales sobre el Codeci que pocos se toman el tiempo de hacer. Menos aún son los que pudieron captar esas sutilezas que pretendían evitar cuestionamientos a Curufil y a Nora Aravena, abogada del Codeci, presentes en el Salón Gris, y al ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, jefe de ambas.
Despojo & negocios
María Coña es una mujer mayor que vive en Ramos Mejía, pequeña localidad donde tiene su ruka. La acompaña Luis, el hijo que perdió el ojo izquierdo cuando fue atacado por el conflicto del campo mientras barrías las calles municipales. Requirió trabajo localizar el campo de esta comunidad, ya que Catastro no tiene individualizado el predio en el sistema digital público. La descripción minuciosa del territorio y de los vecinos linderos que hizo Héctor Coña, quien trabaja por estos días en Comodoro Rivadavia, fue imprescindible para saber que es parte de una fracción de 235.000 hectáreas de tierra fiscal sin mensurar, propiedad estatal provincial.
A través de una reforma a la ley provincial de Tierras N° 279, el gobierno busca volcar al mercado del suelo toda la tierra que hoy es propiedad pública en RN, como si no tuvieran ocupantes con derechos. Eso consta en el borrador del proyecto que impulsó Alberto Weretilneck unos días antes de dejar la gobernación y jurar como senador nacional https://www.elcohetealaluna.com/las-tierras-por-ahora-no-se-tocan/, proyecto que dejó de herencia a Carreras. Esa reforma es a la medida de la megaminería, entre otros negocios.
El avance de la propiedad privada y la privatización masiva de la tierra pública están en tensión con la propiedad comunitaria de los espacios de las comunidades y pobladores con permisos de ocupación precaria. La confrontación directa de particulares (como De La Canal contra Coña, y después Marín contra De La Canal) disimula el accionar del Estado en estos conflictos, como recordaron los audios viralizados.
Diálogo y discurso
“Cuidado con los discursos del odio”, dijo el obispo de Viedma Esteban María Laxague, mirando a la gobernadora. Está sin fecha el desalojo pendiente de la Winkul para restituir la propiedad privada al Obispado de San Isidro de un predio en Villa Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi. Daniel Somma, presidente del directorio de Parques Nacionales, llamó “compañera” a la gobernadora al comenzar el encuentro, detalle que no pasó desapercibido. Tampoco fue muy feliz la expresión de Losardo que habló de “pacificar” la zona andina, en un territorio pacificado por las armas hace 140 años.
Algunos funcionarios del ministerio de Seguridad que iniciaron este proceso de diálogo en febrero mostraron sorpresa y malestar cuando la compañera gobernadora tomó la palabra y terminó unilateralmente el encuentro, sin proponer nada sobre su continuidad. Se levantó, despidió a la mayoría y acompañó a las dos ministras invitadas a almorzar en la residencia de la gobernación.
Horas después, a través de la prensa de Bariloche, la gobernadora volvió a su fórmula básica de diálogo pacificador: un juez quiere desalojar, pero un obispo no quiere.
(Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, hizo el relevamiento en Catastro y la cartografía para este informe.)
