El Irish Centre for Human Rights y la Universidad Nacional de Irlanda publicaron recientemente una investigación detallada sobre las Consecuencias de la extracción no convencional de petróleo y gas en materia de derechos humanos.
El informe, realizado por Rowan Hickie y Bridget Geoghegan, destaca que el fracking tiene consecuencias de amplio alcance para una cantidad importante de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, al agua, a la alimentación, a la vivienda, al acceso a la información, a la participación pública y a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. La violación de estos derechos, advierten los autores, repercute desproporcionadamente en las comunidades y los grupos marginalizados y vulnerables.
Descargá el resumen en español : Informe sobre consecuencias del fracking en derechos humanos
La investigación, que analiza las responsabilidades del Reino Unido respecto de estas violaciones, entre sus conclusiones afirma: “El fracking, debido a sus emisiones de gases de efecto invernadero, a su contribución al cambio climático y a los efectos directos ambientales, sociales y de salud pública para las comunidades cercanas, supone una cantidad importante de amenazas al goce y ejercicio de los derechos humanos”. Y en ese sentido, Hickie y Geoghegan subrayan: “A la luz de los numerosos derechos humanos que el fracking vulnera a nivel internacional y regional, es difícil creer que las operaciones de fracking que ha propuesto el Reino Unido puedan llevarse a cabo sin infringir sus obligaciones en virtud de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos”.
Algunos de los tratados y convenios referidos en el informe son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Argentina es signataria de esos tratados y convenios, la pregunta inevitable es: ¿las operaciones de fracking en nuestro país se llevan a cabo sin infringir las obligaciones emanadas de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos?
