“La mejor política contra la pobreza energética es una buena casa para todo el mundo”

Pablo Messina, economista de la cooperativa Comuna de Uruguay, discute las potencialidades y falencias de los debates sobre acceso a la energía. Desmitifica la idea que las tarifas uruguayas son costosas y enfoca el análisis en el acceso seguro a la electricidad. “El movimiento de lucha por la vivienda debe incorporar esta temática; me parece que ese es el desafío, mucho más que generar un movimiento de usuarios por la electricidad”, sostiene en relación al acceso a la energía.

Fotos: AUTE

Por OPSur.- En Uruguay el acceso a la energía es prácticamente universal, resultado de un proceso que apuntaló la empresa pública de energía, UTE, que en la década de 1960 ya había alcanzado la electrificación de todo Montevideo y del 80% de la población usuaria del país. Más allá de la universalidad relativa en el acceso, las desigualdades sociales que el sistema eléctrico reproduce no pueden ocultarse. El economista Pablo Messina estudia estas desigualdades de acceso para el caso uruguayo.

Según un estudio publicado en 2015, la conexión irregular a la electricidad implica al  25% de los hogares de menores ingresos del país. Mientras las familias más pobres destinan el 16,7% de sus ingresos a los consumos energéticos, los del decil más rico solo utilizan el 3,5%. Además, Messina releva las diferencias en los usos de fuentes según sectores sociales -se usa más electricidad en los hogares de mayores ingresos; y según ubicaciones territoriales -mayor conexión al gas de red en Montevideo; destaca también el problema de la leña como principal fuente energética en el interior.

A partir de ese análisis, Messina discute la idea de pobreza energética en el contexto latinoamericano. “Es cierto que en Uruguay es prácticamente universal el acceso a la electricidad. El grueso de la gente accede a la electricidad en forma segura, o sea que no sería un pobre energético. Pero cuando vos ves lo que pueden consumir y la erogación que les significa, es brutal. Entonces entender la pobreza energética por el acceso, como hacen algunas definiciones globales, es muy limitado, porque en realidad esos hogares no consumen cantidades suficientes ni por asomo”. En contrapartida, Messina sugiere pensar la pobreza energética no solamente en clave de falta de acceso, sino en clave de acceso seguro y asequible. 

-¿Qué características tiene el problema de la falta de acceso a la electricidad en Uruguay y cómo crees que se deberían abordar estas desigualdades? 

Voy a poner un ejemplo que es el lavarropas, uno de los cambios tecnológicos más importantes del siglo XX, porque reduce unas seis horas de trabajo doméstico y consume muy poca electricidad, unos tres kilovatios mensuales. O sea, no hay pobreza que valga como para no tener un lavarropas. Ahora, ¿por qué el 20% de las familias uruguayas no tienen lavarropas? Uno puede sospechar que es porque no tienen espacio en la casa para ponerlo adentro, pero no es lo único. 

Eso nos lleva a la necesidad de una mirada multicausal del problema del acceso a la energía. Porque además de la vivienda, el lavarropas necesita agua, y en el caso uruguayo hay más problemas con el acceso al agua que a la electricidad. Entonces la necesidad de establecer una canasta de servicios tiene que tener una mirada integral, como lo propuso la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y AUTE [el sindicato de trabajadores/as de la UTE] al comienzo de la pandemia. Es una propuesta ambiciosa y universalista: define como una necesidad básica el agua, la electricidad y la comunicación, y las deja muy baratas para garantizar el acceso. Elimina impuestos del IVA al consumo de todo lo que sean conexiones, porque se entiende que las conexiones son el derecho al acceso, entonces el acceso no se puede cobrar. Lo que sí se puede cobrar es el consumo. También establece umbrales bajos, mínimos de consumos básicos, además de umbrales para arriba donde se penalice con tarifas caras los consumos muy altos. 

Generalmente se dice que la tarifa eléctrica es muy cara en Uruguay, ¿estás de acuerdo?

Esa idea está vinculada a la derecha neoliberal que quiere eliminar las empresas públicas. Lo que dicen es que las tarifas son caras porque el Estado es ineficiente, entonces si privatizamos las empresas, las tarifas van a ser baratas. Nosotros lo que decimos es que cuando vos comparás, por ejemplo, con empresas privadas argentinas como Edenor, la UTE es más barata en lugares que tienen una densidad por kilómetro cuadrado parecida. 

Lo que sí nos parecía es que es una tarifa injusta. Eso tiene que ver con los diferenciales entre consumo industrial a grandes consumidores y el consumo residencial en Uruguay. Obviamente es más barato venderle a un gran consumidor industrial que a un barrio, pero en el caso de Uruguay ese diferencial termina siendo una diferencia de tarifa enorme. Los sectores residenciales pagan básicamente el doble que la tarifa para los grandes consumidores, que son las industrias. Esas diferencias no son tan grandes en el resto de América Latina, Uruguay le cobra muy barato a los grandes consumidores. Deberá repensarse la estructura tarifaria para cobrarle más caro a esos y más barato a los hogares. 

Entonces, claro, cuando uno mira los servicios energéticos en Uruguay, para muchos hogares evidentemente es casi prohibitivo pagar la factura. Pero el problema de fondo no está en que la tarifa sea cara, sino que tiene problemas estructurales de empleo, de salario digno, de buen trabajo, además de que para satisfacer necesidades no tienen una buena casa. Por supuesto que nadie se puede quedar sin satisfacer sus necesidades energéticas por no poder pagar, eso sin duda, pero creo que el partido pesado está en resolver el tener trabajos que no sean precarios con ingresos más acordes. 

-Ustedes vienen proponiendo la cuestión del no pago de IVA por la electricidad, ¿cómo se vincula esa propuesta con la mirada de la energía como derecho?

La electricidad y los demás energéticos son mercancías. Y la mercancía, por definición, está reñida con la idea de derecho, en la medida en que es un objeto útil que se produce para el cambio y el cambio implica una erogación monetaria, eso implica una limitación en el acceso para un montón de gente. No vamos a pretender que bajo el discurso del derecho a la energía se pueda trascender al capitalismo en cinco minutos, pero bueno, la sociedad capitalista sigue siendo un problema si queremos pensar en derechos, y aunque sea muy difícil de trascenderla me parece que hay que decirlo igual, eso es lo primero. 

Pero lo segundo, es que, en las cosas más concretas, sí existe un reconocimiento del problema. Hay un ejemplo muy claro que es la leche, que en Uruguay no lleva IVA, casi por un asunto moral, como también ocurre con el pan. Sin embargo, es mucho más necesaria la electricidad que la leche. Hay mucha gente que no precisa leche o no le gusta o es alérgica a la lactosa, pero la electricidad la usa todo el mundo. Entonces nosotros decimos que el acceso a la electricidad, es decir las tasas de conexión por cargo fijo, no deberían llevar IVA en tanto derecho. Y los consumos básicos -que hay que definir el umbral- tampoco, en tanto ejercicio mínimo de un derecho. Ya cuando estamos hablando de consumos altos o excesivos está bien porque pasa a ser un bien de lujo. 

Y la otra cosa es que, si es un derecho, no se puede criminalizar su ejercicio, como pasa cuando los hogares se cuelgan. En Uruguay tenemos tipificado desde el código penal de 1934, de una dictadura, el delito de hurto y estafa de la electricidad. En este contexto particular de crisis y de pandemia, la UTE está previendo llegar a niveles históricos de colgados. Entonces a nosotros nos parece primero que eso no puede ser, que vos tendrías que ver cómo resolver sin colgar. También hay una cantidad de morosos tremenda, con los que hay que buscar una forma para refinanciar, pero cortarles la luz no es una opción, porque es un derecho. Y tenemos que rediscutir el código penal, yo entiendo que está bien que se penalice si hubiera robo de electricidad, como ocurrió con una fábrica de helados famosa en Uruguay que se colgaba. Ahí tenes que tener penalizaciones, multas, pero me parece que la cárcel no debería ser una opción cuando se trata del ejercicio de un derecho. Puede ser una definición más simbólica que material, pero me parece que es importante discutirla. 

-En América Latina existen muchas experiencias de sectores populares que se organizan en torno al derecho y acceso a la energía. ¿Cómo valorás estas experiencias?

Históricamente, en Uruguay hubo movimientos de usuarios en las décadas de 1930 y 1960. En Italia hubo unas huelgas de pago vinculadas a usuarios de ciudades que no querían pagar y el sindicato que apoyaba. También pasó algo parecido en 2009, cuando echaron a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. O sea que hay antecedentes en otros lados. En Uruguay esa era un poco la apuesta: impulsar un movimiento de usuarios que pudiera meterse en las discusiones en el mercado eléctrico. El mercado eléctrico tiene una gobernanza en la que participan sólo las patronales, solamente los grandes generadores y los grandes consumidores que son los grandes grupos económicos y muchas veces son lo mismo. 

Esa es una idea que sigue estando a la vuelta, pero no se ha materializado. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que hay un gran usuario, hay un gran movimiento residencial en Uruguay que son las cooperativas de vivienda y yo creo que ellos podrían ser la punta de lanza de un movimiento de usuarios en alianza con AUTE. Creo que tiene que ser un movimiento de reforma urbana que pelee por la vivienda que también incorpore esta temática; me parece que ese es el desafío; mucho más que generar un movimiento de usuarios por la electricidad.

-A nivel académico y en espacios multilaterales se viene abordando la cuestión del acceso a la energía bajo el concepto de “pobreza energética”, ¿qué potencialidades y límites le ves a esos debates?                              

Hay una división internacional de las definiciones. En el caso de los países ricos definen pobreza energética como aquellos que gastan al menos el 10% de sus ingresos para servicios energéticos, lo que presupone que ya hiciste un montón de cosas: iluminarte, refrigerar alimentos, cocinar y aparte calefaccionarte. En ese sentido, la definición que se usa para la periferia global es muy pobre. Quiero decir,  vos podés estar pasándola muy mal y tener acceso a la electricidad y gas. 

Ahí hay un gran “debe” en la definición de pobreza energética, que a veces si no se explicita no se ve, que es el tema de la envolvente, de la vivienda. La mejor política contra la pobreza energética es una buena casa para todo el mundo; yo creo que eso es la cosa más relevante y que no siempre se ve. Por supuesto que no es suficiente. El equipo de arquitectura que hace ciencia térmica en la Facultad de Arquitectura tiene hechas unas estimaciones con viviendas modelo y el mapa climático de Uruguay, y concluye que sin equipamiento doméstico no podrías tener confort térmico casi el 40% del tiempo. O sea que el 40% del tiempo, aparte de tener una buena casa, precisarías una estufa, un ventilador, un aire acondicionado o lo que fuera. 

Por eso yo decía que en las definiciones algunos solo lo ven como acceder a la electricidad, pero el acceso no te garantiza nada. Diría que pobreza energética es acceder a un modelo energético moderno, en cantidades adecuadas y seguras para cubrir los servicios energéticos elementales, considerando las diferencias regionales como la disponibilidad de recursos y las necesidades energéticas. Yo creo que la definición es universal, pero la forma de satisfacerla, no. 

-¿Sirve entonces usar el concepto pobreza energética?

Bueno, a ver, yo creo que no es que nos vamos a morir todos si no lo usamos, pero creo que es útil en un doble sentido. Primero, desde el punto de vista analítico, podés reflejar una problemática que existe e incluso ampliar la noción de pobreza, que en general es una definición también muy pobre y unidimensional donde se miran sólo los ingresos. Y el cómo estos ingresos se traducen en satisfacción de necesidades es un proceso complejo y heterogéneo. Entonces nosotros estudiamos el tema del acceso a la energía midiendo si se satisfacen o no necesidades.

La otra es que la existencia de una medida también te permite articular mejores discursos de acción política en ese marco. Yo creo que hay un gran debe en discutir pobreza y privación desde este lugar, porque en general nos enteramos de que es un problema cuando se incendió una casa y murieron tres chiquilines. O también con leña, que es con lo que en Uruguay hay más accidentes de muerte y de quemaduras. La leña, es el energético de los pobres y no aparece regulada por la política. No hay política para la calefacción y la cocción con leña en Uruguay y sin embargo es lo que usan los sectores más pauperizados. Entonces me parece que contar con una definición ayuda también a visibilizar el problema y activar políticamente en ese sentido.

Sí le veo un problema, me parece que focalizar todo en pobreza energética no visibiliza la suficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niveles de consumo que son suficientes. Así como deberíamos ser capaces de establecer algunos umbrales mínimos, deberíamos ser capaces de establecer umbrales máximos, ¿no? Asumiendo que el sumidero, el planeta, es uno sólo y que eso le imprime límites. Entonces a mí me parece que un concepto para discutir el acceso en forma integral que deberíamos abordar, aparte del de pobreza energética, es el de suficiencia energética. Y así como existen los grandes consumidores a nivel industrial, tenemos que pensar en los grandes consumidores residenciales. O sea un hogar en el que viven tres personas y consumen, yo qué sé, 700 kilovatios hora por mes, es un gran consumidor residencial, que hace un uso del recurso excesivo, a veces es por ineficiencia y a veces es por lujo. Los ineficientes no son siempre los de bajos recursos, al contrario.