Nace la Cátedra Libre de Transición Agroalimentaria y Energética: del extractivismo al ecologismo

Por Pablo Corso.- Desde hace una década, el Alto Valle de Río Negro enfrenta una transformación dramática. El centro de la actividad petrolera, que solía estar en los alrededores de Catriel, viene desplazándose hacia esa región históricamente productora de frutas y verduras. No sólo se trata de un cambio en la matriz económica de la región; también implica modificaciones decisivas en la calidad del suelo y del aire, la vida de las poblaciones y la propia concepción de desarrollo socio-económico, con fuertes repercusiones nacionales e internacionales.

Foto: Martín Mullally

Para pensar causas y consecuencias de esta nueva dinámica, el 26 de noviembre se desarrolló la la jornada virtual “Entre la producción de alimentos y el fracking”, evento de presentación de la Cátedra Libre de Transición Agroalimentaria y Energética, una propuesta de la Facultad de Ciencias Agrarias (FACA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro, y el Observatorio Petrolero Sur. La cátedra buscará promover la articulación entre el conocimiento académico y los saberes locales, con foco en los entramados productivos que aporten a la construcción de agro-ecosistemas diversos, equitativos y sustentables. 

“Quisimos incluir estos temas en nuestra agenda de grado y posgrado, e integrarnos en un espacio amplio donde discutir problemas que ahora están en la agenda geopolítica mundial”, explicó Esteban Jockers, vicedecano de la FACA. Para el coordinador Agustín González, se tratará de un ámbito que buscará sumar saberes populares, cotidianos y transversales. Por eso la conforman docentes de distintas facultades e instituciones especializadas en economía, energía y ciencias sociales.

De la conquista a la crisis

En su historización sobre el proceso productivo de la región, la decana Graciela Nievas recordó cómo -a partir de la campaña de conquista y exterminio indígena iniciada en 1878- el Estado argentino promovió la distribución de tierras, la construcción de vías férreas y del telégrafo, y la constitución de grandes compañías agro-ganaderas y distribuidoras de frutas, con pocos titulares-propietarios. “Todas acciones de la mano del capital británico, en acuerdo con el Gobierno Nacional”.

Foto: Martín Mullally

A comienzos del nuevo siglo, la Compañía de Tierras del Sud adquirió 40 mil hectáreas con potencial de riego, que más tarde vendió en lotes de 10 a 15 hectáreas a los inmigrantes que habían participado en la construcción de esas mismas obras. Mientras en la estación experimental Cinco Saltos empezaban a investigarse las variedades y técnicas más aptas, las obras hídricas para controlar las crecidas de los ríos Neuquén y Limay finalizaron en 1928.

“El Dique Ballester logró el emparejamiento del Valle y generó las condiciones para los que vivimos acá hoy, protegiéndonos de las inclemencias climáticas. Activó una zona agrícola y permitió transformar el desierto en una zona fértil, con suelos de aptitud excepcional para producir alimentos”, agregó González.

Hacia mediados del siglo pasado, más del 73% de las explotaciones agrarias tenían menos de 20 hectáreas y estaban a cargo de chacareros que exportaban principalmente a Europa. Luego llegarían las iniciativas nacionalizadoras del peronismo, la transformación de algunos productores chicos en medianos y grandes, la tecnificación de los 60 (con la consecuente expansión de la fruticultura) y -ya en los 70- los primeros indicios de una crisis estructural que perdura hasta hoy: menos superficie cultivada, caída de la producción y volúmenes de exportación, tendencia a una homogeneización de los cultivos.

Fracasos del fracking

En los últimos años, el negocio petrolero avanzó sobre las tierras productivas de localidades como General Fernández Oro y Allen (Río Negro), con daños ambientales y los potenciales perjuicios a la comercialización que imponen los mercados internacionales, planteó Nievas. Las nuevas explotaciones trajeron lógicas cortoplacistas, que empezaron a imponerse sobre los emprendimientos que llevaban un siglo. “La situación cambia drásticamente, no solo por la cercanía con los centros poblados, sino porque se está avanzando en zonas agrícolas, productivas, fértiles”, explicó González. “Ya desaparecieron 20 mil hectáreas productivas; nos quedan 35 mil para seguir produciendo alimentos”.

Foto: Martín Mullally

En este contexto, la Mesa de Transición Productiva y Energética (principal antecedente de la Cátedra Libre) trabaja sobre la hipótesis de que la apuesta por los hidrocarburos no tradicionales pone en riesgo la diversificación económica de la región. “La punta de lanza es la Estación Fernández Oro, operada por YPF, que en lo que va de este año es el área número 11 del ranking de Vaca Muerta [cuyos yacimientos proveen el 45% del gas y el 30% del petróleo de Argentina] en cuanto a extracción de gas no convencional”, precisó Mariana Fernández Massi, de Enlaces por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Allí se cuentan más de 210 pozos operativos, que evidencian con claridad el desplazamiento de la frontera hidrocarburífera hacia el Alto Valle.

En la provincia de Río Negro, donde el 75% de las exportaciones son fruta fresca, ese avance violenta una estructura tradicionalmente sostenible y “prescinde de mecanismos de participación que permitan conocer la opinión de los afectados”, plantea el documento de presentación de la Cátedra girado a la FACA. El corrimiento de esa frontera está acompañado de un repliegue del Estado provincial, factor necesario para el proceso de concentración y disminución de la mediana y pequeña producción frutihortícola.

El documento también denuncia un “chantaje que busca legitimar socialmente la instalación de la industria extractiva, que mediante la generación de puestos de trabajo y recursos demanda tolerancia a la población respecto de los «costos» socioambientales para sostener una supuesta intervención «benefactora» del Estado”. Es decir: se sobreestiman los eventuales beneficios y se subestiman los impactos socio-ambientales. “El fracking demanda grandes cantidades de energía y agua e incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero mucho más que la explotación petrolera convencional -confirma el texto-. Las proyecciones oficiales mencionan la posibilidad de un incremento del estrés hídrico y de los procesos de desertificación en las próximas décadas”.

La Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuce de Neuquén ya observa algunas de estas dinámicas. Con la llegada de los mega-proyectos hidrocarburíferos, 13 comunidades denuncian impactos sobre su tierra, su salud y su cultura, que incluyen la emergencia de conflictos relacionados a drogas y trata de personas, alertó el referente Gilberto Huilipan.

“El fracking genera fisuras en las viviendas de nuestros hermanos mapuces”, reveló Huilipan, que también criticó la contaminación, las piletas a cielo abierto y los basureros que conlleva la actividad. La falta de agua genera problemas de riego en los emprendimientos frutícolas. Y cuando está disponible, “lleva los metales pesados a la tierra donde cultivamos nuestras frutas y verduras”. Por eso, el referente mapuce reclamó la presencia de los organismos de control y el financiamiento a proyectos agro-ganaderos locales. “Esta zona no siempre va a depender de la industria petrolera”, advirtió. “¿Qué va a pasar con la gente que fue mano de obra cuando se vaya?”

Dos modelos en lucha

Los expositores coincidieron en que las soluciones deben ser disruptivas e integrales. “No hay un fracking sustentable”, planteó Fernández Massi. “Las consecuencias no deseadas son inherentes a su técnica y a sus modelos. Tiene baja capacidad de generación de empleo y enormes brechas salariales, con fuertes distorsiones donde se desarrolla”.

Foto: Martín Mullally

Desde Taller Ecologista, Jorge Chemes recordó que la los debates sobre la transición energética no deberían reducirse a la cuestión del cambio de matriz (por ejemplo, fósiles o renovables), sino inscribirse en la concepción del sistema como un complejo heterogéneo de relaciones e intereses, compuesto por actores y por actos. Un terreno en disputa, como describe la tipología de Joan Martínez Alier en El ecologismo de los pobres. Mientras que el de los ricos oscila entre el culto a la vida silvestre y la eco-eficiencia, el popular se funda en la lucha de los movimientos de trabajadores. 

Una transición basada en este segundo modelo, planteó Chemes, coloca a la energía en la esfera del derecho (no la del mercado), la concibe como un elemento básico para satisfacer necesidades humanas, y exige des-fosilizar la matriz y disminuir el consumo global, aunque recordando los roles y papeles diferenciales, ya que “el 10% más rico de la población es responsable de la mitad de las emisiones”. En su horizonte para una justicia socio-ambiental, busca sumar los aportes imprescindibles del feminismo y los pueblos originarios.

Con la experiencia del Alto Valle a la vista, Fernández Massi llamó la atención sobre la necesidad de “redireccionar el destino” de provincias como Río Negro, que deberían potenciar el carácter diversificado de las actividades productivas, recuperar experiencias internacionales (prohibiciones, moratorias, zonas de preservación) y diseñar medidas de soberanía energética (por ejemplo, con fuentes eólicas, articulando con los polos científico-tecnológicos.

Tierra, trabajo y justicia

Dado que “el 30% de la energía que se produce en el mundo se vincula a la producción de alimentos, la transición energética popular plantea la necesidad de producir y consumir de forma local”, explicó Chemes. Para ello se busca “una agricultura menos dependiente de los hidrocarburos, con mayor aporte del chacarero tradicional, que conoce cada metro cuadrado de su tierra y produce con amor, generando alimentos sanos y nutritivos”, agregó González. 

Foto: Fabián Ceballos

La Unión de Trabajadores de la Tierra, organización de más de 22 mil familias productoras de todo el país, avanza hacia esa transición virtuosa. Desde hace dos años, el nodo de Río Colorado fabrica sus propios insumos, primero en forma artesanal y más tarde a través de una bio-fábrica. “Además de bajar los costos de producción, permiten tener una vida mejor, con menos intoxicaciones de los productores y un consumo seguro de los destinatarios”, celebró la referente Karina Zon, que elogió el protagonismo de las mujeres. “Somos las primeras en impulsar la agroecología, las que cuidamos a la familia y a la naturaleza que nos rodea”.

La UTT también organiza sus propios canales de comercialización, una medida que permitió mejorar las condiciones económicas de vendedores y compradores. Como Huilipan, Zon reclamó un mayor compromiso estatal y celebró la creación de la cátedra en el ámbito de la UNCo: “Es muy auspicioso que las instituciones empiecen a poner en tensión lo que está pasando. El extractivismo no es la única salida”.

Hacia el final de la jornada, Nievas hizo una pregunta fundamental: “¿Cómo compaginar la necesidad de producir alimentos para la población con la necesidad de generar divisas?” Aunque necesario, un nuevo esquema normativo será insuficiente sin un paso a la acción. “¿Qué papel jugarán el conocimiento, la acción política y la movilización social para una transición agroecológica, en un país desindustrializado y dependiente?, volvió a preguntarse. 

Entonces volvieron a resonar las palabras de Huilipan: “Hay que compartir los conocimientos en diferentes sectores y avanzar hacia la búsqueda de un plan en donde todos estemos contenidos. Que esto no signifique el fin de nuestros días, sino el comienzo de una etapa en la que la tierra siga generando vida”.