Por Sol Arrieta / Agencia Tierra Viva .- El viernes 10 de diciembre ocurrió un nuevo derrame petrolero en la zona de Vaca Muerta, a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel y a solo cinco kilómetros del río Colorado. Desde hace décadas que la población denuncia el accionar de las empresas. Las zonas de sacrificio y el costo socioambiental de Vaca Muerta.
Unos minutos antes del mediodía del 10 de diciembre, la rotura en un ducto de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval) provocó el mayor derrame petrolero de la última década en la región norpatagónica. Daniel Lezcano es werken (vocero) de la comunidad mapuche Qüiñe Chraüm (que significa “un encuentro” en mapuzungun) y vive en el Lote 133 de lo que se conoce como “El Medanito”. “Cómo podemos vivir así, sabiendo que la actividad petrolera nos está afectando”, reclama. Y explica que, de las 625 hectáreas que poseen, 200 están afectadas con “pasivos ambientales” y “otros incidentes que vienen ocurriendo”.
Lezcano explica que durante el fin de semana lo llamaron de diferentes medios de comunicación, pero ninguno se hizo eco del peligro concreto que implica el extractivismo para el ambiente todo: la noticia es el episodio como un hecho aislado y no como parte de un modelo.
Oldelval, Petrosud, YPF y el derrame petrolero en Río Negro
La empresa que explota ese territorio es Petróleo Sudamericano, a la que la estatal YPF otorgó la concesión en 2018. Oldelval es la mayor transportista de la zona, que tiene como principal accionista también a YPF, y es la encargada de llevar el petróleo que se extrae en Neuquén y Río Negro hacia el puerto Rosales, en Punta Alta (Buenos Aires), para desde allí distribuirlo a las principales refinerías del país.
Petróleo Sudamericano explota la cuenca neuquina desde hace más de 25 años; desde 2018 con cuatro “bloques” en Río Negro, 347 kilómetros cuadrados de tierra, 14 yacimientos y 120 pozos perforados desde entonces, entre los que se encuentra el sitio donde se produjo el derrame petrolero del viernes. Fue denunciada por contaminación en diferentes oportunidades por las comunidades mapuches Qüiñe Chraüm y Bibiana García, sin éxito y con persecuciones penales como respuesta a quienes habitan el lugar, además de cortes de luz y otras medidas en búsqueda de amedrentar y silenciar los reclamos.
“Actúan cuando el problema les estalla en la cara”, dice Lezcano con las pruebas frente a los ojos. Una de las denuncias contra la empresa es la quita de las tareas de saneamiento ambiental de los territorios a las empresas familiares del lugar, lo que facilitaba las actuaciones urgentes ante emergencias como el derrame petrolero del viernes, pero que tras la cesión de YPF a Petrosud se modificó.
Falta de inversión, violación de derechos y contaminación
Mauro González, el abogado que representa a las familias, explica que con el traspaso de la concesión de las tareas de saneamiento se violaron derechos de las comunidades inscriptos en la Constitución Nacional, de Río Negro y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
González afirma que con lo sucedido este viernes “explotó todo”. Afirma que el derrame petrolero comenzó a las 11:45, y recién a las 17 empezaron las tareas de contención: “Decían que demoraron por la falta de mantenimiento, por la reducción de personal y por la falta de empresas dedicadas a eso”. Esto último estrechamente relacionado con las denuncias previas a la empresa.
“Estamos ante la presencia de un derrame petrolero muy grande, muy grave”, asegura Martín Álvarez, del Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Cuestiona la falta de información oficial y remarca que “sería muy bueno que la Justicia pueda intervenir y ver cuáles son las condiciones que tiene la infraestructura, porque no hay inversión; justamente lo que venía denunciando la comunidad Qüiñe Chraüm, que está en la zona y que sus campos se están viendo afectados producto de la desinversión que han hecho las empresas petroleras y la falta de mantenimiento, lo que genera accidentes de manera recurrente”.
Recién 48 horas después del derrame, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro difundió información sobre el alcance: unos 1500 metros cúbicos de crudo invadieron 20.000 metros cuadrados de superficie. Aunque dicen que la empresa ya recuperó casi todo el petróleo perdido, como si fuera ella la damnificada, para la tarde de este lunes se anuncian lluvias en el lugar y eso puede implicar mayor drenaje de los restos. El integrante de Opsur señala que la Secretaría de Ambiente de Río Negro “está muy cuestionado por parte de todo el movimiento socioambiental, ya que quien está a cargo de la cartera de Ambiente es una empresaria del sector, Dina Migani, que tiene empresas de químicos para las petroleras como su principal cliente”.
“Ahora se están evaluando las consecuencias, qué plan de remediación y qué multas se van a realizar”, detalla Álvarez y agrega que “también es muy importante cuestionar el nivel de impunidad que suelen tener las petroleras, porque muchas veces no pagan las multas, tienen sanciones y terminan no pagándolas o muy fuera de término, muy poca plata, hay que dar un cambio en la lógica del control y eso no se puede hacer teniendo a funcionarios que son parte de la industria”.
Siete décadas de extractivismo petrolero e impunidad
La Asamblea Ambiental Coli Leuvú de Catriel repudia lo sucedido: “La localidad de Catriel y sus inmediaciones sufre desde hace décadas derrames constantes de agua de producción y crudo en distintas magnitudes, desde muy pequeñas hasta algunas muy grandes, son moneda corriente, es decir, sucede todos los días del año”, afirman. Remarcan que esta contaminación vulnera de manera permanente la salud y la capacidad de resiliencia del ambiente, como de las personas que viven tanto en el campo como en la zona urbana.
“Desde 1959, año que descubren el primer pozo petrolero en la zona, Catriel y sus inmediaciones están lleno de pasivos ambientales, más lo que se suma año a año”, denuncia la Asamblea en un escrito.
Desde el lugar de los hechos, la Asamblea accede a la misma información que difunden los medios de comunicación, pero tienen la ventaja de conocer el territorio. Explican que la napa freática en el área tiene una baja profundidad, oscilando en algunos casos entre los dos a tres metros. “Es la misma napa que aporta directamente a nuestro río Colorado, con el que nos bañamos, cocinamos nuestros alimentos, lavamos nuestra ropa, regamos nuestras plantas y cultivos y bebemos nosotros como nuestros animales”, alertan.
Explican que el suelo de Catriel es predominantemente arenoso, lo que implica la alta capacidad de filtración de agua de producción o, en el peor de los casos, de crudo, como ocurre con este último derrame, lo que hace más factible su llegada al río Colorado, que está apenas a cinco kilómetros del lugar y cuyo curso atraviesa cinco provincias.
“La remediación del sitio costará millones de pesos, pero si tuviéramos que monetizar el verdadero costo ambiental que ello implica, seria incalculable, por el valor de los bienes y servicios ecosistémicos que representan la flora y fauna autóctona en nuestro monte patagónico sin contar las afectaciones económicas que pudieran haber incurrido sobre aquellos que viven en dicha zona, sean o no economías de subsistencia”, concluyen desde la Asamblea y exigen sanciones.
