Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes, rechazamos las amenazas e intimidaciones sufridas por integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking, activistas que defienden sus territorios ante los intentos de desarrollo de proyectos de fracking promovidos por el Gobierno colombiano, y las empresas Ecopetrol y ExxoMobil, en el municipio de Puerto Wilches (Santander) y la región del Magdalena Medio colombiano.
La oposición al fracking en Colombia liderada por la Alianza, una plataforma amplia y plural de más de 100 organizaciones y procesos sociales, populares y comunitarios de todo el país, ha logrado detener por varios años el inicio de este tipo de proyectos extractivos por el bien de las comunidades locales y globales en el contexto de la crisis climática, pero con un costo enorme para los líderes y lideresas sociales que sufren amenazas continuas por parte de los actores armados que operan en los territorios donde se quiere desarrollar esta peligrosa actividad.
La Alianza Colombia Libre de Fracking denuncia que la empresa estatal Ecopetrol, con el apoyo de entidades gubernamentales, está buscando obtener la licencia ambiental para el primer «proyecto piloto» de fracking llamado Kalé, ubicado en el municipio de Puerto Wilches (Santander), con el objetivo de dar vía libre a este tipo de explotación en el país antes de la finalización del período del presente gobierno. En el licenciamiento mencionado, se vienen produciendo múltiples violaciones al «debido proceso» y al derecho a la participación ciudadana (audiencias atípicas, reducción anormal de tiempos de proceso, entre otras anomalías), que han aumentado aún más la oposición al proyecto Kalé, y en general al fracking en la región y el país.
En este contexto, se realizaron protestas pacíficas primero el 6 de febrero frente a las instalaciones de Ecopetrol en Barrancabermeja, y al día siguiente, en la “reunión informativa” previa a la audiencia pública del 22 de febrero, organizada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Ecopetrol, en el municipio de Puerto Wilches. Aunque las protestas se realizaron en paz, impregnadas del colorido y la música característica de la región, la empresa Ecopetrol emitió un comunicado tergiversando la acción al afirmar que: “los manifestantes irrumpieron en el lugar e impidieron el ingreso a la ciudadanía, y atacaron con piedra al personal de logística, afectaron los equipos de transmisión y entraron a la fuerza al máster de Ecopetrol”. Estas falsas acusaciones, que estigmatizan y criminalizan el derecho a la protesta pacífica, activaron acciones violentas contra integrantes de las organizaciones de Puerto Wilches y de la Alianza.
El mismo 7 de febrero, grupos paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Autodefensas Unidos de Colombia (AUC), intensificaron sus amenazas contra las y los líderes, opositores y personas involucradas en la resistencia al fracking en la región, distribuyendo dos panfletos en redes sociales que amenazan con nombre propio a líderes y lideresas, además de llamadas telefónicas y contacto directo con amenazas de muerte que implicaron el desplazamiento de emergencia de dos compañeras a lugares seguros.
Ante la gravedad de la situación, las organizaciones firmantes demandamos:
1. Al Gobierno Nacional de Colombia, regional y municipal, brindar todas las garantías necesarias para que las diferentes organizaciones que conforman la Mesa ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking, puedan ejercer sus derechos a la vida, a la integridad personal, la libre expresión, la reunión y protesta pública y pacífica, en oposición a los pilotos de fracking, en las diferentes acciones judiciales, de incidencia y movilización que se consideren necesarias.
2. A la Fiscalía General de la Nación, impartir las órdenes necesarias para avanzar con la investigación de los hechos descritos y la identificación y judicialización de los responsables de estas amenazas, así como de los hechos previos que afectan a otros y otras integrantes de la Alianza, y que son de pleno conocimiento del ente investigador.
3. A la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Puerto Wilches, activar los canales y rutas institucionales de acompañamiento a las organizaciones de la Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking. Así mismo a la Defensoría del Pueblo, emitir una alerta temprana considerando el riesgo que corren las y los defensores ambientales en Puerto Wilches y el Magdalena Medio, en particular por la implementación de los pilotos de fracking.
4. Al Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), suspender la Audiencia Pública en el trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto Kalé programada para el 22 de febrero, ante la falta de condiciones de seguridad para garantizar la participación adecuada de la comunidad, el derecho al acceso a la información y al “debido proceso” en decisiones que son fundamentales para el futuro de sus territorios.
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