Por José Luis Meirás.- El derrame de petróleo de un buque de la empresa Shell, ocurrido hace 23 años en el Río de la Plata frente a las costas de Magdalena, fue el mayor vertido de hidrocarburos en aguas dulces de la historia a nivel mundial. Por ese desastre ambiental no se impuso penalidad alguna desde los estados nacional y provincial ni ninguna condena judicial firme. El desastre de Magdalena reúne una serie de elementos que lo convierten en un caso testigo, tanto en lo que refiere al valioso involucramiento de la comunidad y el activismo ambiental, como a lo que no debería repetirse en tanto ausencia de las distintas instancias estatales que debieron involucrarse activamente para lograr justicia.
Foto: Fernando Massobrio
Dos chatarras flotantes y un derrame maldito
El viernes 15 de enero de 1999 era un día soleado y caluroso, el Balneario Municipal de Magdalena, ubicado en la costa del Río de la Plata a 110 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y 50 kilómetros de la ciudad de La Plata, se aprestaba a recibir paseantes y turistas. Pasadas las dos de la tarde, a cinco kilómetros de la costa, en el Canal Intermedio, la barcaza portacontenedores Sea Paraná, de bandera alemana, chocó contra el buque cisterna Estrella Pampeana, de bandera liberiana, al servicio de la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo Sociedad Anónima. El buque iba rumbo a la destilería de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, frente a la Ciudad de Buenos Aires.
“Se estaba viviendo un momento económico muy difícil y una de las cosas que nos apareció como potable era potenciar el balneario. Se hizo el asfalto nuevo del acceso, lo habremos inaugurado el 23 de diciembre y el 15 de enero se produce el derrame maldito”, relata Oscar “vasco” Sibetti, en ese entonces intendente de Magdalena por la Unión Cívica Radical.
En el abordaje, el casco del buque tanque se desgarró y 5.000 metros cúbicos de crudo tipo Hydra, proveniente de la extracción submarina en la zona de Tierra del Fuego, se vertieron en las aguas del estuario. La mancha de crudo de alrededor de 10 km cuadrados quedó flotando lejos de la costa, sin embargo a partir del sábado 16 comenzó a soplar viento este-sudeste que, sumado a la marea, llevó el crudo hacia la ribera y lo hizo penetrar por los diversos arroyos y humedales. Para el domingo 17, unos 20 kilómetros de costa estaban empetrolados.
Inmediatamente después del accidente, ejecutivos de Shell, así como funcionarios provinciales y municipales llegan a la zona, que fue cercada y vedado el acceso del público.
“Toda la costa quedó dañada, con el petróleo entrando por los arroyos, los humedales. Hay secuencias de imágenes que muestran cómo estaba la costa, cómo se sacaba el petróleo, con qué recursos, tristísimos, a balde, a lampazo, así se fue limpiando”, recuerda el ex intendente.
Foto: Fernando Massobrio
El comité de contingencia de Shell y la contrainformación comunitaria
La causa Shell – Magdalena probablemente no hubiera avanzado como lo hizo en un primer momento sin la participación de Ala Plástica, “un colectivo artístico ambiental que utilizaba la investigación forense y la acción territorial como forma de trabajo desde el arte”, explica el artista y abogado, Alejandro Meitin, uno de sus fundadores, que hoy integra Casa Río Lab, una asociación civil que sigue trabajando en la misma línea que Ala Plástica y custodia un archivo exhaustivo sobre el derrame de Shell en Magdalena.
El cerco de la costa de Magdalena no era solamente físico, también era informativo. “Se conforma un comité de contingencia que integraban Shell, la Prefectura Naval, Secretaría de Política Ambiental de la Provincia (hoy Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible – OPDS) y la Municipalidad de Magdalena”, cuenta Meitin.
“Llegamos a Magdalena el 17 de enero. Al principio se había tenido la creencia de que el petróleo iba a desembocar desde el estuario en el mar, creo que la Prefectura Naval indicó esa posibilidad y se estaba confiando en eso. Pero se produjo un cambio de vientos y el petróleo comenzó a acercarse a la costa. Cuando llegamos a la Playa Nueva del Balneario Municipal vimos que estaba invadida por laburantes de limpieza y un despliegue impresionante de la gente de Shell muy concentrada en una puesta en escena. Te dejaban llegar hasta un lugar, para hablar con un ingeniero de Shell que decía que estaba todo controlado. También había funcionarios de la Provincia, incluso de la Municipalidad de Magdalena, que estaban tratando de mantener todo bajo su control”.
“Entonces nos dirigimos hacia otros lugares para tener contacto directo con los efectos del derrame, así llegamos hasta el Regimiento de Tanques 8 y nos dejaron ingresar. Incluso el jefe en ese entonces nos permitió acceder a la zona del arroyo Juan Blanco, que es donde comienza la Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur, y allí descubrimos que el petróleo había entrado hasta mil metros costas adentro y hallamos los primeros animales empetrolados”, recuerda Meitin.
“A partir de los informes que hacíamos fue tomando cada vez más estado público la situación en la costa de Magdalena. Shell elaboraba y difundía sus informes, pero nosotros también los nuestros, que eran discutidos en la ciudad de Magdalena en asambleas de vecinos que se hacían en un bar frente a la plaza principal. La cosa se empezó a poner cada vez más difícil para la empresa, porque había una investigación independiente que decía lo que Shell no quería que se dijera. Hasta que en un momento comienza a llegar la prensa internacional y lo que era supuestamente un caso menor en un pequeño municipio al sur del estuario, se transforma en un tema más importante”, reconstruye.
Meitin rememora cómo fueron convocando y poniéndose a disposición de distintos científicos y profesionales para dar más sustancia a la investigación y denuncia. “Formamos un equipo cada vez más amplio, con referentes de distintas disciplinas, desde lo comunitario y productivo costero hasta lo científico. También empieza a trabajar con nosotros el comité nacional de UNESCO, a partir de la llegada de Marcelo Acerbi del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ya que el petróleo había impactado en la Reserva de Biosfera. Participa además Jorge Williams, de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”.
Para el biólogo Marcelo Miranda, que integra Casa Río Lab y formó parte de Ala Plástica, “el caso del derrame de Shell fue emblemático particularmente en tres aspectos: el primero es la improvisación que demostró la empresa en el momento de los hechos, todo el ocultismo que hubo atrás; en segundo lugar hay que señalar cómo la clase política o clase dirigente en general se manejó en ese momento tratando de que la información no llegara a la gente, básicamente para poder controlar el lío que se le estaba armando; y por último, que es el punto que quiero resaltar tiene que ver con la participación de la gente, con la organización comunitaria, que fue realmente la piedra angular de lo que fue la proyección de este caso. Si no hubiera habido participación ciudadana y comunitaria este caso hubiera sido uno más, muy poco nos hubiéramos enterado de lo que había pasado”.
Foto: Alejandro Meitin
Sin grietas en favor de Shell
Desde el gobierno del entonces presidente peronista Carlos Saúl Menem, cuya secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano era María Julia Alsogaray, prácticamente no hubo reacción ante el evento contaminante. El único aporte desde ese organismo, a través del presidente del Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, Mario de Marco Naón, fue el pago de las primeras pericias para evaluar el impacto del derrame y que no corrieran por cuenta de Magdalena.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires en ese momento, Eduardo Duhalde, llegó a la costa de Magdalena a bordo de un helicóptero cuando las repercusiones del tema ya lo hacían imposible de ignorar. Se reunió con algunos vecinos e integrantes del comité de contingencia, sobrevoló la costa y se retiró sin más.
Mientras el intendente Sibetti se enfrentaba a Shell por el derrame de enero de 1999, a mediados de ese mismo año en Argentina hubo elecciones y en diciembre cambió el signo del gobierno nacional. Su correligionario y hasta ese momento amigo, Fernando De la Rua, llegó a la presidencia de la mano de la Alianza.
El “vasco” Sibetti recuerda: “Tenía una excelente relación con De la Rúa cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y desde mucho antes. Vino en varias oportunidades a Magdalena y otras tantas me recibió en su oficina. Pero cuando asume la Presidencia varias veces quise entrevistarlo para hablar del tema Shell, entre otras cosas, y nunca pude. Luego del derrame nunca me quiso recibir, no sé si tuvo que ver Shell, pero la duda quién me la saca”.
Magdalena abandona el comité de contingencia y demanda a Shell
La magnitud del desastre ambiental puesta en evidencia, sumada a la parálisis de las autoridades estatales, lleva a Sibetti a tomar la decisión de dejar el comité dominado por Shell.
“Yo nunca estuve conforme con Shell, jugaron muy mal. Juan José Aranguren entonces era presidente de la Shell, yo lo había ido a ver y me dijo que iban a pagar por el daño y quería que le firmara un documento donde aceptaba que ya estaba todo solucionado. Me negué a firmar y decidí iniciar un juicio a Shell. Contactamos al Dr. Daniel Silva, tuvimos dos o tres reuniones y se suscribió el compromiso. Estoy totalmente conforme con su desempeño en todos estos años”, cuenta Sibetti.
La justicia empetrolada
Carlos Daniel Silva es el abogado que representa a Magdalena en la demanda contra Shell desde un principio. “La causa se inicia en el año 1999. Nosotros radicamos la causa durante la misma feria judicial de enero, o sea que la respuesta jurídica al evento ambiental fue bastante inmediata. La causa sigue abierta 23 años después, hay muchas lecciones para sacar de ella”, señala el letrado.
“Una causa de esta magnitud, que fue el derrame de hidrocarburos en agua dulce más grande de la historia, no mereció actuación judicial ni administrativa por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación en aquel entonces, ni de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. El único estamento público que dio una respuesta en defensa de los intereses colectivos fue la Municipalidad de Magdalena, lo cual ya es un despropósito, sobre todo tratándose de un derrame en aguas interjurisdiccionales como las del Río de la Plata. En cualquier lugar del mundo hubiera motivado la actuación del Estado nacional y del provincial también. Solamente el municipio de Magdalena se presentó, se constituyó en demandante de las reparaciones del daño ambiental, en la reposición y recomposición del daño ambiental y en el manejo adecuado de los residuos del hidrocarburo que se había derramado. Entonces fue una batalla entre David y Goliat. La municipalidad, sin presupuestos, sin instituciones científicas que pudieran hacer pericias o evaluaciones de remediaciones, se encontró litigando contra un ejército de peritos y abogados que obviamente Shell estaba en condiciones de sostener”.
Aquí es pertinente enhebrar el recorrido de la causa en el ámbito de la Justicia: En el mismo verano de 1999 la Municipalidad de Magdalena radicó su denuncia en la Justicia Civil y Comercial Federal de La Plata. Silva detalla que “las acciones legales iniciadas entonces tenían tres vías: la reparación de daños ambientales, la protección del medioambiente y la disposición de residuos peligrosos”. En noviembre de 2002, Julio César Miralles, a cargo del Juzgado Federal N°4 de La Plata, condenó a Shell por un valor de u$s 35.000.000 en la causa Municipalidad de Magdalena c/ Shell Capsa y otros s/ disposición de residuos peligrosos, esa suma no correspondía a un dinero que percibiría el municipio sino a los fondos que se debían destinar a la reparación ambiental. “Esta es la demanda ambiental más importante que se ha resuelto en la historia argentina”, declaró Silva a la prensa en ese entonces.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de La Plata confirmó la sentencia en diciembre de 2003. Sin embargo Shell, las aseguradoras y otras empresas demandadas apelaron e hicieron planteos sobre la competencia de los tribunales intervinientes. Así, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que decidió en mayo del 2007 que el caso era competencia de juzgados federales de la Capital y declaró nula la causa resuelta en La Plata, por lo que la causa pasó al Juzgado Federal Civil N°3 de la CABA, a cargo de Roberto Torti.
A diferencia de otros casos similares ocurridos en distintos puntos del planeta, como el del barco Exxon Valdez en Alaska en 1989, el del buque Prestige en 2002 frente a las costas de Galicia o el más reciente, justamente el 15 de enero último, de un barco de Repsol en el mar peruano, en el caso de Magdalena no se aplicaron multas ni hubo acción punitiva alguna desde el Estado.
“Normalmente las instancias públicas nacionales y provinciales toman en otros países un activismo judicial mucho más fuerte o incluso lideran ese activismo, pero además tienen poder de fuego vía administrativa a través de multas, lo que se llaman daños punitivos. Multan a la compañía de manera tal que primero aseguran fondos suficientes para la reparación ambiental y también generan un efecto disuasivo frente a futuros eventos. La inacción del Estado nacional y el Estado provincial en aquel momento fue muy llamativa, casi una invitación a la depredación ambiental”, confirma Daniel Silva.
El abogado representante de la Municipalidad de Magdalena en la causa Shell sostiene que el sistema procesal también jugó en contra de la damnificada. “La Argentina tiene un sistema judicial arcaico y anacrónico, escrito, donde cada interacción entre las partes, sobre todo en el año ´99, se hace por la vía de actuaciones en papel, traslados y respuestas, con una amplia posibilidad de recursos que hacen que quien tenga ganas de dilatar el proceso, logra hacerlo al infinito. Cuando hay procedimientos ordinarios civiles para cuestiones extraordinarias ambientales lo que sucede es que el sistema jurídico, como en el caso de Magdalena, no está preparado para dar una respuesta rápida.”.
“Nos encontramos con una justicia que permitió un litigio de 20 años con argumentaciones y contraargumentaciones, recursos y contra recursos al infinito. Esta causa antes de tramitar la cuestión central pasó por Primera Instancia, Cámara y Corte Suprema. ¡Todavía no habíamos empezado a discutir el fondo! Lo cual te demuestra lo poco preparado que está el sistema jurídico argentino para atender a las necesidades sustanciales de la justicia ambiental. Los primeros 10 años se fueron en recursos vinculados a la cuestión de la competencia judicial, que se terminaron dirimiendo en favor de Shell”.
“Había un desbalance en sí, esto se tramitaba por el fuero de atracción Marítimo, porque eran empresas marítimas que transportaban hidrocarburos y contenedores, o se tramitaba en el fuero Federal Ambiental. Curiosamente, lo Marítimo le ganó a lo Ambiental. Lo ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la máxima instancia, que debiera ser la máxima protectora de los intereses ambientales”, señala Silva.
“¿Esos 10 años que llevó dirimir la cuestión de la competencia para qué le sirvieron a Shell? Bueno, obviamente el medio ambiente tiene cierta capacidad de recomposición natural, después de 10 años de litigio el hidrocarburo ya había sido digerido en gran parte por bacterias y por la propia fuerza de depuración del Río de la Plata”. Esta descripción de Daniel Silva quizás sea la fundamentación principal por la cual la Municipalidad de Magdalena decidió llegar a un acuerdo y dejar de lado la demanda a Shell.
La sentencia en los tribunales federales de La Plata, favorable a Magdalena, había quedado anulada y la cuestión de la competencia había sido resuelta por la Corte Suprema en favor de Shell. Reiniciar la demanda por los daños ambientales en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires no era viable.“ En esas circunstancias es que después de 10 años de litigio, muy difícil de sostener por el esfuerzo económico que era generar pruebas y sostener el proceso, la Municipalidad decidió llegar a una negociación y ceder posiciones. Para llegar a un entendimiento que fuera del interés de la Municipalidad, que batallaba sola, y con un medioambiente que ya había tenido una importante o fundamental recomposición simplemente por el paso del tiempo”, sostiene Silva.
Acuerdo y plebiscito
En las elecciones generales de 2003 resulta electo intendente el peronista Fernando Carballo, que sucede al radical Oscar Sibetti. El fallo de la Corte Suprema en 2007 obligó a un cambio de táctica para lograr el resarcimiento de Shell. En 2009 se llega a un principio de acuerdo extrajudicial, en el mismo la empresa se comprometía a desembolsar 9,5 millones de dólares. El acuerdo establecía que Shell no tenía ninguna responsabilidad por el daño ambiental y que la municipalidad desistía de las acciones contra la empresa. Además establecía unos honorarios legales de 1,5 millones, también a cargo de la petrolera. Shell también pretendía lograr la licencia social para el acuerdo, entonces el texto convenido debía ser aprobado en una consulta popular –plebiscito- no vinculante y ser aprobado por el Concejo Deliberante de Magdalena.
En toda la historia de la causa Magdalena – Shell el episodio del plebiscito es quizás el más ignominioso. La campaña oficial en favor del voto por el Sí fue tendenciosa, todos los medios de comunicación locales tuvieron sus micrófonos y páginas prácticamente cerrados para las voces opuestas al acuerdo. La fecha de la consulta popular se desacopló de la de las elecciones generales de ese año. El plebiscito se realizó el 17 de mayo de 2009 y era optativo, condición que obturó la participación y derrochó recursos públicos.
El texto de la boleta por el Sí, en color azul, decía “estoy de acuerdo con el convenio entre la Municipalidad de Magdalena y Shell C.A.P.S.A. por el que se recibirá el Asesoramiento, Diseño y la Planificación de un Plan de Desarrollo Turístico para los Balnearios de Magdalena y Atalaya, un Parque Industrial y una Planta de Tratamiento de los Residuos Sólidos Domiciliarios del Partido de Magdalena, más una indemnización de U$S 9.500.000, equivalente a $ 35.000.000 (cotización U$S 1 = $ 3,70)”. La papeleta del No repetía el mismo texto en tinta negra e implicaba oponerse a tantos “beneficios” para la comunidad magdalenense.
En la campaña oficial se hablaba de una “indemnización” de 9,5 millones de dólares, cuando en el texto del acuerdo no se menciona ningún monto indemnizatorio o de reparación económica por el derrame, sino más bien de un aporte de Shell para el desarrollo local.
El actual intendente Gonzalo Peluso, hoy en Juntos por el Cambio y en ese entonces militante opositor en el radicalismo. Su posición era minoritaria incluso en su propia fuerza ya que el acuerdo y el plebiscito contaban con el apoyo de la mayor parte del radicalismo y sus concejales, hasta del exintendente Oscar Sibetti. “Fuimos solamente tres los dirigentes que nos opusimos al acuerdo, que era vergonzoso por varias razones, e intentamos salir en todos los medios, pero nos dio espacio un solo programa de radio. Las demás radios, compradas por el Estado municipal con la pauta oficial, nos cerraron el aire y no pudimos expresarnos. Pueden decir que el 77% de los votantes lo hizo a favor del acuerdo, pero fue el 77% del 25% del padrón”, recuerda.
“Las empresas que cotizan en la Bolsa, los juicios que tienen en expectativa, sin resolver, afectan sus acciones y pueden hacer bajar su valor. Una vez que se firmó el acuerdo a Shell no le importó más el destino de la causa. Con ese arreglo extrajudicial le habían quitado el riesgo a sus acciones. No se materializó el pago pero el acuerdo está firmado, donde la municipalidad resigna sus aspiraciones de seguir con el litigio y un artículo dice que Magdalena le reconoce a Shell que no produjo daño ambiental”, destaca Peluso.
Para el actual intendente de Magdalena el tema no era tanto las condiciones del acuerdo, sino el monto. “Si el acuerdo hubiera sido por una cifra razonable, la cláusula 2ª, donde dice que el municipio reconoce que no hay daño ambiental, habría quedado igual. No se puede hacer un acuerdo extrajudicial sin reconocer explícitamente que la otra parte no me produjo daño. Si el acuerdo hubiese sido por una cifra razonable, 50, 60, 70 millones de dólares, yo no hubiera estado en contra”, aclara.
“Mi primera gestión como intendente electo en 2015 fue viajar a Buenos Aires para entrevistar al abogado Diego Botana, que está en un estudio muy prestigioso. Nos explicaron que ya había un acuerdo firmado y el gobierno anterior lo había hecho en representación legítima del Estado. No me queda otra opción que aceptar ese acuerdo y generar los mecanismos para que el dinero se pague”, declara Peluso, quien ya tramita la apertura de una cuenta en dólares en la sucursal Magdalena del Banco Santander para que la Municipalidad reciba el monto del acuerdo.
Para el abogado Daniel Silva, la transversalidad política del apoyo al acuerdo es un aspecto relevante. “Recordemos que la causa se inicia en una gestión del radicalismo, con el intendente Sibetti; el acuerdo se alcanza en una gestión del peronismo, con el intendente Carballo; hoy en día está, a homologación, nuevamente en una gestión radical, la de Peluso. Atravesó tres gestiones. Yo fui abogado desde el día 1 y continué siéndolo a pesar de los cambios de gestión política, lo cual hace sentir claramente en el caso de Magdalena la existencia de una política de Estado que atraviesa ´la grieta´. El acuerdo atravesó tres instancias representativas populares. Además se sometió a un plebiscito y alcanzó casi el 80 por ciento de la aprobación del pueblo de Magdalena. Es el único caso que recuerdo en la historia del Derecho argentino donde un convenio fue sometido a un plebiscito”, subraya Silva.
Desde una óptica diferente, el abogado y activista Alejandro Meitin señala que “el plebiscito fue totalmente amañado, basado en el interés de una administración municipal y de un equipo de abogados que lo que estaban tratando de resolver era una cuestión económica. En definitiva el juicio transitó todo el tiempo no por valores éticos, aunque en los argumentos estaba eso, sino por el resarcimiento económico. Pero para que ese resarcimiento económico se diera, Shell ya no aparecía como responsable del daño ambiental sino que se transformaba en una agencia de desarrollo para Magdalena. La corporación multinacional que había causado el daño terminaba convirtiéndose en una socia del municipio”.
“Mientras tanto el sistema costero; el transporte de sustancias peligrosas; el avasallamiento del poder corporativo utilizando chatarras flotantes; esos problemas aparentemente dejaron de existir. O volverán a existir cuando vuelva a pasar, porque si hoy volviera a producirse un derrame la mala forma de tratamiento va a ser la misma, el sistema de protección costera va a ser el mismo, los mecanismos de reacción estatales van a ser los mismos. En ese sentido, no se ha aprendido mucho, y eso es lo que nosotros todo el tiempo tratamos de señalar”, afirma el referente de Casa Río Lab.
Las demandas de particulares
Además de las demandas iniciadas por la Municipalidad de Magdalena, hubo unas 522 personas que se constituyeron como particulares damnificados y fueron representados principalmente por la abogada Mirta Oliver en unas 70 demandas grupales, que reclamaban, en general, por efectos adversos sobre la salud y daños y perjuicios en relación a su actividad laboral y comercial (emprendedores turísticos y gastronómicos, junqueros, pescadores, etc.). Algunos de estos juicios se diluyeron en arreglos extrajudiciales mediante desembolsos económicos, otros siguieron su curso y aún esperan resolución.
Inconstitucionalidad del acuerdo
Para que el desembolso se produjera, la justicia debía homologar el acuerdo sin ninguna interposición legal. Un ciudadano magdalenense hizo una presentación invocando lo que se llaman intereses difusos y señalando la persistencia del daño ambiental. Se trató de Leonardo Fediuk, patrocinado por el abogado Mariano J. Aguilar de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
“Tenemos un desastre ambiental cuyos efectos persisten y existe una Ley de Medio Ambiente que es de orden público, lo que significa que está por encima de cualquier arreglo entre partes. Por eso, aun cuando hayan querido convalidarlo con un plebiscito popular, el acuerdo entre el Municipio y Shell carece de toda validez”, sostuvo Fediuk al momento de la presentación. En tanto Aguilar señaló que el acuerdo “viola la normativa ambiental, es nulo. Es una suerte de donación que hace Shell y no se reconoce su responsabilidad. No hubo un juicio debidamente llevado, no se debatió nada. Hubo medidas cautelares por 85 millones de dólares y de repente se arregló por 9 millones”.
“Nosotros hicimos un Informe de Seguimiento del Impacto del Derrame, con expertos de la Universidad de la República de Uruguay, de la Universidad de La Plata. Ese informe, en el que se utilizaron Sistemas de Información Geográfica, daba cuenta que a 10 años del derrame todavía estaba presente el daño. Entonces, el acuerdo que Shell quería firmar con el municipio no era válido, era inconstitucional, porque no puede haber un arreglo entre partes en tanto y en cuanto, según la Constitución Nacional, el daño al ambiente no estuviera subsanado. Con ese informe demostramos que el acuerdo era inválido porque el ambiente seguía dañado”, señala Alejandro Meitin en consonancia con la presentación de Fediuk.
La impugnación presentada por Aguilar y Fediuk fue rechazada por la Justicia en 2016 y no fue apelada En esto posiblemente haya pesado también la decisión de Fediuk de desistir en una presentación que le había valido amenazas de funcionarios municipales e insultos de vecinos, incluso detenciones arbitrarias. Los impulsores del acuerdo lo responsabilizaban por obstaculizar la llegada del dinero a Magdalena, aunque el mayor obstáculo fue la misma Justicia que demoró siete años en rechazar el pedido de nulidad.
“Al final resultó que el convenio era válido, que no era nulo, pero fueron otros diez años, en los que el pueblo de Magdalena no accedió a la justicia ambiental, no accedió a una reparación económica”, señala Daniel Silva.
El estado de la causa hoy
El juez que tomó la causa luego del fallo de la CSJN en 2007 fue Roberto Torti, que en 2018 pidió su retiro. La causa quedó con un juez subrogante, que no movió nada. En 2021 el lugar dejado vacante por Torti al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 3 de la Capital Federal fue ocupado por el actual juez Juan Rafael Stinco. “Luego de diez años [la causa] ya tiene juez competente, tiene un convenio entre la empresa y el municipio, y ya fueron rechazadas las nulidades que se habían presentado contra ese acuerdo y actualmente se están terminando las últimas pruebas periciales ambientales que, si dan como resultado que no hay afectación ambiental, al día de hoy el convenio quedaría eventualmente homologado”, detalla Daniel Silva.
La opción honorable
En relación a las alternativas que podría haber tenido el municipio de Magdalena para lograr justicia, Alejandro Meitin, se inclina por la honorabilidad y la calidad de vida. “Magdalena tendría que haber sostenido la opción honorable. Porque no han conseguido nada de la otra manera y no pueden defender con orgullo lo que han militado en una primera instancia. Si hubieran seguido en sus trece, Magdalena hubiera tenido posibilidad de ampliar su rango de acción no solamente local sino internacional, podría estar discutiendo y ser abanderada hoy en día en las disputas territoriales que existen en nuestro país referidas a la incidencia del poder corporativo, podría haber generado actores políticos de fuste para discutir lo que está pasando desde aquel momento hasta hoy en la Argentina, podría haber sido como una escuela de capacitación de discusión y negociación internacional sobre el poder corporativo, podría haberse aliando a organizaciones y sectores políticos internacionales. Si hubiera habido una visión más ambiciosa, en el buen sentido, hubiera tenido la posibilidad de generar actores políticos que hoy estarían discutiendo cosas mucho más interesantes que el arreglo de una plaza”.
Desde 2019, al cumplirse 20 años del derrame, cada verano se realiza en la zona afectada un evento motorizado por activistas ambientales que busca sostener la memoria, la exigencia de justicia y defensa de los humedales costeros. “Lo que da vida es la humedad”, tuvo el pasado 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, su última edición en articulación con organizaciones y activistas de Ensenada, Berisso, Magdalena y Punta Indio para activar una red en alerta permanente frente a conflictos ambientales presentes y futuros en la región.
*Las fotos del derrame son de Fernando Massobrio. Todas las imágenes de esta nota están en el archivo de Ala Plástica en Casa Río Lab Asociación Civil y fueron cedidas para la presente nota.
There are 2 comments
Comments are closed.