La nueva Constitución de Chile reconocerá el derecho a la energía. Si el plebiscito del 4 de septiembre la refrenda, se aprobará la necesidad de establecer mínimos vitales, de garantizar su acceso y de fomentar la diversificación y el bajo impacto ambiental de las fuentes. A la vez, la normativa promueve el autoconsumo y las cooperativas, mientras declara la infraestructura energética como interés público. Dialogamos con equipos de constituyentes y organizaciones sociales que participaron del proceso para conocer qué valoraciones hacen del texto y qué desafíos plantea este reconocimiento.
Foto: Rebelión.org
Por Felipe Gutiérrez Ríos / OPSur.- Luego de meses de deliberación y debate público, la Convención Constitucional chilena entregó el borrador de su nuevo texto. Dentro de los derechos consagrados por la propuesta de Constitución, se incluyó un artículo sobre el derecho a la energía que se trabajó en la Comisión de Medio Ambiente con la participación de organizaciones sociales, gremios y grupos empresariales, entre otros.
“El artículo aprobado tiene aspectos novedosos para la legislación chilena e introduce materias que estaban totalmente entregadas al modelo neoliberal sobre energía”, señala Antonio Pulgar, miembro del equipo de la constituyente Camila Zárate. La Constitución de 1980, redactada por la dictadura de Augusto Pinochet, ordenó el modelo económico a partir de esa década. Si bien no hace ninguna referencia específica a la energía, la concepción del Estado subsidiario determinó su rol. A partir de entonces, la política energética se basó en asegurar una supuesta libre competencia entre los distintos actores privados, entendiendo que estos garantizarían los servicios.
A lo largo de las décadas siguientes, el Estado tomó un lugar activo en la intervención del sector, manteniendo una concepción privatista de la energía y de su función como facilitador de las actividades primarias de la economía neoliberal, en particular de la minería. “Pasamos de eso a un artículo que modifica por completo la concepción de la energía, reconociéndola como un derecho y entregando mandatos específicos al Estado para asegurar su acceso”, agrega Pulgar.
“Las consecuencias del modelo económico de la dictadura es un cuadro energético orientado a la mercantilización de la energía, muy contaminante, concentrado en pocas manos y dependiente de la importación de fuentes que no se encuentran en el país”, sostiene Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. “Por eso, desde los movimientos sociales tenía relevancia que la energía pudiera estar en la nueva Constitución ya que es una forma de materializar otros derechos sociales”, agrega.
Respecto del artículo y las instancias de discusión, Ximena Cuadra, integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, señala: “estamos conformes con que esta mirada sobre la energía se haya incluído en el debate constitucional. Varias organizaciones participamos del proceso, hubo una sesión específica sobre este estatuto, se abrió un espacio deliberativo, y ese espacio deliberativo fue el que permitió incidir en que finalmente estuviera presente en la propuesta final de la Comisión de Medio Ambiente. Lamentablemente hubo un inciso que el pleno no aprobó, que hace relación con el rol del Estado como planificador de la política energética, cuestión que nos parece incomprensible”.
Para Jaime Mansilla, participante del equipo de la constituyente Manuela Royo; “el texto pudo ser mejor. Temas como la autonomía, planificación, y soberanía energética fueron bastante resistidos por los sectores progresistas más conservadores, por la inquietud e incertidumbre que podía tener un cambio tan drástico. Pero finalmente es un paso importante que abre una puerta a eventuales cambios y mejoras en la política energética”.
Lucio Cuenca considera que “con las cosas buenas y malas que tuvo el debate, hemos constatado, hemos aprendido, que la energía está muy relacionada con el bienestar y la calidad de vida de las personas y las comunidades. Entonces su consideración en la nueva Constitución es una cuestión estratégica. Derechos sociales como la vivienda digna, la educación, o la salud, son garantizados a partir de esta mirada de la energía como derecho”.
Foto: Télam
Un reconocimiento y varios mandatos
Desmenuzando el artículo, son varios los elementos para destacar. El primero es el reconocimiento del derecho de las personas a un mínimo vital de energía asequible y segura, concepto que viene elaborando la Red de Pobreza Energética y que hace referencia a la cantidad mínima de energía que un hogar requiere para garantizar la subsistencia digna de quienes lo habitan. “Esa subsistencia digna significa que al menos les sirva para cuestiones básicas como cocinar, abrigarse, y conservar sus alimentos”, señala Paz Araya, integrante de la Red. Mientras asequible refiere a los costos que implicaría la energía para las familias, lo seguro tiene que ver con las condiciones de acceso a los distintos insumos energéticos.
Los siguientes incisos aprobados son mandatos que el Estado deberá cumplir para asegurar estos mínimos vitales y el acceso equitativo. Sobre la regulación y el fomento de una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basadas en energías renovables y de bajo impacto, Ximena Cuadra sostiene que “esto tiene que ver con una discusión que organizaciones sociales y ambientales pusimos por delante sobre las energías renovables. Creemos que estas fuentes no necesariamente implican un bajo impacto ambiental y que la discusión sobre energía limpia tiene mucho de falaz, porque esconde los impactos ambientales y sociales que estos proyectos también tienen. Todo esto en un marco donde, por supuesto, se debe avanzar en bajar la dependencia de combustibles fósiles”.
Otro de los elementos destacables que generó debate antes de la votación del artículo fue la declaración de la infraestructura energética como interés público. Para Jaime Mansilla, “esta declaración, que es amplia y no restrictiva, nos permite dejar una puerta abierta para en el futuro retomar discusiones que aquí quedaron afuera. Porque permite la posibilidad de entender la industria energética como un bien esencial para la sociedad y por lo tanto, a partir de ahí, sustentar su existencia no sobre su rentabilidad sino que en función del bienestar social. Es tan relevante este punto que la industria energética renovable en Chile envió una carta al pleno de la convención para manifestar su incertidumbre y desacuerdo sobre esta definición”.
Como señala Mansilla, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, que reúne a empresas del sector, envió una carta a la Convención planteando la inconveniencia del uso de este concepto, porque temen que puede afectar la propiedad al habilitar expropiaciones. Al mismo tiempo, la carta señalaba que el “interés público” podría ser un freno a la transición energética y afectar al medio ambiente.
A su vez, Ximena Cuadra considera que esta concepción tiene que considerarse dentro de un marco más grande, el de una Constitución que define un Estado en tanto garante de derechos. “El reconocimiento sobre las infraestructuras energéticas nos permite replantear qué es lo público en materia energética. Un Estado garante de derechos puede dar pie a ser un regulador y planificador de los desarrollos energéticos en el futuro y que estos no queden en el marco subsidiario neoliberal, donde es el mercado quien toma estas definiciones”, sostiene.
Finalmente, sobre la cuestión de las cooperativas y el autoconsumo, Cuadra manifiesta que “es parte de una discusión mucho más grande sobre soberanía y autonomía energética que de alguna manera es incipiente en el contexto chileno, donde prácticamente no existen políticas al respecto. Lo que sí existe es una reivindicación por parte de organizaciones y movimientos sociales que observan que esta forma de fortalecer la autonomía energética puede ayudar a desconcentrar los grandes focos de generación energética, que es una de las principales fuentes de conflicto energético en el país”.
Foto: archivo EFE/Elvis González
El plebiscito
El artículo sobre energía es parte del borrador de nueva Constitución que ahora se encuentra en proceso de armonización, antes de presentar su versión final a inicios de julio cuando se cumpla un año de sesiones de la Convención Constitucional. Dicho texto es el que será plebiscitado el 4 de septiembre. En ese borrador, la energía se concibe como un derecho fundamental más entre los que serán reconocidos por la nueva Constitución.
Al respecto, Antonio Pulgar argumenta que “además de elementos fundamentales como la plurinacionalidad, hay aspectos como la regulación del agua, transformando el modelo privatizador en una perspectiva de protección del ciclo hídrico completo, reconociendo el derecho al agua y el saneamiento. Hay otras cuestiones muy importantes en el ámbito de los bienes comunes como el reconocimiento al bosque nativo; a los humedales para su protección y gestión; también el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; entre otros. Por último, el reconocimiento a los derechos de la naturaleza es una cuestión destacable en el sentido de que otorga mayores herramientas para la defensa y protección de la naturaleza, en un contexto de crisis climática y ecológica”
En el mismo sentido, Lucio Cuenca considera que “acá estamos saldando una deuda de democratización y justicia social, ambiental y ecológica, que se han acumulado en las últimas cuatro décadas en nuestro país”. Y plantea: “El avance que significa cómo se define el Estado, cómo se cambia la organización político-territorial del país, el sistema político, la concepción de los derechos colectivos, en definitiva, de cómo se están sentando las bases de un nuevo paradigma de sociedad. Si bien hay aspectos que no están cabalmente abordados o contenidos en este nuevo texto, sin duda es un gran avance para Chile en la erradicación del neoliberalismo. Esperamos que también sea una señal para otros países que han incursionado o tomado las recetas del neoliberalismo chileno y que vean que Chile viene de vuelta de ese periodo tan oscuro, de grandes injusticias y que efectivamente estos nuevos caminos también se consideren para los procesos que hoy se viven en Latinoamérica y el mundo”.
