Conversamos con Catalina Amigo, de la Red de Pobreza Energética de Chile, para abordar de qué manera se discute la cuestión del acceso a la energía en ese país. Parte de este debate son los problemas de acceso, la calidad de los servicios energéticos y los conflictos socioambientales. El desafío de traspasar los ámbitos académicos.
Por OPSur .- Durante los últimos años en América Latina circuló con mucha fuerza el concepto “pobreza energética” para abordar los problemas de acceso que viven millones de hogares en nuestro continente. Aunque su uso visibiliza las desigualdades sociales que reproduce el sistema energético, las diversas perspectivas y definiciones que circulan en torno al concepto hacen que su potencial político -tanto de apropiación en organizaciones sociales como para la política pública- no esté completamente desarrollado.
Con algunos de esos desafíos nació la Red de Pobreza Energética de Chile. Catalina Amigo, Coordinadora Ejecutiva de la Red cuenta que a mediados de la década pasada se estaba discutiendo a nivel público la política energética para 2050. “En ese debate no había marcos teóricos ni definiciones muy claras sobre cómo entender la pobreza energética. Entonces desde la Universidad de Chile se propuso esta red para responder a ese desafío y en el fondo generar una plataforma de discusión sobre la temática. Al poco tiempo la abrimos también a otras universidades del país, y a otros sectores de la sociedad, no académicos, tanto públicos como a organizaciones de la sociedad civil y algunas empresas que estaban orientadas al desarrollo social o a las energías renovables”, cuenta.
Luego de la constitución de la Red, comenzaron a trabajar en torno a cómo aplicar estos debates teóricos dentro de la realidad chilena. De ahí surge una de sus definiciones, que entiende que “un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros”. Sobre esa base distinguen necesidades fundamentales de energía que son universalizables y necesidades básicas que dependen del contexto cultural o territorial.
Catalina Amigo sostiene que, más allá de las definiciones de diccionario, arribaron a la conclusión de que tenían que sumar la mayor cantidad de sectores posibles interesados en discutir sobre la temática. “Era necesario porque veíamos que las definiciones que se utilizaban en Europa, Asia o África se quedaban cortas para poder diagnosticar la realidad, la particularidad de la pobreza energética en nuestro país”.
-¿Cuál es el problema con esas definiciones?
Hay de distinto tipo pero podemos centrarlos en dos: la forma en que se enfoca la equidad, y cómo se mira el acceso. Respecto de lo primero, nos enfrentamos a que generalmente la pobreza energética se aborda desde una dimensión relacionada con el gasto que los hogares realizan en energía. Y el problema que teníamos con esa definición es que cuando uno evalúa la pobreza energética desde el gasto asume que todos los hogares acceden a la energía, y acá en Chile todavía tenemos brechas de acceso. Por otra parte, ocurre que muchos hogares restringen su gasto para priorizar otros como la educación o la salud, dado que en Chile tenemos todos los sistemas básicos de derechos sociales privatizados. Hay muchos hogares que tienen que elegir entre salud, educación, alimentación o calefacción. Esas familias que subgastan no estarían en situación de pobreza energética desde la lógica del gasto excesivo. Entonces era una medida que no nos servía, es un buen indicador, pero no nos servía por sí solo.
Algo parecido nos pasaba con los indicadores que tienen relación con la dimensión del acceso, que en general tenían umbrales demasiado bajos, pensado para países con brechas de acceso mucho más agudas como algunos en África y Asia. En ese sentido nos sirve más un indicador que piense en los umbrales de la calidad del acceso a la energía.
-¿Cómo trazan la línea divisoria entre un acceso que es de calidad y uno que no?
Esa una de las discusiones más relevantes sobre este tema en nuestro país: cómo le damos pertenencia territorial a esos indicadores. En las ciudades en el sur del país prácticamente el 90 % de la población utiliza leña para calefacción domiciliaria, y eso nos tiene con un problema de contaminación atmosférica gravísimo. Y si nosotros establecíamos ese umbral, si la pobreza energética es usar leña, todo el sur de Chile es energéticamente pobre. Entonces no tiene sentido como indicador, porque no nos permite distinguir y no permite priorizar ni focalizar, por ejemplo, acciones de política.
La deriva conceptual que tuvimos fue orientada por el lado de conocer cómo medir en términos de equidad, en términos de acceso. En ese camino nos dimos cuenta de que la calidad era el problema central que teníamos nosotros en Chile y en muchos de los países latinoamericanos. En general tenemos acceso, pero es un acceso a energía de muy mala calidad, de baja calidad o contaminante, no sustentable, etcétera.
Así llegamos a esta definición que es con la que trabajamos: entendemos que, en el fondo, un hogar está en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad. El apellido “equitativo” refiere a que no exista un gasto excesivo en relación a otros costos que tiene un hogar para pagar servicios de alta calidad. Y esa alta calidad la definimos con que sean confiables, que no tengan interrupciones, que sean adecuados. Esas fueron algunas de las definiciones que logramos consensuar acotando el problema de la pobreza energética siempre al hogar.
-¿Cómo abordan el acceso a la energía por fuera del sector residencial?
Fue todo un cuestionamiento tomar la decisión de acotar la idea de pobreza energética a hogares. Y tomar esa decisión implicó que decidiéramos ampliar el concepto y complementarlo con un segundo, que es de vulnerabilidad energética territorial. Ahí incluimos todas esas brechas de acceso a energía de forma equitativa, a energía de calidad en esos otros espacios, como espacios laborales, educacionales o de la salud. En Chile, en la mayoría de hospitales del sur se usaba leña hasta hace muy poco. Pensando que está lleno de enfermos respiratorios, tener calefacción a leña obviamente es algo un poco paradójico en términos del impacto que tiene también en la salud de las personas.
Entonces construimos este otro concepto hermano como complemento, hemos ido tratando de construir esta familia de conceptos que permiten hablar de pobreza energética nacional. Poner un acento en las brechas de acceso a la energía hoy día que dificultan el desarrollo económico y humano de las personas y que al final están también incidiendo directamente en la calidad de vida de las personas y en la salud de la población. Porque ese es otro elemento, hay un tema de salud también detrás de muchos de los indicadores de pobreza energética, entonces es muy movilizador también en ese sentido.
Aunque ha sido un trabajo bien largo, nada está escrito en piedra. Nosotros en general siempre estamos en proceso de revisión y actualización constante de los indicadores, porque a nivel internacional el tema de la pobreza energética está de moda.
-¿Crees que han podido dar el salto desde el debate académico hacia una discusión más masiva respecto de estos conceptos?
Ya construir la definición de pobreza energética fue un ejercicio bien duro y largo, que necesitaba involucrar muchas visiones porque no nos servía nada proponer nosotros una definición y esperar que el resto la use. Teníamos que generar un espacio en donde pudiésemos poner sobre la mesa los distintos temas, los distintos intereses, hablar de estos umbrales, ver cómo vamos a evaluar la pobreza energética para cada uno de los servicios energéticos con los que trabajamos.
A estas definiciones de las que hablamos las publicamos oficialmente en 2019, bajo un gobierno [el de Sebastián Piñera] que literalmente había prohibido hablar de pobreza energética, entonces no tuvieron mucha resonancia, o la que hubiésemos querido a nivel de gobierno. Ahora con el actual gobierno sí ha habido una sinergia en la agenda y en los últimos seis meses empezó a hablarse ya más públicamente del tema porque es una realidad y resulta tapar el sol con el dedo. Ha habido varios hitos, tanto asociados a la contaminación atmosférica, como al tema del frío o a las islas de calor urbanas también en el verano; todos esos fueron temas que posicionamos alto en la agenda pública, que fueron haciendo como cada vez más necesario el que se reconociera la pobreza energética como un problema.
-¿Se puede hacer un cruce entre el movimiento socioambiental con la dimensión de la pobreza energética?
Para nosotros el tema de pobreza energética está siempre en un marco de desarrollo sostenible, por eso nos parece importante vincular el concepto con la transición energética justa, porque no se trata de solucionar estas brechas con más petróleo. Obviamente es inviable pensar que vamos a cambiar toda la matriz de un día para el otro, entonces sin duda que es una cuestión compleja. También hay urgencias sociales que se deben salvaguardar lo antes posible. Digamos que reducir las brechas de pobreza y de pobreza energética en particular, se puede poner muchas veces como un objetivo antes del objetivo ambiental o ecológico, pero al menos desde mi perspectiva, no deberían verse como como cuestiones diferentes o como que estén en choque, sino que deberían tomarse de forma conjunta y planificar este proceso de transición asumiendo que hay que cerrar esas brechas en el camino.
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