La Guardia Costera de Estados Unidos, que trabaja en coordinación con la gigante petrolera British Petroleum (BP), establece nuevas restricciones a la cobertura periodística del derrame petrolero en el Golfo de México
Dahr Jamail
IPS
“No puede venir aquí”, dijo a IPS el guardia de seguridad Don, contratado por BP, en el Centro para la Rehabilitación de Fauna Empetrolada de Fort Jackson, en el sudoriental estado de Louisiana.
Adentro, funcionarios del Centro Internacional para la Investigación en el Rescate de Aves, una de las compañías contratadas por BP para limpiar el daño, trabajan curando a animales afectados por el petróleo.
El Centro ofrece acceso limitado a la prensa los lunes, miércoles y viernes durante apenas dos horas cada vez. IPS llegó un miércoles, sólo para enterarse de que ya no se podía ingresar debido a que la admisión se había restringido a dos días semanales.
Cuando IPS le preguntó al guardia de seguridad privada que le impidió entrar a quién respondía, señaló: “Trabajo para HUB, una compañía de seguridad contratada por BP”.
Hub Enterprises, con sede en Broussard, Louisiana, tiene un contrato con BP para proveer “funcionarios de seguridad” y “supervisores”.
A Don le pagan entre 13 y 14 dólares la hora para mantener a la prensa alejada de lo que ocurre con el mayor desastre ambiental causado por un derrame petrolero en la historia de Estados Unidos.
Unos 60.000 barriles de 159 litros de petróleo aún se filtran cada día al Golfo de México, más de dos meses después de la explosión el 20 de abril en la plataforma Deepwater Horizon, operada por BP.
La semana pasada, la Guardia Costera impuso nuevas restricciones a la cobertura de los medios. Los periodistas pueden recibir multas de hasta 40.000 dólares o penas de prisión de entre uno y cinco años si violan la regla que les impide acercarse a menos de 20 metros de cualquier bomba o embarcación de limpieza.
El Comando Unificado, creado por el gobierno de Barack Obama para atender la situación ambiental, arguye que se trata de una “zona de seguridad” y que cualquier intruso puede obstaculizar las tareas.
Pero hay muchos indicios de que el cerco a la prensa ha aumentado en muchas otras maneras.
La semana pasada, IPS tenía una entrevista agendada con un experto del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Estado de Louisiana, en Nueva Orelans, quien conocía de cerca las investigaciones de esa institución sobre el posible impacto del derrame de BP.
La misma mañana en que se concretaría la cita, el experto, que prefirió mantener el anonimato, envió un mensaje de correo electrónico a IPS señalando: “Me dijeron que cancelara la entrevista. Lamento cualquier inconveniente que le pueda haber causado”.
Cuando IPS le preguntó si había alguna razón particular para el cambio de planes, respondió: “No”.
Una fuente anónima más tarde informó a IPS de que la decisión había sido tomada por el rector Larry Hollier, quien preside el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad.
BP provee la mayor parte de la financiación para estudiar los efectos del desastre petrolero, y ha prometido 500 millones de dólares para proyectos de investigación y de restauración.
Robert Gagosian es presidente del Consorcio para Liderazgo Oceánico, que representa a instituciones dedicadas a la investigación de océanos y acuarios, y administra un programa de investigación sobre perforación marítima. El experto está preocupado sobre cómo está siendo utilizado el dinero.
Sus temores, compartidos con otros científicos e investigadores, radican en el interés de BP en preservar su negocio. También dudan si se usará un criterio adecuado para evaluar qué investigaciones llevar a cabo.
Jeff Short, ex científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y ahora miembro del grupo conservacionista Oceana, sostuvo que, al ser BP quien paga las investigaciones, el gobierno está cediendo el control de la situación.
“Yo mismo me pregunto, ¿por qué BP querría volcar dinero en proyectos que claramente mostrarán mucho más el daño ambiental de lo que habría salido a la luz de todas formas?”, dijo.
Los primeros 25 millones de dólares de los fondos de BP fueron rápidamente distribuidos entre la Universidad del Estado de Louisiana, el Instituto de Oceanografía de Florida, la Universidad de Florida del Sur y un consorcio liderado por la Universidad del Estado de Mississippi.
Muchos científicos independientes y periodistas temen que esto sea parte de un esfuerzo para influenciar los estudios y la forma en que esas instituciones públicas hablen a la prensa sobre el desastre.
El 2 de julio, Lance Rosenfield, reportero gráfico del medio de periodismo de investigación sin fines de lucro ProPublica, fue detenido brevemente por la policía cuando tomaba fotografías cerca de la refinería de BP en la ciudad de Texas.
Rosenfield dijo haber sido enfrentado por un funcionario de seguridad de BP, por la policía local y por un hombre que se identificó como agente del Departamento de Seguridad Interna.
El reportero fue liberado luego de que la policía revisara sus fotos y registrara su fecha de nacimiento, número de seguridad social y otra información personal. Un agente de policía luego entregó los datos al guardia de seguridad de BP, lo que, según le dijo el uniformado a Rosenfield, era parte de un “procedimiento operativo estándar”.
También hay restricciones en el espacio aéreo sobre las zonas donde se realizan las operaciones de contención y limpieza del petróleo. La Administración Federal de Aviación prohibió vuelos de medios de prensa a menos de 900 metros sobre las áreas afectadas por el derrame.
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