El gobierno amenaza y advierte que solamente dialogará si antes se pone fin a la huelga del sur, y los manifestantes aseguran que no levantarán su protesta porque ya les hicieron esa promesa y nunca se concretó.

Por Carlos Noriega. La guerra del gas ya ha dejado 18 heridos y 25 detenidos en el sur del Perú. Aunque el gobierno lo niega, los heridos recibieron disparos de perdigones y bala, algo que la Defensoría del Pueblo ha confirmado. Las protestas contra la exportación de gas, que se inició en junio de este año, estallaron el 27 de julio en el Cusco. La provincia cusqueña de La Convención, una importante zona agrícola donde se encuentran los yacimientos de gas que explota el Consorcio Camisea, que integra la petrolera argentina Pluspetrol, se encuentra en una huelga general desde hace doce días.
Los huelguistas rechazan la exportación de gas y exigen que se abra un diálogo con el gobierno, pero éste ha respondido decretando el estado de emergencia en la zona y acusando a los dirigentes de la paralización de “extremistas”, “violentistas”, e incluso de tener vínculos con el terrorismo, algo que no ha podido sustentar. La empresa ha denunciado que la población ha incendiado uno de sus campamentos e intentó tomar un aeródromo. “Gas o muerte, venceremos”, es una de las consignas escuchadas durante las marchas de protesta por las calles de Quillabamba, poblado de unos 60 mil habitantes, campesinos y pequeños comerciantes, que es la capital de La Convención, ubicada entre los Andes y la selva amazónica. Nativos de la Amazonia se han plegado a las protestas. Ellos rechazan la intención de la empresa de construir un ducto para llevar el gas a la costa a través de una reserva nacional considerada como un santuario por los pueblos indígenas.
El gobierno amenaza y advierte que solamente dialogará si antes se pone fin a la huelga del sur, y los huelguistas aseguran que no levantarán su protesta porque ya antes lo hicieron ante una promesa de diálogo del gobierno pero éste nunca se produjo. Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, viajó el viernes al Cusco para intentar romper el entrampamiento. El monseñor se reunió con cerca de un centenar de representantes de la población para buscar una tregua y el inicio de un diálogo entre los huelguistas y el gobierno.
Mientras en Quillabamba se negociaba una tregua, en la ciudad del Cusco los gremios sindicales preparan un paro de 48 horas para el próximo miércoles y jueves contra la exportación de gas, a lo que se suman demandas locales. “Todos saben que no se trata de todo o nada”, le dijo a Página/12 Manuel Dammert, coordinador del Foro Soberanía Energética, al ser preguntado sobre las posibilidades de un acuerdo para levantar la huelga del Sur. “Pero con este gobierno –advierte– nunca se sabe lo que puede pasar. En Bagua (donde murieron 34 personas durante una protesta de las comunidades indígenas amazónicas) todo estaba prácticamente solucionado y el asunto terminó en una matanza.” El ex diputado Manuel Dammert asegura que la protesta contra la exportación de gas ha cambiado el escenario político del país. “Se ha construido una mayoría política y ciudadana que rechaza la exportación de gas. Se ha asumido como una bandera nacional recuperar el gas. Eso es un cambio político en el país.”
En medio de la huelga, el gabinete ministerial fue al Congreso a defender la exportación de gas. El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, amenazó con renunciar si se daba marcha atrás con la exportación. “El gabinete fue a repetir mentiras, acusar a fantasmas y esconder las denuncias en contra de la exportación de gas”, señala Dammert.
Diversos expertos coinciden en que las reservas de gas, que llegan a 8,8 trillones de pies cúbicos (tcf), no alcanzan para cumplir con un compromiso de exportación de 4,2 tcf y abastecer el mercado interno. Aunque el gobierno niega el desabastecimiento interno, éste ya se siente entre las industrias y las empresas generadoras de electricidad. Que el gas para la exportación se venda a un precio varias veces menor que el pagado por los consumidores locales, es otro factor que enciende la protesta.
Página/12

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH)

Comunicado

Conflicto social en el Departamento del Cusco : No debe darse otro « Baguazo »

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL), están profundamente preocupadas por la falta de diálogo en el marco del conflicto social que se está viviendo en el departamento del Cusco, en particular en la provincia de La Convención, y temen que se produzcan nuevos hechos de gravedad.
El día 27 de julio, la población de la provincia del Cusco, inició un nuevo paro para manifestar su rechazo a la exportación del gas del proyecto Camisea, exigir que se construya una planta localmente, y expresar también la preocupación de los pueblos indígenas por la posible afectación del Santuario Nacional Megatoni si se llegara a construir un gasoducto que pase por sus territorios sagrados.
La respuesta de las autoridades frente a estos reclamos se ha caracterizado por su falta de apertura, marcada por la declaración del Estado de emergencia del 1ro de agosto que se tradujo por el envío de fuertes contigentes de policía y el sobrevuelo permanente de la zona por helicópteros, y por la descalificación de los dirigentes sociales.
La FIDH, APRODEH y CEDAL lamentan esta actitud que, lejos de contribuir al diálogo, puede al contrario agudizar el conflicto. La FIDH, APRODEH y CEDAL condenan los hechos de violencia que se dieron el día 04 de Agosto, causando varios heridos, e instan las partes a dialogar. Es importante que, como lo destacó la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, la población pueda recibir información sobre el proyecto y las consecuencias que podría tener. Hacemos un llamado a fin de que se acepte el rol mediador en el conflicto que importantes autoridades religiosas y la Defensoría del Pueblo han ofrecido.
La FIDH, APRODEH y CEDAL recuerdan asimismo que las empresas involucradas en el proyecto Camisea, y en particular la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), deben respetar los derechos humanos en sus operaciones, en conformidad con el marco definido por el Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en el cual se establece la necesidad que la empresa « ejerza la debida diligencia para conocer, prevenir y atenuar los efectos desfavorables de sus actividades y relaciones en esos derechos » (Informe n° A/HRC/11/13, del 22 de abril de 2009). Las empresas involucradas en el proyecto deben también abstenerse de cualquier interferencia directa o indirecta en este conflicto, que podría hacerles cómplices de eventuales violaciones a los derechos humanos.
La FIDH, APRODEH y CEDAL aprovechan también esta ocasión para recordar a las autoridades que, en caso de que los pueblos indígenas puedan verse afectados por el proyecto, tendrían que ser consultados de conformidad con el Convenio N°169 de la OIT.
Contacto: Karine Appy/Fabien Maitre + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 25