Acaba de firmar un acuerdo para instalar una terminal en Escobar y quiere aumentar la capacidad en Bahía Blanca. Es para evitar más cortes en un año electoral
Lejos quedaron los años en que la Argentina era un exportador neto de gas a Chile y hasta decidió construir un gasoducto para vender ese recurso a Uruguay. Con la producción de los yacimientos locales en franca caída y un consumo cada vez más fuerte debido al congelamiento de tarifas y el crecimiento de la industria, el Gobierno mira fronteras afuera para atender la demanda.
Con esa premisa, los técnicos del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, estudian contrarreloj alternativas para cubrir casi un cuarto del consumo interno de gas con producto proveniente de ultramar que llegará al país por barco. Así lo confirmaron a El Cronista fuentes oficiales, de la industria y del sector gasífero.
Se trata de 30 millones de metros cúbicos (m3) que llegarán al país bajo la forma de LNG (gas natural licuado) y luego de un proceso de regasificación se inyectarán en el sistema de gasoductos. En los picos, el país consume en torno a 130 millones de m3 diarios.
En primer término, De Vido mandó a analizar la posibilidad de elevar, de 10 millones de m3 diarios a 15 millones, la capacidad de regasificación del barco anclado en el puerto de Bahía Blanca, que llegó en 2008 bajo la sombra de la crisis energética del año anterior pero promete quedarse varios años más. Aunque no hay números públicos oficiales, se estima que esa operatoria le implicará al Estado un desembolso cercano a u$s 400 millones.
“Es una idea posible y razonable a la vez. También es cierto que es necesario hacer algunas modificaciones a las instalaciones. Se está estudiando”, reconoció un empresario del sector gasífero de contacto frecuente con el titular del Enargas (el ente que regula al sector), Antonio Pronsato, con respecto a la intención de ampliar la capacidad en Bahía Blanca.
Los responsables serán los mismos que hasta ahora: la empresa estatal de energía, Enarsa, deberá pagar la factura por la compra del gas, mientras que YPF, la petrolera con mayoría de Repsol que en el país conduce la familia Eskenazi, accionista de la compañía, se encargará de la gestión operativa.
Esos mismos nombres son los que impulsan, a pedido del Gobierno, la instalación de un nuevo proyecto para importar gas por barco en Escobar, como anticipó este diario en abril. La semana pasada cerraron un acuerdo con Excelerate Energy para ponerlo en marcha.
Aunque aún no está definido, una de las ideas más fuerte es que el buque que traiga el gas fondee a 300 kilómetros de San Clemente del Tuyú, en un punto en el Atlántico conocido como Puesto Charly. Eso se debe a que su tamaño le impediría avanzar por el río Paraná. La intención original era que inyectar a razón de 6 millones de m3 diarios al sistema de gasoductos, pero en el Gobierno quieren elevar esa cantidad hasta los 15 millones de m3.
A la importación de gas por barco se le sumará en 2011 la llegada del mismo insumo desde Bolivia –7 millones de m3 diarios– y un eventual intercambio con Chile.
Existen motivaciones políticas y económicas que traccionan la importación de gas por barco. En el primer caso, es la carta más a mano que tiene el Gobierno para no repetir, o al menos morigerar, los cortes de gas –que ocurrieron en 2010– en un año netamente electoral. Por eso, tanto el proyecto de Bahía Blanca como el de Escobar deberían estar listos en mayo próximo.
En el sector gasífero apuntan otro dato: es habitual que resulte más caro importar fueloil y gasoil para las centrales eléctricas que importar gas por barco. Por lo que el LNG se convertiría en el sustituto de ambos combustibles.
Cronista Comercial
