Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación promete abrir la discusión en un ámbito sensible del esquema comercial de hidrocarburos: busca establecer nuevas pautas para la venta de combustibles en las estaciones de servicio.
La iniciativa se propone barajar y dar de nuevo en la comercialización de nafta y GNC, impidiendo la integración vertical entre las empresas productoras, refinadoras, distribuidoras y las estaciones de servicio que expenden al público. En resumen, lo que plantea es desvincular el negocio de expendio de la estructura oligopólica del mercado mayorista, controlado hoy en día por las cuatro grandes petroleras que operan en el país: Repsol-YPF, Shell, Esso y Petrobrás.
El proyecto fue presentado por el diputado nacional por La Pampa, Federico Kenny, y cuenta con el acompañamiento de una decena de legisladores. Se propone como objetivo el establecimiento de pautas que eviten las asimetrías existentes en la cadena de comercialización.
Desregulación.
Los decretos 1212/89 y 1055/89 firmados por Carlos Menem a pocos de meses de llegar al poder fijaron directivas para la desregulación en materia de hidrocarburos. Según indica Kenny en los fundamentos de su proyecto, esto dejó en libertad casi absoluta al mercado, tanto en cuanto a los precios, como en relación a la propiedad del crudo y sus derivados, la importación y exportación, y la instalación de refinerías y estaciones de servicio.
Si bien esto propició inicialmente la apertura de estaciones, la desregulación no generó el incremento de los actores en el sector y, muy por el contrario, estableció un mercado en el que los precios son fijados por las productoras y no por la competencia ni el Estado.
“Si atendemos a la inserción en el mercado de comercialización, el nivel de concentración que se observa es más acentuado – explica Kenny – y sólo cuatro empresas petroleras detentan prácticamente el noventa por ciento de este mercado”. El legislador sostiene además que en ese esquema es Repsol- YPF quien “impone las reglas de juego por tratarse de una empresa integrada, que además de instalaciones de refino, transporte, ducto y red de estaciones de servicio, cuenta con las mayores reservas de petróleo crudo que extrae a costos internos frente a los elevados precios internacionales”.
Esto llevó a que entre 1992 y 1999 se hayan transferido al menos 4.568 millones de dólares de “sobreprecios” a las petroleras. Y todo porque estas empresas se valen, para la comercialización minorista, de una red de estaciones de servicio con sus colores y marca identificatoria.
El mercado actual.
Según se explica en los fundamentos de la iniciativa, las estaciones de servicio pertenecen en su mayor parte a comerciantes individuales que están ligados a las empresas petroleras por un “contrato de exclusividad”. En menor medida, las petroleras se valen también de una cantidad de estaciones propias o manejadas por empresas que ellas mismas controlan.
Pese a ese contrato de exclusividad, las estaciones de servicios no tienen asegurada la provisión de combustibles y su capacidad de negociación en el mercado -por ser pequeñas empresas- es escasa o nula.
Al mismo tiempo existen estaciones de servicio “independientes” o “blancas”, que son aquellas en las que su propietario no mantiene vínculo contractual permanente con ninguna empresa petrolera. Sin embargo, estos establecimientos, que en algún momento llegaron a cumplir un rol de morigeración de los precios, hoy carecen de un abastecimiento adecuado y las productoras-distribuidoras terminan vendiéndoles combustibles a valores que dificultan su presencia en el mercado.
Según datos volcados por el propio legislador pampeano, desde el año 1998 hasta la fecha cerraron unas 3.000 estaciones (de las 6.300 que existían), mientras que otras 500 operan en forma discontinua.
Por eso Kenny entiende necesario impedir la integración vertical en la comercialización de combustibles y prohibir a las petroleras operar estaciones de servicio propias o sociedades por ellas controladas. También propone que se prohíba a tales empresas “sugerir” los precios que debe tener el mercado minorista.
El proyecto.
El articulado de la iniciativa establece que las empresas productoras de petróleo, refinadoras o comercializadoras mayoristas de combustibles no podrán explotar estaciones de venta de combustibles al público -ya sea en general o a clientes individuales-. Solo podrán tener a cargo el desarrollo de la faz comercial de la marca y el control de calidad de los productos que comercializan.
También obliga a estas empresas a abastecer a las estaciones de servicio de manera regular y continua y estipula que la entrega de combustibles será igual y proporcional, incluso para las estaciones de servicio independientes.
En tanto, en cuanto a los precios, el proyecto indica que el operador “comercializará y expenderá combustibles bajo la modalidad reventa”, quedando facultado para fijar los precios y condiciones de expendio Las empresas petroleras productoras, refinadoras o comercializadoras mayoristas no podrán siquiera sugerir el valor de venta al público.
Otro punto central del proyecto pasa por establecer la condición de “Servicio Ininterrumpible” para las Estaciones de Servicio de gas natural comprimido (GNC).
La iniciativa fija a la Secretaría de Energía de la Nación como autoridad de aplicación. Y establece que quienes operen actualmente bajo la modalidad que busca prohibir el proyecto, tendrán dos años para ajustarse a la norma una vez que sea promulgada como ley.
El articulado recién llegó a mesa de entradas de la Cámara baja esta semana y sería girado a las comisiones de Energía y Combustibles, Comercio, y Presupuesto y Hacienda. Promete generar debate Diputados y, en caso de conseguir aprobación en ese recinto, pasaría luego al Senado.
La Arena

El Gobierno quiere aumentar el gas a las industrias

El viernes de la semana pasada el Enargas recibió una serie de facultades para intervenir con mayor discrecionalidad en el despacho de gas natural. Las nuevas potestades del ente regulador empezaron a regir ad hoc, dado que no fueron publicadas en el Boletín Oficial vía resolución.El gobierno está decidido a retomar su frustrada estrategia de levantar las tarifas de la energía. Escaldados por el retroceso que tuvieron que dar meses atrás cuando intentaron aplicarle un tarifazo al consumo domiciliario, ahora de manera casi clandestina avanzan con una iniciativa similar para las industrias.
En la Secretaría de Energía confirmaron que la decisión apunta a reformular el esquema de contratación del fluido por parte de las industrias. El cambio más significativo es que a partir de octubre los grandes consumidores empezarán a pagar, paulatinamente, un contrato Gas Plus, mucho más caro que el promedio de mercado, para asegurarse el abastecimiento “mínimo técnico”, es decir, el suministro necesario para evitar la rotura de sus instalaciones.
Hasta septiembre las industrias podían contratar su demanda de gas natural a una distribuidora (igual que un residencial) o directamente a un productor. Pagaban un precio superior al de los usuarios domiciliarios, cercano a los u$s 3 por millón de BTU (unidad de medida).
Ahora la decisión de Energía, a cargo de Daniel Cameron, las obligará a abonar hasta 6 dólares para garantizar su suministro. Ese es el precio más elevado que computan los contratos Gas Plus, un programa que permite mayores importes para la nueva oferta del fluido.
¿Qué es Gas Plus?
Se trata de una iniciativa diseñada en 2007 que concede mejores precios para impulsar las inversiones en exploración y producción del hidrocarburo, muy alicaídas por la política de precios regulados del kirchnerismo (en la Argentina el petróleo y el gas cuestan menos que en el mercado internacional).

Desde ese año se aprobaron casi 45 proyectos Gas Plus, que involucran desembolsos por más de 4.000 millones de dólares. Las propuestas contribuirán a reducir la caída de la producción del fluido, que en 2009 perdió un 5% y acumula un descenso del 12% desde 2005. Según datos oficiales, los proyectos aportarían 9 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) en julio de 2011, un 7% de la producción del fluido.
Sin embargo, el Gobierno nunca encontró privados que quieran pagar esos contratos. Sólo Cammesa –la empresa mixta que administra el mercado eléctrico- comenzó a comprar Gas Plus a las productoras (YPF, Total y Apache, entre otras) para generar energía. Por contrato, la administradora paga 4 dólares por millón de BTU, el doble del precio promedio que recibe un productor.
Pero está claro que para dinamizar las inversiones no alcanza sólo con el espaldarazo estatal. Para eso aún en el Gobierno, reconocen que es necesario que los usuarios privados empiecen a contratar Gas Plus. Descartados los residenciales por la negativa del Gobierno a dictar aumentos tarifarios significativos en la antesala de las elecciones presidenciales (la misma lógica le cabe al GNC), la industria aparecen como la opción más firme.
La presión de la crisis energética
La permanencia de los cortes de suministro que, aunque en menor número, siguen atentando contra el ritmo de producción (la semana pasada cerca de 50 empresas de Buenos Aires sufrieron interrupciones) es otra presión más que juega en contra de las industrias.
“Los grandes consumidores están empezando a contratar su consumo de gas bajo el esquema de Gas Plus. Es una forma de cubrirse frente a los cortes. Pagarán entre 3,5 y 6 dólares por el recurso”, aseguraron desde la Secretaría de Energía. El Enargas será el encargado de ir sumando a las empresas bajo el paraguas del Gas Plus.
Entre los industriales prima la resignación. La lección de este invierno, con cortes masivos que obligaron en algunos casos a reducir la producción en más de un 50%, caló hondo en el sector. “Las restricciones en la oferta de gas natural son un problema estructural que afectará a la industria durante los próximos años. Frente a eso, la prioritario es asegurar el suministro, más allá del precio”, se sinceraron allegados a la UIA.
Los sectores más afectados por los mayores precios, dado que son los que más gas natural precisan, son el metalúrgico, acerero, cementero y petroquímicos, que agrupan a jugadores de peso como Siderar, Acindar, Loma Negra, Profertil, Refinor, Cargill e YPF.
La Política Online