La justicia federal de San Juan suspendió ayer la aplicación en esa provincia de la ley de glaciares, que había sido aprobada en el Congreso después de un duro debate que dividió transversalmente a kirchneristas y a opositores.
La suspensión fue dispuesta por el juez Miguel Angel Gálvez un día después de que las cámaras y gremios mineros de la provincia presentaran un recurso de amparo cuestionando la constitucionalidad de la norma.
“LA NACION no puede legislar sobre los recursos naturales, sobre los que la provincia tiene potestad absoluta”, argumentó el titular de la cámara minera de San Juan, Jaime Bergé, promotor de la medida. El abogado del gremio de obreros mineros AOMA, Javier Cámpora, reconoció que empresarios y trabajadores contaban con el respaldo del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, para la presentación.
Alegando que la norma nacional se roza con la legislación provincial, el juez suspendió seis artículos claves de la ley (que buscaba proteger los glaciares y limitar la actividad minera en el país) entre ellos el que definían cuáles debían ser las zonas protegidas.
En la Capital, la decisión cayó muy mal entre los legisladores que la habían motorizado, quienes temen que los proyectos mineros más contaminantes avancen mientras el recurso llega a la Corte Suprema.
“No tiene sentido una medida cautelar así, porque la Constitución establece que la Nación fija los presupuestos mínimos de protección”, dijo a LA NACION el senador Daniel Filmus (FpV), uno de los autores del proyecto junto al diputado Miguel Bonasso (Proyecto Sur).
Desde la Coalición Cívica, la diputada Fernanda Reyes denunció que la justicia sanjuanina “está al servicio” del gobernador Gioja, acusó a las empresas mineras de haber ideado la presentación y consideró que si el gobierno de la Nación no apela el fallo “será un veto judicial” de la ley, como ya había hecho hace dos años cuando vetó la primera versión de la norma.
El siguiente pasó del juez será citar al Estado provincial como tercero interesado y correr traslado de la demanda a la Nación.
La Nación
SOBRE LA SUSPENSIÓN EN SAN JUAN DE LA LEY DE GLACIARES
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
Patas para arriba y el Principio Precautorio al revés…
La estrategia del lobby minero y sus gobernadores acólitos contra la Ley de Protección de Glaciares está clara y fue consensuada entre el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y la empresa Barrick Gold.
Así dispusieron que, primariamente, ataquen judicialmente la ley nacional los gremios, las empresas mineras y las cámaras empresariales acudiendo a Juzgados Federales peticionando “urgentes” medidas cautelares dentro de acciones declarativas de inconstitucionalidad. La estrategia consiste en que la acción no la realice directamente la provincia de San Juan, porque al demandar una provincia a la Nación debe hacerlo directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (competencia originaria). En este supuesto, la Corte podría tener meses -y hasta años- la causa en estudio, sin resolver la petición de la medida cautelar. Como vemos, en un Juzgado Federal de San Juan la consiguieron en apenas 20 horas. Es más fácil tener un Juez Federal amigo que a toda la Corte nacional, sobretodo en un territorio feudal como es la provincia de San Juan.
Reeditando “Patas para arriba” de Galeano, el Juez Federal Miguel Ángel Gálvez, que dictó la medida cautelar que suspende la Ley de Glaciares en territorio sanjuanino, aplicó el Principio Precautorio al revés: ante la duda, primero los negocios. Así el fallo subvierte arbitrariamente el ordenamiento jurídico y desconoce los más elementales principios del Derecho Ambiental. De esta manera se desprotege abierta y manifiestamente a los glaciares hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, desenmascarando lo que siempre sabíamos: quieren intervenir los glaciares, los cuales, ahora en San Juan, quedaron a merced de las transnacionales mineras.
Enrique Matías Viale
Presidente
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)
