El Pleno del Congreso, que preside el titular del Poder Legislativo, Daniel Abugattás Majluf, aprobó la histórica Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es la primera norma sancionada en el Período Legislativo 2011-2012.
La aprobación unánime, se logró con 113 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Fue exonerada de segunda votación por 111 votos. También se acordó incluir una tercera Disposición Complementaria referida a la derogatoria de un decreto supremo que se oponía a la presente ley relacionado con una reglamentación del proceso de consulta.
Fue luego del debate del texto sustitutorio que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Fredy Otárola (GPN), quien manifestó que se recogieron los aportes de los cinco proyectos presentados (tres de la Bancada Nacionalista, una de la Alianza Parlamentaria y otra de carácter multipartidario). Dijo que los pueblos deben ser consultados sobre las leyes que afectan sus derechos y que “nunca más se debe gobernar a espaldas del pueblo”.
La finalidad de esta ley, que fue calificada de histórica por la mayoría de los congresistas, busca alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios bajo los principios de la oportunidad, la interculturalidad, la buena fe, la flexibilidad, ausencia de coacción y con información oportuna.
La decisión final corresponderá a la entidad estatal. El acuerdo que se logre tiene carácter obligatorio para ambas partes, pero en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponderá al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos sin afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo. Se indica que estos acuerdos son exigibles, en caso de incumplimiento, en vía administrativa y judicial.
La congresista Marisol Pérez Tello (APGC) propuso que en el tema de la decisión final se agregue que la posición del Estado no debe afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo de los pueblos nativos u originarios.
El legislador Yonhy Lescano (AP) dijo que la consulta debe ser de buena fe y los acuerdos de cumplimiento obligatorio. El legislador Roberto Angulo (GPN) propuso que en vez de consulta se debe dar la plena propiedad de la tierra a los nativos, mientras que el parlamentario Kenji Fujimoti (GPF) dijo que la propuesta es un reto de inclusión social para que las comunidades participen en las decisiones del país.
Por su parte, el congresista Modesto Julca (AP) manifestó que con esta norma se hace justicia a los pueblos que han estado marginados, mientras que el legislador Vicente Zeballos (SN) agregó que esta ley busca institucionalizar el diálogo. Su colega Carlos Bruce (CP) manifestó que la norma evitará que se ahuyente la inversión, pero que se requiere de una acción efectiva de los funcionarios.
La legisladora Julia Teves (GPN) dijo que esta es una licencia social porque siempre se tiene que consultar a los pueblos. El congresista Néstor Walqui (GPF) destacó el hecho de que el proyecto esté acorde con el Convenio 169 de la OIT, mientras que Lourdes Alcorta (APGC) manifestó que “todos los peruanos somos dueños de la riqueza del país y no sólo un grupo de ellos”.
En tanto, los legisladores nacionalistas como Jaime Delgado, dijo que la norma incluye a las comunidades en el desarrollo; Javier Diez Canseco demandó una mayor información sobre el tema del Convenio 169 y que se incluya el término de la inclusión social; y Víctor Isla afirmó que la ley exigirá el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y se demuestra que el Estado no está por encima de los seres humanos.
El congresista amazónico Eduardo Nayap (GPN) destacó la conducción del debate por parte del Presidente del Congreso para la aprobación de esta histórica ley, agradeció a todos los parlamentarios, y dijo que los pueblos nativos, amazónicos y andinos agradecen esta aprobación unánime. (Fuente: Oficina de Comunicaciones del Congreso)
CNR
Perú: Pueblos indígenas y sus organizaciones deben vigilar correcta implementación de la Ley de Consulta
Comunicaciones CAOI
El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó anoche por unanimidad la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Corresponde ahora a los pueblos indígenas y sus organizaciones permanecer vigilantes para garantizar su correcta implementación.
Esta es la primera Ley de Consulta aprobada en la Región Andina. En Bolivia, Ecuador y Colombia aún está en debate una norma similar. La consulta y el consentimiento previo, libre e informado es una demanda histórica de los pueblos indígenas y un derecho reconocido internacionalmente, tanto por el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, como por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General en septiembre del 2007.
Luego de un debate de cuatro horas, en el que se consensuaron los cinco proyectos de ley presentados acerca del tema, los 113 congresistas presentes en la Sesión del Pleno votaron a favor de la Ley. No hubo abstenciones ni votos en contra.
En mayo del 2010, el Congreso había aprobado un dictamen de ley, pero éste fue observado por el entonces presidente Alan García. Las organizaciones indígenas nacionales habían planteado aprobar directamente este dictamen, pero el Pleno realizado anoche introdujo algunas modificaciones importantes.
El artículo 15 del texto aprobado establece que “el acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos”. Un punto sobre el que los empresarios mineros habían manifestado su radical oposición.
Asimismo, entre sus disposiciones transitorias y complementarias, señala que será el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura el órgano técnico especializado en materia indígena. Y deroga el Decreto Supremo 023-2011 del Ministerio de Energía y Minas, dictado por el gobierno anterior, que aprobó el reglamento de procedimientos para la aplicación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas para las actividades energéticas, una norma que era severamente cuestionada por las organizaciones indígenas peruanas.
Actitud vigilante
“Como CAOI saludamos la celebración de la aprobación de la Ley de Consulta Previa por nuestros hermanos indígenas, la Defensoría del Pueblo y otras entidades. Pero también llamamos a estar vigilantes para asegurar su debida implementación y evitar que esta ley se convierta en una coartada para legitimar proyectos en territorios comunales o normas legales o administrativas adversas”, señaló Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI.
El artículo segundo de la Ley aprobada establece que “es derecho de los pueblos indígenas u originarios ser consultados en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente sus derechos colectivos, su existencia física, su identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos”.
Miguel Palacín indicó que “para llegar a esta ley ha corrido mucha sangre, muchos territorios indígenas fueron devastados y cientos de dirigentes criminalizados”. Subrayó que el Estado ha incumplido en toda su historia con su deber de consultar y hacer participar a los pueblos indígenas, aún después de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
La Reforma Agraria, recordó, devolvió las tierras a las comunidades a fines de los años sesenta. Después de ello, la violación de los derechos indígenas fue permanente, en particular desde la promulgación de la Constitución de 1993 por la dictadura de Alberto Fujimori, que recortó los derechos territoriales de los pueblos indígenas. “Este el tema de fondo, porque de allí se desprenden la Ley de Minería y los tratados de libre comercio, entre otros”, advirtió.
“Seamos cautos y ojalá la democracia sea a partir de ahora de consulta permanente de todas las medidas legislativas y a cargo de órganos serios y equitativos. Ojalá que desde ahora se respete a las comunidades indígenas y quienes ingresaron inconsultamente a sus territorios salgan de ellos y reparen los daños causados”, finalizó.
Lima, 24 de agosto del 2011.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas- CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
Minga Informativa de Movimientos Sociales
[Descargar Ley de Consulta Previa aprovada por el Congreso de Perú]
