Gobernadores le plantearon a De Vido la posibilidad de ser accionistas de la empresa
Por Florencia Donovan | La Nación
Las versiones sobre una posible renacionalización de YPF parecen haberse aquietado en la Bolsa, en donde las acciones de la petrolera volvieron a subir levemente, después de haber sido castigadas la semana pasada. Sin embargo, se mantienen lo suficientemente fuertes como para que, durante el encuentro de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), algunos gobernadores aprovecharan para expresar su deseo de ingresar en la petrolera como accionistas.
En particular, el recientemente elegido gobernador de Chubut, Martín Buzzi, sería uno de los que habrían hecho llegar la idea a oídos del ministro de Planificación, Julio De Vido. La Nacion intentó comunicarse ayer con Buzzi en reiteradas ocasiones, pero el gobernador no respondió a las llamadas.
Sin embargo, no habría consenso en todo el bloque de provincias petroleras. Se trata, después de todo, de una propuesta complicada de materializar, considerando que prácticamente no hay provincia que hoy tenga los recursos como para comprar su participación en la petrolera argentina ni para invertir luego en la exploración y explotación de las áreas, como se pretende. Sin embargo, sí tienen una herramienta de negociación y es que, según se estableció a partir de la reforma constitucional de 1994, las provincias son titulares de los hidrocarburos bajo la tierra y las responsables de otorgar lor permisos de exploración y las concesiones de explotación de las áreas.
Casos testigo
En otra escala, de hecho, los gobiernos provinciales ya vienen intentando ganar una participación en la exploración y explotación de hidrocarburos. En las últimas licitaciones de áreas petroleras abiertas por Chubut, por caso, ya en los pliegos se obligaba a las empresas privadas que se presentaran a tener como socio a Petrominera Chubut, la petrolera de la provincia. Según contemplaban los pliegos, Petrominera Chubut tendría un porcentaje accionario, pero no realizaría inversiones para la exploración, sino que éstas quedarían en cabeza de la empresa privada. De tener éxito en la exploración e iniciarse la explotación, la petrolera provincial le iría repagando luego a su socio privado las inversiones con los dividendos generados. Un esquema similar habría adoptado recientemente Neuquén, con la compañía provincial Gas y Petróleo del Neuquén.
En la práctica, las empresas privadas obtienen de las provincias un permiso para explorar y, si encuentran hidrocarburos, luego piden una concesión de explotación. No todas las áreas en poder de YPF serían hoy concesiones de explotación. En rigor, no obstante, la ley de hidrocarburos establece que una vez que una empresa privada obtiene la concesión de explotación, tiene el derecho a la disponibilidad de ese hidrocarburo, en otras palabras, para venderlo libremente.
“Acá el problema es que las compañías privadas no invierten en la exploración por una cuestión de precio”, explicó un analista del sector, que pidió no ser identificado. “Porque no les dejan cobrar lo que corresponde y no hay garantías tampoco de estabilidad a futuro. Enarsa es un ejemplo de cómo está funcionando esto. La empresa estatal es titular de todas las áreas offshore de la Argentina, salvo algunas que ya estaban concesionadas, y todavía no invirtió, porque no tiene la plata y las condiciones económicas para que un privado lo haga”, desafió.
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