YPF pagará a más tardar este viernes la deuda exigida por la AFIP de u$s 8 millones como anticipó Ambito Financiero en su edición de este jueves, en concepto de cargo por una diferencia por derecho de exportación de gas. Por ese pasivo el organismo recaudador le prohibió el miércoles a la petrolera realizar operaciones de importación y exportación
La sanción se oficializará en los próximos días en el Boletín Oficial e incluirá también a otras empresas exportadoras e importadoras que tienen diferencias con el fisco.
Si bien una vez acreditado el pago, se levantará la inhibición para importar y exportar, la empresa presentará un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación para que éste defina la controversia de fondo con el organismo fiscal sobre el mecanismo para calcular los derechos de exportación del gas.
La diferencia entre la AFIP y las petroleras sobre la liquidación de derechos de exportación sobre el gas data de varios años atrás. En el caso de YPF, las ventas externas sobre las que se aplicó una sanción se realizaron entre 2005 y 2006. La empresa liquida los derechos según el precio a que vende el producto, pero la AFIP calcula el pago según lo que llama el precio de mercado, que se define mensualmente según el valor del gas importado.
En términos económicos, una deuda por u$s 8 millones que podría llegar con intereses a u$s 20 millones no es significativa. La medida no tiene la importancia que tuvo la orden de vender el gasoil al transporte al mismo precio que en las estaciones de servicio, ni tampoco la de eliminar el programa Refino Plus de incentivos fiscales que otorgaba beneficios para los proyectos de YPF en Ensenada y Luján de Cuyo.
Sin embargo, al difundirse oficialmente sólo la sanción contra YPF, la decisión de la AFIP se enmarca en un contexto de deterioro de la relación del Gobierno con la empresa y con sus accionistas controlantes que se registra desde enero.
La embestida política contra YPF se relaciona con los problemas de déficit de balanza comercial de combustibles (1.700 millones de dólares de piso para este año) que son la principal preocupación del Gobierno en este momento. Pero una vez detectado el problema, todavía no se advierte hacia dónde va la relación del oficialismo con la empresa.
En principio, se entiende que el Gobierno persigue que a través de acciones de los gobiernos de las provincias productoras, se logre un aumento de la inversión que se refleje en mayor volumen de petróleo y gas.
De todas formas, aunque hubiera un desembolso inmediato, los resultados ya no se verán este año por las particularidades de la actividad, y una eventual rescisión de concesiones y cambio de manos (ya sean privadas o estatales) demoraría aun más un aumento en el volumen de gas extraído.
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