YPF: un paso soberano aún lejos de la soberanía

El control de YPF después de Repsol.
Cristina Fernández declaró el 16 de abril el interés público de YPF en poder de Repsol. Las tensiones se han disparado, pero no cambia el modelo extractivista.
Diego Di Risio y Hernán Scandizzo / Integrantes de El Observatorio Petrolero del Sur*
Viernes 27 de abril de 2012. Número 173

Los tres pilares del proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández al Parlamento (PDF) –que se convertirá en ley a principios de mayo– son: la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, el autoabastecimiento de hidrocarburos declarado de interés público nacional y la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos. El anuncio de esta medida selló la ruptura de la alianza estratégica que Repsol mantuvo desde los ‘90 con las diferentes administraciones que gobernaron Argentina y abrió el debate sobre el modelo energético, al menos en el aspecto económico.
El proyecto ha generado un amplio consenso. El oficialismo y los partidos satélite se pronunciaron a favor en bloque, mientras que desde la oposición de centroizquierda –Proyecto Sur (PS) y Frente Amplio Progresista (FAP)–, pasando por el partido tradicional, Unión Cívica Radical, los peronistas no kirchneristas y diversos movimientos sociales, dieron su apoyo en términos generales, aunque plantean reparos.
Expropiación del 100%
Por ejemplo: que se tendría que haber expropiado el 100% de las acciones y transformado la compañía en una empresa pública, o que también se debería haber hecho una reforma profunda del marco jurídico que rige el sector. Diversas fuerzas de la izquierda trotskista han criticado la medida por insuficiente, ya que promueven la expropiación sin compensación, estatización y administración de YPF bajo control obrero.
Sin embargo, la oposición más encarnizada llegó de los grandes medios periodísticos enfrentados al Gobierno –Grupo Clarín y La Nación– y la Coalición Cívica (CC), de centroderecha. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, sostuvo que se le hizo un favor a Repsol, ya que la compañía desde hace años pretende retirarse del país, “con el dinero que saca de la Argentina”, en busca de otros destinos más prometedores. Y aseguró que “están expropiando muertos, la pregunta es cómo van a pagar esos muertos”.
“Una declaración de guerra”
El día después del anuncio de Fernández, el editorialista del diario conservador La Nación, Joaquín Morales Solá, dijo: “La presidenta se expuso y expuso a su país a duras represalias(…). Los directivos españoles de YPF fueron ayer directamente expulsados de la petrolera, en un gesto que pareció una declaración de guerra del kirchnerismo contra España”. Por otro lado, el máximo exponente de la derecha liberal, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, bajó el tono de sus críticas iniciales al notar la soledad de su posición.
Por otra parte, desde diversos ámbitos ligados al ambientalismo y organizaciones de pueblos originarios –como la Confederación Mapuche Neuquina– lamentaron que el proyecto no contemple el avance hacia un cambio de matriz energética ni que el respeto de los derechos de las comunidades afectadas por la explotación de hidrocarburos aparezca entre los ejes de la flamante gestión estatal.
En enero se hizo público el malestar del Gobierno de Cristina Fernández, cuando el ministro de Planificación Federal y actual interventor de YPF, Julio De Vido, acusó a la compañía de especular con el ‘descubrimiento’ de megayacimientos no convencionales de hidrocarburos –para aumentar la cotización de sus acciones–, sin avanzar en su desarrollo. El promocionado potencial de shale oil y shale gas de la formación Vaca Muerta –en la provincia de Neuquén–, que prometía garantizar el autoabastecimiento y generar saldos exportables en poco tiempo, no pasó de ser un celebrado anuncio.
Lo mismo ocurrió con el Plan Exploratorio Nacional 2010-2014 de YPF, que allanaría el camino hacia el aumento del horizonte de reservas. La profunda crisis energética que atraviesa el país, reflejada en ingentes importaciones de combustibles –en 2011 superó los 9.000 millones de dólares y la balanza comercial cerró con pérdidas de 3.000 millones– dejó claro la inviabilidad del modelo. En este marco, el proyecto presidencial, presentado como la ruptura con los ‘90 y la consolidación del “proyecto nacional y popular”, tiene más que ver con tomar medidas sobre la compañía que concentra aproximadamente el 30% de la extracción de hidrocarburos que con un cambio de modelo.
Si bien queda por reglamentar la ley, que determinará el alcance de la declaración sobre el autoabastecimiento como bien de interés público nacional y las funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos –formado por el Estado y las provincias petroleras–, hasta el momento no se ha hecho mención a la derogación de los decretos que desregularizan el sector y garantizan la libre disponibilidad de los hidrocarburos a las operadoras, ni tampoco se plantea un alza en los porcentajes de regalías cobrados, que rondan entre el 13% y el 20%, entre los más bajos de la región.
En síntesis, más allá de que el discurso público sostenga que el petróleo y el gas son nuevamente un recurso estratégico y no una commodity [mercancía], hasta el momento no se ha avanzado en ese sentido. Lejos de reeditar la empresa estatal insignia del país, el Gobierno mira a Petrobras –compañía brasileña de capital mixto– cuando piensa en el futuro de YPF y deja vía libre para asociarse con capital chino –en joint ventures [acuerdos conjuntos] con las petroleras CNOOC o Sinopec– para el desarrollo de los yacimientos que ahora controla, sobre todo los no convencionales.
La gran incógnita es cómo desde YPF se logrará el autoabastecimiento del país, con una explotación racional, y al tiempo obtener saldos exportables, como enuncia el proyecto de ley. Esto, partiendo de un escenario con reservas de gas y petróleo bajas, con mínima inversión en exploración a lo largo de las últimas dos décadas y donde el mayor potencial hidrocarburífero se concentraría en yacimientos no convencionales –cuestionados por el alto impacto socio-ambiental de sus técnicas de explotación (fracking)– y cuencas de baja fiscalidad, que requieren grandes inversiones y alto riesgo ambiental.
*Observatorio Petrolero Sur
El fraking en Vaca Muerta
Repsol-YPF anunció en noviembre pasado que había encontrado una de las mayores reservas de gas y petróleo de la historia. El yacimiento está situado en Loma de la Lata, en la zona de Vaca Muerta, donde la petrolera contaba con 12.000 km para exploraciones y explotaciones.
Según la empresa, en 428 km habría yacimientos de petróleo equivalentes a 927 millones de barriles de petróleo. Pero la extracción tendrá que hacerse por fractura hidráulica, técnica agresiva y cuestionada porque contamina tierra y acuíferos.
Periódico Diagonal