El coautor del libro Zonas de Sacrificio, Hernán Scandizzo, analizó las políticas energéticas en la Argentina y su impacto social en los territorios.
Por Sofía Alberti – sofialberti@gmail.com.- “Los hidrocarburos quebraron las limitaciones energéticas que pesaban sobre el capitalismo del siglo XIX, y han posibilitado, desde entonces, un auge en la producción y el transporte de mercancías sin precedentes en la historia de la humanidad. Contemporáneamente, han sido objeto de guerras, revueltas y protestas populares, incidentes diplomáticos, crisis y bonanzas económicas, disputas comerciales, innovaciones tecnológicas, catástrofes naturales…La fuerte dependencia de los hidrocarburos afecta la satisfacción de nuestras necesidades más básicas: desde artículos de uso cotidiano como plásticos, fibras sintéticas y medicamentos, hasta la producción mundial de alimentos, gran demandante de energías e insumos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes”.
Con este paneo, el libro “Zonas de Sacrificio”, abre la puerta a un pormenorizado detalle de la expansión de la frontera hidrocarburífera en el país. Producto de años de trabajo de investigación por parte del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el mismo aborda los efectos que esta actividad extractiva tiene sobre diversas comunidades que lejos están de beneficiarse con los avances que promete el desarrollo del sector.
OPSur es una organización que en sólo cuatro años de existencia y a través de su trabajo periodístico supo instalarse como referencia en lo que a política energética y sus consecuencias —económicas, sociales, políticas, ambientales— concierne. De ese trabajo cotidiano, riguroso y comprometido socialmente es que surge la necesidad de hablar de lo que los autores llaman las zonas de sacrificio que, producto de determinadas políticas públicas, se multiplican a lo largo y ancho del país. El relato se construye a partir de la conflictividad dada en Neuquén y Salta, por las concesiones que generaron el despojo territorial al pueblo mapuche en el primer caso y la vulneración de derechos contra los pobladores salteños (tanto de pueblos originarios como criollos). Asimismo, se abordan los impactos sobre áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Calilegua en Jujuy.
“El Estado refuerza el accionar de las empresas, en muchos casos reprimiendo las protestas, sin dar cumplimiento a las normas ambientales y de derecho indígena. Esto se repite en zonas protegidas. Todas estas zonas de sacrificio se generan a partir de la implementación de políticas públicas, en las que sobre todo hay responsabilidad de los Estados que diseñan estas políticas”, afirmó Hernán Scandizzo, uno de los autores del libro. De paso por la ciudad, el miembro de Observatorio analizó los aspectos centrales de la política hidrocarburífera argentina.
—¿Cómo definiría el panorama energético nacional?
—Las principales actoras que hay en Argentina son empresas trasnacionales, con participación de la burguesía local en diferentes medidas. Si bien hay capitales nacionales en el sector, la preponderancia es extranjera: el 50% de Bridas es de capitales chinos, Total es una empresa francesa que tiene mucha importancia en la cuenca austral y ahora Exxon, que es para tenerlo en cuenta porque es la empresa que el año pasado más facturó en el mundo y ahora está entrando fuerte en el país con el desarrollo de yacimientos no convencionales. Lo que se ve es una profundización en la extranjerización, más allá de la avanzada del Estado nacional en el control de YPF.
—¿Y en términos de producción?
—Hubo una caída en la producción en diferentes provincias, en Neuquén sobre todo. Hay otros lugares que cobraron más importancia que la cuenca neuquina —líder durante la década del 90—, como la del golfo San Jorge, y en particular la provincia de Chubut. Se ha hecho hincapié en YPF como responsable de la caída de las reservas, pero hay una situación que se extiende a todas las empresas. Esto vinculado a que desde 2003, cuando se desacopla la cotización interna del petróleo de la cotización internacional, la rentabilidad que obtenían las empresas se reduce, lo que genera que éstas, cuyo principal interés es generar riquezas, perdieran interés en yacimientos argentinos. En el caso de Repsol hasta hace poco le estaban pagando alrededor de tres dólares el millón de BTU, que es la medida de gas. La misma Repsol si la importaba de Bolivia le pagaban alrededor de 8 dólares, y si la importaban de Trinidad y Tobago 18 dólares. Entonces la misma empresa no tenía interés en buscar nuevos pozos. Asimismo, en los años anteriores los yacimientos ya descubiertos por YPF sufrieron altos niveles de intervención y extracción para satisfacer el mercado externo.
NO CONVENCIONALES. Uno de los puntos que más ocupa últimamente al OPSur es la posibilidad de que el país profundice la explotación de yacimientos no convencionales, “cuya producción es promovida desde el departamento de estado de EEUU”, afirmó Scandizzo, y de los que Argentina es la tercera reserva mundial, según una consultora del mismo país. Además que los mecanismos para la extracción de no convencionales son más costosos, pues en ellos los hidrocarburos se encuentran dispersos, requieren mayor cantidad de perforaciones verticales y “se inyectan millones de litros de agua dulce más conveniente por su estabilidad química” para lograr la extracción.
Por esto, el coautor del libro destacó la necesidad de que el Estado realice una cuantificación real de las reservas existentes de gas y petróleo, antes de tomar medidas de aliento de los yacimientos no convencionales, dado que los antecedentes a nivel global, los riesgos sociales y ambientales que acarrea, no son nada alentadores. En el país, Scandizzo destacó el caso neuquino, donde las empresas sacarán el agua del lago artificial Mari Menuco —creado para regular las crecidas del río Neuquén— para inyectar durante la aplicación de la técnica de fractura hidráulica.
“Nos preocupa que uno de los protagonistas de esta nueva YPF sea Miguel Galuccio, un hombre que viene de (la poderosa empresa petrolera) Schlumberger, vinculada al desarrollo de no convencionales y que uno de los potenciales aliados sea Exxon. Hay políticas contradictorias: es necesario que el Estado tome un papel más activo, pero por otro vemos que la gravitación del capital trasnacional, no se reduce. Nos preocupa que presenten a Galuccio como el nuevo Mosconi”, disparó Scandizzo.
LAS PROVINCIAS. En su artículo 124 la Constitución Nacional establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. No obstante, desde el Observatorio consideran que “los hidrocarburos tienen que ser un recurso nacional. Se tendría que reformar la constitución en el Artículo 124, ya que las provincias con todas las políticas neoliberales han visto destruidas sus economías regionales, entonces encuentran en diversos proyectos extractivos, sea minería, petróleo o soja, una salvación que está poniendo en juego la calidad de vida de las generaciones futuras”.
— ¿Los estados provinciales tienen la capacidad negociadora necesaria para llegado el caso confrontar con las multinacionales petroleras?
—La capacidad de negociación que tienen las provincias es mucho más reducida, encima agobiadas por las faltas de recursos, frente a empresas trasnacionales que manejan un volumen de dinero varias veces superior a lo que recaudan las provincias anualmente. Queremos ver cómo funciona este Consejo Federal de Hidrocarburos, qué atribuciones va a tener, si se van a delinear políticas nacionales y a partir de allí las provincias negociarán de manera conjunta con las empresas, o si va a ser algo así como la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo) hasta ahora, que es un ámbito de lobby. Hasta hace poco, las provincias lo que intentaban hacer junto con los sindicatos y las empresas era garantizar un aumento en la rentabilidad de las empresas para que a partir de eso se vieran motivadas a realizar inversiones en exploración de nuevos yacimientos, cuando sabemos que esa ampliación de las ganancias se da a partir de un incremento de la cotización interna del petróleo y del gas que terminamos pagando los consumidores. Esperamos que el Consejo Federal de Hidrocarburos no siga esa línea.
—¿Qué marco de desarrollo sustentable puede plantear una actividad extractiva como la hidrocarburífera?
—Se tiene que volver a una visión que se tenía en la época de la YPF estatal, sin idealizarla porque en aquella época la cuestión ambiental no estaba en la agenda de nadie. Pero sí se tenía en claro que diferentes regiones del país tenían diferentes vocaciones productivas. Era entonces impensado buscar hidrocarburos en la pampa húmeda porque ésta generaba alimentos para todo el país. Vemos que esto ahora no se está respetando y cualquier lugar es viable para extraer hidrocarburos, como en la provincia de Entre Ríos, que está flotando sobre el Acuífero Guaraní, que tiene otras vocaciones productivas. El hecho de que en una zona de reserva de agua dulce como ésa se esté planteando la explotación de hidrocarburos nos parece complicado. Se tiene que tener una planificación a nivel nacional, y no que cada provincia salga a vender las joyas de la abuela para pasar el momento. Asimismo, nos parece fundamental que un camino de incrementar la captura de la renta por parte del Estado se conjugue con una transformación de la matriz energética hacia un horizonte de mayor justicia social y ambiental. En esto debería primar políticas públicas que confluyan en una descentralización, diversificación y reducción del consumo energético con una fuerte participación de las comunidades.
