Chaco: Crónica de una represión anunciada

Gremios docentes y organizaciones sociales de desocupados se manifestaron en el espacio público. Algunos pretendieron acampar simbólicamente frente a casa de gobierno. Un grupo de maestros y de manifestantes efectuaron el intento en la vereda de calle Mitre, frente al mástil del edificio. La Secretaría de Seguridad había efectuado, previamente, una presentación ante el Juzgado de Faltas con el objeto de neutralizar el acampe. Solicitaron que la juez evitara o hiciera cesar los efectos de las contravenciones que anoche el gobierno había imaginado que se producirían. Mientras tanto, dispusieron el apresto de contingentes de distintas unidades policiales, incluidos las especiales, para diseñar e implementar todo un procedimiento que en su aspecto más importante contemplaba el objetivo final de reprimir a los manifestantes. Es evidente que anoche se planificó un operativo específico. El tipo de apresto que se llevó adelante permite entender, luego de los hechos, lo que lamentablemente se produjo en la Plaza 25 de Mayo, que no ha sido otra cosa que una feroz represión organizada contra manifestantes en el espacio público. Horas antes de la represión, la presencia policial de personal no uniformado fue extraordinaria, al igual que los vehículos con los que se movilizaban, la mayoría de ellos sin identificación.
Acampe y represión en la Plaza
Cuando un grupo de los que reclamaban contra el ajuste implementado por el gobierno provincial contra los trabajadores públicos pretendió acampar en la vereda de casa de gobierno, la juez de faltas y la mediadora informaron que no podían hacerlo. Hizo referencia a la causa contravencional que había iniciado y a la prohibición de acampar. Esto se produjo después de que el personal policial, que estaba en el lugar y que había impedido la instalación de dos pequeñas carpas, ya había anticipado que no permitirían el acampe. Repetían que era una decisión tomada. Uno de los oficiales superiores refirió que sacarían a todos, que secuestrarían las carpas y los otros elementos que tenían los manifestantes, y que detendrían a quiénes se opusieran.
Producto de las manifestaciones de la juez de faltas, los dirigentes sindicales y de las organizaciones sociales resolvieron instalarse en la Plaza 25 de Mayo, en proximidades de una carpa muy recoleta allí instalada, ubicada casi frente al Museo de la Memoria. Comenzaron a montar dos pequeñas carpas cuando un numeroso contingente policial, conducido por oficiales superiores, repitió las mismas órdenes que ya habían planteado en la vereda de casa de gobierno. Concretamente, señalaron que no permitirían el acampe, a pesar de que la juez de faltas y la mediadora ya no estaban en el lugar porque se había retirado detrás de la valla ubicada en Mitre y Marcelo T. de Alvear. Los funcionarios policiales de mayor jerarquía repetían que sacarían a los manifestantes del lugar y que no permitirían que acampen. Se agolparon algunos manifestantes en el lugar en donde varios policías vestidos de civil y uniformados pretendieron retirar las carpas luego de romper la cadena humana que habían realizado hombres y mujeres para proteger la instalación. Esa cadena la hicieron tomados de las manos, de manera de que estaban indefensos frente a la presión policial. Claramente se advertían que los policías presionaban gradualmente, cada vez con mayor intensidad, para generar la reacción de los manifestantes, hasta que tres policías que no estaban uniformados desataron la violencia. Dos de ellos estaban cerca de una de las carpas, mientras que el tercero gritó y golpeó a un manifestante mientras señalaba que lo agredían. A partir de allí todo se multiplicó. Las agresiones se sucedieron, como también las persecuciones y las detenciones.
La desenfrenada violencia policial
Lo más llamativo fue que el uso colectivo de la violencia lo ejercía el personal uniformado,  que nunca rompía filas y que no se apartaron de los rutinarios procedimientos cuando reprimen en la vía pública. Siempre se mantuvieron agrupados y cuando actuaron lo hicieron con intervenciones rápidas y muy violentas. A diferencia de ellos, la violencia selectiva y las detenciones fueron ejecutadas por personal policial sin uniforme, lo que permite suponer que fue una decisión tomada con anticipación por los altos mandos y por la Secretaría de Seguridad. Estos policías actuaron con mucha violencia. Se movían con una alta dinámica y con mucha impunidad, a la vista de los jefes superiores. Además de la conducción orgánica de los oficiales, que fue pésima, respondían a las órdenes de dos personas que conducían los movimientos del personal que estaban vestidos de calle. Estas dos personas apuntaban a quiénes había que castigar y detener.
Represión organizada la noche anterior
La mecánica represiva aplicada en la Plaza 25 de Mayo no ha sido un desborde del personal policial, aunque la conducción orgánica fue muy defectuosa porque incluso no pudieron neutralizar acciones del personal no uniformado que eran muy violentas, sobre todo en las detenciones.
Es evidente que la Secretaría de Seguridad, como responsable de la conducción superior de la institución policial según la nueva ley de seguridad, participó del diseño, de la planificación y de los objetivos del operativo. Quedó en claro que el propósito que persiguieron fue el de evitar el acampe de los manifestantes y que para lograrlo resolvieron reprimir. Incluso, precipitaron los enfrentamientos para justificar la represión. Y lo peor, es que lo hicieron de una manera absolutamente ilegal.
El modelo argentino de la seguridad democrática
El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió, con mucho entusiasmo, el modelo argentino de seguridad democrática. Ponderó una articulación moderna, con lineamientos estratégicos respetuosos de las libertades públicas y privadas y de los derechos humanos. Pontificaron sobre los desafíos para el planeamiento estratégico de la seguridad ciudadana y el compromiso de resguardar el derecho a protestar. Prometieron la desarticulación del modelo represivo y que escucharían las voces de la soberanía popular para genera políticas de bienestar. Dijeron muchas cosas que se violaron en la Plaza 25 de Mayo.
Violaron la seguridad democrática
El poder político y el personal policial violaron la seguridad democrática. Incluso, han violado la ley de seguridad pública que sancionaron en mayo de este año. Violaron el protocolo Garré, que está vigente en nuestra provincia porque fue ratificado por el gobierno local. También violaron los criterios mínimos que asumieron que cumplirían los cuerpos policiales y de seguridad cuando intervienen en las manifestaciones públicas. Dieron un paso enorme al vacío. Han violado las pautas más elementales que están previstas en tales instrumentos y, lo que es más importante, han repetido conductas autoritarias y represivas que se produjeron durante los gobiernos de Rozas y de Nikisch, que en aquella época repudiaron y condenaron. Han hecho lo mismo porque están usando a la policía como instrumento de gobierno para aplacar las protestas.
El gobierno chaqueño violó el Protocolo Garré
El gobierno chaqueño violó el acuerdo que ratificó en materia de criterios mínimos sobre la actuación de la policía y de la fuerza de seguridad frente a las manifestaciones públicas. Reprimió salvajemente a los manifestantes, con lo cual afectó la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades, que ha sido una preocupación central en el discurso del gobierno nacional a partir de 2003. Reflexionaban que habían comprendido que la protesta social es una consecuencia de procesos políticos, económicos y culturales que se deben satisfacer con acciones de gobierno que entiendan tales necesidades. Hasta hablaron del derecho internacional de los derechos humanos como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.
En definitiva, el gobierno provincial violó todas las pautas en el manejo de la protesta pública de los docentes y de las organizaciones sociales. En tal sentido, es posible señalar que la intervención de la juez y de la mediadora fue muy breve e insuficiente, lo que precipitó la intervención policial y luego la represión. Por lo tanto, la intervención policial no fue progresiva, sino todo lo contrario y gradualmente violenta. Los funcionarios policiales que dialogaron con los manifestantes, luego ordenaron la represión, lo que está prohibido. A su vez, estos oficiales superiores reemplazaron al funcinario político que debió abrir y mantener el diálogo en representación de la Secretaría de Seguridad o del Ministerio de Gobierno. Ese funcionario político debió ser el responsable de la coordinación de la gestión de gobierno con los manifestantes, auspiciando la continuidad del dialogo e incluso recibiendo denuncias contra el personal policial que cometiera cualquier irregularidad.
También se violó la prohibición que ordena que no pueden formar parte del operativo el personal policial que se encuentra bajo investigación administrativa o judicial, lo que demuestra que en la selección del personal que intervino en el procedimiento se priorizó a los más violentos cuando los nuevos paradigmas de la seguridad democrática propone que el personal convocado debe ser idóneo, con actitudes éticas, intelectuales, psíquicas y profesionales apropiados. También se violó la prohibición de portar armas por parte del personal policial que finalmente tomó contacto y hasta reprimió a los manifestantes. Asimismo, se violó la obligación que recae sobre todo el personal policial que participa del operativo de portar una identificación clara que pueda ser advertida, a simple vista, en los uniformes, lo que permite interpretar muy claramente que no deben intervenir policías que no se encuentren uniformados o de civil. De hecho, el gobierno garantizó impunidad a los represores porque especulan que no serán identificados. Tampoco se respetó la distancia prudente que debe existir entre los manifestantes y los cuerpos policiales. Por el contrario, siempre estuvieron confundidos con los manifestantes para generar reacción y represión.
Resistencia, 19:30 hs., 13 de Septiembre de 2012
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