2013 está siendo un año difícil para los pueblos indígenas en Colombia: 24 personas de diferentes pueblos indígenas han sido asesinadas fruto de sus procesos de lucha y resistencia en los primeros 4 meses del año.
Estos datos son fruto de un monitoreo del Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas (Observatorio ADPI) a partir de las denuncias públicas de diferentes organizaciones indígenas del país, con lo que no se descarta que puedan haber más víctimas. Estos crímenes han sido perpetrados por los diferentes actores armados que ocupan hoy, contra la voluntad indígena, sus territorios ancestrales.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) evidenció esta realidad que se repite año tras año en un informe en enero pasado en el marco de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se denuncia que 104 indígenas fueron asesinados en el 2012 y se produjo el desplazamiento forzado de mas de 12.000 personas. El aumento de la confrontación armada desarmoniza y agrede los anhelos de los pueblos indígenas de desarrollar en armonía y autonomía sus planes de vida, procesos indispensables para alcanzar la paz.
Esto sucede mientras el país se esperanza ante el gran reto de acabar con la guerra y así poder abrir escenarios de cambios estructurales que permitan la construcción de una paz estable y duradera. El buen ambiente y la voluntad que parecen existir en la mesa de negociación de La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP no se sienten en los territorios de quienes han denunciado recientemente que “mientras el gobierno y la guerrilla dialogan, los pueblos indígenas están siendo asesinados”. Los pueblos indígenas se convierten en una de las mayores víctimas del conflicto social y armado a pesar de que muchos de ellos cuentan con sentencias que obligan al Estado colombiano a garantizar la protección integral tales como el Auto 004 de la Corte Constitucional —genérico para todos en su conjunto— o las medidas cautelares de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Casos concretos: Awá, Nasa y Embera
El pueblo Awá —que habita en el departamento de Nariño en el sur del país y frontera con Ecuador— ha denunciado que, en lo que va de año, grupos armados sin identificar han asesinado 7 personas mientras persisten graves amenazas contra sus organizaciones. Este pueblo conocido no sólo por su resistencia colectiva y sabiduría milenaria sino por las masacres que ha sufrido en varias ocasiones en años anteriores, es forzado al desplazamiento hacia el país vecino donde hay más de 1.000 personas Awá en diferentes comunidades.
A causa de los combates en sus territorios que han aumentado en los últimos meses estas comunidades se encuentran muchas veces en situaciones de confinamiento en lugares de resguardo y protección. Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), estas acciones pretenden quitarle el territorio a las comunidades con el fin dar paso a megaproyectos en la zona de carácter extractivo y de infraestructuras vinculados a la “locomotora minera”, uno de los pilares del desarrollo nacional que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos.
Otro caso que ha encendido las alarmas es el que vive el Pueblo Nasa del Cauca. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) este año han sido asesinadas 9 personas comuneras en la región —6 de éstas por milicianos de la guerrilla de las FARC-EP— entre las que se encuentran 4 The Walas —médicos tradicionales y guías espirituales de la comunidad—. Esta situación es grave para las Autoridades Indígenas que denuncian: “es una afectación terrible que va más allá del querer desmeritar el trabajo de nuestros mayores, pero también va la intención de desarticular la resistencia de nuestros pueblos y comunidades ya que afecta la parte de la espiritualidad”.
Por otro lado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que agrupa a los 9 pueblos indígenas de la región ha denunciado mediante comunicados y audiencias públicas los asesinatos a miembros de las comunidades indígenas perpetrados por la Fuerza Pública. El último caso ocurrió en Caldono (Cauca) donde miembros del Ejército acabaron con la vida de un comunero nasa de la Asociación Sat Tama Kiwe, hecho calificado por los soldados como un “error” tal y como han hecho en dos casos más ocurridos en el 2012. Para las Autoridades Indígenas “está claro que no se tratan de errores militares sino una estrategia de debilitar, asesinar a la población civil y acabar con el movimiento indígena”, como lo denunció el CRIC en un comunicado de abril de este año.
Pero la estrategia criminal contra el Pueblo Nasa no acaba en el Cauca; en otras regiones donde habitan comunidades de este pueblo también han ocurrido hechos lamentables como el asesinato por parte del grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’ de una mujer indígena el pasado mes de febrero en el Resguardo la Delfina cerca del puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) o los tres casos sufridos por esta comunidad en el departamento del Putumayo (sur del país) en ese mismo mes.
No menos grave es la situación de otros pueblos indígenas víctimas de desaparición forzada y de asesinatos selectivos. Es el caso del Pueblo Embera del cual, según la ONIC, tres miembros de comunidades en varios departamentos del país han sido asesinados por grupos paramilitares de extrema derecha en 2013. Las agresiones a este pueblo arribaron el primero de enero en Antioquia con la primera víctima indígena del 2013 en Colombia; el pasado abril dos miembros más de esta comunidad perdieron la vida. Actualmente, las comunidades emberas adelantan una fuerte resistencia de defensa del territorio frente a la avalancha de solicitudes para la explotación minera en sus resguardos.
Fuerza social a favor de la paz
Desde hace unas décadas el movimiento indígena se ha convertido en una de las mayores fuerzas sociales por la paz en el país elaborando y accionando diferentes mandatos populares para buscar una salida política al conflicto armado y acabar con la guerra que azota a Colombia hace más de 50 años. Ahora, esta guerra que busca su supuesto fin está llevando a los pueblos indígenas a vivir crisis humanitarias provocadas por la sistemática violación al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado, el desplazamiento forzado, las amenazas contra sus organizaciones, la criminalización y judicialización de sus luchas, el despojo de sus territorios al que están amenazados debido a la presencia de megaproyectos de empresas nacionales y transnacionales.
Esta situación debería obligar al conjunto de la sociedad a escuchar de manera urgente las exigencias y propuestas en materia de paz que los pueblos indígenas han presentado. Entre otras cuestiones, proponen la desmilitarización de los territorios indígenas, la necesidad de realizar diálogos humanitarios entre las Autoridades Indígenas y los actores armados, el reconocimiento de la Guardia Indígena como actor y garante de la paz en sus territorios y el respeto a la autonomía indígena. Reclaman y caminan hacia la consolidación de un movimiento social para la paz, que sea un llamado a parar la guerra tal y como claman las comunidades: “No habrá paz para los indígenas si no hay paz para Colombia, no habrá paz para Colombia si no hay paz para los indígenas”.
LibreRed
