No le tememos a la criminalización, porque defendemos la vida
FORO AMBIENTAL SOCIAL DE LA PATAGONIA
Han pasado seis meses desde que el poder judicial y el municipio local decidieron iniciarnos un proceso penal por ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta [i]. Era el mes de abril y se ponía en marcha todo el aparato judicial al servicio de la persecución política y el amedrentamiento.
Aquel escrache con pintadas fue realizado en el marco del décimo aniversario de la promulgación de la ley 5001 que prohíbe la explotación de la megaminería en la provincia del Chubut, cuando rechazábamos los acuerdos de Buzzi y Eliceche con empresarios y matones de la UOCRA, para avanzar en la legislación que habilite esta actividad que, de permitirse, nos “dañará” a todas y todos. Reclamábamos entonces una respuesta al pedido efectuado hacía meses en la legislatura provincial, de iniciar la junta de firmas que avale la presentación de un proyecto de ley mediante iniciativa popular. Hoy la Iniciativa Popular es un hecho, y pronto alcanzaremos las 11.000 firmas requeridas para su presentación.
La causa judicial comenzó siendo, según las manifestaciones del abogado del municipio, Diego Martínez Zapata, “una causa muy importante para el intendente”. Sin embargo, en el trascurso del plazo de investigación nos contactó el secretario de gobierno, Enrique D´Astolfo, comunicándonos que no era intención del municipio perjudicarnos; ante nuestra pregunta de por qué entonces nos denunciaban, manifestó que debieron hacerlo para no caer en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez, fuimos citados desde el Ministerio Público Fiscal para ofrecernos acceder a una solución alternativa al conflicto penal, es decir para conciliar con el municipio, pedido de disculpas mediante, o reparar el “daño” ocasionado.
El 25 de Octubre pasado fuimos notificados de la acusación formal presentada por el Ministerio Público Fiscal, con las mismas “pruebas” con las que se inició el procedimiento, entre ellas el “acta contravencional” realizada por la policía, es decir, lo que comenzó siendo “una contravención” se convirtió en un “delito”. Nos preguntamos que habrá ocurrido en el medio? Que llevó a la Fiscalía a tomar la decisión de utilizar el poder punitivo en su máxima expresión para criminalizar la protesta social? Pese al planteo en este sentido realizado hace seis meses por la defensa, la Jueza Patricia Reyes, decidió abrir la investigación por delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público. Hoy la Fiscal Mabel Covi y el Funcionario Jorge Bugueño, consideran “que existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio”.
Ante esto manifestamos que el conflicto lo generaron ellos al tomar la decisión de criminalizarnos, lo generan ellos al desoír a los pueblos que nos oponemos a sus políticas extractivas y planes de mal desarrollo. La forma en la que actúan tanto la justicia como el municipio local, pone de manifiesto la alineación y connivencia con el modelo extractivista de saqueo y muerte, que privilegia la entrada de trasnacionales extranjeras, de la mano del Estado, avasallando las voluntades del pueblo que defiende el agua y la vida.
Por unas pintadas se nos persigue como si fuéramos delincuentes, sin embargo por la represión que sufrimos de la UOCRA el 29 de noviembre de 2012 en Rawson ante la mirada de legisladores y legisladoras, no hubo reacción alguna de parte del ministerio público fiscal, ni de ningún/a funcionario/a. Sabemos quiénes son los que siembran terror, los políticos de turno, doblegándose a intereses ajenos al pueblo – corrupción, entrega y negociados – promotores del desastre ambiental que compromete nuestra salud y el desarrollo de futuras generaciones. Sostenemos que el verdadero “daño agravado” es la contaminación del agua por tratarse de un bien de uso público y el verdadero “incumplimiento de los deberes de funcionario público” es no defenderla. ¿Este gobierno prioriza lo material antes que la vida y la salud del pueblo? .Un grafiti en la pared se puede borrar, pero la destrucción perpetrada en el agua, la tierra y los seres vivos permanecerá para siempre, no se borrara jamás.
Quedando aún pendiente que presente su acusación formal el municipio, en su carácter de querellante, nos las/os encausadas/os y quienes respaldamos esta lucha, esperamos que reine la cordura, exigiéndoles desistan de continuar con este trámite absurdo iniciado contra ciudadanxs defensores del territorio en el que desarrollamos nuestra cultura, al menos para evitar seguir erogando gastos en pagos de poderes y abogados, ya que no lograrán amedrentarnos. Asimismo denunciamos el avasallamiento a la libertad de expresión y al legítimo uso de herramientas de lucha popular.
Y si deciden seguir adelante, afrontaremos el proceso, defendiendo nuestro legítimo derecho de protestar en defensa del agua, la tierra… de nuestras vidas.
[i] (Caso N°33966 MPF, Carpeta 4881 OFIJU, “Municipalidad de Puerto Madryn s/daño”) TEL Fiscalía 02804470773
NUESTRA CONCIENCIA NO SE COMPRA NI SE CALLA – ACATEN LAS DECISIONES DEL PUEBLO -.
¡EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN!
NO ES NO
Puerto Madryn, 07 de Noviembre de 2013
