Luego de un largo proceso de más de 20 años, todas las instancias judiciales ecuatorianas han coincidido en declarar culpable a Chevron por su contaminación en la Amazonía. La empresa, sin embargo, se negó a pagar y es prófuga de Ecuador. Los más de 30 mil afectados han debido salir de su país para poder hacer efectiva la justicia y en ese marco Argentina es clave: si se embargan los activos de Chevron y se cobra la sentencia de la Corte Suprema ecuatoriana, se podrá llevar algo de justicia a la Amazonía. Este jueves organizaciones sociales argentinas lanzarán una Red de Solidaridad con el objetivo de apoyar la lucha ecuatoriana.
Organizaciones sociales y de Derechos Humanos, y representantes de pueblos indígenas encabezados por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel han decidido conformar una Red de Solidaridad con los más de 30 mil afectados y afectadas por Chevron-Texaco en Ecuador. La Red Argentina de Solidaridad con los afectados por Chevron en Ecuador será presentada en una conferencia de prensa este jueves 5 a las 11:00 en el Serpaj (Piedras 730). En la actividad estarán presentes Pablo Fajardo, principal abogado de los demandantes, y Robinson Yumbo, ex presidente de la Federación de la Nación Cofán, uno de los pueblos indígenas más afectados por la acción de la petrolera en la Amazonía.
“Yo pude conocer como operaba Chevron, sabemos cómo contamina y hemos venido a compartir esa experiencia acá en Argentina, porque no queremos que le pase al Pueblo Mapuche lo que nos pasó a nosotros”, dice Yumbo, que denuncia que tras la operación de la petrolera su pueblo disminuyó “de 15 mil personas a 1.200 con suerte”. Fajardo y Yumbo recorrerán este miércoles las Comunidades Mapuche Kaxipayiñ y Campo Maripe, en Neuquén, desde donde YPF y Chevron proyectan explotar Vaca Muerta; además se reunirán con organizaciones sociales neuquinas para compartir su experiencia de resistencia contra petrolera estadounidense.
“Nosotros venimos a Argentina –señaló el abogado Pablo Fajardo– porque hemos superado todas las instancias judiciales en nuestro país y Chevron se arrancó, es prófugo de la justicia ecuatoriana. Ante eso nosotros necesitamos hacer efectiva la sentencia, para poder remediar la situación ambiental en la que hoy tenemos que convivir. Y para hacer justicia para nuestra gente, para los más de 30 mil afectados, lo que suceda en la justicia argentina, así como en Brasil o Canadá, es clave para nosotros”. Fajardo agradeció la solidaridad demostrada desde la población de Argentina y sostuvo que el apoyo no es sólo con el pueblo ecuatoriano sino que esta es una causa de la Humanidad, la que se vio afectada con la destrucción de medio millón de hectáreas en su principal pulmón.
Conforman la Red de Solidaridad Argentina con los Afectados por Chevron en Ecuador: SERPAJ – Servicio Paz y Justicia, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Confederación Mapuche de Neuquén, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Mesa de Pueblos Originarios de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO), Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), entre otras.
La Justicia en Ecuador depende de la Justicia Argentina
En junio de este año la Corte Suprema argentina dictó una sentencia que significó un duro golpe para este reclamo de justicia. Tras el embargo a los activos de Chevron en diciembre de 2012, por parte del juez civil Adrián Elcuj Miranda, y la ratificación de la medida cautelar en la Cámara Nacional de Apelaciones, la Corte por 6 votos contra 1 dejó sin efecto la sentencia, haciendo lugar a un dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. De esta manera el máximo tribunal cortó la esperanza de miles de afectados que, tras dos décadas de litigio, no han recibido remediación a pesar de que la misma Chevron ha reconocido que arrojó 16 mil millones de galones de agua tóxica a ríos y esteros, mientras operaba como Texaco (fue adquirida por Chevron en 2001) en sus operaciones en la Amazonía Ecuatoriana entre 1964-1990.
Al dejar sin efecto el embargo a Chevron, la Corte benefició a una de las empresas más cuestionadas a nivel mundial por violaciones a derechos colectivos y ambientales. Con esa decisión también abrió la puerta para que se concretara el acuerdo con YPF y la petrolera estadounidense explote la formación Vaca Muerta en el área Loma Campana. Esa área se asienta sobre el territorio de una comunidad mapuche, que no fue consultada sobre esa actividad, por lo que se viola el derecho a consulta previa establecido en la legislación nacional e internacional.
Para dejar sin efecto el embargo, la Corte argumentó que Chevron Argentina S.R.L. no había tenido derecho a defensa. Este argumento fue rechazado por voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt, quien señaló que no puede haber orden público afectado en un embargo asociado a una sentencia extranjera. El trasfondo del problema es que el máximo tribunal argentino da a entender que Chevron Argentina S.R.L. no es la misma Chevron condenada (y prófuga) de Ecuador. Este argumento también es rechazado por el equipo de abogados de los demandantes, que tras el fallo señaló: “Chevron Corp opera íntegramente a través de subsidiarias en todo el mundo, y no genera ningún ingreso distinto de los dividendos que recibe de dichas subsidiarias”. El discurso de que Chevron no es Chevron se hace insostenible.
Esta interpretación de la Corte Suprema puede sentar un importante precedente en contra del mismo pueblo argentino. “¿Se han preguntado qué va a pasar cuando pueblos damnificados en Argentina se vean obligados a demandar a una transnacional para lograr justicia y dignidad?”, se preguntaba en aquella oportunidad el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. “Nuestra Corte Suprema ha sentado jurisprudencia en contra del propio pueblo argentino y de los hermanos pueblos latinoamericanos, que han resistido permanentemente y han actuado para preservar su identidad, su honor, sus recursos y su vida”, sostuvo Pérez Esquivel.
Mientras Chevron denuncia que está siendo estafada por indígenas y campesinos ecuatorianos, demanda al Estado ecuatoriano, y continúa una escalada judicial en distintas cortes adictas que ha logrado conseguir en el mundo; mientras la Corte Suprema argentina le niega la justicia a los afectados, al señalar que Chevron no es Chevron; las más de 450.000 hectáreas afectadas por la petrolera en casi tres décadas de operación continúan contaminadas por los 16 mil millones de galones de agua tóxica vertida en ríos y esteros, y 103 millones de litros de crudo en la tierra y caminos amazónicos. Mientras se sigue discutiendo en las Cortes de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Holanda, los más de 30 mil afectados, muchos de ellos padeciendo cáncer, continúan sin remediación. “En eso tenemos que pensar si queremos hacer justicia”, subraya el abogado Pablo Fajardo.
