Izquierda Unida (IU) ha opinado hoy que los tres partidos con representación parlamentaria en Cantabria han entrado “en una partida del frontón” con el “fracking”, sin cuestionarse que “todos han sido juez y parte en el proceso”.
IU cree que PRC y PSOE no han asumido su responsabilidad y han cambiado de postura en la oposición mientras el PP mantiene una posición en Cantabria y otra en Madrid.
Les recuerda que desde la concesión de los permisos para extraer gas con la técnica de la fractura hidráulica, “todos han sido parte involucrada” y les reprocha que “ahora jueguen al doble discurso”.
El coordinador de IU, Jorge Crespo, sostiene además que la ley que prohíbe el fracking en Cantabria no asegura esa prohibición porque la modificación de la ley de hidrocarburos impide fijar restricciones de carácter genérico sin motivarse.
Esta formación subraya que seguirá trabajando para que el Estado sea territorio “libre de fracking” y apostando por un cambio de modelo energético que permita un desarrollo sostenible.
Un modelo, apunta, en el que el elemento clave deberá ser el control público del sector energético “para acabar con la constante de la puerta giratoria entre ambos ámbitos”.
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El PP de Cantabria se rebela contra el fracking
La manifestación pública del PP cántabro contra la fractura hidráulica -técnica de extracción de gas que implica el empleo de numerosas sustancias químicas- llega apenas tres días después de publicada en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Ministerio de Medio Ambiente “sobre la evaluación de impacto ambiental del estudio sísmico aparejado al permiso de investigación Luena, que afecta a los Valles Pasiegos de Cantabria y a la provincia de Burgos”.
El Grupo Popular cántabro anunció el pasado día dos que solicitará la comparecencia en el Parlamento de la región del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, para que informe de la situación y se visualice el compromiso “firme, rotundo y claro” del Partido Popular de Cantabria “en contra del uso de la técnica de la fractura hidráulica en el territorio de la comunidad autónoma”. Según el PP de Cantabria, los estudios sísmicos a los que hace referencia laresolución del Ministerio de Medio Ambiente “se utilizan para realizar mediciones en múltiples actividades y no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente”, son sólo un trámite del permiso Luena que el Gobierno de Cantabria esperaba y “ni muchísimo menos” se trata de una actividad consistente en la realización de fracking.
Contundente
A pesar de todo ello, el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha insistido en que, en su región, “no se va a hacer fracking porque existe una ley que lo impide expresamente y, sobre todo, porque tenemos la voluntad política clarísima de hacer todo lo que haya que hacer para impedir que en Cantabria se pueda emplear elfracking“. A este respecto -informa el PP de Cantabria-, Fernández ha subrayado que en su región “no se va a permitir ninguna actividad consistente en realizar fracking, pero tampoco ninguna actividad que sea previa” a la utilización de esta técnica (en alusión al anterior gobierno de la región, el que encabezara el Partido Regionalista de Cantabria, que fue el que autorizó este estudio). “En cualquier momento que se necesite el uso del suelo de nuestra región para realizar fracking o actividades preparatorias del fracking -ha añadido- no se va a poder hacer porque los órganos del Gobierno de Cantabria lo van a prohibir”.
Una batería de argumentos
Según el PP de Cantabria, el consejero ha dirigido este mensaje a los ciudadanos “y también a las empresas que cuentan con permisos en suelos de Cantabria, a quienes ha señalado que el Ejecutivo de Ignacio Diego hará valer sus argumentos legales para impedir que el fracking se materialice en la región”. En este sentido, Fernández ha dicho que el principal instrumento del Gobierno cántabro es la Ley que prohíbe la utilización de la técnica de la fractura hidráulica en el territorio de la comunidad, “que promovió el Ejecutivo de Ignacio Diego, aprobó el Parlamento y está en vigor”. Pero ha expuesto que, “incluso en el caso de que esta ley quedara suspendida si al final se presentase y prosperase un recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de Cantabria podría utilizar una batería de argumentos para evitar el fracking“.
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