Pueblos originarios marcharon y concentraron frente al palacio de Weretilnek en Viedma. También hubo tomas en la municipalidad de El Bolsón y manifestaciones en rechazo al nuevo código de tierras.
Sebastián García.- Las organizaciones de pueblos originarios marcharon y se concentraron frente al palacio del Gobernador Weretilnek en Viedma. Al mismo tiempo hubo tomas en la municipalidad de El Bolsón y manifestaciones en rechazo al código de tierras provincial.
Dos columnas procedentes de Bariloche y Catriel llegaron a la capital provincial y, luego de una rogativa a orillas del río Negro, en la zona norte de la costanera, se concentraron en el barrio San Martín para posteriormente transitar por las calles de la capital.
Nuevamente hubo un importante despliegue de seguridad, que se vio tanto en el vallado a la Casa de Gobierno como en la notable presencia de policías en los edificios públicos de esta ciudad.
En la movilización se criticó al gobierno provincial por impulsar la reforma a la Ley de Tierras que -según se expresó- beneficia a los capitales extranjeros, los negociados inmobiliarios y a las empresas petroleras, favoreciendo los proyectos megamineros. A la vez, se mencionaron los casos de intentos de loteo en la pampa de Ludden, vecina al cerro Perito Moreno en El Bolsón, y los proyectos inmobiliarios de Joe Lewis, “amigo del presidente Mauricio Macri, avalados por el gobernador Alberto Weretilneck”.
“Marchamos para defender nuestros territorios”, fue una de las consignas más escuchadas, a la vez que se comparó a la nueva legislación provincial sobre tierras, próxima a sancionarse, con la Campaña del Desierto.
Al mismo tiempo, comunidades y organizaciones sociales tomaron pacíficamente por dos días la Municipalidad de El Bolsón, cuartel de operaciones del contador de Joe Lewis, el Intendente oficialista Bruno Pogliano.
Al respecto, Elisa Ose de la comunidad mapuche Las Huaytecas se manifestó por el repudio al nuevo código de tierras, y el rechazo a la continuidad de la “Conquista del Desierto” declarada abiertamente por el ministro de educación Esteban Bullrich. Al mismo tiempo se manifestó con hartazgo por el fin del hostigamiento y contra la criminalización de los reclamos territoriales que fueron calificados por el diputado del PRO Sergio Wisky como actos de “terrorismo”. También se pronunciaron por la expulsión de los terratenientes.
La derogación de la Ley provincial de tierras N° 279 es fundamental para incorporar nuevos rubros, clasificando a la tierra rural para el uso minero, turístico, energético, industrial y otros, abriendo la posibilidad a grandes programas de inversiones empresariales que no guardan relación con el espíritu de la ley 279, la cual tiene como base social la producción agropecuaria.
Plantea la eliminación del IPA, el Instituto de Promoción Agraria, que constituye la autoridad de aplicación de la ley. Dicho órgano colegiado se visualizó conformado por organizaciones sociales que tenían la posibilidad de discutir las decisiones. El hecho de que no se hubiera conformado nunca este instituto, es debido a las presiones e intereses de la burguesía para que la Ley N° 279 nunca pudiera aplicarse completamente.
El nuevo código de tierras establece claramente un perfil mercantilista respecto a la propiedad de la tierra, con riesgos de desalojos ante situaciones irregulares, desechando tanto la función social de la tierra y el uso como bien común, así como como el arraigo y la asistencia integral del productor agropecuario.
La nueva ley proyectada establece como autoridad de aplicación a la Dirección de Tierras, un órgano de jerarquía inferior que en los últimos años ha dado sobradas muestras de manejos espurios y abiertos casos de ilegalidad y corrupción, que facilitaron la entrega de tierras valiosas a conocidos terratenientes, entre los cuales sobresalen Joe Lewis y Nicolás van Ditmar.
El vicegobernador Pedro Pesatti, del Frente para la Victoria, no quiso recibir ni a los manifestantes, ni el texto de rechazo del código de tierras provincial.
Para evitar que la burguesía dueña del poder político transforme la tierra en una mercancía inmobiliaria, es necesario avanzar hacia el control de las decisiones sobre el uso de la tierra por parte de los trabajadores rurales, las organizaciones sociales vinculadas, los pueblos originarios y las cooperativas agropecuarias.
