La Unión Sindical Obrera es la principal organización del sector petrolero en Colombia. Noventa y cuatro años de existencia y una vasta tradición de luchas, generación de políticas públicas y apertura de discusiones estratégicas, la han convertido en una referencia no sólo en el ámbito gremial sino también socioambiental y de los debates de transición energética. La promoción de proyectos extremos la puso en estado de alerta, enfrentó el desembarco del método de combustión in situ y ahora exige la moratoria al fracking; posiciones que son compartidas por la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares. Vista a la distancia como rara avis, nos acercamos a esta experiencia que, entre otras cosas, pone en tensión un propagandizado antagonismo entre el cuidado del ambiente y los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la industria hidrocarburífera.
Por Martín Álvarez Mullally y Hernán Scandizzo
“Nos hemos caracterizado por ser más que una organización gremial, una organización política, es decir, discutimos la política en torno al desarrollo de la industria petrolera”, sintetiza Héctor Vaca, secretario de Relaciones Externas de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo de Colombia, o como es conocida en su país, la USO. Este sindicato agrupa a 22 mil personas, de los sectores público y privado, que trabajan tanto en el petróleo como en agrocombustibles y energías alternativas, y en todas las empresas que prestan servicios a estas operadoras en cada uno de los eslabones de la cadena: exploración, perforación, producción, transporte, refinación y distribución. “Hoy la USO está consolidada como uno de los sindicatos más fuertes del sector petrolero”, subraya. “Estamos creciendo cada vez más y haciendo enlaces con los sindicatos del carbón y de la electricidad, dos sindicatos fuertes en Colombia, y la perspectiva es conformar un sindicato minero energético que pueda discutir la política minero energética”, añade.
En ese sentido cabe destacar que la USO integra la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares (Funtramiexco), organización de segundo grado que actualmente es presida por Moisés Barón, quien al igual que Vaca, trabaja en la petrolera estatal Ecopetrol. Tanto la USO como Funtramiexco hoy constituyen puntales sindicales de la lucha contra el extractivismo en ese país. No sólo asesoran a las poblaciones afectadas por la explotación de hidrocarburos sino que también plantean críticas a diferentes proyectos de energía extrema que intentan desembarcar en Colombia, como la explotación de crudos pesados a través de la técnica de combustión in situ o de formaciones compactas con aplicación de la fracturación hidráulica. Justamente para conocer en terreno los impactos de esa técnica ambos dirigentes obreros visitaron Argentina –en el marco de las Jornadas internacionales megaproyecto Vaca Muerta: fracking y sus consecuencias, organizadas por EJES. Durante su recorrida por la norpatagonia Fractura Expuesta habló con Vaca y Barón sobre la política energética de Colombia, la vida sindical, el involucramiento de las organizaciones obreras en las luchas socioambientales y la construcción de alternativas para la transición.
Conciencia socioambiental obrera
“La explotación petrolera en Colombia se inicia con concesiones que se les entregan a una multinacional”, comenta Vaca, en relación a la Tropical Oil Company, una extensión del pulpo Standard Oil. “Los obreros petroleros crean la USO en 1922, de la mano del abogado Raúl Eduardo Mahecha. Allí comienza un proceso de concientización de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales, pero también para pensar cómo hacer que los obreros tuvieran una incidencia mayor en la actividad petrolera”, subraya. En 1948, cuando estaba por terminar el contrato de concesión de la Troco, como era popularmente llamada la compañía estadounidense, la lucha de los obreros petroleros, junto a las comunidades, obligó al gobierno a sancionar una ley para constituir Ecopetrol. “Desde ahí hemos venido haciendo un trabajo fuerte, ideológico, político, para que el petróleo sirva para el desarrollo de los colombianos”, sostiene el dirigente de la USO.
En la misma lucha que dio origen a Ecopetrol se pueden rastrear los estrechos vínculos con las comunidades, lazos en que se afirma la conciencia ambiental. “Somos trabajadores de la industria del petróleo, dirigentes del sindicato más importante, y a su vez estamos en lucha en los conflictos socioambientales, que pueden dar lugar a que la industria petrolera no siga avanzando, o lo tenga que hacer con menos vigor”, apunta Barón. Inmediatamente explica eso que a priori puede ser interpretado como una contradicción. “En la actividad petrolera hay una composición de campesinos, macheteros, personas que necesariamente no provienen de una industria típica petrolera y tampoco se insertaron de manera permanente. Siempre quedó ese cordón umbilical entre comunidad y trabajadores que están dentro de la industria”, comenta. “El trabajador va a la industria y vuelve de regreso a su parcela, está en su parcela y se vincula algunas temporadas a la industria del petróleo, eso genera flujos y reflujos. Personas que en el año trabajan tres o cuatro meses en la industria del petróleo y el resto del tiempo les toca volver a la labor de agricultura, de la pesca, vida normal en la ciudad o el pueblo donde están siguiendo las actividades cotidianas. Y esas personas permanentemente identifican las dos realidades, lo que se hace dentro de la industria y la cantidad de impacto que hay, y luego, afuera, reciben la verificación de las consecuencias”, explica el presidente de Funtramiexco. “Eso también nos ha posibilitado una comprensión del problema en una doble dimensión”, subraya.
“De manera histórica hemos visto que la industria petrolera en los yacimientos convencionales, que dicen ser más amigables con el medio ambiente, han hecho sus afectaciones. En el caso de Boyacá, en la ciénaga de Palagua; en el caso de Arauca, con la laguna del Lipa; en los esteros y morichales de los llanos orientales. Por esas razones entendemos que la industria petrolera sí tiene una corresponsabilidad”, argumenta Barón.
Otro aspecto fundamental, que hace a la perspectiva socioambiental obrera, es que la USO planteó discusiones en cuanto al aspecto de salud y trabajo. En ese sentido el sindicato desarrolló un capítulo en la convención colectiva de trabajo, de avanzada para América Latina, y que se ha convertido en marco de referencia en política de salud ocupacional pública de Estado. “Eso ha llevado a que se desarrollen programas de investigación sobre la presencia de agentes cancerígenos en la vida cotidiana del trabajo, en los afluentes de agua, en las emisiones de material particulado al aire”, enumera Barón. “Todo eso ha llevado a la comprobación que efectivamente es una industria que tiene una capacidad de impacto en el territorio, entendiendo al ser humano como parte de ese territorio. Es decir, el trabajador no es una cosa desagregada sino que también es parte del territorio”, enfatiza. Una relación que no siempre resulta tan obvia.
Desde esa perspectiva se explica cómo tanto la USO como la Funtramiexco se han involucrado en las luchas socioambientales que recorren la geografía colombiana, de las montañas a los llanos, de la oposición a la megaminería en Cajamarca– Tolima, que se impuso sobre el proyecto La Colosa, a las movilizaciones contra el fracking en San Martín–Cesar, entre otras. Al respecto Barón amplía: “El gobierno nacional ha querido mantener la posición dominante y no posibilitar ninguna posición distinta a la que ostentan y benefician a las multinacionales. Pero los territorios se están expresando de manera distinta y están empezando dinámicas supremamente interesantes en función de los debates socioambientales. Un ejemplo es lo ocurrido en Tauramena–Casanare, se hizo un ejercicio de consulta para proteger la parte del municipio donde se abastecen de agua. Dijeron: ‘Allá no vamos a dejar hacer explotación petrolera’, y protegió esa zona”.
Barón señala que ante la extendida movilización y los triunfos en las consultas populares la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas aseguraron que de continuar esta tendencia no sólo se va a paralizar el sector petrolero sino la economía del país, y piden “una ley que constriña a esas consultas populares y restrinjan el alcance de ese tipo de mecanismo”. Al respecto advierte: “Hay que ver cuál va a ser la respuesta de esos territorios cuando el gobierno nacional les diga que va a querer modificar el marco constitucional y legal. El gobierno no puede hacer regresividad de derechos, lo que enseña la norma es que tiene que haber progresividad de derechos; y peor aún que se pretenda hacer eso en el marco de una Colombia avanzando hacia unos escenarios de paz. Eso es pretender cerrar los escenarios de la democratización y la toma de decisiones de la comunidad en las cuestiones que las afectan. Hay un momento muy importante para el movimiento social y eso está en el corazón del debate socioambiental y la discusión de una transición energética”(1).
El involucramiento en la lucha socioambiental también genera debates al interior del movimiento sindical. “No podemos tener una postura monolítica y hacer que todo el movimiento sindical colombiano o toda la USO esté ciento por ciento con una causa ambiental”, aclara Barón. “Naturalmente esto es parte de una reflexión, hay quienes venimos ganando una comprensión, una adhesión fuerte a la causas ambientales, hasta llegar al punto de plantear la necesidad de prohibir el fracking. Los compañeros de la dirección nacional han planteado una moratoria, que es una postura de avanzada(2). Por suerte vamos tramitando estos debates con mucha altura”, señala. Al tiempo que destaca la importancia de que existan escenarios de la vida democrática y la democracia sindical para mantener esas discusiones. “Eso va a hacer posible que se posicione muy bien la defensa de los valores ambientales y que el debate socioambiental, en materia petrolera, logre que haya un convencimiento de que es mejor implementar el Principio de Prevención, de Precaución, y de no hacer a prueba y error, para estar luego lamentando frente a nuestros hijos y nuestros nietos.”
Ante las nuevas fronteras
“El gobierno tiene una táctica de manifestar que las reservas se están acabando, que nos queda petróleo sólo para seis años. Es lo que vienen planteando hace más de quince años, todos los años nos dicen que nos vamos a quedar sin reservas. Por eso hay que flexibilizar la política petrolera y que vengan las multinacionales, incluso antes de que se entregaran los 43 bloques para explotación de fracking modificaron la legislación para beneficiar a esas explotaciones”, interviene Vaca. “Todo el tiempo nos están diciendo que falta, que no hay capacidad, que tenemos un corto tiempo de reservas, pero de los 800.000 barriles que produce el país, cerca de 500.000 barriles son exportados”, señala. Inmediatamente agrega: “Si estamos pensando en reservas estratégicas, por qué no recortamos un poco la explotación y alargamos el horizonte y la posible importación. Obviamente anteponen el ingreso de dinero a las arcas de la Nación y nos convertimos en un Estado rentista, donde vendimos todas las empresas del Estado que generaban renta, entonces hoy dependemos de los impuestos y las regalías”.
“¿Qué afán tienen de acabar con el recurso, si no nos va a alcanzar lo que estamos recibiendo hoy para comprar el petrolero fuera y traerlo a nuestro país?”, se pregunta el secretario de Relaciones Externas de la USO. “Colombia, en materia de hidrocarburos, está muy poco explorada geológicamente, aproximadamente sólo el 35% de las cuencas sedimentarias. Es decir, nos queda un amplio margen por buscar crudos convencionales y tenemos los crudos pesados y extrapesados, donde hicieron aplicar la tecnología STAR, que es la combustión in situ”(3), sostiene.
La alternativa planteada por el gobierno, y ejecutada a través de un proyecto conjunto Ecopetrol y la compañía Pacific Rubiales fue resistida tanto por las comunidades vecinas al sitio donde se experimentaba la técnica como por la USO. “Nosotros dijimos: ‘¿Qué afán hay de sacar esas reservas? Si después, con nuevas tecnologías, podemos aumentar los factores de recobro y, de pronto, aumentar esas reservas que no tenemos’. Afortunadamente la tecnología STAR no les funcionó como estaba previsto. Mostramos los incidentes y accidentes que se presentaron y el gobierno dio por terminado ese proyecto”, explica Vaca.
“Ahora, enfrentándonos al tema del fracking, hemos dicho que el Principio de Prevención es aplicable”, continúa el dirigente de la USO. “Porque no sabemos a ciencia cierta cuántos acuíferos tenemos en la zona donde se va a realizar la explotación. Sabemos que esa zona es muy rica en ríos y corrientes de agua subterráneas, no tenemos una cartografía o una hidrografía subterránea de los afluentes, y no nos podemos dar el lujo de acabar con esos recursos. Y hemos planteado que hasta no tener certeza de cuál sería la afectación, no podemos proceder. Por eso le hemos solicitado al gobierno declarar la moratoria del uso de esa tecnología de fracking en lutitas, en la roca generadora”, relata Vaca.
“La gran cantidad de eventos demuestran lo impactante que puede ser una industria mal practicada, de tal manera que cuando se anuncia la llegada del fracking a Colombia se encendió la alarma. Porque además llegó de manera subrepticia al país, sin explicar qué querían hacer, sin consultar qué piensa la comunidad, qué piensa la sociedad, qué pensamos cómo sindicato”, interviene Barón. “A Colombia simplemente se llegó, se trajo normatividad de Estados Unidos, empezaron a construir unas directrices, empezaron a echar para adelante con la sísmica y la designación de bloques [áreas] petroleros, como si eso fuera una suerte de territorio baldío. Esos territorios tienen gente, tienen pobladores a los que les duele la suerte de las aguas superficiales y subterráneas, y por eso la lucha que hoy están dando está inscrita mayormente por la defensa del agua, los territorios y los ecosistemas”, agrega.
Ecopetrol como herramienta para la transición
“Hoy se plantea que estamos perdiendo las reservas, pero no estamos pensando qué vamos a hacer, qué energía vamos a usar a futuro”, advierte Vaca. “Es allí donde nace el debate y la USO lo viene planteando; debate en construcción todavía, ya que aún lo estamos discutiendo”, aclara el dirigente sindical. “Planteamos que Ecopetrol, la empresa del Estado, debe convertirse en una empresa energética y cambiar su relación social, de empresa de hidrocarburos a una empresa energética, y hacer un fondo general en el que parte de las ganancias de las ventas por el petróleo y el refinado sean utilizadas para la investigación tecnológica y nuevas tecnologías; de tal manera que la empresa pueda a futuro hacer una transición a energías más limpias”, explica.
“Este debate es coherente con lo que el Estado nacional ha venido firmando en los acuerdos climáticos por la reducción de las emisiones globales, pero ellos nunca hacen nada”, subraya Vaca. “Si de verdad estamos con esa política de reducción de emisiones, por qué no dar un paso adelante con ello, garantizar no sólo que los trabajadores actuales tengan empleos sino también los futuros, generando una energía más limpia, amigable y, sobre todo, más económica para todos los colombianos”, apunta. ¿Por dónde empezar? “El diseño de la matriz energética es equivocado, erróneo y, a futuro, se tiene que cambiar, lo más pronto posible”, responde conciso el secretario de Relaciones Externas de la USO, para luego agregar: “Tenemos una dependencia muy fuerte de los hidrocarburos a pesar de que poseemos otras fuentes energéticas que podríamos utilizar. Colombia tiene 360 días/año de radiación solar, podríamos generar todo el año con el uso de energía solar. Tenemos corrientes de vientos para producir energía eólica, tenemos el mar Caribe y el mar Pacífico, donde podríamos generar energía mareomotriz, tenemos zonas de altas temperaturas en donde podríamos generar energía geotérmica”, enumera alternativas a explorar. “Aún teniendo todos esos recursos no los hemos desarrollado ni los hemos utilizado, nuestra matriz energética depende un 63% de los hidrocarburos, una parte importante de carbón y otra de hidroeléctricas”, concluye.
La necesidad de diversificar una matriz energética altamente dependiente de los combustibles fósiles es imperiosa en Colombia. Ese diagnóstico lo tienen claro tanto en la Unión Sindical Obrera como en la Funtramiexco, también tienen claro que la transición no elimina puestos de trabajo en el sector energético sino que los garantiza a futuro, y algo fundamental, que las y los trabajadores y comunidades locales, tienen que ser protagonistas de esa transición, porque ante todo, son territorio
*Investigadores del OPSur
Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]
Fuentes
(1) Para profundizar en este debate ver en esta edición la nota Colombia: Pax extractivista o paz con justicia social y ambiental, de Tatiana Roa Avendaño, en páginas 35-38.
(2) El pedido de moratoria realizado por la USO consiste en suspender el desarrollo del primer pozo exploratorio Picoplata No.1 del Bloque VMM 3 y no realizar actividades en los otros siete bloques asignados, además de no continuar con la concesión de otros 35 bloques disponibles, según el mapa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
(3) ¿Qué es eso? Así lo explicó Vaca: “Es meterle candela [fuego] al fondo del yacimiento, para que el crudo sea más fluido y que sea recuperable. Pero en ese frente de llama que se coloca para calentar el crudo muchas reservas son quemadas, dejadas en el fondo e irrecuperables. Y, además de eso, se venían presentando algunas explosiones que generaban sismos en la superficie, que obviamente afectan a todas las comunidades”. Más información en: Vanegas, Oscar. Verdades sobre el Proyecto Star; y en Roa Avendaño, Tatiana. Colombia: Los pesados amplían la frontera extractiva.
