Abogados y dirigentes políticos, víctimas de robos selectivos
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En los últimos dos meses sucedieron tres hechos de características similares. En el mes de noviembre, a dos semanas de las elecciones nacionales de medio término, personas desconocidas ingresaron por las ventanas del patio al estudio jurídico de Fernando Muriel y se robaron exclusivamente su computadora, a pesar de haber allí otras tantas y también objetos de valor —e incluso dinero— en la oficina. Removieron carpetas y documentación que dejaron tiradas.
Muriel es el abogado de Mariano Recalde y de Sergio Burstein. Un par de días antes de ese episodio había sido designado por el diputado nacional Rodolfo Tailhade para intervenir en actuaciones civiles en su favor.
Los primeros días de diciembre se produjo el robo de dos computadoras del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), de su sede en la ciudad de Buenos Aires. Para ello fueron violentadas tanto la puerta de entrada al edificio como la de acceso a las oficinas que aquella organización comparte con el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Previamente habían recibido una serie de alertas, por intentos de violar la seguridad y acceder a su cuenta de correo electrónico.
El OPSur es una organización de la sociedad civil constituida hace diez años, que trabaja en las problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos; fomentando la producción y el consumo de energía justa, democrática, saludable y sustentable.
A pesar de compartir sus oficinas con otra organización, solo se llevaron las computadoras pertenecientes al Observatorio.
Una semana después Buenos Aires fue sede de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, organizada por el Gobierno Nacional, en la que participaron cerca de 3500 personas de diferentes delegaciones. Este evento cobró amplia difusión a nivel nacional e internacional debido a la decisión política de la Cancillería argentina de negar el ingreso al país a 64 activistas acreditados por la OMC, en razón de expresiones que esas personas habían realizado “a través de las redes sociales”. De ese modo nuestro país se convirtió en el primero en prohibir de hecho la participación a organizaciones que siempre formaron parte de las cumbres.
Quince días antes del robo, el OPSur había firmado y hecho pública la declaración “Llamado a los pueblos en contra de la OMC “, convocando a redoblar los esfuerzos por enterrar este sistema que nos explota, saquea y contamina: “Llamado mundial a los pueblos y organizaciones, indígenas, socioambientales, ecosocialistas, sindicales y a todxs lxs luchadorxs por nuestros bienes comunes y defensorxs de un cambio en el sistema y de la justicia climática, frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.
Los primeros días de enero, en plena feria judicial, se produjo otro suceso de características similares en las oficinas del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), donde a la vez funcionan algunos estudios jurídicos, entre ellos el que comparto con mi socio Marcos Aldazábal.
También se violentó la puerta, que contaba con una doble cerradura. Revolvieron papeles y se robaron tres computadoras: la de los abogados Emiliano Coradino y Juan Lenta y la mía.
El Movimiento de Profesionales para los Pueblos es una organización de derechos humanos, integrada por profesionales de diversas disciplinas, que tiene entre sus principales objetivos la defensa de los derechos de los sectores populares.
El MPP estaba trabajando en una serie de denuncias sobre la situación habitacional de la ciudad de Buenos Aires, con un material que iba a ser difundido por Telefé como parte de un informe que finalmente el canal decidió no emitir, y que se encontraba en la computadora de Lenta. A la vez, en la que me pertenecía había información vinculada a las diferentes causas seguidas contra Milagro Sala; al Memorándum firmado con Irán; al proceso seguido contra los ex directivos de Ford por los hechos que tienen como víctimas a los trabajadores durante la dictadura cívico-militar y también sobre algunas actuaciones relacionadas con Facundo Jones Huala, entre otras.
No se llevaron otras cosas de valor ni tomaron ningún objeto de las oficinas en las que se desempeñan los empleados administrativos. Al otro día del robo, me llegaron alertas de seguridad de intentos de ingresar a mis casillas de mail.
Estos tres hechos tienen características similares. Se ingresa a oficinas ubicadas en lugares transitados de la ciudad de Buenos Aires —todas vinculadas a organizaciones o a casos o defensas políticas— y se roban computadoras, no todas, sino solo algunas de las existentes.
En ese mismo tiempo hubo otro suceso con características diferentes: a unos pocos días de haberse sancionado la regresiva ley previsional en el mes de diciembre, fue atacado en su domicilio Hernán Letcher, concejal del Frente para la Victoria del partido de San Martin y Director del Centro de Economía Política Argentina. Ingresaron varias personas, lo golpearon, lo apuntaron con arma de fuego, lo amenazaron de muerte y lo lesionaron, al igual que a su hijo. De los objetos de valor de su casa solo se llevaron su computadora y su celular, incluso había un televisor nuevo que uno de los atacantes quiso llevarse. Sin embargo, aquel que comandaba el procedimiento le replicó que no habían ido a eso y lo dejaron. En este caso, los mismos atacantes hicieron una clara alusión a un vínculo político de Letcher y le ordenaron que no hiciese la denuncia.
El valor de reventa de una notebook en el mercado negro no supera los $ 2.000. Lo cual deja en claro que la potencial ganancia no compensaría los riesgos que se asumen al vulnerar edificios de Capital Federal —en los tres primeros casos—, sumado el ingreso al departamento en cuestión que podría tener alarmas y nada de valor, tratándose de un estudio jurídico en plena feria o de una organización sin movimiento pecuniario. Estos no pueden haber sido hechos relacionados con situaciones de inseguridad urbana, comunes y corrientes. Descartado el provecho lucrativo, queda el interrogante de quién o quiénes podrían tener interés en el contenido de aquellos equipos.
La información que podrían contener sirve para dos fines: 1) Conocer algunos hechos o sucesos previo a su realización, de modo tal de adelantarse a ellos o buscar modos de evitarlos; 2) Conocer relaciones o vínculos de los dueños o usuarios —ya sean personas físicas u organizaciones—, para comprender tramas políticas o eventualmente para chantajearlos .
Ambas tareas son propias de los servicios de inteligencia, que en nuestro país tienen una triste historia de intervenciones ilegales vinculadas a la política. De hecho, la actuación de la Agencia Federal de Investigaciones regulada por la Ley 25.520 —texto ordenado conforme la Ley 27.120—, prohíbe expresamente en su art. 4 inciso 2: “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
La prohibición se debió justamente al abuso, mal uso y a los niveles de independencia e inorganicidad que tuvieron históricamente los servicios de inteligencia en Argentina. En el debate de la sanción de la Ley 27.126 se expresaba, en referencia a las limitaciones que aquella norma había impuesto a esas tareas, que: “El funcionamiento de las áreas de inteligencia del Estado ha mostrado problemas graves para la institucionalidad democrática desde la finalización de la dictadura. La necesidad de reformar el marco normativo y las lógicas de relación con el sistema político y judicial —que van de la cooperación a la extorsión— quedó a la vista durante estos años en distintos casos y episodios que expusieron las tramas oscuras del Estado. Esas prácticas y vínculos pusieron en juego hasta la gobernabilidad, así como la capacidad del Estado de prevenir e investigar ataques y garantizar la protección de los derechos humanos”.
En este sentido, no resulta aventurado afirmar que en estos tiempos los servicios de inteligencia se dedican a obtener información de modo ilegal y a hacer el seguimiento y mapeo de dirigentes sociales, políticos, sindicales, de organizaciones defensoras de los derechos humanos; conocer posibles presentaciones, denuncias o material vinculado a las comunidades mapuches, a sus líderes, a dirigentes comunitarios y políticos, como así también los vínculos que ellos tengan.
Esas son las razones por las que estos hechos se han convertido, tristemente, en moneda corriente.
