Los telegramas de despidos en Vaca Muerta son una expresión más de la puja entre las petroleras y el gobierno luego de la situación abierta por el congelamiento de naftas. Hablamos con Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero SUR sobre las perspectivas del sector energético en Argentina.
Por Amelia Robles / La Izquierda Diario
La última semana de noviembre las empresas Schlumberger y San Antonio enviaron unos 600 telegramas de despidos, aduciendo la incertidumbre política y la baja de la actividad en el sector.
Luego de un amague de paro como respuesta por parte del sindicato petrolero dirigido por Guillermo Pereyra, el gobierno de Macri dictó una conciliación obligatoria por quince días, que tendrá que terminar de resolver el gobierno de Alberto Fernández.
Los telegramas de despidos en Vaca Muerta son una expresión más de la puja entre las petroleras y el nuevo gobierno peronista, luego de la situación abierta por el congelamiento de naftas, la pesificación del crudo y la coyuntura más general que atraviesa el sector energético. Hoy un nuevo capítulo en esta historia da inicio.
Hablamos con Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero SUR, sobre las perspectivas del sector energético en argentina. Como primera definición el investigador petrolero afirma que “toda esta coyuntura es una extorsión lisa y llana para pedir mejores condiciones que tengan una sostenibilidad en el tiempo. Es decir que se los garanticen por un largo proceso”.
¿Qué es lo que están pidiendo las petroleras?
Álvarez Mullally: “Seguramente mayores programas, mayores subsidios y excepciones. Poder tener las posibilidades de no tener ningún tipo de restricción en girar divisas. Lo contradictorio es que si uno se pone a ver el desarrollo de Vaca Muerta, las empresas internacionales o los supuestos inversores, que serían quienes vienen a traer esa lluvia que no se ve, realmente han invertido muy poco.
Salvo Shell y Total que ahora están pasando a desarrollos masivos, de todas las empresas globales internacionales, son las únicas que han desarrollado proyectos. Le siguen Tecpetrol, Vista e YPF, con algunas pequeñas inversiones. Sobre todo ésta ultima ha invertido. Entonces sucede que las que menos ponen generalmente terminan generando este condicionamiento para poder garantizar las tasas de ganancia”.
¿Cómo se explica este chantaje de las empresas?
“Los obreros están y van a quedar presos de esta situación de manera permanente, lo vimos en Vaca Muerta cuando comenzó Vaca Muerta en 2014 vos ya tenías alrededor de 5.500 obreros que habían ingresado, al 2016 ya habían 3.500 despedidos, 2.000 haciendo planes rotativos. Esto es inherente al sector petrolero y es inherente en esta coyuntura a nivel global del sector energético.
El mercado internacional del petróleo y del gas están teniendo diferentes tensiones y esas tensiones van por múltiples factores. Porque a nivel global las propias compañías se están yendo hacia financiación de otro tipo de fuentes más renovables, que no tengan restricciones de financiación por ser fósiles, porque las empresas norteamericanas están mostrando números muy alarmantes, es decir ya llevan en algunos casos más de tres años de pérdidas en grandes empresas. Entonces eso ha hecho que se trate de frenar o eso genere conflictos y sean los Estados los que tengan que salir a salvar a las empresas. Esto va a ocurrir permanentemente”.
¿Cuánto dinero tienen que poner el Estado nacional y el provincial para poder afrontar cada una de estas crisis?
“Lo grave es que el fracking requiere tanta mano de obra y de tantos servicios, que esto es un espiral muy peligroso para cualquier tipo de territorio, porque no lo vas a poder solventar. Porque primero sufriste la presión de la cantidad de gente que vino a trabajar y que se asentó en el lugar para abastecer de mano de obra a Vaca Muerta. Después lo que vas a tener más adelante es el problema de cuando la actividad cae y existan los despidos, vos vas a tener que salir a cubrir y salvar, en algunos casos vas a tener que cubrir también, además de todo ese sector, al sector estatal que creció por demanda, es decir hospitales, escuelas, todo ese personal que lo tenés y que no lo vas a cerrar porque te bajó el precio internacional del barril o porque las petroleras levantaron equipos.
Entonces hay que analizar todas esas cuestiones. Las petroleras tiene 35 años de concesión, es decir sus tiempos son otros. Por eso mismo pueden permitirse exigir cada vez más.
¿Ahora cuál es la solución? ¿Darle más dinero y mayores beneficios para que las petroleras levanten equipos? Yo creo que es una perversión muy grande en cualquier proyecto que se nombre desarrollista. Si el gobierno de Fernández para lograr que las petroleras reactiven Vaca Muerta les va a dar mayores beneficios, está lejos de tener un proyecto emancipador o de Nación como el que prometieron durante la campaña”.
