Repudio y condena por los asesinatos de niñas, niños y jóvenes en Colombia

Desde Censat Agua Viva repudiamos y condenamos de forma enérgica ante la comunidad nacional e internacional el recrudecimiento de la grave situación de violencia y asesinatos en Colombia, que en los últimos meses ha estado dirigida en mayor medida en contra de la niñez y juventud del país.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Desde Censat Agua Viva repudiamos y condenamos de forma enérgica ante la comunidad nacional e internacional el recrudecimiento de la grave situación de violencia y asesinatos en Colombia, que en los últimos meses ha estado dirigida en mayor medida en contra de la niñez y juventud del país. De la misma manera, reafirmamos nuestro repudio y rechazo a la sistemática muerte de líderes y lideresas sociales pertenecientes a las organizaciones de base campesina, indígena, sindical, de movimientos urbanos, de derechos humanos, de comunidades negras y de mujeres. Condición que se agudiza, sin que el gobierno colombiano reconozca la sistematicidad del fenómeno y por tanto no implemente las medidas urgentes para evitarlo.

En menos de un mes, hemos sido testigos de una serie de hechos de violencia en diferentes territorios y ejercida en contra de comunidades por diferentes actores. El 2 de agosto, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN) denunció el asesinato de tres jóvenes comuneros pertenecientes al territorio Canoas en Santander de Quilichao. En la noche del 11 de agosto, cinco adolescentes afrodescendientes del barrio Llano Verde en Cali fueron torturados y masacrados en un cañaduzal. El 12 de agosto, en el municipio del Patía-Cauca fueron torturados y asesinados dos jóvenes, de 15 y 16 años de edad, que habían llegado a la región buscando un mejor futuro. El 16 de agosto, en Samaniego-Nariño fueron asesinados ocho (8) jóvenes que se encontraban en una reunión social, posteriormente, el mismo día y en el mismo municipio fue asesinada una joven de 26 años. Cuando se terminaba de redactar este comunicado, el fin de semana del 22 y 23 de agosto, cinco nuevas masacres ocurrieron en los siguientes lugares: Corregimiento de El Caracol, zona rural del municipio de Arauca (Arauca), en el municipio de El Tambo (Cauca), en el municipio de Tumaco (Nariño), y en la tarde del mismo domingo 23 fueron masacrados un joven de 19 años de edad, otro de 18 años y un adolescente de 15 años, en Venecia (Antioquia),  y además en la mañana del 23 de agosto un hombre fue torturado y decapitado en Monterrey (Casanare)

Adicionalmente, preocupa de manera particular la responsabilidad, en algunos casos,  y la presunta autoría en otros, de las Fuerzas Armadas en varios casos de violencia contra niñas y mujeres. En Neiva-Huila, en el mes de marzo del 2020, un policía es investigado por la supuesta violación de una niña de 14 años[1]. En el mes de junio del 2020, una comunidad de la etnia Nukak-Makú denuncia que una niña de 15 años fue retenida y violada durante varios días por un grupo de uniformados en un batallón del Ejército en el departamento del Guaviare[2]. En junio del 2020, siete (7) militares reconocieron su responsabilidad frente a los hechos que involucraba la violación de una niña de 12 años de la comunidad embera chamí[3], en Pueblo Rico, Risaralda.

El recrudecimiento de la violencia en Colombia es una realidad, que ahora deja como víctimas a niños y jóvenes, vulnerando sus derechos en el presente y afectando las perspectivas de futuro para ellas, sus familias y sus comunidades. Nos preocupa que muchos de estos hechos afectan especialmente a niños, niñas y jóvenes que integran comunidades indígenas y negras que además son quienes más han tenido que soportar los horrores de la guerra. En este sentido, consideramos que la construcción de paz con justicia social es un cimiento fundamental para trabajar de forma conjunta la consolidación de un futuro y presente para los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Por eso rechazamos la nula voluntad por parte del gobierno de Iván Duque en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC, siendo  absolutamente  responsable de la falta de compromiso con la sociedad colombiana en cumplir el mandato de construir la paz y se aparta de su deber constitucional de brindar protección integral a quienes lo necesitan.

Hace casi cuatro meses se realizó una acción internacional dirigida a diferentes instancias del Estado colombiano, condenando el asesinato de más de 71 personas líderes y defensores de los derechos humanos y ambientales, situación exacerbada durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación emitió una respuesta el 29 de junio, nombrando algunas instancias y estrategias que desde el gobierno se han venido implementando, a todas luces insuficientes para cumplir con el mandato de proteger la vida e integridad de los habitantes del país.

En virtud de este contexto, y frente a nuestro compromiso con la construcción de paz en Colombia, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la violencia ejercida contra todas las personas de Colombia, y en particular contra niños, niñas y jóvenes, especialmente aquellos que componen comunidades indígenas o negras o viven en medio de la exclusión y el racismo estructural, y que en muchos lugares del país son precisamente quienes promueven la diversidad, la paz, la cultura, el cuidado de la naturaleza y la vida. De igual manera, expresamos nuestras condolencias y solidaridad y con las familias de las niñas, niños y jóvenes atacados y asesinados. Y por lo anterior, exigimos:

• Al Estado colombiano garantizar el cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia que indica que niñas, niños y jóvenes son sujetos de especial protección en busca de su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos.
• Al Estado colombiano el cumplimiento de los mandatos constitucionales y el acuerdo de paz, el reconocimiento de la sistematicidad de la crisis, la implementación de medidas reales y eficientes para garantizar la vida y derechos de las colombianas y colombianos.
• Así mismo, el cese inmediato de las acciones violentas por parte de miembros de instituciones del Estado contra la población y sus organizaciones.
• Solicitamos vehementemente al gobierno nacional de Colombia adelantar las investigaciones que permitan esclarecer los asesinatos y hechos de violencia.
• Instamos a las autoridades colombianas destinar y adelantar todos sus esfuerzos para hacer cumplir los derechos fundamentales de todos los niños, niñas, y jóvenes del país.
• A la comunidad internacional, el acompañamiento y respaldo a las comunidades, organizaciones y víctimas de la violencia en Colombia, manteniendo todos los esfuerzos necesarios para la consolidación de la paz en el país.

Censat Agua Viva

Bogotá, 24 de Agosto de 2020