Expansión de la frontera hidrocarburífera en Argentina
Por OPSur-. En notas anteriores hemos señalado la vinculación existente entre la expansión de la frontera hidrocarburífera –esto es, el proceso de selección y oferta de áreas secundarias para la explotación de petróleo y gas-, y las crecientes necesidades fiscales de las provincias. La disminución sostenida de los fondos transferidos automáticamente por la Nación y el progresivo aumento del gasto público en las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2003, han configurado un escenario en el que cualquier ingreso extra -como las regalías hidrocarburíferas- ayuda a paliar la comprometida situación de las cuentas públicas (Pérez Roig, 2010).
Por otro lado, tampoco debe subestimarse la influencia de factores como la actual crisis energética (y el sesgo netamente hidrocarburífero de la matriz argentina), y la demanda de combustibles a nivel mundial, que pese a la crisis y los vaivenes de la cotización, tiende a crecer sin pausa.
Sin embargo, poco diríamos sobre la situación actual si únicamente nos atuviésemos a las razones coyunturales más inmediatas. En sí, la expansión de la frontera hidrocarburífera se presenta como emergente de cambios mucho más profundos a escala global.
Actualidad de la predación, el fraude y la violencia
Por lo general, es un hecho admitido que las bases de la actual sociedad capitalista se sentaron a partir de un complejo proceso histórico que, principalmente a partir la violencia organizada y concentrada en el Estado, implicó el despojo de grandes masas de la población respecto de medios de producción –básicamente a partir de los cercamientos de tierras-, que hasta entonces eran de propiedad comunal.
Análisis recientes han ratificado la actualidad de estos procesos, ya que no se puede relegar “la acumulación [de capital] basada en la predación, el fraude y la violencia, a un ‘estado original’ considerado no vigente […], como algo ‘exterior’ al sistema capitalista” (Harvey, 2005). La generación de ganancias, entre otras cosas, no depende únicamente de simples procesos económicos en los que reinan la paz, propiedad e igualdad.
La génesis del capitalismo implicó una amplia gama de procesos como “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas, la conversión de varias formas de derechos de propiedad (común, colectiva, estatal) exclusivamente en propiedad privada, la supresión del derecho a usar los bienes comunes, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo, formas coloniales y neo-coloniales e imperialistas de apropiación de activos (incluyendo recursos naturales), la monetarización de los intercambios y de la fiscalización (especialmente de la tierra), el comercio de esclavos, la usura, la deuda nacional y […] el sistema crediticio” (Harvey, 2005). Esta acumulación originaria de capital implicó en esencia un proceso de separación, una enorme expropiación de la que fueron víctimas grandes masas de la población, que hasta el momento ejercían un control directo sobre la tierra y otros bienes comunes. Por esta razón, se señala que aquella “no puede ser confinada a un pasado distante [ya que] no hay nada que indique que esta separación no pueda ocurrir en cualquier momento, inclusive al interior de un modo de producción capitalista ‘maduro’, cuando las condiciones para una separación ex novo están dadas” (De Angelis, 2001: 9)[1].
Las estrategias de despojo son una posibilidad siempre vigente, y se encuentran presentes en toda política tendiente a eliminar las trabas que la sociedad ha impuesto históricamente al mercado.
Los recientes cambios a escala global
La crisis y posterior quiebre del orden económico internacional de la segunda posguerra –entre cuyos hitos se encuentra la crisis del petróleo de 1973 y la salida del régimen cambiario de Bretton Woods[2]-, implicó la apertura de un nuevo ciclo con predominio del capital financiero, que conoció múltiples casos de despojo que oficiaron de antídotos ante las recurrentes caídas en la rentabilidad del capital.
La mercantilización de nuevos ámbitos ha tenido lugar a partir de dos vías:
* Privatización de bienes y servicios públicos, que van desde medios de comunicación y transporte, hasta la banca, los servicios financieros, recursos naturales y fondos de pensión;
* La conversión de nuevas tierras en mercancía.
Las denominadas “crisis de la deuda”, y el fuerte acatamiento dado al Consenso de Washington a partir de la década del ‘90, provocaron grandes cambios en la matriz productiva de los países periféricos, y a su vez en la relación de éstos con los grandes centros de consumo a nivel mundial. Al compás de un nuevo modelo de acumulación nos encontramos que para principios del milenio “todo el tercer mundo, incluida América Latina obviamente, se [reconvirtió] en casi nada más que oferente de hidrocarburos, minerales, biodiversidad y alimentos” (Galafassi, 2008: 154).
Petróleo y gas en Argentina: de recursos estratégicos a commodities
Los procesos analizados más arriba se encuentran en la base de la cirugía mayor con la que en la década de 1990 se desmontó el modelo argentino de gestión y extracción de hidrocarburos. El Estado no sólo se retiró como productor, sino que también se (auto) despojó de todas sus potestades en materia de regulación, a favor de las denominadas “fuerzas del mercado”, que desde entonces asumieron el control y se encargan de asignar “eficientemente” los recursos (Mansilla, 2007).
Vale la pena reseñar que durante poco más de ochenta años los hidrocarburos jugaron un rol estratégico en el país. En primer lugar, cualquier proyecto de industrialización debía contar obligadamente con una abundante oferta de combustibles baratos que funcionara como subsidio energético para el capital industrial, y al mismo tiempo abaratase las mercancías consumidas en el mercado interno, y con ellas, los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. En segundo término, buena parte de “la renta petrolera” se destinaba a la realización de obras de infraestructura –muchas de ellas, a favor de la diversificación energética-, se repartía entre las provincias, y el sistema de tarifas funcionaba como redistribuidor del ingreso. Finalmente, YPF era la empresa más grande del país y, muchas veces en detrimento de sus utilidades económicas, cumplía una función social importante a partir de todos los beneficios que otorgaba tanto a sus empleados, como a los habitantes de las localidades en las que operaba.
Si bien los capitales privados nacionales y extranjeros nunca ocultaron sus apetencias hacia el negocio petrolero (y en función de las mismas ejercieron un consecuente lobby), en 1988 apenas acaparaban algo más del 10% de la renta (Mansilla, 2007). Sólo a partir de la desindustrialización del país y la imposición del nuevo modelo de acumulación desarrollado más arriba, se implementaron medidas desregulatorias que, negando el rol estratégico de los hidrocarburos y convirtiéndolos en meras mercancías exportables, cumplieron el objetivo principal de expropiar este recurso energético al conjunto de la sociedad y entregarlo al lucro privado. Entre octubre y diciembre de 1989 se dictaron los decretos Nº 1055, 1212 y 1589, que resultan sumamente ilustrativos de la nueva situación. Mediante los mismos se “creó un mercado libre de petróleo crudo, se otorgó la libre disponibilidad y la libre exportación del petróleo extraído por parte de cada empresa privada. Las empresas pasaron a controlar las reservas de hidrocarburos sin que el Estado pueda siquiera conocer a ciencia cierta la cantidad de reservas que tiene el subsuelo” (Mansilla, 2007: 37).
El posterior proceso de provincialización de los hidrocarburos y el desguace, privatización y extranjerización de YPF abrió las puertas a una acumulación por despojo de tal magnitud que su principal beneficiaria, la multinacional española Repsol, pasó de ser una compañía relativamente pequeña, concentrada en la industrialización y comercialización de hidrocarburos, a una de las petroleras más grandes del mundo (Cervo, 2001). Se estima que entre 1993 y 2000 las veinte petroleras más importantes a nivel global obtuvieron un porcentaje de beneficios sobre ventas entre el 3,3% y el 8,3%. En el mismo período, Repsol elevó esos números a 7,2% y 17,9% (Mansilla, 2007).
Una vez que los capitales privados se hicieron cargo de la gestión, explotación y comercialización de hidrocarburos –con particular anuencia del Estado nacional y los provinciales-, emprendieron una política predatoria sustentada únicamente en la valorización inmediata de sus concesiones, que limitó la inversión a los pozos de explotación ya productivos o con reservas probadas. Mansilla (2007: 76) sostiene que “resulta llamativo el aumento en la efectividad general de la prospección entre 1989 y el 2005, particularmente la de los pozos de exploración. Mientras que en el año 1989 sólo el 25% de los pozos de exploración eran productivos, esa cifra ha ido creciendo hasta llegar al 89% en 2005 […] los valores argentinos superaron a los mejores del mundo. Mientras que en 2004 la OPEP (con la mejor tecnología del mundo y las mejores condiciones geológicas) tuvo una efectividad del 80% en los pozos de exploración y de desarrollo, las empresas [radicadas en Argentina] declararon una efectividad del 97%”.
Al no tratarse de perforaciones genuinas en búsqueda de hidrocarburos, no sólo hubo una apropiación del recurso en sí mismo, sino que también se usufructuaron las inversiones de riesgo ya hechas por la petrolera estatal.
Como correlato de esta estrategia general, se produjeron enormes incrementos en concepto de explotación y exportación de hidrocarburos que literalmente saquearon las reservas nacionales. Mientras que en 1989 el horizonte de reservas (relación reservas/producción) era de 14 años para el petróleo y 32 años para el gas, en 2009 esas cifras se redujeron a 10 y 8 años, respectivamente (iEco, 3/8/09).
Consecuencias y perspectivas
En la actualidad la revolución en el escenario energético es de tal magnitud, que la industria hidrocarburífera amenaza con expandirse desde las provincias tradicionalmente productoras –agrupadas en torno a las cuencas Neuquina, del Golfo San Jorge, Austral y Noroeste-, a otras sin los mínimos antecedentes en la materia. Actualmente, diez provincias son productoras de petróleo y gas, y otras siete se encuentran en proceso de licitación de áreas para la exploración y eventual explotación. Es decir que de veinticuatro distritos (veintitrés provincias y la Capital Federal), el 70% se encuentra involucrado, o busca involucrase, con la industria.
Desde la irrupción de las provincias en el “escenario petrolero”, se ofrecieron a licitación 241 áreas exploratorias, y se comprometieron U$S 1718 millones de dólares en inversiones (Chebli, 2009). A fines de 2009, la multinacional Repsol lanzó el Plan Exploratorio 2010/2014, que pretende cubrir la totalidad de los bloques aún no asignados, e ingresar en asociación en los que ya fueron adjudicados a otras empresas.
Como contrapartida de este movimiento general, tuvieron que sancionarse nuevas leyes de hidrocarburos provinciales, o adecuar las ya existentes a las “condiciones de inversión” reclamadas por capitales nacionales y extranjeros. Varias administraciones decidieron canalizar parte de su participación en el negocio a partir de la creación de empresas estatales. Aún así, la tendencia general marca una asociación enormemente subordinada al capital privado, y la percepción de magros ingresos –en el mejor de los casos las regalías apenas llegan al 18%- por la explotación de los recursos en territorio.
El reciente ingreso de la petrolera estatal china CNOOC en Bridas Energy Holdings –socia de British Petroleum en Pan American Energy (PAE), segunda extractora de crudo del país- suma un nuevo elemento de presión sobre la expansión de la frontera hidrocarburífera (Crítica, 15/3/10). Sucede que China es el segundo mayor consumidor de petróleo, y su principal importador a nivel mundial, dadas sus crecientes necesidades energéticas, por lo que ha desplegado una estrategia mundial tendiente a asegurarse suministro y nuevas reservas de hidrocarburos. No extrañaría que de ahora en más, PAE se ubique a la par de Repsol en la carrera exploratoria.
Notas
[1] Traducción propia del inglés: “There is nothing indicating that this separation may not occur any time, even within a ‘mature’ capitalist mode of production, when the conditions for an ex novo separation are posited”.
[2] Es decir, la ruptura del sistema cambiario oro-dólar
Referencias
Cervo, Augusto: La privatización de YPF y sus consecuencias. Tiempos Patagónicos N° 7, PIGPP, 2001
Chebli, Gualter A: La problemática exploratoria. Protagonismo de las provincias en el gerenciamiento de los hidrocarburos: implicancias y expectativas [en línea]. Phoenix Oil & Gas S.A., agosto de 2009 http://www.iae.org.ar/conferencias/ARGEN2CHEBLI.ppt
Crítica: Los chinos se quedan con la segunda petrolera del país, 15 de marzo de 2010
De Angelis, Massimo: Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital’s “enclosures” [en línea]. The Commoner Nº2, September 2001 http://www.commoner.org.uk/02deangelis.pdf
Galafassi, Guido: Estado, capital y acumulación por desposesión. Los espacios rurales patagónicos y su renovado perfil extractivo de recursos naturales. Páginas. Revista digital de la escuela de Historia. Universidad Nacional de Rosario. Año 1, Nº2, agosto – diciembre de 2008, pp. 151-172
Harvey, David: El “nuevo” imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión. Herramienta Nº29, junio de 2005, pp. 7-21
iEco: La Argentina, cerca de quedarse sin reservas de gas y de petróleo, 3 de agosto de 2009
Mansilla, Diego: Hidrocarburos y política energética. Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2007
Pérez Roig, Diego: Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia [en línea]. Panorama, 25 de noviembre de 2009 http://opsur.wordpress.com/2009/11/25/criminalizacion-e-industrias-extractivas-hidrocarburos-en-la-patagonia
