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El gobierno jujeño deja sin protección 1000 ha del Parque Nacional Calilegua

Afirman que es para el cierre y remediación de pozos petroleros que se encuentran dentro del parque. La desafectación del área protegida es totalmente innecesaria y violatoria de leyes. No se podrá fiscalizar sobre los riesgos ambientales y el trabajo realizado por JEMSE.

Redacción Jujuy / La Izquierda Diario

Si bien el Convenio de Regularización de Parque Nacional Calilegua fue firmado el año pasado generando un amplio rechazo de trabajadores de parques nacionales, de organizaciones sociales y ambientales, la efectivización se realizó en los primeros días de agosto de este año. El gobernador Gerardo Morales y Eugenio Bread, presidente de la Administración Parques Nacionales, concretaron la cesión del dominio y la jurisdicción de 1000 hectáreas de áreas protegidas pertenecientes al Parque Nacional Calilegua al estado provincial. La empresa del estado JEMSE – Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, que administra actualmente el yacimiento, sería quien tenga que cumplir con el “Cierre técnico del Yacimiento CON 3 Caimancito y su consecuente remediación ambiental”.

En un comunicado de prensa, trabajadores del Parque Nacional Calilegua afirmaron que de esta manera se imposibilitarían las tareas de fiscalización del trabajo de remediación y se violarían leyes como la de Ley General de Medio Ambiente, la Ley de Parques Nacionales, y la Ley de Hidrocarburos. También cuestionaron el accionar irregulares actuaciones sobre el Yacimiento Caimancito.

Rosario Jara, una de las portavoces de los trabajadores, afirmó en un medio local, que “en el yacimiento ubicado dentro del parque nacional ya se cambió el candado y quienes realizan la fiscalización no lo pueden hacer”. “En las clausulas del convenio se afirma que desde la institución se podrá hacer dentro del área del yacimiento control de caza furtiva y de extracción de madera, pero hasta esa mínima concesión es mentirosa si hay candado”.

Si el estado provincial tiene dominio y jurisdicción de las 1000 hectáreas del parque y JEMSE esté a cargo de la extracción petrolera, cierre y remediación de daños, no habrá control y fiscalización, y ni se podrá implementar la normativa y procedimientos de la APN en lo que respecta a evaluación de impacto ambiental.

El estado provincial es quien realiza la actividad, quien se fiscaliza y quien se controla. ” No podemos saber qué es lo que van a hacer ahí…si van a ampliar la explotación petrolera, si van a perforar más pozos, si van a profundizar los pozos que yes están, y esa es la gravedad de la situación…”, afirmó Rosario.

Por otro lado, la diputada del FIT , Natalia Morales, afirmó, “la desafectación de tierras del Parque Nacional Calilegua al estado provincial se da en medio de un brutal ajuste en curso donde las áreas protegidas también están en peligro. Así se pone en riesgo la población y la biodiversidad por la contaminación generada por los pozos petroleros cuya supuesta remediación no tendrá ningún tipo de control y fiscalización del impacto ambiental de técnicos del parque nacional…”

“…Se le da vía libre a la empresa estatal JEMSE para que accione a favor de multinacionales actuando a gusto y piacere. Este acuerdo se tiene que anular porque es totalmente ilegal e inconstitucional. Una verdadera remediación partiendo de las leyes vigentes tiene que ser sin atentar contra las áreas protegidas y con plena partición de especialistas, trabajadores de parques nacionales, la universidad y organizaciones ambientales.”

En diciembre del año pasado integrantes de la Asamblea en Defensa del Parque Calilegua presentaron una nota al gobernador Gerardo Morales, con más de 3600 firmas exigiendo la marcha atrás del Convenio, sin embargo hasta el día de la fecha no hubo ninguna contestación.

El próximo miércoles en la ciudad de Libertador General San Martín los trabajadores del Parque Nacional Calilegua convocan a una asamblea ampliada en defensa del Parque Nacional Calilegua, para definir medidas a seguir.

Bolivia: Nadie preguntó a los aislados del Chepete

Amanecer en el municipio de San Buenaventura, a orillas del río Beni. Foto: Alerta Amazónica

Por Marc Gavaldà*

Nadie preguntó a los pueblos en aislamiento voluntario avistados en la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. El gobierno boliviano pretende construir una represa que inundará sus territorios, sin siquiera conocerlos. Se sabe muy poco de ellos, pero los han visto río arriba, dejando señales y testimonios de su existencia.  El resto de las más de 50 comunidades  chimán, mosetén y tacana de la cuenca afectada río arriba y abajo, tampoco han sido debidamente informadas de los impactos de una infraestructura que les inundará sus territorios.

Hay intereses económicos millonarios en este y otro proyecto gemelo río abajo, la represa del Bala. Ambas con el fin de taponar el curso del caudaloso río Beni y consumir respectivamente una inversión estimada en más de 6.912 y 1.151 millones de dólares. Tanto el financiamiento como la construcción correría a cargo de bancos y empresas chinas. El gobierno de Evo Morales presume de este proyecto presentándolo como la 3ª hidroeléctrica del continente, con una generación anual de 17.935 GWh de electricidad destinada al mercado eléctrico brasilero (1). Pero a pesar de su insistencia, cada vez más voces autorizadas dudan de la viabilidad del proyecto.

La cuestión viene de lejos. En 2016, las comunidades del Madidi y Pilón Lajas se moviizaron en torno a la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Hacía unos meses, había ingresado en la zona del estrecho del Chepete la empresa GeoData para hacer sus estudios geológicos. Las comunidades expulsaron a la empresa, deteniendo sus  actividades y reafirmando el control sobre el territorio. Fue una movilización histórica para las comunidades de la cuenca del Alto Beni. Mosetenes, Chimanes y Tacanas, juntos para defender su territorio. Acampados en el mismo estrecho del Chepete, a orillas del río Beni, instalaron una vigilia que duró dos semanas. La empresa Geodata tuvo que retirarse (2). Pablo Solón, autor de varios artículos sobre el tema, publicados en la revista Tunupa, cuestiona porqué el gobierno no ha difundido los resultados del estudio técnico de Geodata: “El estudio concluye que no es rentable el proyecto” y añade ” se acabaría subsidiando la electricidad de Brasil, por venderla a un precio inferior a su costo de generación” (3).

Pero más allá del contenido del mismo, Oscar Alquizalet, técnico del Consejo Regional Chimán Mosetén advierte que el estudio previo de campo, realizado por Geodata al interior de la Reserva, ya puso en peligro a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. “Se reportaron varios episodios que indican evidencias de poblaciones que alertan que están invadiendo sus territorios: tales como víboras cortadas o monos decapitados”. Es sabido, que las comunidades mosetén de la zona, tienen conocimiento de grupos humanos que se mueven en las montañas sin contacto alguno con el mundo exterior. Viven detrás de las montañas, en valles inaccesibles y esporádicamente se  encuentran huellas con dedos palmeados – pies que nunca usaron calzados -y caminos con ramas cruzadas. Algunas noches se ven luces de fuego en la cordillera (4).

Sin embargo, el gobierno no aplicó protocolos para evitar el ingreso en áreas donde existen estos pueblos y más bien ha intentado ocultar estos sucesos evitando que trasciendan a luz pública. Efectivamente, no da buena imagen la supresión de derechos humanos a pueblos tan vulnerables por parte de un proyecto que ya de por sí acumula muchos cuestionamientos en cuanto a su factibilidad, costo y rentabilidad.
Navegando por el río Beni en el área afectada por el proyecto hidroeléctrioco del Bala. Foto: Alerta Amazónica

Otros pueblos afectados

En la cuenca del Alto Beni, confluyen las aguas de los ríos Beni, Quiquibey, Tuichi, Kaká, entre otros. Las últimas serranías de la franja subandina se derraman en la llanura beniana amazónica. Esta es una región protegida en dos áreas contíguas: la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional Pilón Lajas, reconocida por la UNESCO en 1997 y el extenso y biodiverso Parque Nacional Madidi. En su interior, viven alrededor de 80 comunidades de pueblos indígenas que se desplazan con pequeñas embarcaciones propulsadas con motorcitos de dos tiempos (peques). Su vida está estrechamente vinculada al río, tanto en transporte, fuente de pesca, cultivos de orillas o la caza. También en el interior del Madidi han arrancado varios emprendimientos de turismo comunitario que se distribuyen de forma notablemente repartida los beneficios económicos: motoristas, guías, cocineras y alojamientos son receptores de los ingresos que deja un turismo atraído por la mega-diversidad del Madidi. Con la construcción de la represa del Chepete, este modelo de conservación con participación y beneficios de la población está en peligro.  Para empezar, se han identificado que 2.314 personas serían desplazadas por la inundación de 677 Km2 en la represa del Chepete y 900 personas por los 94 Km2 inundados en la represa del Bala. A parte, unas 2.000 personas más estarían afectadas en el Área de Influencia Directa por Ambos Embalses (3). Es muy probable que el desalojo de las comunidades hacia cinturones urbanos estaría condenando a sus pobladores, despojados del territorio y recursos que los sostiene, a un futuro inevitable de pobreza.

Prevendalismo o consulta

Existen datos razonables para dudar de la labor del gobierno en informar de los alcances e impactos del proyecto así como de consultar a los pueblos que van a ser afectados por la represa.

Un recorrido de campo en el interior del Parque Nacional Madidi realizada por investigadores del colectivo Alerta Amazónica revelaron que muchas comunidades acababan de firmar autorización para permitir estudios geológicos necesarios para el inicio de las obras de construcción de la represa del Bala (6). En la comunidad tacana de San Miguel, sin unanimidad, el pleno de la comunidad resolvió firmar un acuerdo para permitir la realización de Estudio encaminado a la ejecución del proyecto hidroeléctrico a cambio de la construcción de un galpón y otros desembolsos para proyectos productivos. Al día siguiente del acuerdo, la empresa ENDE activó el encendido de la luz en esta comunidad. Las obras de electrificación de San Miguel, un ramal eléctrico de 15 km sostenido en postes de hormigón, había sido finalizada hacía meses y la empresa excusaba la demora del encendido a razones técnicas. La coincidencia del suministro de la luz con la firma del permiso, hace pensar en el uso de las necesidades básicas de la población, como medio de chantaje para conseguir el sometimiento a proyectos extractivos en sus territorios.

El 9 de julio de 2019, Evo Morales y un séquito formado por el Vicepresidente, ministros y directivos de la empresa ABC, desembarcaron en el municipio ribereño de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, para inaugurar el flamante puente sobre el río Beni. En su discurso, el presidente de Bolivia advirtió: ” Si no quieren represa, nos la llevaremos a otra parte, y otros departamentos se beneficiarán”. De nuevo, se evidenciaron tensiones en la ejecución de este proyecto, cuya aceptación por la población urbana aguas abajo del río Beni está muy cuestionada.

Según organizaciones indígenas entrevistadas, la existencia de pueblos en aislamiento afectados por la represa, aporta nuevos argumentos para cuestionar, aún más si cabe, la construcción del muro de 186 metros de hormigón en el estrecho del Chepete. La vulneración de derechos humanos planea sobre el proyecto hidroeléctrico y no interesa al gobierno que trascienda la existencia de pueblos, bolivianos también, en situación  aislamiento voluntario.

*Universidad Autónoma de Barcelona. Colectivo Alerta Amazónica http://alertamazonica.wordpress.com

(1) Generación anual de las represas (GWh): El Bala: 2.195; Chepete: 15.470. Fuente: Geodata, 2016.
(2) Entrevista a Valentín Luna , Presidente de la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiqubey. Rurrenabaque, 5/07/2019.
(3) Entrevista a Pablo Solón, Fundación Solón, La Paz, 24/7/2019.
(4) Entrevista a Oscar Alquizalet, técnico del Consejo Regional Chimán Mosetén, Cocabamba, 29/7/2019
(5) Tabla elaborada por Fundación Solón, Tunupa Nº107, La Paz, diciembre 2018.
(6) Proyecto “Deforestación por ejes viales en la Amazonía Boliviana. Fons Autónoma Solidària- Universitat Autònoma de Barcelona en convenio con la Escuela Forestal Universidad Mayor de San Simón, 2019.

Bs As: Peligra el nuevo PN Ciervo de los Pantanos y apuntan contra Petromining S.A.

Quieren rezonificar 513 hectáreas linderas para su venta. “El cambio de uso rural a industrial” difícilmente compatibiliza “con la conservación de la biodiversidad del área protegida”, señaló la APN.

Por Laura Borse / LID

La Red del Río Luján, vecinos en defensa de los humedales, presentó un documento ante el Honorable Concejo Deliberante de Campana expresando su postura en relación a la rezonificación del predio que la Compañía General de Fósforos Sud Americana S. A. posee en esta localidad bonaerense.

Las organizaciones nucleadas bajo la red denuncian que la empresa tomó la decisión de vender el predio y solicitó al Municipio modificar la zonificación del mismo, lo que habilitaría actividades industriales que tendrían efectos negativos sobre el ecosistema costero y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. La Red organizó una petición online, que ya lleva más de cinco mil firmas, para pedir que se reconsidere la rezonificación.

Según el documento que las organizaciones presentaron, el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental (COUA) del Partido de Campana fue aprobado en julio de 2011 y uno de sus objetivos fue “corregir o mitigar las deficiencias en la estructura funcional de determinadas áreas, provocadas por el inadecuado uso del suelo, que permitió una localización difusa, en la ciudad y alrededores, de actividades industriales que han generado contaminación y un deterioro ambiental generalizado y de las condiciones de habitabilidad”.

Desde la Red del Río Luján expresaron a este medio fuertes sospechas de que el pedido de rezonificar el predio responde a las intenciones de la empresa Petromining SA (filial local de la multinacional de origen suizo Trafigura dedicada a la comercialización de productos y derivados del petróleo), para comprarlo con el fin de expandirse, habilitando su uso a actividades industriales peligrosas en la zona lindera del parque nacional.

En este lugar el código no lo permite: “En ese sentido se fijó un claro freno al avance de la zona industrial más allá de los límites del predio que actualmente ocupa la empresa Petromining, teniendo en cuenta la preservación del único pulmón verde que le queda a la ciudad hacia el sur y en el que se encuentra el recientemente creado Parque Ciervo de los Pantanos”.

El proyecto de rezonificación presentado al municipio de Campana, expediente 4016 del 24 de agosto de 2018 al que tuvimos acceso, dice expresamente: “Los lineamientos básicos del proyecto consisten en generar usos compatibles con la actividad industrial existente sobre uno de sus lados y a la vez, responder con usos afines a la preservación ambiental planteada en el Código, en su extremo opuesto”.

El proyecto de rezonificación y las causas del rechazo

La propuesta presentada por la empresa implica generar una nueva avenida de tránsito pesado, un nuevo acceso al río Paraná, ampliar zona de preservación ambiental en el sector sudeste del predio (zona buffer o de amortiguamiento del Parque Nacional), la ampliación de usos industriales del sector noroeste (lindero con industria preexistente R/I1) y generar una nueva área de desarrollo (C/ZD5) que consiste en asignar 28 hectáreas a “zona de protección paisajística ambiental” como compensación urbanística por incremento del FOT y densidad de la nueva zona de desarrollo.

El predio en cuestión era utilizado para plantaciones de álamos, la rezonificación para su venta implica el cambio de uso de suelo de 513 hectáreas, que cambiarían de uso rural (R/Ru) a usos industriales (R/I1 y R/I2) y Zona de Desarrollo (C/ZD5), quedando afectadas a la protección paisajística sólo 28 hectáreas. En ese sentido, las organizaciones comunitarias destacaron su rechazo al proyecto con los siguientes argumentos:

1. Dejaría un exiguo “pasillo” como zonas Zona de amortiguamiento del Parque Nacional (R/ZPPA5) que resultaría de escaso valor ecológico y sería absolutamente insuficiente como protección frente actividades potencialmente muy peligrosas, como es el almacenamiento de millones de litros de sustancias inflamables y tóxicas.

2. La rezonificación para destinar el área a la instalación de tanques de almacenamiento y logística supondría su relleno, dada su condición de terrenos bajos. El relleno de estos humedales está específicamente prohibido por la Ordenanza N° 6660/17 del Municipio de Campana.

3. Las Zonas de Desarrollo contempladas en el Código de Ordenamiento Urbano están destinadas a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo. No son propuestas por un privado, como aquí ocurre, sino por el Departamento Ejecutivo y deben ser aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante.

4. Los puestos de trabajo prometidos sólo serían importantes en la etapa constructiva.

5. Hasta el momento no se ha promovido la difusión de la iniciativa de rezonificación, por ningún proceso de información pública.

6. El Certificado Urbanístico actualmente vigente para el área en cuestión otorga la zonificación R/Ru que, según el artículo 47 de la Ley provincial N° 11.459, permite “la instalación de aquellos establecimientos cuyos procesos industriales involucren materias primas derivadas en forma directa de la actividad minera o agropecuaria”, y agrega: “Asimismo se permitirá la instalación de emprendimientos dedicados a la explotación del recurso hídrico subterráneo a los fines de su envasado para consumo humano”. Este artículo debe ser interpretado a partir de la frase “materias primas derivadas en forma directa”, lo que hace referencia a que la industria extrae las materias primas en el mismo lugar que las procesa.

Según el documento circulado por la Red del Río Luján, la empresa Petrominig no extrae las materias primas del lugar y, por lo tanto, no califica para instalarse en una zona R/Ru.

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

En octubre de 2018 se creó el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que abarca a las 4.088 hectáreas de la Reserva Natural Otamendi más las 1.500 hectáreas de la Reserva Natural Río Luján. Está ubicado en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, entre la Ruta Panamericana y el Río Paraná de las Palmas, en el partido de Campana. En este Parque se conservan ambientes representativos de las ecorregiones delta e islas del Paraná, pampa y espinal.

Además de tener el estatus de área protegida nacional, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es una zona reconocida internacionalmente como Sitio Ramsar y AICAS (Áreas importantes para la conservación de las aves), y alberga especies amenazadas como el ciervo de los pantanos y endémicas como la pajonalera de pico recto. La creación de este parque es estratégica para la conservación de la biodiversidad y como motor de actividades ecoturísticas en la localidad.

La Administración de Parques Nacionales define una zona de amortiguamiento (ZAM) como un “área externa y contigua al área protegida, donde se promueve la integración de la conservación de los recursos naturales y culturales con las actividades socio-económicas locales en el marco del desarrollo sostenible, de modo de reducir el impacto negativo del entorno hacia el interior del área protegida y de ésta hacia el entorno”.

El Plan de Gestión de la ex Reserva Otamendi (hoy integrada al Parque Nacional) recomienda que se privilegie el desarrollo de actividades amigables en el entorno de la misma, colaborando para que se mantenga la integridad ecológica del Parque y mitigando el pesado impacto ambiental que ha supuesto el desarrollo industrial de Campana, y además que ayuda a sostener los valiosos servicios ecosistémicos que sus humedales prestan (almacenamiento de agua, provisión de alimentos, mitigación del cambio climático, etc.). El plan menciona la integración de varios predios, entre ellos el de la Compañía General del Fósforo, como predios de interés para la conformación de un área de conservación mayor a la actual.

En el mismo sentido, desde la Administración de Parques Nacionales hicieron llegar una nota al intendente de Campana, Sebastián Abella, donde expresan que “el cambio de uso rural a uso industrial del predio sin duda implica una transformación del ambiente y de posibles usos del suelo mucho más compleja de compatibilizar con la conservación de la biodiversidad del área protegida y también la pérdida de su rol amortiguador de efectos ambientales negativos provenientes de la zona Industrial del Sector 1. Como ejemplo de esto podría decirse que la especie bandera del recientemente creado parque nacional, el ciervo de los pantanos, puede utilizar la forestación como parte de su hábitat ya que no encuentra impedimentos para el tránsito o descanso, situación que cambiaría si en el predio en cuestión se desarrollan actividades industriales”.

Según la Red del Río Luján, la decisión de orientar el desarrollo de la Zona de amortiguamiento hacia actividades ecoturísticas ha sido manifestada por el propio Municipio y por la Agencia de Desarrollo Campana. Una de las zonas contiguas al Parque más críticas es la correspondiente a la zona norte, donde está el predio de la Compañía General del Fósforo, pues es la más estrecha y en las cercanías se encuentran emplazadas actividades industriales correspondientes a la Categoría 3, de máxima complejidad ambiental según la Ley Provincial N° 11.459 y su Decreto N° 1.741/96.

Ante la próxima votación del proyecto en el Concejo Deliberante, donde creen que los concejales que antes se oponían ahora votarían a favor, los miembros de la Red del Río Luján se muestran preocupados ya que entienden que cambiar la zonificación del predio para expandir la instalación de industrias potencialmente contaminantes, atenta contra la protección ambiental y es contradictoria con la creación de un área protegida de la mayor categoría en nuestro país. Este medio intentó comunicarse con el municipio de Campana para conocer su postura, pero el intento no tuvo éxito.

Fernández Oro piensa su futuro con restricciones a los hidrocarburos

El martes 5 de febrero se realizó la Audiencia Pública sobre el proyecto de Código Municipal de Ordenamiento Territorial de la localidad rionegrina. Resguardar las tierras productivas, hacer frente al crecimiento exponencial de la población y restringir la actividad petrolera con uso de fracking fueron los ejes del anteproyecto discutido.

Audiencia Pública en Fernández Oro. Foto, Martín Álvarez Mullally

Por OPSur.- El auditorio del Centro de Jubilados y Pensionado de la localidad estuvo colmado para debatir el proyecto de ordenamiento territorial que será aprobado próximamente por el Deliberante. Además, de organizar diferentes características en uso del suelo el ejido y establecer una lógica vial, el proyecto restringe la instalación petrolera en la zona irrigada y urbana del municipio, y regula firmemente a las locaciones que se ubiquen en la zonas de secano, donde sí se permite esa actividad. “No estamos en contra de la actividad, del progreso, pero entendemos que esas actividades deben hacerse en lugares adecuados y justamente no es en el valle irrigado donde se puede hacer. De esta manera tendremos una ciudad mejor para vivir”, sostuvo Mariano Lavín, intendente de Fernández Oro, durante la apertura de la actividad.

En 2017 la frontera extractiva petrolera avanzó desde el ejido de Allen hacia las  tierras productivas de Fernández Oro. Despertar un día con un pozo en el corazón productivo de la localidad y a metros de las viviendas del barrio Isla 10, generó una reacción vecinal y promovió el debate público. Ese mismo año, a pedido de la población e impulsada por el concejal Claudio Correa (RÍO), se aprobó por mayoría una ordenanza que prohibió el uso de fracking en el municipio. Meses después, en 2018, la norma fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia provincial que, a su vez, le impuso al municipio el pago de 100.000 pesos, como costas del proceso que había sido iniciado por YPF. Mientras todo esto ocurría el Ejecutivo y el Concejo Deliberante local comenzaron a trabajar en un plan de ordenamiento territorial que concluyó en el proyecto de ordenanza, que aún continúa en debate, pero con amplios consensos de todas las fuerzas políticas y que fue respaldado por un centenar de personas que participaron de la Audiencia Pública.

Durante la audiencia el intendente destacó el proceso por el cual se llegó a esa jornada. “Hoy tenemos todas buenas noticias, que tengamos una Audiencia Pública y que seamos tanta gente, también es una gran noticia el trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante para algo tan importante como el Código de Planeamiento de la ciudad”, resaltó. El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, conducida por el arquitecto Octavio Folatelli, quién, junto al cuerpo legislativo local, conformó una mesa para la elaboración del anteproyecto. El trabajo de asesoría técnica, en tanto, estuvo a cargo de José Luis Guerra, consultor de Ejidos e Industrias Extractivas y su equipo.

A su turno, el vice-presidente del Deliberante, Cristian Artero (FPV), sostuvo: “Es elemental, hacer un buen diagnóstico, pensando en el Fernández Oro que queremos para adelante. Tuvimos un crecimiento exponencial y es el Ejecutivo quien tiene que dar respuestas todos los días a las demandas de los vecinos, de una población que se triplicó en menos de una década”.

“Como miembra del Honorable Concejo Deliberante quiero destacar la voluntad política de los diferentes bloques para llevar adelante un trabajo consensuado durante meses con reuniones semanales y con la participación de asesores técnicos externos”, remarcó por su parte la concejal Inés Ríos (PS), quien también hizo hincapié en la importancia de regular el uso del suelo. “Con la zonificación que planteamos en la normativa tenemos la posibilidad de decidir que los hidrocarburos puedan estar, pero no donde afecte a nuestro patrimonio histórico que es el sistema de regadío”, precisó.

Restricciones a la actividad hidrocarburífera

Lavín considera que el ordenamiento territorial define un perfil de ciudad para Fernández Oro y es consciente de que la delimitación hidrocarburífera les va a generar “controversias, discusiones y debates, y hasta problemas judiciales”. El mandatario comunal explicó que el proyecto establece la restricción de la explotación hidrocarburífera y minera en toda la zona irrigada, con una protección de 1000 metros desde la zona de ribera del río Negro y de 1000 metros de la zona del canal de riego. “Esto significa que no permite este tipo de actividad extractiva dentro de todo el ejido histórico de la ciudad. De esta manera no hay posibilidad de que se extraiga en medio de las chacras, mucho menos en medio de la ciudad, entendiendo que la expansión de nuestro ejido -en relación al pretendido y aprobado por ordenanza-  establece esta protección, esta zona de restricción, de exclusión, en menos del cuatro por ciento del territorio total. En el otro 96 por ciento de ejido el Código permite estas actividades extractivas”, sostuvo Lavin.

Por su parte, Folatelli remarcó que “al margen de la restricción que se le hace a la explotación de hidrocarburos en las zonas irrigadas, también en la zona de producción de pollos y en la zona del Cerro Azul, en el resto que sí puede realizar explotación de hidrocarburos lo tiene que hacer con una legislación que se detalla en más de veinte incisos”. Para el funcionario lo que se está regulando con el anteproyecto es la compatibilidad en el uso de suelo, “no solo tenemos facultad de hacerlo, sino que tenemos la obligación de hacerlo, y es complementario a la legislación tanto provincial como nacional vigente. Nunca fue la intención de la municipalidad de superponer a la legislación y a la potestad, sino complementar lo ya existente”, aclaró en relación al debate de compatibilidades y funciones existente con la llegada de la explotación petrolera.

El concejal Artero, en tanto, opinó en el mismo sentido: “Buscamos definir el uso del suelo, que es una facultad que nuestra Constitución le concede a los municipios. Estoy muy orgulloso de definir qué usos del suelo le queremos dar, qué áreas queremos preservar, proteger, desarrollar, ese es el ejercicio pleno de nuestra autonomía, en el marco de una provincia”. En unas de sus intervenciones durante la audiencia pública el edil aclaró que “la conformidad del vecino [para instalar una perforación] es excluyente, si ellos no están de acuerdo, tendrán que hacer la locación en otro lado”.

Organismo de control municipal

El anteproyecto establece la creación de un organismo de control municipal. “La intención es generar un área, dirección o secretaría de control, con personal profesional, idóneo, capacitado, que sea independiente de los organismos nacionales, provinciales y de las empresas. Además, nuestra intención es generar la participación ciudadana a través de representantes, que sea parte fiscalizando y auditando a ese organismo de control”, informó el jefe comunal. Con ese objetivo se modificaría la ordenanza que establece las tasas municipales de manera tal de poder obtener fondos provenientes de la actividad para poder controlarla.

Al respecto, expuso el secretario de Finanzas municipal, José Castro. “En cuanto a las industrias extractivas de hidrocarburos la base imponible estará dada por los pozos, si el viento sopla a favor lograremos saber cuántos pozos hay y donde están ubicados. Las autoridades deberían saber dónde están, pero a lo largo de este proceso nunca logramos saber el estado en que se encuentran esos pozos. Sabemos de uno exploratorio que se dió a publicidad. En producción o abandonados en remediación tienen distintas tarifas establecidas en la misma ordenanza”, describió el funcionario, quien cuestionó que las empresas de servicios petroleros pagarán hasta el momento una tasa máxima de 1100 pesos mensuales. Con la nueva normativa, la base imponible se determinará de acuerdo a  los metros cuadrados ocupados y la cantidad de personal.

“Zonas de preservación”

Desde las universidades de Río Negro y del Comahue se impulsa la creación de un Geoparque en el Cerro Azul, que se encuentra dentro del ejido pretendido por la localidad, aún no determinado por provincia, pero si ya sancionado en ordenanza. Los doctores Leonardo Salgado, Silvio Casadío y Miguel Abadovsky, de la UNRN y la doctora Yusara Mastrocola, de la UNCo, son quienes promueven la iniciativa que el ordenamiento territorial contempla. Esa zona también está bajo el asedio de la actividad petrolera. En su exposición Mastrocola expuso los impactos que dejó la exploración sísmica realizada por YPF en el área Cerro Manrique.

Las áreas naturales protegidas son una de las cinco zonas de preservación que el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) promueve como base para una regulación del uso del suelo por parte de la explotación hidrocarburífera. Además de la mencionada, señala las zonas habitadas, los márgenes de los cursos de agua, las tierras productivas y los territorios comunitarios indígenas. El OPSur estuvo representado en la audiencia por Fernando Cabrera, quien saludó la iniciativa y subrayó la importancia de que en este contexto un municipio se disponga a regular el uso del espacio para preservar la actividad productiva, ordenar el crecimiento urbano y evitar “catástrofes” derivadas de actividades extractivas. “Es necesario establecer zonas de preservación y el proyecto de ordenanza analizado es un avance en ese sentido”, concluyó.

El cierre de la jornada contó con la palabra de Sebastián Hernández, Presidente de la Federación de Productores de Río Negro, quién expresó la importancia de no permitir que se realice fracking sobre tierras productivas, “el cero control que hay en la actividad hidrocarburífera tiene consecuencias y me animo a decir que convivir es imposible”. A su vez remarcó que “a nivel mundial cada vez hay más protocolos para los productos, no solo de peras y manzanas, lo hacen para que sean más saludables lo que cada uno de nosotros comemos”. También comentó que “en ningún lugar del mundo se acepta tener una extracción hidrocarburífera cerca de un sector productivo. En España y Europa a 500 metros de una autopista no se puede producir, por la contaminación de los caños de escapes y la contaminación lumínica. Si uno ve una locación en Allen de noche parece una ciudad, y nosotros tenemos problemas sanitarios, con la carpocapsa por ejemplo, que con las luces viene”. Además el representante de los productores hizo referencia al cambio climático y el aporte que las zonas productivas hacen en carbono, por eso la necesidad de resguardo.

Jujuy: 3683 firmas para que no se quiten hectáreas al Parque Nacional Calilegua

Por El Foco Insurgente

Pasado el mediodía del viernes 21 de diciembre se consiguió presentar en Casa de Gobierno el petitorio, que también se presentó ante el directorio de Parques Nacionales, con 3683 firmas más el acompañamiento de 51 organizaciones ambientalistas, sociales y políticas. Resumen de una larga lucha y sus antagonistas.

El petitorio

La Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua, nucleamiento que contiene a trabajadorxs de Parques Nacionales, organizaciones sociales, ambientales, políticas y vecinxs del parque, promovió, tanto de manera virtual como física, la firma de un petitorio que retrotraiga el inconsulto convenio firmado por Parques Nacionales y la provincia.

Numerosas fueron asimismo las jornadas de concientización sobre las consecuencias del convenio en materia ambiental, de biodiversidad, de conservación y económica realizadas en escuelas, instituciones y actividades al aire libre a lo largo de la geografía provincial.

Las consecuencias del convenio

Las consecuencias del convenio ya firmado en octubre por la provincia y Parques Nacionales, sin participación de ninguno de los sectores sociales que velan por el Parque, son varias.

Estas al menos 1000 ha desafectadas, que podrían llegar a ser incluso 1800, pues el convenio no las explicita, se encuentran en un sector de selva pedemontana protegida y obstaculizarían un corredor de la zona núcleo de reserva de las yungas, ecorregión que se extiende desde Perú hasta Argentina que se encuentra ya muy castigada y reducida, poniendo en peligro la biodiversidad del Parque y con ello el carácter de reserva de biósfera que tiene.

Otro problema que presenta la desafección es que Parques Nacionales renuncia también al control de estas tierras desafectadas, algo que, además de incurrir en violación de sus funciones como institución conservacionista, dejaría sin posibilidad de fiscalizar la remediación de la zona a lxs actores más idóneos para ello y quienes de hecho descubrieron y denunciaron el peor desastre ambiental de la zona: los trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional Calilegua. Respecto del mencionado pozo, este no había sido detectado por ninguna institución hasta que unxs trabajadorxs de parques en sus habituales rondas dieron con el rastro contaminante y lo siguieron hasta el pozo, constatando también que los efluentes de este pozo sin remediación se internan en las tierras del parque y llegan hasta el arroyo Yuto.

Una gran consecuencia contaminante de los pozos es que por las características geomorfológicas de la zona estos son pozos al excavarse se vuelven surgentes, o sea, una vez realizada la perforación por la presión existente en las napas los líquidos afloran, llevando con ellos toda la contaminación química y de metales pesados que poseen.

Entre la zona ya desafectada y que quieren desafectar se calcula (pues no hay un trabajo minucioso) que se realizaron 34 pozos.

El convenio puede resultar asimismo en un negativo precedente para los parques y reservas a nivel nacional, puesto que podría llevar también a la desafección de zonas de otros parques nacionales con problemáticas similares, quedando así el dominio y el control de las mismas por otros actores e intereses ajenos a quienes tienen al mandato de preservar nuestra biodiversidad.

En materia económica el costo de remediación de los pozos petrolíferos, de millones cada uno, no es asumido así por las empresas extractivistas que se enriquecieron con la explotación de los recursos no renovables de la zona, explotación de dudosa legalidad al hacerse en zona protegida, quedando entonces el lento proceso de paliar la contaminación a cargo de nuevas estrategias asumidas por el sector público, en una repetición de beneficios privados y costos públicos como la sucedida con Metal Huasi.

En este caso la decisión de la provincia no es otra que remediar la contaminación resultante de la explotación petrolífera recurriendo a nuevas explotaciones petrolíferas, contradicción que se agrava al no preveer el convenio ni medida de fiscalización sobre la zona, que pasa a ser de dominio provincial, ni tiempo límite para remediar y que vuelva al parque, lo que deja un limbo legal que pueda extender la explotación hasta que no quede nada más para extraer, ni para conservar.

Las responsabilidades institucionales

Estas contradicciones no son de manera alguna desconocidas por los firmantes del convenio, todo lo contrario, por ejemplo Emiliano Ezcurra, actual vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales manifestó en octubre de 2015, apenas unos meses antes de ser nombrado vicepresidente de la entidad, su rechazo a la desafección de estas hectáreas argumentando la inexistencia de remediación del daño producido hasta ese momento (y que sigue sin realizarse, ni se realizará por sus responsables naturales) o el precedente que sienta para otros parques.

Otro argumento de Ezcurra en 2015 fue que una desafección va en contra de las tareas de recolección de fondos para la compra de tierras para su conservación. Esta argumentación no sólo es lógica desde el punto de vista de que ni privados ni organismos públicos nacionales o internacionales van a querer donar dinero para comprar unas hectáreas que luego graciosamente serán cedidas para una explotación extractivista, sino también porque, como figura en la web de Parques Nacionales, el propio Ezcurra “en el año 2008 creó la Fundación Banco de Bosques, ONG que recibe donaciones con el objetivo de salvar bosques nativos en riesgo”. Cabe mencionar que antes de ello Ezcurra fue Director de Campañas de Greenpeace Argentina.

La provincia tampoco desconoce estas contradicciones, no sólo porque el fin de la explotación petrolífera fue uno de los ejes ambientales de la campaña de Gerardo Morales para su elección como gobernador, firmando con bombos y platillos el retiro de las petroleras de la zona como accediendo a un reclamo largamente exigido por organizaciones y comunidades de la zona, sino también porque no desconoce el reclamo, legal y legítimo, de que esas mismas empresas que contaminaron deban ser las responsables de la remediación.

Hoy, con una desafección con brumosos y abstractos objetivos, la remediación queda ligada a la continuidad de la explotación petrolífera.

En esencia, la desviación de los objetivos manifestados arrancó temprano, pues la Comisión Ah Hoc sobre la que debería haberse basado todo el proyecto tuvo una actividad nula y no solamente que fue constituida sin la participación de ninguno de los grupos denunciantes del extractivismo vulnerante del PNC sino que los representantes de Parques Nacionales nombrados para esta comisión, Julio Monguillot y Raúl Chiesa eran nada más ni nada menos que los trabajadores de parques sospechados o denunciados por favorecer a las petroleras antes de su retiro.

El petitorio está presentado, 3683 firmas y 51 organizaciones ambientalistas, sociales y políticas lo avalan, están todas cartas sobre la mesa, y quedó desvelado el truco.

Por la derogación del convenio de “Regularización del Parque Nacional Calilegua”

Firmá el petitorio de la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua dirigido a la Administración de Parques Nacionales y al Gobierno de la Provincia de Jujuy

El conjunto de actores que integran la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua ratificamos que la explotación del Yacimiento Caimancito, en Jurisdicción y Dominio del Parque Nacional Calilegua es ilegal y rechazamos y repudiamos la iniciativa del Directorio de Parques Nacionales al generar y rubricar el CONVENIO DE REGULARIZACIÓN “PARQUE NACIONAL CALILEGUA” entre la PROVINCIA DE JUJUY, representada por el Gobernador Gerardo MORALES, y la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, representada por el Presidente del Directorio, Eugenio BREARD, y refrendado por el Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino Sergio BERGMAN; a través del cual la NACIÓN establecerá una condición suspensiva de dominio y jurisdicción de 1000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua, concediendo el uso y goce de dicha área a LA PROVINCIA, con el objetivo de efectivizar la futura remediación ambiental y cierre definitivo de los pozos petroleros.

Resulta absurdo plantear como necesaria una condición suspensiva de dominio y jurisdicción para que la provincia inicie el plan de cierre del yacimiento que prometieran a través de la Ley Nº 5.889 y Decreto Reglamentario N° 683/2016.

Los parques nacionales son inalienables, es decir no pueden venderse ni cederse. Este principio garantiza que sus objetivos y metas de conservación de los valores ecológicos, culturales, estéticos y científicos, no queden expuestos a intereses sectoriales o crisis coyunturales. Promover el “rediseño” del área donde se encuentra emplazado el Yacimiento Caimancito atenta, desde lo ambiental, contra los principios mismos que sustentaron la preservación de este sector y sentaría un antecedente nefasto contra las Áreas Protegidas en general, en tanto existe una fuerte presión para iniciar emprendimientos extractivistas y vulnera la propia Ley Nacional 22.351 que como autoridades del organismo debieran hacer cumplir.

Desde lo social, esta “condición suspensiva” significa dejar librada esta actividad sólo a los intereses económicos y que el pueblo argentino pierda una parte del territorio nacional protegido y sus respectivos recursos. Eso se traduce en mayor contaminación para el ambiente y su gente. Si encontrándose dentro de un parque nacional los pasivos y los daños ambientales sobre el suelo y las aguas subterráneas y de superficie no han sido atendidos debidamente como problema actual que requiere de urgente solución, ¿qué quedará cuando se pierda el dominio y jurisdicción sobre el área del yacimiento y ya ni los trabajadores de la conservación puedan ejercer el derecho y el deber a fiscalizar esa actividad?

Por lo expuesto, basados en lo que dicta la Ley Nacional 22.351 y en concordancia el Plan de Gestión Institucional de la APN, los miembros de la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua, exigimos a las Autoridades de la Administración de Parques Nacionales que, en observancia de sus deberes de funcionario público, garanticen el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad del Organismo y den marcha atrás en la rúbrica del convenio.

También le Exigimos al Estado Provincial que cumpla con el cierre definitivo de las 5.700 hectáreas del Yacimiento Caimancito, en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua, desarrollando un programa progresivo y planificado que especifique los plazos de cese de las actividades petroleras y el correcto sellado de los pozos petroleros y recomposición de los demás pasivos ambientales.

Así también solicitamos que se cumpla con la Ley 17.319 de Hidrocarburos, se haga pública la información pertinente y se cumpla con la Ley 25.675 General del Ambiente y con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), referente a CLPI (Consulta libre previa e informada) y se tomen en cuenta los dictámenes de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.

Para firmar el petitorio cliqueá acá

 

Solicitan que la Legislatura rechace el decreto que afecta al PN Calilegua por ser ilegal

Los diputados del Frente de Izquierda Natalia Morales, Alejandro Vilca, Eduardo Hernández del PTS e Iñaki Aldasoro del PO, realizaron la presentación de un proyecto de Resolución que expresa la preocupación y el rechazo ante el Decreto entre el gobierno provincial, la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente, para la desafectación de 1000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua para llevar adelante la remediación de los pasivos ambientales contemplado en la Ley Provincial 5889 del 2015 y el Decreto Reglamentario 683/2016.

En ese sentido la diputada Natalia Morales aseguró “El decreto acordado entre el gobierno de Gerardo Morales, la Administración de Parques Nacionales y el Secretario de Ambiente Bergman es totalmente ilegal y violatorio de la Ley Nacional de Parques Nacionales, la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos y la Ley de Hidrocarburos. Además de lo establecido por la OIT sobre la Consulta, previa libre e informada. La remediación de los pasivos ambientales y el cierre definitivo de los pozos petroleros que hay en el Parque Nacional Calilegua se puede realizar sin desafectar áreas del mismo por eso solicitamos que la Legislatura rechace este Decreto”.

Consultada el respecto sobre la implicancias generada por el Decreto la diputada afirmó “el gobierno provincial tiene una política bastante clara en contra de las áreas de reservas y áreas protegidas como sucedió en la zona de los Perilagos para el negocio empresarial e inmobiliario, o en la Reserva Natural Laguna de Pozuelos donde avanza con la megaminería a cielo abierto. Este caso es grave porque el gobierno tendria por un tiempo indeterminado el dominio y la jurisdicción de 1000 hectáreas para una supuesta remediación de los pasivos ambientales y cierre de pozos que puede durar varias décadas como afirmaron los mismos funcionarios debido a los altos costos que desde la Secretaria de Ambiente no se harían cargo. El oficilismo recientemente aprobó un proyecto para que el 12 % de las regalías por la venta del petróleo extraído del yacimiento, a través de JEMSE se destine a la remediación de un sólo pozo petrolero E3, cuando en el yacimiento hay 35 pozos. Mientras tanto el riesgo social es alto debido a los posibles contaminaciones del suelo, aguas subterráneas y de superficie que puede empeorar sin el control y fiscalización de las y los trabajadores del Parque Nacional con este Decreto, ya que la provincia sería juez y parte”.

“Venimos participando en la Asamblea Ampliada en defensa del Parque Nacional en Libertador Gral. San Martín, junto a concejales y estudiantes de los profesorados, que vienen realizando distintas acciones de difusión y rechazo del decreto, y que fue clave para que se conquiste en el 2015 el cierre definitivo del Yacimiento Caimancito. Como propone la misma asamblea la salida a esta situación es no desafectar las 1000 hectáreas, que el Parque siga teniendo dominio y jurisdicción, y avanzar con un Plan progresivo y planificado de Remediación con plazos concretos en cada etapa para el saneamiento de pasivos ambientales en las 5700 hectáreas donde se encuentra el Yacimiento Caimancito y el cierre definitivo y sellado de los pozos petroleros. No podemos poner en juego la biodiversidad ni la salud del pueblo Ledesmense, tiene que ser tarea urgente”.

Jujuy: Piden que den “marcha atrás” al traspaso de 1000 hectáreas del Parque Calilegua

La Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua pidió el revocamiento de un convenio firmado entre la provincia de Jujuy y Parques Nacionales que traspasa mil hectáreas a la Provincia, estableciendo un peligroso antecedente. En el mismo sentido se pronunció el Consejo Deliberante de la ciudad de Libertador General San Martín. En el Enredando las Mañanas de este miércoles dialogamos con una de las voceras de la Asamblea.

Por RMNA

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Enredando Las Mañanas: este enclave de explotación petrolífera dentro de un Parque Nacional tiene una larga data y lucha para su cese, pero ahora ¿esta remediación termina desafectando 1000 hectáreas del mismo Parque?

Vocera: Sí, así es, justamente eso es lo que como trabajadores del Parque hemos visto con suma preocupación, esta decisión del directorio de la Administración de Parques, de rubricar este convenio con la provincia de Jujuy a través de la cual la Administración de Parques Nacionales perdería la jurisdicción y el dominio por un período de tiempo, que no está estipulado en este convenio, sobre una extensión de aproximadamente 1000 hectáreas, porque tampoco lo especifica demasiado el convenio, y quedarían íntegramente a cargo de la provincia de Jujuy, con lo cual Parques Nacionales perdería la potestad de poder fiscalizar, como lo veníamos haciendo hasta ahora, toda la actividad petrolera y los impactos ambientales que se derivan de esta. Así es que cuando tomamos conocimiento de la dirección de hacer este convenios con la Provincia es que nuevamente motorizamos a la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua que, como ustedes podrán recordar, es una Asamblea que está integrada por muchos actores sociales y políticos que en su momento se convocaron en defensa del área.

ELM: Entonces, respecto de este convenio, ¿sería la provincia propietaria y contralora a la vez, algo así como juez y parte?

Vocera: Así es. En abril de este año la provincia de Jujuy le quitó la concesión del yacimiento a la empresa que estaba en su momento, o sea, la última empresa que estaba explotando el yacimiento, y a partir de ese momento el yacimiento estaría siendo explotado por JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) que son una empresa estatal provincial. Y a través de este convenio se le entrega también a JEMSE la potestad de fiscalizar y de utilizar todas las regalías y los activos que genera la explotación de petróleo en teoría para un fondo que debiera de iniciar las tareas de remediación y cierre del yacimiento.

Lo que nosotros decimos es que no hay necesidad de ceder, ni por 10 años, ni por 5, ni por 50, la jurisdicción y el dominio de esas 1000 hectáreas, porque no influiría en nada el que la provincia se haga cargo de remediar, como le corresponde ahora, todos los pasivos ambientales y hacer el cierre efectivo del yacimiento.

Lo que nosotros decimos es que esta desafectación encubierta de estas 1000 hectáreas sienta un precedente sumamente peligroso para el resto de las áreas protegidas argentinas, porque sin duda que en todos los Parques Nacionales hay recursos naturales pasibles de explotación, entonces hoy desafectamos 1000 en Calilegua para explotación petrolera, mañana desafectaremos otra zona en Cardones para explotación de uranio, de litio o de lo que sea y así…

ELM: ¿Cuál es el interés del gobierno al desafectar estas 1000 hectáreas y el objetivo del acuerdo? ¿No dejar de explotar?, ¿cerrar los pozos pero no pedirle a las empresas que lo hagan?

Vocera: En realidad creo que esto es algo de lo que debiéramos de solicitar una información a la provincia, pero por lo que las conferencias de prensa que han estado dando en estos días la ministra de ambiente y el secretario de minería, en teoría la empresa JEMSE de la provincia no contaría con el dinero para hacer el cierre del yacimiento y para la remediación de los pasivos, entonces desde el momento que comienzan a administrar el yacimiento con las ganancias de la explotación irían destinando a este plan de liquidación y cierre. Y hay otra cosa, la provincia ahora se encuentra en posición de hacer todos los juicios que crea correspondientes a las empresas que tuvieron la concesión del yacimiento anterior a JEMSE para que se hagan cargo de lo que les correspondería en concepto de remediación de todos los pasivos.

ELM: Sabemos, porque conocemos la lucha en el parque, que estas explotaciones recién se dieron a conocer a partir de la Asamblea, y sino no se conocían, pero, ¿este acuerdo fue tomado de manera inconsulta con los principales afectados?

Vocera: Sí. De hecho, en su momento, cuando el gobernador Morales hace 3 años atrás sacó la ley por la cual decía que iba a cesar la explotación petrolera y se dejaban en efecto todas las concesiones, las ampliaciones de concesión y demás en Caimancito, a las pocas semanas también de esa ley, que se reglamentó a través de un decreto, en el cual decía que se debía de conformar una comisión ad hoc que sería la encargada de realizar el estudio de impacto ambiental y el estudio de situación del yacimiento para tener una idea de cómo se debía avanzar en el cierre y remediación. En esa comisión ad hoc nunca tuvimos participación ni los trabajadores, ni las organizaciones sociales y políticas, ni pueblos aborígenes que estuvimos llevando adelante esta pelea. Y eso, en su momento, generó también un petitorio por parte de la Asamblea, donde solicitábamos que nos dieran participación en esa comisión, por supuesto nunca logramos que eso se llevara a cabo.

ELM: ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir por parte de la Asamblea?

Vocera: Ahora, hace unos minutos, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Libertador General San Martín, que es la ciudad cabecera del departamento, se ha votado un proyecto de declaración donde toman nuestro comunicado, como trabajadores del Parque y la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque, y donde el Consejo Deliberante le pide al directorio de la Administración de Parques Nacionales que dé marcha atrás en la firma de este convenio y va a ir acompañado, lógicamente, por un petitorio formal que queremos ingresar en la administración de Parques Nacionales solicitando esta misma cuestión: que den marcha atrás en la firma de este convenio. Porque Reitero, esperamos que se pueda hacer el cierre y la remediación que se plantea en el convenio sin necesidad de ceder jurisdicción y dominio, que es este uno de los temas que nos preocupa sobremanera a todos los que integramos la Asamblea. Así que el próximo paso sería la elevación de este petitorio con, por supuesto, el aval de todos los que integramos la Asamblea Ampliada y, en este caso también, con esta declaración que ha salido a través del consejo Deliberante de la ciudad de Libertador General San Martín, donde justamente apoyan el petitorio que hacemos desde la Asamblea.