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Deliberante local rechazó la desafectación del Parque Calilegua

Trabajadorxs del PN Calilegua exponen ante el CD de Libertador Gral San Martín antes de la votación. Foto: Asamblea Ampliada

Por OPSur.- El Concejo Deliberante de Libertador General San Martín aprobó esta mañana una declaración de rechazo al convenio suscripto entre el Gobierno de la provincia de Jujuy, la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Administración de Parques Nacionales por considerar innecesaria la desafectación de mil hectáreas del área protegida para avanzar con la remediación de pasivos ambientales establecida en la ley 5889 de Cese de la explotación de petróleo en el Parque Nacional Calilegua, sancionada en 2015. En la declaración también se expresa el apoyo al reclamo que llevan adelante las y los trabajadores del Parque junto a comunidades de pueblos originarios y organizaciones sociales, políticas y sindicales; además recomienda al Ejecutivo provincial la derogación del Convenio de Regulación del Parque Nacional Calilegua.

La declaración, impulsada por el bloque de concejales del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), tuvo el voto positivo de Luis Guerra y Miguel López, autores de la resolución; Patricia Gutiérrez, de Unidad Ciudadana; José Zakour, del Partido Justicialista; y Hernán Ríos, del Frente Renovador. Mientras que Rolando Flores y Hugo Quinteros, de la Unión Cívica Radical, votaron en contra y Martín Patiño, del mismo partido, se abstuvo.

Asamblea en el SOEAIL. Foto: Asamblea Ampliada

Impulsar el tratamiento sobre tablas de esta declaración en el Concejo Deliberante local fue una de las resoluciones tomadas ayer en la asamblea ampliada impulsada por las y los trabajadores del Parque Nacional Calilegua, que se realizó en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). A la convocatoria respondió un numeroso grupo de vecinos y vecinas de Calilegua y Libertador Gral, San Martín, entre los que se contaban diputados provinciales y concejales, representantes de pueblos originarios, de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), también investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, guías del Parque Nacional Calilegua, miembros del Club Observadores de Aves (COA Yungas), estudiantes terciarios, integrantes del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Partido Obrero, del Centro de Acción Popular Olga Martínez de Arédez (CAPOMA), delegados del SOEAIL, comerciantes, comunicadores sociales y docentes.

En la asamblea ampliada también se decidió elevar un petitorio al directorio de la Administración de Parques Nacionales solicitando que de marcha atrás en la firma del convenio firmado con el gobierno de la provincia de Jujuy. El próximo martes, en el marco del Día de los Parques Nacionales, se realizará una actividad de protesta y visibilización de la problemática.

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Es imprescindible aclarar que el Parque Nacional Calilegua sigue contaminado con petróleo

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Alerta por la desafectación de 1000 hectáreas de un Parque Nacional en Jujuy

Lo firmaron Gerardo Morales y el rabino Bergman. Se remediará un área contaminada en Calilegua pero deja de ser zona protegida.

Organizaciones ambientalistas, con Greenpeace a la cabeza, rechazaron un acuerdo entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el director de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Breard, por el cual si bien se busca avanzar judicialmente contra empresas petroleras que generaron contaminación, se desafectarían unas mil hectáreas de zona protegida en el Parque Nacional Calilegua, enclavado en medio de las selvas tropicales del este de esa provincia. La cuestionada Resolución 576/18 fue refrendada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman.

El Convenio de Regularización del Parque Nacional Calilegua determina que “la provincia elaborará un Plan de Remediación Ambiental y Cierre Técnico del Yacimiento CNO 3 Caimancito”, ubicado dentro del parque. A estos fines, continúa, “la Nación establecerá una condición suspensiva de dominio y jurisdicción concediendo el uso y goce de dicha área a la provincia”.

De ese modo, la Secretaría que conduce Bergman evita hacerse cargo de los gastos inherentes a la remediación del daño ambiental, y es también, en teoría, el Estado jujeño el que se reserva la facultad de accionar judicialmente contra las petroleras.

“Si bien celebramos la decisión de avanzar en la remediación ambiental y el cierre definitivo de los pozos petroleros dentro del área protegida, repudiamos y advertimos la ilegalidad que implica desafectar para ello 1000 hectáreas de área protegida nacional”, sostuvo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

El Parque Nacional Calilegua fue creado en julio de 1979 y es “zona núcleo” de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la Unesco. Son 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de la Argentina, que alberga la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Sin embargo, desde su propia creación se consideró que el Yacimiento Caimancito debía ser conservado.

“No es justificable que esa zona ahora deje de ser un área protegida nacional cuando se planea su saneamiento, sean cuales fueren los organismos nacionales y/o provinciales que lo realicen”, agregó Cruz.

Remediación pero no desafectación, ese es el reclamo de las organizaciones, que entienden que las modificaciones de las leyes ambientales “no deben significar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario incrementarlos”.

Consideran que la enajenación de parte del Parque Nacional contradice el principio de “no regresión ambiental”, recientemente consagrado por resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza. «

Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

La multinacional Syngenta ha sido acusada de la muerte de más de 80 agricultores del algodón en la India. Foto: Syngentafoundation

Por Yago Álvarez / El Salto

Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Más de 100 organizaciones internacionales, movimientos sociales y representantes gubernamentales se reúnen para negociar un acuerdo que aborde las lagunas en la legislación nacional e internacional y hacer frente así a las complejas estructuras jurídicas de las empresas transnacionales, con la intención de que las compañías matriz de las grandes multinacionales sean responsables de las violaciones a los derechos humanos que realizan sus empresas subsidiarias en todo el mundo.

Una investigación coordinada por varias organizaciones civiles —como Amigos de la Tierra Francia, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) o el Transnational Institute (TNI)— revela que los argumentos para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante que ha realizado la Unión Europea (UE) en las negociaciones son exactamente iguales que los argumentos de los grandes lobbies industriales.

“La UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras. Se deben tomar medidas para proteger el proceso de la ONU de influencias corporativas dañinas”, explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia.

El informe, llamado The EU and the corporate impunity nexus , presenta además una serie de casos de empresas europeas donde, tras los apellidos como “verdes” y “responsables”, se esconden prácticas que contradicen totalmente el discurso que utiliza la UE para defenderlas como tales. La exposición de este tipo de prácticas por parte de estas empresas europeas se ha hecho para mostrar la necesidad de que avancen las negociaciones para un tratado internacional vinculante.

“Los estudios de casos de las multinacionales europeas que hemos incluido en este informe muestran cómo prevalece actualmente la impunidad de las empresas y a las comunidades afectadas se les priva de justicia”, declara Mónica Vargas, del Transnational Institute (TNI), quien añade que “un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos que sea robusto será un cambio de juego en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.

La petrolera Shell y la Patagonia argentina 

La holandesa Royal Dutch Shell, junto a otras empresas como Chevron, BP, Total, Wintershall y Statoil, participa en un proyecto de extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia Neuquén, en la Patagonia argentina. Según relata la organización Observatorio Petrolero Sur, la filial de argentina de la petrolera, Shell CAPSA, participó en la perforación de pozos en las inmediaciones del área natural protegida Auca Mahuida, violando la legislación de protectora del medio ambiente. Tampoco se tuvo en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, como las comunidades mapuches afectadas, y su derecho al territorio consagrado en la Constitución argentina.

Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil a presentar una declaración conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y, en 2017, a presentar otro documento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La única vez que Shell reconoció los impactos adversos de sus operaciones en una comunidad Mapuche fue cuando en la firma de un acuerdo voluntario de compensación, en el que no reconoció los derechos indígenas como tales, ignorando la Constitución del país y las denuncias ante la ONU.

Las energéticas españolas y el Istmo de Tehuantepec

Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena. Según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el informe, el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio.

Sin embargo, a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos.

G4S y los territorios palestinos ocupados

La multinacional de seguridad británica G4S se ha hecho famosa por ofertar la realización de servicios “de baja reputación” a gobiernos, tales como la detención de migrantes o el control de fronteras. Según denuncia en este informe la organización española Instituto internacional por la Acción no Violenta, Novact, este tipo de externalizaciones por parte de los Estados puede difuminar y dificultar la depuración de responsabilidades de gobiernos y las empresas privadas en las violaciones de los derechos humanos mientras se acometen estos servicios.

La empresa británica ya ha recibido varias denuncias por ofrecer a los gobiernos una manera low cost de realizar este tipo de servicios de seguridad y transferir las responsabilidades a esta, la cual se protege mediante su estructura internacional y, según Novact, “crea un entorno propicio para que se cometan violaciones de los derechos humanos”.

A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados

A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las primeras violaciones se denunciaron en varios centros de detención gestionados por la empresa, donde los menores permanecieron en régimen de aislamiento durante días. Otra de las denuncias por el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en centros de detención controlados por la compañía. Un tercera denuncia abarca todas las operaciones de G4S en territorios ocupados palestinos. A pesar de que el Punto de Contacto Nacional británico concluyó que se habían producido violaciones, no se pudieron tomar medidas legales, ya que G4S vendió la mayor parte de sus activos israelíes en 2016 a inversores locales, aunque los nuevos propietarios conservaron el equipo de gestión de G4S.

Indra, la militarización de las fronteras y Yemen

La empresa española Indra continúa su paso firme para convertirse en una de las principales empresas europeas de defensa y seguridad. Según denuncia el Centre Delàs en el informe, Indra tiene una enorme fuerza como lobby en Bruselas y participa en la elaboración de directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor número de contratos para la empresa española.

Cuando en 2005 se decidió reforzar el muro de la frontera marroquí en Ceuta y Melilla, Indra y otras dos empresas (ACS y Ferrovial) ganaron 8 de cada 10 euros que se destinaron al desarrollo fronterizo. Gracias, en parte, a las presiones como lobby de Indra y de otras empresas del sector, la UE destinó 2.000 millones de euros a reforzar sus fronteras exteriores entre 2007 y 2013, y solo 700 millones de euros a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo.

Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizados por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles

Según el Centre Delàs, el ejemplo más claro es la guerra en Yemen. Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizadas por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles. La violación de los derechos humanos por parte de un país al que una empresa con participación del Estado español (un 18,7% de sus acciones están en manos de la empresa estatal SEPI) ha vendido armas, según el informe, haría cómplices a Estado y multinacional de las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí.

Syngenta y la muerte de trabajadores del algodón en la India

En Yavatmal, región algodonera de la India, varios trabajadores del algodón fueron envenenados mientras fumigaban entre julio y noviembre de 2017. Al menos 50 murieron y más de 1.000 enfermaron, algunos durante meses.

Syngenta, una multinacional anteriormente suiza que ahora es de propiedad china, fabrica Polo, uno de los plaguicidas involucrados en este caso. Su ingrediente activo, el diafentiurón, está clasificado como ligeramente peligroso por el Gobierno de la India y altamente peligroso por la Pesticide Action Network (PAN) India. Por ley, los fabricantes de plaguicidas, como Syngenta, deben capacitar a los usuarios y garantizarles el acceso al equipo de protección personal y al equipo médico necesario en caso de envenenamiento. Algo que, según relata en el informe la organización suiza MultiWatch, no parece haberse hecho en el caso de la India. Tampoco se ha proporcionando información en los idiomas locales sobre seguridad de uso, algo también obligado para este tipo de productos.

Una coalición de ONG presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar a Syngenta y a otras empresas químicas con sede en la UE por violar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, un código de aceptación voluntaria. Sin embargo, estos organismos de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna recomendación específica y la empresa no ha sido sentada ante ningún tribunal.

Es imprescindible aclarar que el Parque Nacional Calilegua sigue contaminado con petróleo

Soy Guillermo Nicolossi, aparezco al inicio del anuncio de Greenpeace. Como Guardaparque fui encargado de fiscalizar la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua (PNC), hasta que por “razones de servicio” me trasladaron a otro parque.

La lucha a que hace referencia el video lleva muchos años y tuvo un logro importante luego de la campaña informativa que llevó adelante Greenpeace; esto es lograr que el Gobierno Provincial reconociera que la explotación petrolera en el Yacimiento Caimancito dentro del PNC, contamina con Residuos Peligrosos las aguas que, con diferentes fines, consumen las poblaciones de Yuto, Caimancito y aledañas. Igualmente importante fue que el Gobierno reconociera que la actividad petrolera es ilegal dentro del Parque Nacional.

Pero solo eso, reconocieron la grave contaminación y la ilegalidad del caso, aún no solucionaron nada.

EL Defensor del Pueblo De La Nación y la Auditoría General de la Nación, en sendas Resoluciones determinaron que tanto el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Administración de Parques Nacionales (APN) son responsables por la falta de control que tuvo ese yacimiento durante décadas, lo cual permitió que se desarrollara esa actividad ilegal y de consecuencias ambientales de tamaña gravedad. También instaron a que de manera inmediata y en el ámbito de sus respectivas competencias, iniciaran las acciones de remediación necesarias.

Pero luego de pomposos anuncios de leyes que prohíben la extracción petrolera dentro del PNC y supuestas comisiones de trabajo conjunto entre el Gobierno de Jujuy, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la APN, no se tomó ninguna acción concreta para iniciar remediación alguna. Eso si, se apuran en allanar el camino para que las empresas petroleras que durante años se llenaron de plata a costa del sacrificio ambiental y social, escapen por la puerta del costado y no se hagan responsables de los altos costos económicos que requiere tan compleja remediación. Se limitarán a no dar continuidad a la concesión de la actividad petrolera. Y en tal caso, qué medida tomará el Gobierno para asegurar la continuidad laboral de los Trabajadores Petroleros del Yacimiento Caimancito en otras explotaciones que la misma empresa petrolera tiene en otros lugares del país?

Del cargo por remediación ambiental no se habla. Las empresas responsables de la contaminación en el Parque Nacional Calilegua y las aguas que alimentan los ríos y aguas subterráneas de la zona, son YPF S.A., UTE Necom- Petróleos Sudamericanos, Pluspetrol y Petro Ap.

El Gobierno Provincial, con complicidad de la APN, ha tranquilizado a la opinión pública mediante anuncios vacíos que publicitan que están trabajando en el tema. Pasaron más dos años de la famosa “ley de cese de explotación en el PNC” pero las empresas petroleras siguen llevándose el petróleo mientras continúan dañando el ambiente.

O sea, el Parque Nacional y sus habitantes silvestres siguen contaminados; los ríos y aguas subterráneas siguen contaminados, el ganado y cultivos de Yuto y Caimancito siguen contaminados; la población humana…?!

Es importante saberlo, aún no se ha logrado nada, por eso la lucha debe continuar!!!

Parque Nacional Calilegua: La CSJ ordena a la Provincia y Nación presentar actuaciones administrativas

Fue luego de esperar casi 33 meses para que la Corte Suprema de Justicia se expida por la demanda de vecinalistas por los daños ambientales en el Parque Nacional de Calilegua.

Con fecha 6 de febrero se conoció la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde requiere y emplaza tanto a los estados nacional, provincial y organismos oficiales la presentación de documentación correspondiente a las actuaciones administrativas relacionada al Amparo Tutelar de “Cese de Daño Ambiental” en el Parque Nacional Calilegua por la explotación de petróleo y por la contaminación derivada de la explotación de petróleo y por contaminación existente en el Pozo Nº 3.

Vecinos de nuestra provincia promovieron ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Jujuy demanda de amparo por daño ambiental colectivo, en los términos de los arts. 41 Y 43 de la Constitución Nacional y 30 de la Ley General del Ambiente 25.675, contra la Administración de Parques Nacionales, el Estado, Nacional, la Provincia de Jujuy, YPF S.A. (en su carácter de continuadora de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E.), la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos S.A. – Necon S.A., Pluspetrol S.A., JHP International Petroleum Engineering Ltda., Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.), Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

La parte actora (única presentada); está conformada por Silvia Graciela Saavedra y Ramón Héctor Luna, con el patrocinio letrado de la Dra. Patricia Noelia Cazón tomando intervención el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la Provincia de Jujuy.

Esto es, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la continuidad de la explotación petrolera en el yacimiento “CaimancitoH, situado dentro del Parque Nacional Calilegua y de la omisión en el ejercicio del poder de policía ambiental en el pozo “Caimancito e3H (también identificado como Ca. e3), ubicado en las inmediaciones del mencionado Parque Nacional, así como de los actos administrativos que autorizaron aquella actividad, entre los que se encuentra la adjudicación de la concesión por parte del Estado Nacional y aprobación de la cesión de la explotación petrolera efectuada por la Provincia de Jujuy.

Los Ministros integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conformado por Ricardo Lorenzetti (Presidente), Elena Highton de Nolasco (Vicepresidenta), Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz resuelvieron requerir al Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería de la Nación) y a la Provincia de Jujuy, que acompañen todas las actuaciones administrativas relativas al “Yacimiento Caimancito” (Área CON-3 “Caimancito”), en particular en todo lo atinente a autorizaciones, concesiones y cesiones para la exploración, explotación y/o cualquier otro aspecto relativo a la actividad hidrocarburífera del área.

Asimismo, para que acompañen toda actuación relativa a los distintos aspectos ambientales del referido yacimiento; a la Administración de Parques Nacionales, que informe detalladamente y acompañe todas las actuaciones relativas a los aspectos ambientales relevados dentro del Parque Nacional Calilegua y que tuviesen relación con la explotación petrolífera del “Yacimiento Caimancito”.

En particular, deberá informar sobre la existencia de planes de mitigación de pasivos ambientales en el ámbito del Parque Nacional Calilegua, acompañando en su caso, la documentación relacionada a dicho tópico; a la Comisión regional del Río Bermejo (COREBE), que informe detalladamente y acompañe todas las actuaciones relativas a los aspectos ambientales que hubiese relevado en el marco de su actuación y que tuviesen relación con la explotación petrolífera del “Yacimiento Caimancito”, a la vez que informe sobre las medidas adoptadas en relación al cese de la explotación de petróleo en el Parque Nacional Calilegua, con posterioridad a la sanción de la ley provincial 5889.

También requiere al Estado provincial informe si el Ministerio de Ambiente provincial ha concluido el informe que le fuera encomendado (art. 10 del decreto 683/2016); si la Secretaría de Minería e Hidrocarburos provincial ha concluido el informe encomendado por el art. 2º del decreto 683/2016; y, si la comisión ad hoc creada por el art.3° del decreto 683/2016 en la órbita del Ministerio de Ambiente provincial ha comenzado a funcionar y, en su caso, si ha producido algún resultado respecto a su cometido específico.

Por último la CSJ solicitó. en todos los casos, que deberá acompañar copia de las actuaciones producidas y la documentación relacionada. Asimismo, para su cumplimiento, se fija un plazo de 30 (treinta) días.

Las 24 Horas de Jujuy

La AGN reclama el cierre del Yacimiento Caimancito en el Parque Nacional Calilegua

Por OPSur. La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un crítico informe sobre la gestión ambiental del Yacimiento Caimancito, ubicado en jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. “Resulta necesario que la Administración de Parques Nacionales aumente los esfuerzos dedicados a las acciones vinculadas al cierre definitivo del yacimiento y a la remediación ambiental del área protegida y su zona de influencia”, demanda el organismo. El informe fechado en mayo de este año subraya, entre sus conclusiones, que la actividad petrolera dentro de un parque nacional está expresamente prohibida. Señala la violación flagrante de las leyes 22.351 de Parques Nacionales, 17.319 de Hidrocarburos, 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos y 25.675 General del Ambiente.

La AGN, organismo de control externo del sector público nacional que asiste técnicamente al Congreso de la Nación, indica que “el cese de la actividad de extracción de petróleo establecida por la provincia de Jujuy mediante la Ley 5889 de 2015 representa una mejora de la situación preexistente y una condición necesaria para la remedición y restauración ambiental del área de influencia”. Recuerda que en un informe de 1999 la oficina ya había observado en el yacimiento Caimancito incumplimientos en la legislación que regula la actividad petrolera, especialmente en el cierre de los pozos abandonados. “El problema más grave detectado corresponde a un pozo abandonado ubicado fuera del Parque Nacional, explotado originalmente por ex-YPF S.E., que ocasiona contaminación de las aguas superficiales y riesgo de contaminación del agua subterránea”, precisa el documento.

Pasivos e incertidumbres

El informe subraya que no se conoce con exactitud cuántas perforaciones se han realizado en el yacimiento. Si bien los registros indican la existencia de 33 pozos (12 en producción y 21 inactivos), el documento sostiene que podrían alcanzar las 36 perforaciones.

El principal problema que señala la auditoria es la contaminación del Arroyo Yuto que, si bien se conoció en octubre de 2000, hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias para detenerla. Ese cauce está contaminado por el colapso del pozo abandonado Caimancito E-3, ubicado fuera del área actualmente concesionada. Esa perforación, distante 200 metros al norte del límite del Parque, derrama aproximadamente 200.000 litros por día de agua de formación, que contiene sales en una concentración de 10kg cada 100 litros de agua y además surge a la superfice a elevadas temperaturas. Este arroyo provee de agua, entre otras, a la localidad de Yuto, donde viven unas 8.000 personas.

Debido a las demandas de distintas organizaciones, en diciembre de 2015 la ley provincial 5889 dispuso el cese de la explotación en el Parque Nacional Calilegua y facultó al Poder Ejecutivo para requerir el cierre de los pozos y para llevar adelante las tareas necesarias para la remediación de los pasivos ambientales derivados de la extracción hidrocarburífera. En ese marco, en marzo de 2016, el Ministerio de Ambiente de Jujuy creó el “Comité Técnico Ad Hoc” para la inspección y evaluación de los daños ambientales y la proposición del plan de remediación ambiental del Parque y sus zonas aledañas, afectadas por la explotación hidrocarburífera.

La historia

El Parque Nacional Calilegua está ubicado en el Departamento Ledesma, al sureste de la provincia de Jujuy. Fue creado por un decreto-ley en 1979, con el fin de preservar un área representativa de la selva de las yungas. Tiene una superficie de 76.306 hectáreas y es el área protegida más extensa dedicada a la conservación de las selvas subtropicales de montaña en el país.

La mayor parte de las 5766 hectáreas del área hidrocarburífera Caimancito se encuentran dentro del Parque. YPF S.E. comenzó en 1969 la explotación del yacimiento, la cual alcanzó hacia 1974 el récord nacional de producción diaria (7000 m3/día), lo que generó un gran desarrollo de la actividad exploratoria en la región. No obstante, no se han logrado nuevos hallazgos y la producción diaria fue disminuyendo hasta los 70m3/día de la actualidad.

En 1992, con la privatización de YPF, y luego de que el Parque Nacional fuera designado como Reserva Natural Estricta (1990), categoría que expresamente prohíbe la explotación de hidrocarburos, el yacimiento fue concesionada por 25 años a la UTE Petróleos Sudamericanos S.A.-Necón S.A.  En 2008 el bloque fue cedido a Pluspetrol S.A., que posteriormente, en 2012, lo entregó a la empresa china JHP International Petroleum Engeneering Ltd. Al año siguiente, se formó la UTE entre la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y JHP, con la finalidad de extender la explotación del yacimiento hasta 2037. Esa concesión preveía la apertura de nuevos pozos. Posteriormente JHP firmó un acuerdo con otra empresa china, TCL Group, y conformaron Petro AP.

[Acceder al informe de la AGN]

Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

“Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica” reúne artículos publicados entre setiembre y diciembre de 2016 en la web de Oilwatch Latinoamérica. Con esta revista digital intentamos poner en diálogo diferentes abordajes sobre la energía extrema, aportar elementos para la crítica a la civilización fósil y reafirmar la convicción en la imperiosa necesidad de construir alternativas.

Desde ya se agradecen comentarios, críticas y, por supuesto, la difusión.

Indice

Qué entendemos por energía extrema
Anular el espacio a través del tiempo
La biotecnología al servicio del extractivismo
Estallando el océano
Presal: Energía extrema de las entrañas de la Tierra
Un iceberg llamado Vaca Muerta
Colombia: Los pesados amplían la frontera extractiva
La violencia como modelo
Orinoco al extremo: la Faja Petrolífera y el Arco Minero, extractivismos de alto riesgo
Carbón 2.0, otro capítulo de la trama no convencional en Latinoamérica

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Un año de victorias en la lucha contra el fracking

Al momento de los balances de fin de año, quienes nos oponemos a la hidrofractura, tendremos muchas cosas por festejar. El 2016 cierra con importantes triunfos. Nuevos municipios se declaran libres de fracking, la provincia de Entre Ríos avanzó en el debate de la prohibición, en Neuquén fueron erradicados los basureros petroleros de ámbitos urbanos, se conformaron asambleas y espacios de resistencia en la norpatagonia, el Eurolat emitió una declaración crítica emitida de la técnica… Un acumulado de triunfos muy representativos para las resistencias al avance de los no convencionales. Un escenario que nos encuentra mejor preparados para las batallas por venir.

Martín Álvarez Mullally / OPSur.-

Al concluir este 2016, varias ciudades se han declarado libres de fracking tras los respectivos debates en sus concejos deliberantes. En la provincia de Río Negro, Choele Choel, Beltrán, Chimpay, Cipolletti, Fernández Oro y Viedma debatieron la prohibición de la técnica. Se logró la declaración de municipios libres de fracking las localidades del Valle Medio y la ciudad capital, mientras tiene continuidad el debate en Cipolletti, hubo un traspié en Fernández Oro donde fue rechazada tras el desempate del presidente del Concejo. Estas nuevas ordenanzas se suman a las ya declaradas y efectivas Cinco Saltos y Villa Regina. Si bien en Allen también se había sancionado, fue anulada en el 2013 por un fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró su inconstitucionalidad . Sabina Costa, su intendenta, podía apelar el fallo, al no estar convencida y privilegiar los ingresos a las arcas del municipio, no lo hizo. Este año hubo un nuevo intento tras un grave derrame, esta vez una ordenanza de zonificación que prohibía realizar fracking en zonas productivas. El oficialismo  con su mayoría la rechazó.

Si bien es muy probable que existan conducciones en los Ejecutivos que tengan la voluntad de hacerlo, en el caso de la capital de las peras y las manzanas, Costa está a favor de la explotación hidrocarburífera no convencional en plena zona productiva agrícola.

En la provincia de Neuquén, vecinos y vecinas de Vista Alegre se movilizaron durante todo el año, y se encuentran en proceso de armado y presentación de una ordenanza que prohíbe la técnica en su ejido. Apenas sea sancionada, la localidad será la primera en la provincia en rechazar la técnica en un reservorio probado. En la provincia, Junín, Alumine, Zapala ya cuentan con ordenanzas de prohibición del fracking en sus ejidos.

El área hidrocarburífera Río Neuquén ya ha sido explorada en varias oportunidades y los resultados en materia de gas han sido muy auspiciosos para las petroleras que, por problemas políticos, no avanzaron todavía. El área se encontraba en manos de Petrobras y pasó a manos de Pampa Energía e YPF. Según las proyecciones de la nueva sociedad, será YSur, subsidiaria de la empresa de bandera, quién se haga cargo de la operación, tal como lo hace en el yacimiento Estación Fernández Oro en Allen. En la zona se concentra el corazón productivo de Neuquén, provincia donde reina la dependencia a la explotación de un bien común no renovable y cada vez más escaso.

De esta manera, el rechazo de Vista Alegre se convierte en una de las acciones más importante del año, alerta a las ciudades vecinas como Centenario -que ya presentó ordenanza- y San Patricio del Chañar. A nivel nacional, la provincia de Entre Ríos encabeza el rechazo al fracking. Ya son más de 37 localidades que lo prohibieron. Además, el proyecto de rechazo presentado este año por organizaciones sociales, asambleas y partidos políticos fue tratado en ambas Cámaras, luego de la aprobación en Diputados de un texto que no convencía a los promotores de la prohibición, el Senado introdujo una modificación y el proyecto vuelve a la cámara baja. Mientras que en Buenos Aires se aprobaron nuevas ordenanzas en municipios comprendidos por la cuenca de Claromecó, el último fue Saavedra, que además de poner freno al fracking, también lo hizo a la gasificación subterránea de carbón. En tanto desde la Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromecó se impulsa la prohibición de ambas técnicas a nivel provincial también.

Con la basura a otra parte

Tras una dura disputa, la Asamblea Fuera Basureros logró que el Ejecutivo neuquino reconozca el carácter contaminante de las actividad que llevan adelantes las tratadoras. A fines del 2015 firmó un decreto en el que establecía que se debían realizar a no menos de 8 km de zonas urbanas y no menos de 5 de zonas productivas. La situación generó en 2016 un sinnúmero de confrontaciones entre vecinos, Subsecretaría de Ambiente y empresas. Plan de cierre definitivo, traslado y remediación del predio fueron los puntos que generaron mayor incertidumbre. El pico de tensión en el debate fue durante la Audiencia Pública de traslado de la empresa Comarsa -el basurero petrolero más grande de la Patagonia, inserto en la ciudad más poblada del sur del país-, donde se condensaron los reclamos ante la falta de claridad como alertamos en la audiencia pública.  Concluida esta, Comarsa y Servicios Ambientales de Neuquén, otra de las empresas del rubro, han comenzado a instalarse a unos 11 km de la ciudad de Añelo.

Por otro lado, la norma también se está violando en Añelo, el Parque Industrial de esta ciudad se erige a pocos metros de las casas, donde se están ubicando los basureros Treater e Indarsa, situación denunciada por la Asamblea Fuera Basureros. Un situación similar, ocurre con Real Work, asentada en las inmediaciones de Plaza Huincul.

Esta problemática aún tiene un largo camino por recorrer, ya que las empresas aún no dan garantías de cumplir con la reciente legislación y mientras que el gobierno provincial, junto a los municipios que tienen el poder de control y fiscalización no suelen hacerlo. Queda en manos de los vecinos y vecinas quienes junto a legisladores lograron poner el tema en agenda, hacer que se cumpla con el traslado, cierre definitivo y remediación.

Nacen nuevos espacios

Las asambleas de Vista Alegre, Centenario, Choele Choel, Beltrán y Villa Regina fueron parte de los nuevos espacios organizativos que se conformaron en el año. En el caso de las neuquinas, la importancia se encuentra en que resisten a los embates por las empresas y gobiernos en áreas ya conocidas. Mientras tanto, las del Valle Medio de Río Negro, se encuentran ubicadas en una zona de avance de frontera extractiva por la concesión de las nuevas áreas Chelforó y Regina, donde empresa y gobierno intentan llevar adelante etapas exploratorias.

Estos espacios se viene a sumar a los ya existentes: en Río Negro, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (Allen), Asamblea Socioambiental de Fiske Menuco (Roca); y, en Neuquén, la Asamblea Fuera Basureros, la Multisectorial contra la Hidrofractura, el activismo de organizaciones como la Confederación Mapuche de Neuquén, Tierra para Vivir, la Red Ecosocialista y los distintos partidos que trabajan la temática.

En la misma línea, junto a la organización Taller Ecologista lanzamos este año EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental), confluencia necesaria para dar batalla al megaproyecto Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales. Nos hemos puesto los objetivos de contribuir con herramientas, análisis y generación de condiciones de posibilidad para que una transición productiva emerja en las áreas afectadas por la actividad.

Una legislatura activa

La legislatura neuquina fue el centro de debates en cuanto a las consecuencias que genera la actividad petrolera. Al seguimiento y trabajo que se realizó para que los basureros petroleros sean erradicados de las áreas urbanas y productivas, la presentación del proyecto de limitar a la actividad. Como miembros de EJES, planteamos en el debate la necesidad urgente de generar zonas de preservación en lugares urbanos, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuches, territorios de densidad productiva no petroleras y donde se pongan en riesgo las fuentes hídricas.

El encuentro destinado a legisladores y concejales sobre “Salud, fracking y regulación”, contó con la presencia de médicas y especialistas destacadas del Concerned Health Professionals of New York, quienes expresaron la imposibilidad de convivencia con el fracking, debido al riesgo inherente para la salud humana. Ellas sistematizaron más de 500 estudios científicos sobre distintos impactos sanitarios que generó esta técnica en Estados Unidos, que revisados por pares. Ese compendio resulta un insumo indispensable para comprender el alcance y potenciales consecuencias de la aplicación de esta técnica.

Raúl Godoy, del PTS-FIT; Patricia Jure, del FIT; y Santiago Nogueira, de Libres del Sur, fueron parte de los diputados más activos ante las problemáticas que causa la explotación petrolera en la provincia.

Pensar global

En 2015 la eurodiputada de la derecha española Pilar Ayuso (PP) y el representante colombiano Mauricio Gómez (PL), se presentaron al Parlamento Euro Latinoamericano (Eurolat) una propuesta de declaración “oportunidades y desafíos del gas de esquisto”. La misma era un respaldo e impulso del fracking para ambas regiones. Frente a esto, unas 200 organizaciones de 20 países de ambos continentes impulsaron una serie de impugnaciones a la declaración, con las pertinentes recomendaciones. En el mismo se rechaza la técnica por su nocividad y se insta a aplicar el principio precautorio. Tras un debate que duró casi dos años se logró una declaración que rechaza el fracking, aunque no exige la inmediata moratoria, como era la posición sostenida por varias fuerzas políticas como el MAS boliviano, el PSUV venezolano, el PS chileno, el PT de Brasil, Alianza País de Ecuador y los grupos europeos Izquierda Plural y Los Verdes. Ese objetivo fue rechazado por una escasa diferencia, dada la división del voto de la socialdemocracia europea y la oposición de la derecha europea y latinoamericana, que fue acompañada por la delegación argentina. Este año la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) se dirigió hasta Montevideo donde dio nuevas sugerencias que lleven y alienten a las prohibiciones en ambas regiones. El resultado fue un duro informe que permite avanzar hacia el objetivo de expulsar a la técnica. Esta coalición de varias organizaciones y articulaciones latinoamericanas también presentaron el trabajo “Última Frontera” que mapea toda las consecuencias y resistencias que  existen en el continente ante esta actividad extractiva..

Por último, de manera informal, ya sobre el cierre del año, la empresa Total adelantó el cierre definitivo del pozo que había realizado dentro del Área Protegida Auca Mahuida y el traslado de la actividad por fuera su límite. En 2014 una delegación conformada por la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, Amigos de la Tierra Francia y OPSur se había presentado en la Asamblea de Accionistas de la petrolera francesa para denunciar la explotación de no convencionales dentro del Área.