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Nuevo reporte del IPCC: Cuánto queremos morir


Gerardo Honty / ALAI 

El Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) acaba de publicar un nuevo estudio sobre los impactos esperados del cambio climático. Este trabajo en particular analiza los distintos niveles de gravedad de esos impactos, si la temperatura media global aumenta 1,5º C o 2º C. Esto le fue solicitado al Panel durante la Conferencia de la Partes de 2015 al tiempo de firmar el Acuerdo de París. La Convención y había adoptado el límite de los 2º C seis años antes en Copenhague pero la ciencia advertía que esto era insuficiente, así que había que revisar la diferencia entre este límite y uno más exigente. El resultado del análisis es interesante pero raya un poco en lo absurdo: describe si el nivel de daño será catastrófico o muy catastrófico.

Este no es el primer informe del IPCC. Desde que el Panel se fundó en el año 1988, viene publicando y actualizando sus reportes y todos dicen sustancialmente lo mismo: las emisiones continuarán ocurriendo, la temperatura seguirá aumentando y la vida en el planeta será cada vez más insoportable. Los que hayan leído el documento presentado el pasado 8 de octubre no encontrarán muchas diferencias con lo que publicó el IPCC tan temprano como 1990:

“Sobre la base de los resultados de los modelos actuales predecimos lo siguiente: Que la temperatura media mundial aumentara en promedio, en el siglo que viene [siglo XXI], aproximadamente 0,3°C cada diez años (con una incertidumbre de 0,2 – 0,5°C por decenio), partiendo del supuesto de que las emisiones de gases de efecto invernadero se ajusten al Escenario A (“de seguir todo como hasta ahora”). Ello dará por resultado un aumento probable de la temperatura media mundial de aproximadamente l°C en el año 2025 y de 3°C antes de que finalice el próximo siglo. Se prevé que el aumento medio mundial del nivel del mar será de aproximadamente 20 cm en el año 2030 y de 65 cm a finales del próximo siglo.” (Primer informe de evaluación del IPCC, 1990)

Esto fue escrito hace casi 30 años. Las consecuencias de estos cambios en el clima traerán aparejados también estaban descritos con bastante certeza: reducción de la producción agrícola, pérdida de especies, destrucción de los arrecifes de coral, enfermedades, huracanes, y todo lo que sabemos desde entonces. Es decir, lo que hace este nuevo reporte es afinar un poco más el grado de avance de la metástasis: si ya tomó un 30 o un 33 por ciento de riñón, si afecta a la mitad o un poco más de la mitad de los pulmones, si llegará a tomar un 65% o un 75% del cerebro y si el paciente se morirá en 48 o en 72 horas. En eso estamos.

Vale la pena recordar que el IPCC fue creado por Naciones Unidas para ser el soporte científico de las decisiones que la Convención de Cambio Climático debería tomar en 1992 y en los años subsiguientes. Mirado a la distancia, y viendo el avance del cáncer, se podría decir que los médicos no leyeron los análisis. Y si los leyeron, parece que poco les importa el paciente.

Ahora el IPCC reporta que si la temperatura aumenta 1,5 en vez de 2 grados centígrados, el mar aumentará 0,40 y no 0,46 metros, que la población expuesta a calores extremos será 14% y ya no 37%, que el porcentaje de especies que se perderán será de 8% en lugar del 16% y que se morirá el 90% de los arrecifes de coral en vez del 99% que desaparecerá si la temperatura llega a 2 grados.  Casi 100 científicos de todo el mundo trabajaron arduamente durante más de dos años para establecer con la mayor certeza posible estas precisas diferencias para que los países decidan cuánto quieren morir.

Pero los países deciden que quieren morir del todo y cuánto antes. Desde aquél primigenio Informe de Evaluación del IPCC de 1990, el Panel ha publicado otros cuatro, el último en 2014. Cada vez afinando más el diagnóstico, el grado de avance de la enfermedad, el previsible próximo deterioro del enfermo y prescribiendo el tratamiento. La prescripción era clara en 1990 y siguió siendo clara en los sucesivos documentos: bajar las emisiones.  Pero todas las recetas emitidas fueron siendo cuidadosamente apiladas en los estantes de la Convención y desde 1990 hasta ahora las emisiones casi se duplicaron.

El paciente ahora fuma el doble de cuando le diagnosticaron el cáncer y los médicos se juntan a ver qué pasaría si le diéramos cigarrillos “light”, o si le pusiéramos un filtro de acetato, o hasta cuántos cigarrillos podría fumar sólo perdiendo la mitad de sus pulmones. No parece que sea necesaria precisión para determinar cuánto iremos a morir.

-Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social)

El nuevo presidente de Costa Rica prohibió los combustibles fósiles

“Tenemos la tarea titánica y hermosa de abolir el uso de combustibles fósiles”.

Por Joe McCarthy  y  Erica Sanchez

El nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció el miércoles [9/05] la prohibición de los combustibles fósiles, estableciendo al pequeño país como un pionero en la lucha mundial contra el cambio climático, según informó Telesur TV.

Más de 2,000 personas llenaron la Plaza de la Democracia en la capital San José para presenciar el anuncio histórico. Alvarado, quien oficialmente asumió el cargo el martes, subrayó su compromiso tras llegar en un autobús impulsado por hidrógeno.

“La descarbonización es la gran tarea de nuestra generación y Costa Rica debe ser uno de los primeros países en el mundo en lograrlo, si no el primero”, dijo Alvarado durante el evento.

“Tenemos la tarea titánica y hermosa de abolir el uso de combustibles fósiles en nuestra economía para dar paso al uso de energías limpias y renovables”, agregó.

Aún no se han dado a conocer detalles específicos del plan, pero Costa Rica se ha comprometido desde hace mucho tiempo a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, informa The Independent .

Actualmente, el país obtiene más del 99% de su electricidad a partir de energía renovable y el año pasado estuvo 300 días sin usar combustibles fósiles para la electricidad.

Hay algunas razones para el éxito de Costa Rica en el desarrollo de fuentes de energía renovables. La geografía del país le permite obtener el 78.26% de su energía de la energía hidroeléctrica, su población relativamente pequeña no requiere mucha energía, y su liderazgo ha reconocido desde hace tiempo la importancia de luchar contra el cambio climático.

Años antes de que el acuerdo climático de París obligue a los países a considerar objetivos neutrales en relación con el carbono, Costa Rica había establecido uno en 2011 para 2021 .

El nuevo anuncio de Alvarado aumenta el compromiso anterior. Convertirse en carbono neutral y eliminar los combustibles fósiles parecen objetivos similares, pero en última instancia son muy diferentes.

Convertirse en carbono neutral significaría que Costa Rica pueda reducir sus emisiones netas a cero invirtiendo en esfuerzos de eliminación de carbono: plantar árboles, expandir los humedales y desarrollar tecnologías de absorción de carbono que almacenen carbono. Prohibir los combustibles fósiles significa que Costa Rica quiere eliminar las emisiones de carbono por completo, un objetivo mucho más difícil de alcanzar.

Para alcanzarlo, el país tendría que prohibir los automóviles, autobuses y barcos a gasolina, una hazaña que ningún otro país ha logrado.

Países como China, India, Francia, el Reino Unido y Noruega han anunciado planes para prohibir la venta de automóviles propulsados ​​por gasolina, pero ningún otro país ha prometido sacar de la carretera a los vehículos que emiten carbono.

Aunque el objetivo de Costa Rica es radical en comparación con lo que otros países están haciendo, el acuerdo climático de París , que incluye a todos los países del mundo, excepto EE. UU. , básicamente requiere que las emisiones de carbono se eliminen rápidamente si las temperaturas mundiales suben menos de 2 grados Celsius por arriba de los niveles pre-industriales.

La llegada de Alvarado en un autobús impulsado por hidrógeno el miércoles muestra que está ansioso por tomar la iniciativa en este tema. En abril, prometió eliminar el transporte con gasolina y diesel para 2021, el año 200 de la independencia de Costa Rica, según informó Reuters .

“Cuando alcancemos los 200 años de vida independiente llevaremos a Costa Rica adelante y celebraremos que hemos eliminado la gasolina y el diesel de nuestro transporte”, dijo durante un discurso de victoria, según The Independent.

Global Citizen

Global Citizen realiza campañas para que los países mitiguen el cambio climático. Puedes tomar medidas al respecto aquí.

Petroleras: el negocio de la contaminación

Por Silvia Ribeiro*
La industria petrolera sabía desde hace más de seis décadas que estaba causando el cambio climático global. Además, patentó en ese periodo varias opciones de tecnología para energías renovables y otras que podrían haber disminuido el daño, pero no las desarrolló, porque los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) resultaban más rentables. Por si este crimen fuera poco, usaron, además, a los mismos investigadores que la industria del tabaco usó para negar por décadas los problemas de salud causados por fumar.

Aunque la industria petrolera siempre niega esa conexión, la organización Centro Internacional de Ley Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés), ha recopilado miles de evidencias, ahora publicadas en el informe Smokes and Fumes (Humo y gases), demostrando no sólo la conexión entre ambas industrias, sino que incluso fueron empresas petroleras las que diseñaron la estrategia y sugirieron investigadores a la industria del tabaco para engañar al público (https://tinyurl.com/ya2lapzd).

A partir de la década de 1950 en adelante, las industrias petroleras y tabacaleras usaron las mismas empresas de relaciones públicas y los mismos grupos de investigación, y también los mismos investigadores, explicó Carroll Muffett, presidente de CIEL, al presentar el proyecto. Una y otra vez encontramos que tanto las empresas de relaciones públicas y los investigadores, trabajaron primero para las petroleras y luego para las tabacaleras. Era como un pedigrí que las empresas tabacaleras reconocían y buscaban, añadió.

La estrategia en ambos casos seguía un patrón de negación de evidencias y de crear confusión sobre la realidad de daños e impactos, sembrando incertidumbre en el público y en comités políticos y judiciales, para que no se pudiera generar una política pública al respecto. Siguieron este modelo también con la negación de los impactos en salud y ambiente del plomo en la gasolina, el smog, la contaminación del aire, la toxicidad del benceno y otros casos.

Las evidencias recopiladas por CIEL, entre otras que han permitido atribuir el cambio climático a industrias específicas, como la de combustibles fósiles, han dado pie a iniciar una serie de juicios contra esas empresas por su responsabilidad en causar el cambio climático. Esto es algo que antes no se había intentado porque era difícil establecer legalmente la responsabilidad por los daños causados por el cambio climático en comunidades y regiones concretas a empresas específicas. CIEL muestra en su reporte que las industrias petroleras, por ejemplo ExxonMobil (antes como Standard Oil y Esso) recibían reportes desde la década de 1950 y 1960 sobre la relación causal entre los gases producidos por la quema de combustibles fósiles y el cambio climático.

Toda la industria petrolera, por conducto de su Instituto Americano del Petróleo, recibió informes constantes desde 1968 sobre los riesgos climáticos de sus producción. Desde 1980, la industria petrolera comenzó incluso a incluir los riesgos climáticos en los cálculos de rentabilidad y en el aseguramiento de sus activos. Pese a esto y pese a que el cambio climático ya estaba científica y notoriamente probado, desarrollaron desde 1990 una agresiva campaña de relaciones públicas para negar el cambio climático.

A finales de 2017, las ciudades de San Francisco y Oakland, así como varios condados de California emprendieron una acción legal contra las grandes petroleras Exxon, BP, Chevron, Conoco-Phillips y Shell por su contribución al cambio climático, y los daños que está causando a esas ciudades, en particular por la necesidad de crear nueva infraestructura para protegerse del aumento del nivel del mar. Además, acusan a las empresas de usar la misma estrategia que la industria del tabaco para desacreditar informes científicos críticos a sus actividades y ocultar intencionalmente la amenaza existencial para la humanidad causada por el cambio climático debido al uso y abuso de los combustibles fósiles. Se trata de demandas de miles de millones de dólares.

En enero de 2018, la ciudad de Nueva York inició otro juicio por responsabilidad civil contra las mismas cinco petroleras, por daños a la ciudad causados por el cambio climático, sumando nueve entidades entre ciudades y condados.

ExxonMobil respondió a las demandas con una campaña de intimidación, acusando legalmente a los fiscales responsables de las demandas y a una serie de funcionarios de esas ciudades, de una conspiración para atacar los derechos constitucionales de Exxon, una frase totalmente trumpiana, porque si hay alguien que ha hecho exactamente eso contra la población mundial, han sido estas empresas. A finales de marzo de 2018, la juez federal Valerie Caproni de Manhattan desechó la contrademanda de Exxon, por no existir materia para tal medida.

En Europa, Amigos de la Tierra de Holanda inició el 4 de abril de este año un juicio contra Shell (petrolera con sede en ese país) por su responsabilidad en el cambio climático, teniendo conocimiento de las consecuencias de su explotación desde hace 30 años. También porque sus actuales planes empresariales y de inversión, sabotean directamente el Acuerdo de París sobre cambio climático, ya que aseguran un aumento en la temperatura de cuatro grados para 2100. Esta demanda cuenta con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional, con miembros en 75 países, y está abierta a manifestar el apoyo de otras organizaciones e individuos (https://tinyurl.com/y73fvway).

Es apenas el comienzo. Hay un movimiento mundial para enjuiciar a las petroleras por causar el cambio climático, uno de los más graves crímenes ambientales contra la gente y el planeta.

* investigadora del Grupo ETC

Nueva Zelanda prohíbe la explotación de petróleo en alta mar

El gobierno de Nueva Zelanda anunció el pasado jueves la prohibición de nuevos proyectos de explotación de gas y petróleo. Esta decisión histórica es resultado de siete años de protestas públicas.

Al poner fin a la exploración de petróleo y gas, el recientemente elegido Gobierno de la Coalición ha puesto a más de cuatro millones de kilómetros cuadrados a salvo de cualquier nueva explotación de combustibles fósiles.

“Nueva Zelanda ha dado un paso histórico y ha logrado un gran avance para el clima, impulsado por las decenas de miles de personas que han luchado durante años para proteger nuestras costas de la exploración de petróleo y gas”, dijo el director ejecutivo de Greenpeace Nueva Zelanda, el Dr. Russel Norman.

“Esto envía un poderoso mensaje: estamos terminando la era del petróleo. Así como Nueva Zelanda lo hizo en 1987 cuando se declaró libre de armas nucleares y se enfrentó al poderoso ejército estadounidense, esto demostró un liderazgo mundial audaz en el mayor desafío de nuestra época: poner a las personas por encima de los intereses de las corporaciones petroleras y la búsqueda de combustibles  fósiles que generan y empeora el cambio climático”, continuó Norman.

Durante la última década, algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo han buscado explotar las reservas de combustibles fósiles de las costas aisladas de Nueva Zelanda. Shell, Anadarko, Petrobras, Statoil, Chevron y OMV se encuentran entre una lista de empresas extranjeras para realizar levantamientos sísmicos y perforaciones exploratorias en aguas profundas, que amenazan a los mamíferos marinos.

Compañías petroleras extranjeras han encontrado una fuerte resistencia del público de Nueva Zelanda, las comunidades indígenas y las ONG ambientales. En los últimos siete años, cientos de miles de personas han marchado, presentando peticiones y bloqueado en oposición a la exploración petrolera. El mes pasado, la primera ministra Jacinda Ardern fue noticia cuando aceptó personalmente una petición de Greenpeace firmada por 50,000 neozelandeses.

El gobierno de Nueva Zelanda continuará ofreciendo la región terrestre de Taranaki para exploración, y tampoco revocará ningún contrato de exploración existente.

Nueva Zelanda es uno de los primeros países en el mundo en realizar movimientos significativos hacia una prohibición permanente de la exploración petrolera. En los últimos años, la oposición pública al petróleo se ha convertido en un movimiento global, con notables campañas que incluyen oposición a la exploración de Statoil en Great Australian Bight, manifestaciones contra los planes de perforación de Total cerca del Arrecife del Amazonas y la batalla contra la construcción de nuevos oleoductos en América del Norte.

“La prohibición de Nueva Zelanda debería hacer que cualquier empresa que busque desarrollar proyectos extremos de explotación piense dos veces si es una apuesta que valga la pena tomar”, finalizó Norman.

En alianza con Greenpeace

KienyKe

Nueva Zelanda prohíbe la exploración de petróleo y gas en alta mar

Esta medida no afectará a licencias en vigor, ha anunciado la primera ministra del país.

Nueva Zelanda no emitirá nuevos permisos para la exploración de petróleo y gas en alta mar con el fin de cumplir su compromiso en la lucha contra el cambio climático, informa el medio local Stuff.

Actualmente hay 31 licencias de exploración de petróleo y gas, 22 de ellas en alta mar. La primera ministra, Jacinda Ardern (líder del Partido Laborista), anunció el pasado jueves que el nuevo reglamento no afectaría a 22 de ellas, que continuarán en vigor.

Asimismo, el Gobierno asegura que se respetará el derecho de las compañías a desarrollar cualquier descubrimiento comercial de petróleo y gas en alta mar. Lo que significa que la industria podrá continuar en el país por varias décadas más.

Además, Ardern señaló que también se regularía la concesión de licencias en tierra, generalmente en la región de Taranaki, en la Isla Norte, donde se concentra la mayor parte de la industria petrolera de Nueva Zelanda.

Lucha contra el cambio climático

“El gobierno de coalición está dando un paso importante para abordar el cambio climático y crear un futuro limpio, verde y sostenible para Nueva Zelanda”, declaró la primera ministra en la conferencia del pasado jueves con otros ministros y grupos ecologistas.

Greenpeace y la Sociedad de Protección de Bosques y Pájaros de Royal Zealand elogiaron la medida. Hubo reacciones negativas por parte del nuevo alcalde del distrito de Plymouth, Neil Holdom, quien calificó la prohibición de “una patada en las tripas”. La misma posición ha mostrado el legislador local del Partido Nacional, Jonathan Young, diciendo que se trataba de un “vandalismo económico”.

La política de Ardern se basa, en gran medida, en la lucha contra el cambio climático, que considera esencial para la seguridad de empresas y comunidades. Siendo un país libre de armas nucleares, el Gobierno de Nueva Zelanda pretende convertirse también en líder mundial libre de carbono.

Las autoridades también planean plantar 100 millones de árboles cada año y garantizar que la red eléctrica funcione completamente con energía renovable.

RT Actualidad

Energía y desarrollo en tiempos de ajuste, otros debates en el sistema de ciencia y técnica

En la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación, el ministro del área, Lino Barañao, arremetió contra quienes desde el ámbito socioambiental cuestionan el extractivismo. “La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”, fustigó, negándole asidero a esas críticas y asumiendo como conocimiento científico, válido, sólo aquel funcional al modelo. Sin embargo en el sistema nacional de ciencia y técnica también hay quienes enfrentan las posiciones hegemónicas y plantean un diálogo abierto con la comunidad para constriuir alternativas. Ejemplo de ello son las trabajadoras y trabajadores del INTI, que en el marco del conflicto por despidos masivos en el organismo, convocaron en Neuquén al conjunto de la sociedad a debatir otros rumbos. Compartimos la intervención que realizamos cuando nos invitaron a Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste.

Por Hernán Scandizzo1

En 2012, en el marco de un conflicto con la dirección del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las trabajadoras y trabajadores promovieron ámbitos de debate en la sede de Buenos Aires e invitaron a participar al Observatorio Petrolero Sur (OPSur). En aquella oportunidad destacamos el lugar central que tiene un organismo de la jerarquía del INTI para pensar y materializar -con el conjunto de la sociedad- el desarrollo tecnológico que demanda la transición hacia una matriz energética diversificada, limpia, democrática y descentralizada. Es decir, la relevancia y la necesidad de contar con un organismo como el INTI para la construcción de la Soberanía Energética. Han pasado más de cinco años y nuevamente las trabajadoras y trabajadores deben dar batalla ante los intentos gubernamentales de reducir el INTI a su mínima expresión. Y otra vez, ante una coyuntura adversa, convocan a proyectar colectivamente a pensar otros futuros, a resistir construyendo. En esta oportunidad, nos invitan para Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste. Un desafío mayúsculo, por lo complejo del binomio energía y desarrollo en sí, y más aún, en tiempos del empresario presidente Mauricio Macri.

Para empezar sería conveniente preguntarnos qué entendemos por desarrollo. Si lo entendemos como una continuidad -incluso sujeto a reformas- del modelo de crecimiento infinito en un planeta finito; o si entendemos que ese término alude a la vía para posibilitar una vida digna, con igualdad de oportunidades para realización individual y colectiva, asumiendo los límites del metabolismo planetario. En el OPSur queremos darle esta segunda interpretación, a pesar de que el término desarrollo para algunas corrientes de pensamiento ya no merece ser “rescatado” como una aspiración colectiva positiva.2 Ante esta invitación decidimos interpretar el término como la vía para construir otros horizontes civilizatorios, que a largo y ancho del planeta y de los pueblos se expresa con diferentes nombres y variables; enraizadas en los pueblos originarios del continente como el Sumak Kawsay, Kvme Felen, Suma Qamaña, Buen Vivir; o surgidas de las corrientes que marcaron las revoluciones del siglo XX, como el ecosocialismo.

Entendemos, entonces, que el desafío es pensar la energía en función de esos horizontes y no del extractivismo, por ejemplo, no pensar la energía como fuerza motriz para la megaminería. El proyecto minero La Alumbrera, en 2012, fue el mayor consumidor individual de energía eléctrica de Argentina, representó el 86% del consumo de Catamarca y el 35% del consumo industrial de todo el Noroeste del país. Una demanda que no guardó relación con los puestos de trabajo generados ni con los beneficios para las arcas provinciales; menos aún con la inocuidad ambiental publicitada. En 1993, Minera Alumbrera aseguraba que crearía 10.000 puestos de trabajo, mano de obra directa. Sin embargo, durante la fase de construcción de la mina, el momento de mayor demanda, se crearon 4.000 puestos de trabajo, según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Mientras que un estudio de la Universidad Nacional de San Martín, publicado en 2004, estableció que el empleo directo fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000, 2001, y 2002 respectivamente. Un cuadro que se completa con el marco regulatorio, reformado en la década de 1990, garantiza la apropiación privada de la renta.3 No queremos pensar la energía para seguir sosteniendo esa vía.

Es necesario también preguntarnos energía para qué, al plantear la promoción de la actividad industrial para reducir la incidencia del sector primario en la economía del país, es decir, para romper con el modelo dependiente del saqueo de los bienes comunes naturales. Por ejemplo, vale preguntarse si sería una alternativa promover la radicación de una planta para el procesamiento de aluminio primario, como lo es Aluar, instalada en Puerto Madryn desde la década de 1970.4 Si bien ésta genera en forma directa más de 2.300 puestos de trabajo,5 su consumo eléctrico equivale al de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes. Según proyecciones del INDEC, para 2017, la población de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, ascendía a 2.793.760; es decir que el consumo de Aluar equivale a casi el 54% de lo que consume el total de los habitantes de las provincias patagónicas. Mientras que si tomamos como referencia sólo a Chubut, la planta de aluminio primario casi triplica el consumo de toda su población, estimada en 637.913 habitantes.6 Aluar abastece el mercado interno y el resto de su producción, el 73%, se exporta. Y vale la pena dar el debate porque de avanzarse con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, se baraja promover la instalación de otra planta de tratamiento de aluminio primario, cuya producción no demanda el mercado interno, por lo que tendría como destino la exportación. Internalizando nuevamente el conjunto de la sociedad y la naturaleza los impactos de la generación de la energía y de la transformación del aluminio.7

Pero además de pensar para qué modelo productivo generamos energía, también creemos que es necesario asumir el acceso a la energía como un derecho básico, dado que impacta directamente en nuestras condiciones de vida. La energía como derecho y no como una mercancía, también implica determinar qué cuota de energía es necesaria para la reproducción digna de la vida, y cómo esa cantidad se vincula con el dinero y el mercado, es decir, si esa cuota podría recibirse sin pago alguno o no. Y asumir el acceso a la energía como un derecho básico resulta imprescindible en este contexto de aumento de las tarifas al consumo doméstico, cuyo impacto se acentuó con la quita del subsido al consumo energético, que era una forma de apropiación de renta por el conjunto de la población. Esto genera un incremento de la pobreza energética. Es decir, cada vez a los sectores de la población de menos ingresos, le insume una porción mayor de sus ingresos el acceder a la energía. Hay una transferencia de recursos de quienes menos tienen hacia los sectores más concentrado de la economía, como es el energético. Y esto queda a la vista cuando se estima que el aumento del gas en abril rondará el 40%, mientras el Ejecutivo Nacional pretende fijar la suba salarial en 15%. Son los sectores de menor poder adquisitivo los que hacen el mayor esfuerzo para abonar los tarifazos.8

Otro aspecto fundamental es asumir los impactos sociales y ambientales de la generación de energía, y no evitar la discusión con una cerrada negativa de la existencia de estos. Es necesario pensar el manejo de las fuentes para el contexto de crisis civilizatoria, no se lo puede pensar del mismo modo que décadas atrás, cuando la crisis no estaba planteada como en los términos actuales. La explotación del gas y petróleo contenido en Vaca Muerta es presentada como una oportunidad irrepetible de generación de divisas y “progreso”; pero también es una bomba de gases de efecto invernadero, cuya liberación a la atmósfera agravaría el problema del calentamiento global. Eso no puede ser obviado, no se trata de un detalle irrelevante. Los recursos totales estimados de la formación Vaca Muerta, junto a su similar Los Molles, ascienden a 19.900 millones de barriles de petróleo y 583 billones de pies cúbicos de gas, que representan alrededor de 50 mil millones de toneladas de CO2.9 Para tener un valor de referencia, el promedio anual de emisiones de dióxido de carbono per cápita en Argentina es de 4,58 toneladas.10

Cabe recordar que ya en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún, México, en 2010, la comunidad internacional acordó limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Para tener una probabilidad del 50 % de mantener la temperatura por debajo de este límite, el contenido de CO2 en la atmósfera debe ser mantenido en 450 partes por millón. Avanzar seriamente hacia esa meta es posible sólo si el 88 % de las reservas de carbón actualmente confirmados permanecen en el subsuelo, junto a una tercera parte del crudo y la mitad de las reservas de gas natural.11

Promover la desfosilización de la matriz energética ya no sólo forma parte del repertorio ecologista, es una necesidad para alcanzar las metas que se fijan en las cumbres climáticas internacionales, donde intervienen la mayoría de los gobiernos. Es una discusión que está planteada en el seno del capitalismo, en 2017 el Banco Mundial anunció que desde 2019 no financiaría proyectos de gas y petróleo, aunque no descarta excepciones para atender cuestiones energéticas de países en desarrollo.12 Que en nuestro país esta discusión no tenga un alcance masivo no significa que Vaca Muerta quede al margen de las metas climáticas y de las medidas que se tomen para alcanzarlas.

Es claro que la desfosilización de la matriz energética no sucede de un día para otro, que quizá por los próximos 40 años, el consumo de hidrocarburos siga siendo preponderante en la matriz, pero no podemos permitirnos pensar que con la sola disponibilidad de hidrocarburos tenemos garantizada la prosperidad de la cuenca Neuquina y la Argentina toda, dado que no se piensa en Vaca Muerta en términos de autoabastecimiento sino como la vía directa a la abundancia. Más que partir de la certeza de que tenemos la vaca atada, sería sensato contemplar la posibilidad de que en realidad la vaca está muerta, imaginar, promover otros horizontes productivos.

Sería saludable, también, por un momento, abrir la vista al mundo y asumir que Vaca Muerta no es el único mega reservorio de hidrocarburos que existe a nivel global. En el portafolio de proyectos de las trasnacionales que operan en el país, no necesariamente Vaca Muerta es el negocio más tentador. Entonces es necesario salir de la euforia y evaluar el proceso de transformación territorial que se está dando en el norte de la Patagonia para que desembarque una actividad cuyo alcance no se define en nuestro país. Es decir, se realizan ajustes espaciales aquí en función de decisiones finales que se toman en otros lugares, a varios miles de kilómetros, ni siquiera en Buenos Aires.

En los últimos 20 años, en más de una oportunidad el gobierno neuquino planteó, por ejemplo, la necesidad de la diversificación de la matriz productiva, ante la caída del horizonte de reservas y/o la merma de ingresos por la baja en la cotización de los hidrocarburos. Incluso en la segunda mitad de la década de 1990, en tiempos del Plan Neuquén 2020, cuando se impulsaba la diversificación con eje en la agroindustria,13 se advirtió que los impactos de la producción de hidrocarburos sobre el agua y el suelo imponían límites a esas aspiraciones. “Las emergencias ambientales -sostenía el informe- constituyen una evidente desarticulación en la relación sociedad–naturaleza, ya que resultan de la no consideración de la constante interacción entre los aspectos naturales, sociales, económicos y políticos referidos a la elevación de la calidad de vida. (…) [Esas] situaciones limitan y devalúan el efecto beneficioso de las actividades económicas para la provincia y amenazan las condiciones para un desarrollo sustentable, hecho agravado por la no renovabilidad de los recursos hidrocarburíferos”.14

En 2006 también lo advirtió el COPADE en el Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016. Y fue reiterado en 2010, en el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación. “Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.15

Sin embargo cuando los sectores críticos al desarrollo masivo de yacimientos no convencionales como la única vía para el “desarrollo” de Neuquén y Argentina, pusieron reparos, en sintonía con lo expresado años antes por el COPADE y el PNUD, éstos fueron caricaturizados desde ámbitos gubernamentales. Si en ese momento considerábamos central recordar las advertencias hechas por esos organismos, hoy todavía más lo ambiental debe ser central, dado que los contextos de ajuste, históricamente, implicaron dejar hacer a las empresas para reducir costos. Porque esa es la otra cara de la moneda, se ajusta por el lado de los y las trabajadoras y se relajan los controles ambientales.

Las consecuencias de ese dejar hacer son conocidas y de tanto en tanto emergen en los discursos oficiales en momentos en que desde el Estado se intenta presionar a las empresas en el marco de alguna negociación: prórrogas de contratos, pago de indemnizaciones por expropiaciones… En esas instancias se ponen sobre la mesa de negociación los daños y pasivos ambientales generados por las empresas, a pesar de existir una legislación ambiental aplicable y mecanismos públicos de control y fiscalización. Y no es un problema exclusivo de Neuquén, meses atrás, en el marco de una actividad organizada por las universidades Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Kassel (Alemania), en Comodoro Rivadavia, el ministro de Ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, afirmó: “el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”.16 Más allá de ser algo ‘sabido’, no dejaba de ser novedosa la confesión de parte.

Por otra parte, la promoción de Vaca Muerta como la gran posibilidad de dinamizar la economía del país, atrajo a la región contingentes de trabajadores que, en el marco del lento despegue de la explotación de no convencionales, no encuentran empleo. Esto ha dado lugar a la paradoja de que en Neuquén, que recibe la mayor parte de las inversiones en el sector petrolero en el país, se registran peores indicadores sociales que en Comodoro Rivadavia, donde se vive una retracción de la actividad por la merma de inversiones y trabajadores del sector se trasladan a los yacimientos del norte de la Patagonia, no siempre con contratos asegurados. A esa conclusión arribaron Silvya Bucci y César Herrera, investigadores del Observatorio Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, luego analizar estadísticas del Indec y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina del primer semestre de 2017.17 Si bien recientemente se conocieron nuevas mediciones con reducción de los índices, la tendencia se mantiene.

No podemos pensar la energía en un contexto de ajuste escindida de quienes la generan, a las personas que hacen posible que ésta fluya. La flexibilización laboral en el sector hidrocarburífero a través de la adenda del Convenio Colectivo de Trabajo, que se tradujo en una pérdida de ingresos y condiciones de trabajo, a cambio de la promesa de reactivación del sector. Tiempo atrás, en una entrevista a Sirley García, titular de la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, planteaba que en tiempos de baja del precio del barril de petróleo “se recortan las normas de seguridad para garantizar la rentabilidad”.18

En un contexto de ajuste, donde además de la flexibilización de las condiciones de trabajo, se producen despidos y jubilaciones anticipadas, las demandas de empleo de los sectores desocupados son una consecuencia directa. Una situación que se potencia con la llegada de trabajadoras y trabajadores de otros puntos del país atraídos por la promesa de bienestar con que se asocia a Vaca Muerta. Un conflicto social que además es presentado por las empresas como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Vaca Muerta, el otro son las demandas territoriales de las comunidades mapuche. En junio de 2017 la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) pidió terminar con los bloqueos a los yacimientos porque “perjudican a la economía de la región”, destacando que veían “con preocupación la última serie de medidas adoptadas por líderes de las comunidades Kaxipayiñ y Campo Maripe en áreas productivas de Neuquén”.19 “La CEPH hace un llamado a la reflexión e insta a los líderes de las comunidades a mantener la paz social como condición indispensable para el desarrollo de una actividad estratégica para el abastecimiento energético del país”, demandaba la entidad que agrupa a más de 30 empresas líderes del sector petrolero del país.

En sintonía, desde la prensa regional, se presentó a las demandas mapuche como una de las causales del estancamiento de Vaca Muerta y la caída de puestos de trabajo, en un contexto de cortes de ruta en demanda de puestos de trabajo.20 Echando combustible al fuego, y dirigiendo las responsabilidades sobre el eslabón más débil de la cadena, evitando analizar las responsabilidades tanto de las autoridades públicas como de las empresas en la generación de los conflictos.21

En ese marco de tensión, desde el gobierno nacional está claro en base a qué doctrina pretende resolver los conflictos sociales. Por eso también las alarmas que encendieron los intentos de calificar las demandas territoriales mapuche con actos de terrorismo, y la reciente decisión de incrementar la presencia de Gendarmería Nacional tanto en Neuquén, con acceso rápido a Vaca Muerta, como también en Comodoro Rivadavia, cabecera de la cuenca del Golfo San Jorge.

Más que plantear respuestas, la convocatoria a Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste, nos lleva a preguntarnos energía para qué desarrollo e intentar pensar el ajuste en varios órdenes, en relación a los derechos laborales, los derechos territoriales, el derecho a gozar de un ambiente sano -que ya no se puede seguir diciendo que es una demanda de “panzas llenas” dado que es imposible pretender calidad de vida en un ambiente tóxico, degradado. Para pensar y avanzar hacia esos otros futuros son muy necesarios los organismos de ciencia y técnica que planteen miradas y propuestas divergentes a la investigación modelada por el interés de lucro por parte de empresas trasnacionales, como en muchos sentidos hacen las y los trabajadores del INTI y la Universidad Nacional del Comahue.

Notas

1 La ponencia fue revisada y actualizada para esta publicación.

2 Para profundizar puede consultarse Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (2012). Más allá del Desarrollo, Ciudad de México, Fundación Rosa Luxemburgo – Ediciones Abya Yala.

3 Wagner, L.S. (2014) “Argentina en debate: Las paradojas del extractivismo”, en Marco Gandarillas Gonzáles [Editor General] Extractivismo: Nuevos Contextos de Dominación y Resistencias, Cochabamba, CEDIB, pp. 158-159.

4 J. Nudler. “Capitalismo abollado”, en Página/12, 31/08/2002.

5 C. Cisera. “Aluar”, en Salvador Di Stefano · Analista de negocios. (s/d).

6 Scandizzo, H. (2017) “Las luchas contra el extractivismo energético ante la encrucijada del capitalismo verde”, Punto de Debate Nº 12, agosto, BsAs, Fundación Rosa Luxemburgo.

7 La represa de Futaleufú se construyó para abastecer exclusivamente a esta planta de procesamiento de aluminio primario. Sobre los impactos sanitarios puede consultarse “Hugo Trovant: ‘El personal de Aluar sigue expuesto a carcinógenos‘”, Jornada, 16/03/2014.

8 Ver García Zanotti, G., Kofman, M., López Crespo, F. (2017). Ganadores y perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales. Informe Económico, Enlace para la Justicia Energética y Socioambiental.

9 di Risio, D. (2017), “Vaca Muerta Megaproject. A fracking carbon bomb in Patagonia”, EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, en Observatorio Petrolero Sur, 5/02/2018.

10 Emissions Database for Global Atmospheric Research (2017), Fossil CO2 & GHG emissions of all world countries. Joint Research Center, European Comission.

11 Heinrich Böll Foundation y Friends of the Earth International (2015). The Coal Atlas. Berlin / London.

13 Secretaría de Estado del COPADE (1997). Neuquén 2.020. Crisis y Oportunidad. Documento preliminar. Provincia del Neuquén, Patagonia Argentina.

14 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y Provincia del Neuquén (1998). Proyecto ARG/97/024 Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén. Resumen Ejecutivo.

15 PNUD (2010) El riesgo de desastres en la planificación del territorio, Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial, Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, Buenos Aires, p.313.

16 H. Scandizzo.“Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina”, Observatorio Petrolero Sur, 12/10/2017.

17 Bucci, S. y Herrera, C.V. (2017), Vaca muerta arranca pero no “derrama”, Observatorio Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur – F.C.E. – U.N.P.S.J.B., Comodoro Rivadavia. R. Nahuel Peña, “La desocupación de Trelew y Rawson trepó al 8,9%; es la más alta de la Patagonia y superó a la nacional”, El Extremo Sur, 26/03/2018.

18 Scandizzo, H. “Petróleo…

20 Hay 200 empleos frenados por el conflicto mapuche”, en La Mañana Neuquén, 2/07/2017. F. McDougall; “Para el intendente de Añelo, el reclamo mapuche puede atentar contra la actividad petrolera”, en iProfesional, 15/10/2017.

Histórica demanda judicial contra Shell en Países Bajos

Es por las omisiones de la empresa en materia del cambio climático

 

Comunicado de prensa

Ámsterdam, 4 de abril de 2018:  Amigos de la Tierra Países Bajos anunció que llevará a Shell a la justicia si hace caso omiso de los reclamos que le exigen poner fin a la destrucción del clima.

Donald Pols, director de Amigos de la Tierra Países Bajos, afirmó: “Shell se encuentra entre los diez mayores contaminadores del clima a nivel mundial. Desde hace más de 30 años la empresa es consciente de que provoca un peligroso cambio climático, pero continúa extrayendo petróleo y gas e invierte miles de millones de dólares en la búsqueda y desarrollo de nuevos combustibles fósiles”.

El caso cuenta con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional, que realiza campañas por la justicia climática para los pueblos de todo el mundo afectados por la energía sucia y el cambio climático. Amigos de la Tierra Internacional tiene 75 grupos miembros a nivel mundial y muchos de ellos trabajan para evitar que Shell continúe extrayendo combustibles fósiles en sus países.

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, comentó: “Este caso es importante para los pueblos de todo el mundo. Shell causa enormes daños a nivel mundial: el cambio climático y la energía sucia tienen impactos devastadores en todas partes, pero especialmente en el Sur Global. Con esta demanda judicial tenemos la oportunidad de que Shell rinda cuentas. ‘

El caso de Amigos de la Tierra Países Bajos es parte de un creciente movimiento mundial para hacer que las empresas rindan cuentas por su responsabilidad respecto del peligroso cambio climático. En enero, la ciudad de Nueva York recurrió a la justicia para exigir indemnización de las cinco principales empresas petroleras, entre ellas Shell, por las consecuencias del cambio climático. Las ciudades de San Francisco y Oakland, así como varios condados de California están haciendo lo mismo. Un campesino peruano presentó una demanda contra la empresa de energía alemana RWE por su responsabilidad en el derretimiento de los glaciares que se encuentran encima de su comunidad a causa del cambio climático. El caso de Amigos de la Tierra Países Bajos es único, ya que es la primera demanda judicial que exige que una empresa de combustibles fósiles haga algo en materia del cambio climático, en lugar de exigir una indemnización.

De ser exitosa, esta acción judicial pionera limitaría significativamente las inversiones de Shell en petróleo y gas a nivel mundial, obligándola a cumplir metas climáticas.

Nansen agregó: “Si ganamos este caso, tendrá consecuencias muy importantes para otras empresas de combustibles fósiles y abre la puerta a más acciones judiciales contra otros contaminadores del clima. Amigos de la Tierra Internacional quiere que se impongan normas vinculantes a las empresas como Shell que a menudo se consideran por encima de la ley, incluso en lo que respecta a las metas relacionadas con el clima”.


Portavoces:

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional
+598 98 707 161
 chair@foei.org

Lowie Kok o Marlijn Dingshoff, Amigos de la Tierra Países Bajos
móvil: +31 (0) 62 959 3883
oficina: +31 (0) 20 550 7333

Sara Shaw, Amigos de la Tierra Internacional
+44 (0)7974 008 270
press@foei.org

Más información

Amigos de la Tierra – Internacional

A cuatro años de YPF-Chevron la violencia sigue: aparición con vida de Santiago Maldonado

En el aniversario del acuerdo que permitió el avance del fracking en Neuquén y Río Negro, nos manifestamos en contra de la política económica de los gobiernos de Chile y Argentina, que contamina y destruye nuestros territorios y no permite el desarrollo de alternativas soberanas de los pueblos. Al mismo tiempo exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido por solidarizarse con la lucha mapuche.

Reunidos en el Lof (comunidad) Campo Maripe a cuatro años de la aprobación del acuerdo que la despojó de su territorio histórico, las organizaciones, referentes, intelectuales, docentes y periodistas abajo firmantes denunciamos la invasión del fracking en el territorio ancestral mapuche. La firma del acuerdo entre YPF y Chevron en el año 2013 significó el desconocimiento de los derechos de la comunidad, además de la negación del derecho a un ambiente sano para toda la población de la Norpatagonia. El posterior avance de la técnica del fracking en Neuquén, Río Negro y ahora Mendoza, amenaza zonas de producción frutícola, y áreas protegidas como Auca Mahuida, además de perpetuar una matriz energética altamente contaminante, basada en los hidrocarburos; en el uso y abuso del agua,  de la fauna, flora y en el avasallamiento de los derechos humanos y colectivos de los habitantes del lugar.

Vinculada al fracking viene la violencia estatal para imponerlo. Esta encuentra sus raíces en la represión en la Legislatura neuquina para imponer el acuerdo, a la vez que fueron quemadas tres ruka de la comunidad. Este marco no solo se ha recrudecido sino también nacionalizado con el gobierno de Macri, de la mano de la Gendarmería que intentó desalojar ilegalmente a las comunidades Campo Maripe y Futra Trayen en  junio.

La misma Gendarmería que es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado, militante social que se había acercado a solidarizar con Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) debido a la detención de su Lonko Facundo Jones Huala. Santiago está desaparecido desde el 1 de agosto por responsabilidad del Estado nacional, siendo el presidente Mauricio Macri, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti, responsables directos por la represión y por las sistemáticas irregularidades en la investigación. Por más que se quiera ocultar y desviar la atención del caso, no olvidaremos su situación ni dejaremos de exigir su aparición con vida, además del castigo a los responsables.

Esta criminalización es una condición necesaria para que el bloque empresarial-gubernamental del poder imponga de manera violenta el modelo capitalista que en su fase actual requiere del extractivismo como sostén del modelo político. Las organizaciones que nos reunimos en el encuentro “Territorio y Maldesarrollo” bien conocemos los efectos de este modelo que sin consulta previa se materializa en nuestros respectivos territorios en distintas actividades como la forestal, hidroeléctrica,minera, nuclear, agroindustrial, entre otras.

La violencia estatal no es una consecuencia sino una necesidad que tienen los gobiernos para imponer su agenda económica, de alto impacto para nosotros/as, las personas que habitamos estos territorios, así como de alta rentabilidad para los concentrados grupos del poder que se ven beneficiados por este modelo extractivo. La criminalización y represión de los sectores que nos oponemos a estas políticas se extiende tanto por parte del Estado chileno como argentino. Por eso hoy exigimos la libertad de Facundo Jones Huala, y el dirigente wichí Agustín Santillán, en Argentina; de la Machi Francisca Linconao y los procesados por el caso Luchsinger en Chile, así como de todas las y los presos políticos.

Desde el territorio mapuche exigimos a los gobiernos nacionales y provinciales el cese de la criminalización: que nos dejen de matar y desaparecer. Comunicamos a la sociedad chilena, mapuche y argentina que seguiremos en la construcción de nuevos horizontes de vida para transformar esta sociedad capitalista, racista y patriarcal por una más justa. En eso están puestas nuestras energías.

Puelmapu/Argentina

Biblioteca Popular Osvaldo Bayer

Maristella Svampa, investigadora principal del Conicet

Colectiva Feminista La Revuelta

Frente Popular Darío Santillan – Regional Alto Valle

Gabriela Wyczykier, investigadora y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del CONICET

Departamento Socioambiental Chico Mendes de UnTER

Iconoclasistas

Kalewche FM

Fundación Ecosur. Ecología, cultura y educación desde los Pueblos del Sur

Tierra para Vivir-Marabunta

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales (UBA)

MST Nueva Izquierda

Asamblea por el Agua Allen

Confederación Mapuche de Neuquén

Red Ecosocialista

Observatorio Petrolero Sur

Colectivo por la Igualdad

Asamblea Comarcal contra el Saqueo

Proyecto Allen

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)

Ngulumapu/Chile

Coordinadora Penco Lirquen

Fundación SOL

Centro de Estudios Sociales de Chiloé

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA

Parlamento Mapuche de Koz Koz

Mapuexpress

Red de Defensa de los Territorios

Red Ambiental del Norte- RAN

Agrupación de pequeños regantes y no regantes río Mostazal

América Latina

Censat Agua Viva (Colombia)

Edgar Mojica Vanegas, Departamento DDHH y Paz CUT (Colombia)

AUTE – Agrupación de Funcionarios de la U.T.E PIT-CNT (Uruguay)

04 y 05/08 | BsAs: Matriz energética y bienes comunes

MATRIZ ENERGÉTICA Y BIENES COMUNES | CONTEXTO: CAMBIO CLIMÁTICO, TRANSICIÓN JUSTA, DEMOCRACIA ENERGÉTICA

La crisis actual que involucra los niveles económico, político, social, cultural y ambiental ponen en tela de juicio, no sólo las estructuras económicas, sociales, políticas y ambientales adoptadas con el surgimiento de la economía de mercado, sino la idea misma del progreso que pretende imponer el sistema capitalista.

Como trabajadores estamos convencidos que pensar en desarrollo es pensar en el desarrollo de las personas, no en el de las cosas y esto nos lleva a dar el debate respecto del modelo de producción y consumo que tenemos, para plantearnos cuál es el que necesitamos y queremos.

La historia nos muestra que nuestras sociedades necesitan incrementar el flujo y la intensidad energética continuamente, para lo cual requieren de un sistema energético complejo, que no puede excluir considerar políticas públicas, conflictos sectoriales, alianzas geopolíticas, estrategias empresariales, oligopolios, desarrollos tecnológicos, relaciones entre energía y distribución de la riqueza, entre otros. En este contexto, la matriz energética es un subsistema importante, cuya discusión no puede ser reservada a unos pocos.

Las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo, por eso, proponemos al conjunto de los trabajadores y el pueblo la gestación de instancias de debate, de formación y generación de propuestas, que permitan abordar la planificación energética nacional desde una mirada que incluya el interés soberano del pueblo, las necesidades de las/los trabajadoras/res en esta nueva coyuntura y que a su vez sea respetuosa de nuestros bienes comunes y el ambiente.

Por ello, resulta urgente pensar y actuar para construir un sistema energético más equitativo, menos concentrado, más democrático y menos contaminante. Partimos del postulado que la energía debe ser un bien social y su libre disponibilidad, un derecho humano. Esta es una discusión que debe darse a nivel nacional pero también regional, y qué incluye cuáles son las fuentes de energía, a quién le pertenecen y cuál es modelo que alimentan. Es una discusión que también debe abordar el lugar que las y los trabajadores tendrán en el camino de la transformación hacia un modelo de desarrollo que sea sustentable, donde se garantice una transición justa para todos y todas.

En este contexto, el concepto de democracia energética nos permite plantear una transición energética que tienda a desmercantilizar la energía y a terminar con la captura corporativa de este sector, para pensar en un esquema de producción, distribución y consumo democrático, donde las comunidades y un sector público comprometido con la gente sean protagonistas. Se trata de alcanzar sistemas energéticos que sean socialmente justos, que permitan la universalidad del acceso, que generen puestos de trabajo de calidad y con derechos laborales y sindicales para las y los trabajadores.

Desde ATE y la CTA-Autónoma venimos participando de instancias regionales e internacionales para construir alternativas en este sentido. Ejemplo de ello son la PLADA y el TUED.  La Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) elaborada junto a la Confederación Sindical de las Américas (CSA) es una formulación política estratégica que tiene la relevancia de una herramienta elaborada en cuatro dimensiones: política, económica, social y ambiental que se encuentran articuladas para llegar a un desarrollo sustentable;  que plantea la reducción gradual del uso de los combustibles fósiles, la universalización del acceso a la energía, así como reconvertir aquellos sectores de la economía que más contaminan. A su vez desde la iniciativa Sindicatos por la Democracia Energética (TUED por sus siglas en inglés) que agrupa  centrales sindicales y sindicatos de rama, se viene proponiendo la necesidad de democratizar la producción, distribución y consumo de energía, planteando debates claves que debemos abordar.

LA SITUACIÓN NACIONAL

La lógica que adoptó el gobierno de Macri en materia energética es consistente con la llevada adelante en otros sectores. Bajo un barniz de capitalismo verde, sigue promoviendo el saqueo de recursos naturales para satisfacer la necesidad de ganancias de monopolios y oligopolios, sin importar la degradación del ambiente ni los costos sociales, sumergindo a amplios sectores de nuestro pueblo en la pobreza energética y el hambre. Para seguir funcionando, este modelo neoextractivista criminaliza la protesta, impone convenios colectivos a la baja en todos los sectores, mientras elimina las retenciones hacia los pulpos mineros y petroleros y compra tecnología llave en mano a las distintas potencias, dándole la espalda a los saberes acumulados por nuestros trabajadores/as en los últimos 70 años.

En lo que respecta a la energía eléctrica en nuestro país, los números muestran que, por ejemplo, en abril de 2017, la generación provino centralmente de la quema de fósiles (carbón, gas, fuel oil, gas oil) con un aporte del 66,9%; el 26,7%; fue generada por centrales hidroeléctica; las centrales nucleares aportaron un 4,4% y las fuentes renovables, principalmente eólica y solar un 2,0%. Estos porcentajes ponen en evidencia una matriz de generación de electricidad basada en la quema de hidrocarburos que se ha mantenido por décadas y es necesario modificar.

Si bien en septiembre de 2015 se reforzó el marco legal para reverdecer la matriz energética, sancionando leyes que tienen como objetivo lograr que la contribución de las energías renovables permita abastecer, al 31 de diciembre de 2025, el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, está claro que la discusión no puede reducirse al origen de las fuentes, también es necesario evaluar para qué y para quién será la energía que se producirá.

A modo de ejemplo, revisando datos del Ministerio de Energía y Minería encontramos que en el departamento de Andalgalá de la provincia de Catamarca, con apenas 20 mil habitantes, consumió un total de 850.647,60 MWh. La realidad es que esos habitantes no utilizaron esa energia. Fue devorada, casi íntegramente, por Minera La Alumbrera, una empresa de capitales suizos y canadienses que desde hace 20 años extrae toneladas de oro que exportan del país, dejando a cambio, terrenos degradados, así como ríos y tierra contaminados.

Para entender la magnitud del consumo de ese megaproyecto extractivo, vasta compararlo con los 1.780.897 MWh consumidos a nivel residencial, industrial y alumbrado público de provincia de Río Negro en todo 2015.

Los números son elocuentes. La Alumbrera utilizó casi la mitad de lo que consume toda la provincia de Río Negro que tiene alrededor de 700 mil habitantes.

Desde Comodoro Rivadavia, y después del temporal

A fines de marzo y principios de abril nuestra ciudad vivió un suceso climático de consecuencias gravisimas, que dejará profundas huellas en la forma de vida que sosteníamos hasta el momento.

Como vecinxs sentimos la necesidad de juntarnos y contar a otrxs vecinxs lo que vivimos y sentimos durante el temporal pero también la urgente necesidad de organizarnos para no sólo pedir explicaciones e información sino también ser parte de la reconstrucción de nuestras redes sociales, nuestro hogar, de la ciudad toda.

A partir de allí surgió el documento que adjuntamos y  que hemos redactado  con el sólo objetivo de trabajar por el bien común y exigir nada más y nada menos que nuestros derechos, con iniciativas y pensamientos que seguramente se potenciarán a partir del intercambio cara a cara.

Este es un primer paso, un llamado a espacios donde la comunidad enriquezca sus propuestas y proyectos comunitarios.

Estos principios para la reconstrucción serán planteados ante el Concejo Deliberante y el poder Ejecutivo.

Quien desee enviar su adhesión puede escribir a reconstruimoscomodoro@gmail.com

Seguiremos en contacto con lxs vecinxs para poder consensuar una fecha de reunión.

Vecinas/os redactoras/es del documento:

Mónica Baeza,
Liliana Murgas,
Zulma Usqueda,
Mauricio Yañez.

DESDE COMODORO RIVADAVIA

“y después del temporal”

LAS/LOS VECINAS/OS y Organizaciones abajo firmantes queremos compartir nuestra profunda preocupación acerca de la tarea de reconstrucción de Comodoro Rivadavia, luego del temporal padecido, cuya magnitud desbordó toda infraestructura disponible, afectándonos directa e indirectamente de un modo intenso, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad, alterando la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Estamos frente a una crisis en el contexto del desastre del cual no hay registro en la historia de la ciudad. Las crisis dividen a las personas en un antes y un después. Se escucha decir “…Comodoro no es el mismo después de este temporal”. Sin embargo , más allá del impacto negativo creemos que las crisis también son oportunidades.

Reparar, reconstruir, algunos dicen “ refundar”: en todo caso tres instancias de las que no queremos ni podemos estar ajenos como sociedad civil, tanto en la evaluación del daño como en la planificación y la puesta en acción.

EVALUACIÓN

El temporal afectó gravemente los bienes materiales de las familias y comunidades pero sin duda lo peor ha sido la pérdida de vidas involucradas directa e indirectamente en la catástrofe. En este marco nos preocupan también los efectos psicosociales producto del impacto de los hechos climáticos padecidos y de las sucesivas decisiones erróneas u omisiones que dejaron al descubierto una ciudad desprotegida, por el deficiente planeamiento urbano, pensado a corto plazo, y sin contemplar situaciones de alto riesgo como la que acabamos de vivir.

Nos inquieta el impacto emocional: el sufrimiento devenido en estrés experimentado aún hoy, el empeoramiento de las condiciones de vida, la desestructuración familiar que se potencia ante la adversidad, además de los comportamientos sociales generados por el miedo o la fragmentación social provocada por los prejuicios y el individualismo. De la misma manera nos preocupa el sentimiento de amenaza ante riesgos futuros, la desconfianza y la desorganización en el ámbito social ante la ausencia de referentes fiables.

Los hechos dan cuenta de la falta de información concreta y precisa de las acciones que se fueron desarrollando antes, durante y después del temporal. Pese al esfuerzo sobrehumano de muchos agentes municipales y provinciales , ha sido evidente la falta de coordinación de los trabajos en las calles, y a este escenario se han sumado los rumores y denuncias sobre el sistema de distribución de los recursos en el Predio Ferial, contribuyendo a la pérdida de confianza y credibilidad de las acciones institucionales.

En este marco nos detendremos en los sectores más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes, y nuestros adultos mayores. Como plantea UNICEF, consideramos que su resguardo se “orienta a la continuidad de los procesos de desarrollo y sus actividades en la sociedad a corto, mediano y largo plazo” (UNICEF,2008). Por eso expresamos que el trabajo sobre la urgencia no tape otras necesidades, en particular y como primera instancia, la de abordar el impacto producido por la inclemencia padecida. Nos inquieta saber que los organismos e instituciones que integran el Sistema de Protección a la Niñez, Adolescencia y Familia en Comodoro Rivadavia están desmantelados, con escasos recursos profesionales ,advirtiendo la dificultad para realizar un abordaje integral de esta tarea de contención y reconstrucción subjetiva, que hasta el momento no parece prioritaria.

Aún así conscientes de que la obligación del Estado es velar por los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas, reclamamos que se implementen acciones con urgencia, organizando estrategias de reparación psicosocial, orientadas a abordar las consecuencias del suceso traumático que se vivieron durante la catástrofe.

Por otra parte destacamos la actitud de servicio y desprendimiento de tantos y tantas comodorenses dentro y fuera de la ciudad, vecinos solidarios, y organizaciones de todo tipo que accionaron ante el vacío generado por el estado. Una mención especial merece la tarea desarrollada por los jóvenes. No podemos expresar más que elogio, admiración, y mucha esperanza, palabra que nos sobrevuela reiteradamente cada vez que pensamos en ellos . También destacamos la unión de voluntades políticas partidarias disímiles, en tiempos de total fragmentación, lo que nos alienta a pensar y soñar en que podamos construir un país distinto -aunque nos pese la sombra de un año electoral que pueda incidir negativamente en las mejoras que exigimos.

PROPONEMOS

La experiencia nos indica que transitado el momento crítico es posible que la noticia pase a segundo plano y los compromisos asumidos se diluyan con el tiempo y el cambio de las gestiones políticas. Por ello, desde nuestra posición de sociedad civil organizada, solicitamos y proponemos:

  • Un plan de acciones a corto, mediano y largo plazo en el que se incluya a la comunidad en su conjunto mediante algún mecanismo participativo tal como un Consejo Social u otro, que esté integrado por representantes de diferentes sectores: instituciones, sociedad civil, fuerzas políticas . El objetivo es proyectar una sociedad equitativa, sustentable, justa y dispuesta a reconstruirse en la diversidad. . Una de sus tareas sería la de solicitar información sobre los fondos destinados a la instancia de reconstrucción destinados a proyectos de investigación vinculados a la realidad de la ciudad y a obras de reparación y desarrollo de la misma.
  • Otra de las tareas de este espacio sería establecer un registro de nuevas actividades económicas sustentables y proyectos que colaboren con la ansiada y necesaria diversificación que ya no puede esperar.
  • Un Diagnóstico de situación basado en una evaluación crítica del daño ocasionado en todos los órdenes. Un relevamiento ordenado, veraz y ágil, realizado en el menor tiempo posible. El mismo debe estar a cargo de un equipo profesional serio y competente, conformado por distintos sectores. La información debe ser brindada públicamente en forma periódica. Debe contener información sobre daños en viviendas, calles, conexiones de agua, luz, cloacas, evacuados, autoevacuados, espacios públicos.
  • Se garantice la participación de profesionales representantes de los ámbitos académicos y científicos de la ciudad, región y país para planificar la reparación y reconstrucción sobre bases técnicas serias, sólidas y fundamentadas. Universidades, Institutos de Formación, equipos técnicos, Colegios Profesionales, Sindicatos, son imprescindibles para pensar una propuesta integral y estratégica para la ciudad.
  • Que organismos gubernamentales convoquen, acompañen, fortalezcan, las acciones propuestas por la sociedad civil para evitar su discontinuidad, como ocurre con frecuencia con obras o programas que solo duran una gestión.
  • .Se diseñe un plan racional de ocupación del territorio, reubicación de viviendas, determinación de un estado del suelo antes de la construcción de cualquier barrio o asentamiento. Es preciso un estudio de las condiciones del suelo, que permita fundamentar las medidas a realizar en relación a las grietas y zonas inundables. También pedimos conocer información técnica del comportamiento del soterramiento del Cerro Chenque y de su situación actual. Advertimos sobre las graves falencias de las obras hídricas como pluviales, por ello solicitamos se analice junto a los afectados las fallas, y las posibles soluciones a cada caso.
  • Debido a la grave situación económica, signada por la recesión, la inflación y la pérdida sistemática de puestos de trabajo en todos los sectores solicitamos la anulación de los aumentos en los servicios públicos, tales como agua, energía eléctrica, gas y transporte. Asimismo consideramos que se garanticen los puestos de trabajo actuales sin ningún tipo de condicionamiento.
  • Solicitar la creación de líneas crediticias accesibles, con tasas de interés bajas, destinadas a acompañar los procesos de autoconstrucción de viviendas; se fomenten y fortalezcan las cooperativas de trabajo y viviendas destinadas a atender la grave situación habitacional que antes de la catástrofe ya afectaba a por lo menos 14 mil comodorenses.
  • Se instrumenten medidas de prevención que garanticen el acceso al agua potable de calidad en las instituciones públicas, en particular las escuelas. Se solicita que con el fin de cuidar la salud de la comunidad se garanticen los recursos necesarios para el eficaz saneamiento, como así también se suministre agua que no comprometa la calidad de vida de la población.
  • Exigimos el tratamiento inmediato del proyecto de ordenanza “El agua como derecho humano”, que propone la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones asociadas al manejo de este Bien Común. El proyecto se encuentra archivado desde 2012 en el Concejo Deliberante.

La propuesta de la participación no es un mero discurso ni una formalidad a cumplir ,es un requisito de nuestra democracia y debe ser considerado un hecho de ciudadanía imprescindible para comenzar de nuevo y sentar otras bases vinculadas a valores éticos tales como el respeto hacia sí mismo, hacia el otro como prójimo y vecino , por la diferencia en todas sus formas, por la naturaleza y el ambiente, cambiando el paradigma consumista por un sistema de ideas que nos ayude a crecer comunitariamente y en paz, con los derechos básicos a disposición de todos, sin distinción de procedencias ,etnias, culturas, género ,generaciones y nivel social.

22 de abril de 2017

Día Internacional de la Madre Tierra”

En nosotros está la capacidad creativa y colectiva de revertir la historia”

Enviar ADHESIONES a: reconstruimoscomodoro@gmail.com

El presente documento , será presentado a las autoridades del ejecutivo y legislativo tanto municipales como provinciales y difundido por los medios.

Apellido y Nombre–Organización (si perteneciere)-Barrio-