Gustavo Lahoud, experto en geopolítica de la energía y energías renovables y militante de Unidad Popular, analiza la política de Macri y proyecta la de un posible gobierno de Alberto Fernández. Sostiene que Cambiemos deja un saldo de grave deterioro del acceso al Derecho Humano a la energía, por su política “rentística y mercantil, profundamente desequilibrada y excluyente”; y subraya la necesidad de desarrollar un debate sobre la transición energética.
Por: Felipe Gutiérrez Ríos / Fotos: Vaca Bonsai
La coyuntura eleccionaria da pie para analizar lo que han sido los cuatro años de gestión macrista, en particular en materia energética, y poder proyectar las modificaciones que podría traer un cambio de gobierno. Gustavo Lahoud, experto en la temática energética y miembro de Unidad Popular, organización que es parte del Frente de Todxs, ha seguido el devenir de la administración macrista a la que califica de “cortoplacista y excluyente”. Sostiene la necesidad de ligar la política energética a un rediseño de la matriz productiva del país, que pueda superar la discusión de desarrollo o ambiente. “Debemos encarar una dinámica de reprogramación de todos los sectores productivos de la Argentina, pensando a la vez que eso tiene que impactar en un nuevo orden territorial que sea beneficioso para las poblaciones. Nuestros sectores productivos, en el que incluyo a la energía, tienen que poder incorporar capacidad de previsión sobre lo que puede generar su propio proceso productivo en términos de externalidades negativas hacia el ambiente y la sociedad. Esto es urgente porque esta mayor agresión que vemos sobre la naturaleza se puede tornar insostenible en unos cuantos años. Entonces necesitamos de una voluntad política que no existió en el gobierno de Macri”, señala.
-¿Cómo caracterizarías la política energética del gobierno de Cambiemos?
La política energética de Cambiemos partió de un diagnóstico enfocado en la necesidad de aumentar la disponibilidad de energía en el corto plazo. Para ello, puso en marcha una serie de políticas orientadas a ese fin tanto en el subsector hidrocarburífero como en el eléctrico. En lo que respecta a gas y petróleo, se implementó un esquema de incentivos centralizados en la producción no convencional de Vaca Muerta. En ese sentido, se confirmaron nuevos subsidios a la extracción de gas no convencional, mientras que se generaron las condiciones para sostener un proceso de fuerte inversión en la cuenca neuquina con el objetivo de orientar la mayor producción futura a un nuevo ciclo exportador hacia la región y hacia nuevos mercados. La contracara de ello fue que se produjo una desinversión mayor al 30% en los reservorios convencionales de gas y petróleo, que siguen en una situación de estancamiento productivo. En lo que respecta a la energía eléctrica, se avanzó en la promoción de nueva oferta eléctrica disponible de origen térmico, dirigida a las grandes empresas del sector, al tiempo que se realizó un proceso de transferencia de toda la comunidad hacia un selecto grupo de empresas energéticas, que se instrumentó a través de un brutal tarifazo basado en un esquema de dolarización de los precios mayoristas de la energía. Ese mecanismo, luego de cuatro años de gobierno de Cambiemos, deterioró gravemente el acceso a la energía como bien común y Derecho Humano garantizado a toda la población, de manera tal que esa mayor disponibilidad se consolidó a costa de la pérdida de accesibilidad. En conclusión, la política energética ha sido rentística y mercantil, profundamente desequilibrada y excluyente.
-Qué se podría esperar de la política energética de un posible gobierno de Alberto Fernández
Las expectativas sobre un eventual gobierno de Alberto Fernández son medianamente optimistas. En primer lugar, es fundamental atender la emergencia tarifaria, frenar nuevos ajustes, pesificar las tarifas y salir de este esquema de dolarización de precios mayoristas. Sobre este camino, muy probablemente se encaren soluciones que permitan salir de esta grave coyuntura. En segundo lugar, podría esperarse la consolidación de una política hidrocarburífera centrada en el rol estratégico de YPF en todo el sistema. En este caso, resultaría fundamental incrementar inversiones destinadas a los yacimientos convencionales y poner en perspectiva un debate abierto y sincero sobre Vaca Muerta. Las señales oficiales al respecto, indicarían que se busca profundizar un camino de fuerte inversión para garantizar producción a escala de petróleo y gas no convencional para consolidar una salida exportadora, aunque con una estructura productiva que incentive agregado de valor nacional y con una mirada sobre el debido resguardo de la dimensión ambiental. Sin embargo, el deterioro de las condiciones de trabajo a partir de la flexibilización de los convenios colectivos y el aumento del ritmo productivo con todo lo que ello implica, abre serios interrogantes sobre la sustentabilidad de un escenario productivo ligado a Vaca Muerta. Por último, debemos instalar un fuerte debate sobre la transición energética hacia un nuevo modelo productivo que nos permita salir de un extractivismo sin destino que agrava las condiciones de vida de la comunidad. En ese sentido, los objetivos de profundizar la diversificación de fuentes alternativas de producción de energía basadas en las renovables – que está en línea con la orientación hacia el logro de mayores estándares de eficiencia energética – y la consolidación de un proceso de integración energética regional bajo premisas de complementariedad y reciprocidad serían caminos que podrían explorarse.
-Más allá de la coyuntura actual, ¿crees que hay una crisis energética en la Argentina? ¿Por qué?
Estimo que hay una crisis energética vinculada a un componente estructural nunca resuelto, que tiene que ver con la dependencia brutal de los hidrocarburos en nuestra matriz de generación primaria de energía, que se vuelca fundamentalmente al gas. Y esta gran dependencia, que está por encima del 85%, determina un escenario de extractivismo permanente y una problemática asociada a la mala distribución de los resultados de la explotación hidrocarburífera. Esto genera toda una situación de conflictividad sobre el resto de los sectores, como el subsector eléctrico, que depende en buena medida también de la disponibilidad de gas natural, que es un recurso que hoy está en pleno debate a partir de los proyectos de gas no convencional de Vaca Muerta y se está sosteniendo con incentivos de muy difícil apoyo en términos de cómo fueron las experiencias pasadas en la Argentina.
-¿Cómo entran las energías renovables en ese esquema, cuál es su potencial?
La Argentina tiene un gran potencial. Si pensamos las distintas regiones de nuestro país, desde la region cuyana, pasando por la puna jujeña, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, tenemos un conjunto de posibilidades para desarrollar alternativas que pasan por la energía eólica y solar fotovoltaica. Tenemos intensidad de vientos y niveles de radiación solar que hacen posible la incorporación de esas fuentes en un rediseño de toda la matriz. También tenemos la posibilidad de encarar con mayor intensidad un trabajo importante en lo que hace a la bioenergía en toda la franja territorial vinculada al centro del país, en la pampa húmeda. Además de pensarse en un cambio de la lógica productiva del agronegocio, puede darse un escenario para la producción de bioenergia a partir de los desechos orgánicos, que pueda tener una mayor eficiencia y menor impacto ambiental, junto con un menor riesgo en la seguridad del abastecimiento energético.
Si pensamos, entonces, en todas estas fuentes junto con la de los pequeños aprovechamientos hidráulicos, entre 30 y no más de 50 MW, que también se han desarrollado ya en algunos puntos del país, tendríamos una primera imagen de hacia dónde podríamos avanzar bajo un esquema de complementariedad de fuentes, con todo el resto de las energías de base.
-¿Cómo fue el desarrollo de renovables durante el gobierno de Cambiemos?
La gestión de la incorporación de energías renovables de manera perdurable bajo una lógica neoliberal tiene, para mi, dos problemas. Por un lado, es que esa incorporación de los proyectos renovables se hizo a través de un esquema que garantiza la compra de energía a quien la va a operar por veinte años y, además, con una tasa de indexación de 1.7 por ciento anual en dólares. Es decir, es un esquema que funciona bajo una fórmula de dolarización de los precios mayoristas de la energía, lo cual se da de patadas con un país que debe recuperar justamente capacidad de maniobra y costos de producción reales, que tengan que ver con su propia lógica productiva, y no reproducir lógicas que incorporan el riesgo de actores externos, que es lo que termina haciendo esta visión neoliberal.
Y por otra parte hay otro componente que va más allá del financiero que tiene que ver con la falta de preparación integral del sistema energético nacional, al punto que uno puede encontrarse con proyectos listos para ponerse en operación, pero no tenemos la inversión en términos de transmisión en alta y media tensión que puedan viabilizar ese despacho de electricidad para la red del Sistema Interconectado Nacional. Esto es la prueba en definitiva de la falta de planificación integral que ha primado en los últimos años en materia energética. Esos problemas deben ser resueltos a partir de la eliminación de una lógica financiera y mercantil en la gestión de las renovables.
-¿Por qué sería importante que el Estado tome un rol protagónico en esta materia?
El Estado tiene que tener un rol protagónico en materia de la discusión de la planificación energética, por un lado, porque desde el punto de vista histórico, en la Argentina todos los procesos en los que nuestra comunidad ha tenido una mayor implicancia o participación en materia de la discusión del debate de la energía, han estado protagonizados por estados, que decidieron crear las condiciones para que se pudiera invertir en infraestructura en mediano y largo plazo. Y por otro lado, porque es el Estado el que generó y puede generar las condiciones para que la decisión sea realmente federal, sea realmente nacional, incorpore a todos los sectores a una lógica que tiene que reproducir esta idea de mandatos. Esto significa que un mandato legal, por ejemplo la Ley de Energías Renovables, puede desarrollarse mucho más eficientemente si hay una voluntad política y posibilidad técnica para desarrollarlos.
Finalmente no hay que dejar de considerar que hay un montón de experiencias particulares que se están dando en diversos puntos de nuestro territorio, donde se están probando alianzas entre distintos actores y tratando desarrollar nuevos esquemas de producción de energías renovables, a muy pequeña escala. La experiencia internacional, particularmente en el caso de la Unión Europea, demuestra que solo desde una planificación estatal centralizada, pero que en el caso argentino incorpore la agenda de las jurisdicciones provinciales y municipales de manera coordinada, va a poder incorporar ese tipo de fuentes.
-Más allá de las fuentes energéticas, ¿cómo ves el esquema de consumo en ese modelo?
La problemática del consumo energético en la Argentina está también muy impactada por esa alta dependencia de los hidrocarburos. Fundamentalmente porque hay tres grandes sectores. Uno es el transporte, que está muy ligado al uso intensivo de los derivados del petróleo y por tanto es ineficiente y contaminante. Después tenés el sector industrial que tiene que encarar una reforma integral, por una parte, de mayores patrones de eficiencia energética, y por otra, una transformación vinculada a las nuevas estrategias de diversificación energética. Por último los hogares y los usos comerciales que están muy impactados también por una falta de apoyo público en términos de poner generar modos diversos de producción de energía. Esto recién en los últimos tiempos se han logrado instalar a partir de experiencias de Europa pero no forman parte del debate relevante de la Argentina.
Nosotros tenemos que asegurar un escenario de acceso universal a la energía, con precios accesibles, que permitan que buena parte de la población pueda acceder a esa energía, en condiciones equitativas, y que se puedan plantear escenarios de penalización por consumos suntuarios o inadecuados de energía, que sobre todo pueden impactar en los sectores más altos de la sociedad. ¿Esto qué implica? No hay que decirle que no a la palabra subsidios cuando hablamos de la distribución de energía en un país desigual como la Argentina, al contrario. Los subsidios deben ser parte de una política permanente de los gobiernos pero deben poder encararse de tal manera que aseguren, por un lado, un acceso a la energía por parte de la población más desfavorecida y que, por otro lado, implique que la energía como tal, para todos los ciudadanos, sea un bien razonablemente asequible, es decir, que se lo pueda pagar.
La idea es vincular lo razonable del acceso con una determinada tasa de ganancia de un actor privado, que está en línea con lo que llamaríamos una ganancia normal, y nos cuesta mucho poder pensarlo, porque en Argentina nos hemos acostumbrado a que los sectores hidrocarburíferos tengan ganancias extraordinarias. Cuando no la han tenido por captura de renta, la han tenido vía subsidios a la oferta, que es otro elemento que hay que analizar también, porque si no se trata conjuntamente no se puede hablar de manera seria de la problemática de los subsidios.
-¿Crees que estos distintos elementos pueden condensar en un proceso de transición energética?
Pienso que tenemos que crear ese camino hacia la transición energética y ahí veo a la eficiencia energética como un nexo fundamental. La idea de eficiencia, desde mi óptica, tiene una función de carácter pedagógico, instructiva, cultural, que debe ser pensada a largo plazo e implique que toda la población sea incorporada a hábitos crecientes de cuidado de la energía, porque cuidar la energía es cuidar el ambiente. Esto, además, debe implicar toda una reflexión en torno a cómo ir cambiando las cadenas de valor y la forma en que se genera valor, de manera tal que desde ese lugar, podamos discutir cuánto mejor sería un sistema si vamos incorporando fuentes de energía renovables bajo esta lógica de complementación de fuentes. El esquema que deberíamos plantear, entonces, es un puente desde la eficiencia energética hacia el escenario de transición paulatina de todas las matrices de generación de energía incorporando fuentes renovables.
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Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.
