La justicia ecuatoriana ratifica millonaria sentencia por la contaminación en la Amazonía
La petrolera ha sido condenada en todas las instancias de la justicia ecuatoriana por contaminar más de 450 mil hectáreas en la Amazonía de ese país. Sin embargo, la compañía insiste en evadir el pago, en una escalada judicial que llegó a Argentina el año pasado y que amenaza con dejar sin remediación a los 30 mil indígenas y campesinos afectados por la acción de la petrolera.
Se le acabaron las instancias judiciales a Chevron en Ecuador. La petrolera norteamericana había interpuesto un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, el máximo tribunal del país, contra la sentencia de un tribunal provincial que, en 2011, la había condenado a pagar 19 mil millones de dólares a los 30.000 indígenas y campesinos afectados por la acción de Texaco en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía. La petrolera había sido comprada en 2001 por Chevron.
El dictamen de la Corte Nacional de Justicia ratifica las sentencias de primera y segunda instancia, sin embargo elimina el castigo por daños punitivos, que obligaba a la empresa a pedir disculpas públicas, y rebajó la pena a unos US$ 9.500.000 debido a que la figura de daños punitivos no existe en el ordenamiento legal ecuatoriano. El fallo, sin embargo, ratifica todos los argumentos del tribunal provincial y rechaza los interpuestos por la petrolera.
“Es una decisión que no nos sorprende, pues estamos respaldados por la verdad. La evidencia científica que ratifica el daño causado por la petrolera es abrumadora y no queda duda de aquello. Éste, además, es un paso importante de la búsqueda de justicia en favor de los verdaderos afectados, las víctimas que durante estos 20 años han debido ver morir a los suyos, solo porque a la petrolera se niega a responsabilizarse de sus actos y acatar las decisiones de los órganos de justicia”, dijo el abogado de los afectados, Pablo Fajardo.
Por su parte James Craig, asesor de comunicación de Chevron, señaló que “la única decisión adecuada que la Corte Nacional de Justicia pudo haber tomado sobre el Recurso de Casación presentado por Chevron hubiese sido declarar nulo el proceso de Lago Agrio y dejar sin efecto la ilegítima sentencia”, según reproduce el diario ecuatoriano El Comercio. La petrolera ha intentado evitar el pago de la sentencia iniciando un juicio en un tribunal de Nueva York en el que acusa de extorsión y fraude a los demandantes y de falsear informes medioambientales. Para Juan Pablo Sáenz, abogado de los afectados en el juicio en Nueva York, este caso “está sustentado sobre las mismas denuncias falsas realizadas por la compañía durante el juicio en la Corte de Sucumbíos y ante la Fiscalía, en los que no aportaron ninguna prueba, por lo tanto no tuvieron ningún asidero. Estas denuncias, inclusive, han sido calificadas como maliciosas por la Corte Nacional, al considerar que solo respondían a la manipulación de Chevron”.
Argentina pieza clave en la ejecución de la sentencia
Dado que Chevron no mantiene activos en Ecuador los afectados han iniciado acciones de cobro en otros países como Brasil, Canadá y Argentina. En noviembre de 2012 el juez civil Adrián Elcuj Miranda embargó el flujo de caja de Chevron Argentina, haciendo eco de una rogatoria internacional dictada en Ecuador. La medida recaía sobre unos 2 mil millones de dólares y se mantendría hasta cubrir el total de la demanda.
La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara la sentencia del juez de primera instancia. En junio, el máximo tribunal nacional dejó sin efecto la sentencia, haciendo lugar a un dictamen de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien consideraba el riesgo del embargo para “la política energética y el desarrollo económico del país, así como con las finanzas públicas”. Tras el voto político de la Corte Suprema, no solo se le negó la justicia a los afectados ecuatorianos sino que se abrió la puerta para que un mes después YPF firmara con Chevron un acuerdo para desarrollar pozos no convencionales al interior de la comunidad mapuche Campo Maripe, violando allí el derecho a consulta previa que asiste en Argentina a los pueblos indígenas.
En aquel momento, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció que la Corte Suprema le estaba otorgando impunidad a una de las petroleras más cuestionadas del mundo y sentaba jurisprudencia en contra de los pueblos latinoamericanos. “Me pregunto si Ricardo Lorenzetti, quien preside un Consejo Internacional de Jueces para proteger el ambiente en el marco del ‘Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente’, sabía, cuando firmó, que Texaco-Chevron arrojó alrededor de 16 mil millones de galones de agua tóxica a los esteros y ríos de la Amazonia, que vertió intencionalmente 650 mil barriles de crudo y que construyó 880 fosas sin recubrimiento que fueron depósitos de crudo y sus desechos”, cuestionó Pérez Esquivel al presidente del máximo tribunal argentino.
Los afectados, por su parte, han hecho hincapié en que la única manera en que pueda ejecutarse la sentencia es a través del cobro a las subsidiarias. “Chevron Corp opera íntegramente a través de subsidiarias en todo el mundo, y no genera ningún ingreso distinto de los dividendos que recibe de dichas subsidiarias”, señaló en junio el equipo de abogados que demandó a Chevron en Argentina. Subrayó, así, la inconsistencia en la que incurre la Corte Suprema al revocar el embargo argumentando que Chevron Argentina no puede ser sancionada por un delito cometido por Chevron Corp, la empresa penada en Ecuador.
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