Diputados nacionales repudian amenazas a trabajadores petroleros de Sta. Cruz

La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina FeTERA – CTA,  hace público el pedido de informes que los Diputados Nacionales abajo firmantes intentan aprobar en la Cámara de Diputados de la Nacion de Argentina.

Solicitamos enviar notas de apoyo, a fin de contribuir con su aprobación

Las notas deben ser enviadas a: diputados@diputados.gov.ar. Se debe citar en el asunto: APOYO EXPEDIENTE 5039 – D – 2009

H.Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE DECLARACIÓN
Nº de Expediente     5039-D-2009
Trámite Parlamentario     139 (16/10/2009)

Sumario
EXPRESAR REPUDIO POR LAS AMENAZAS HACIA TRABAJADORES DEL SINDICATO DE PETROLEROS PRIVADOS DE SANTA CRUZ, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 CUANDO MANIFESTABAN PACIFICAMENTE.

Firmantes
LINARES, MARIA VIRGINIA – PERALTA, FABIAN FRANCISCO – ALCUAZ, HORACIO ALBERTO – LOZANO, CLAUDIO – MORANDINI, NORMA ELENA – GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA.

Giro a Comisiones
LEGISLACION DEL TRABAJO.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación ante las amenazas e intimidaciones sufridas por los trabajadores del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz que, en septiembre de este año, ocuparan en forma pacífica las sedes del Sindicato en Las Heras y Caleta Olivia en reclamo de mejoras laborales y de una reorganización sindical a favor de todos los trabajadores.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

A través del presente proyecto queremos manifestar la preocupación de esta Honorable Cámara de Diputados por la situación que atraviesan los trabajadores petroleros de la provincia de Santa Cruz.

En el mes de agosto, los trabajadores del sector petrolero de dicha provincia, iniciaron acciones tendientes a conseguir un incremento salarial del 20%. Como medida de presión, y ante la negativa de las operadoras de la provincia, los petroleros tomaron medidas de hecho, situación que provocó el despido de numerosos trabajadores, presiones y en algunos casos amenazas.

El conflicto llegó a su fin luego de 19 días de huelga, tras la firma de un Acta entre las empresas operadoras de la zona, el titular del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, Héctor Segovia, la Secretaria del Ministerio de Trabajo, Noemí Rial, el Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y el Secretario de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz, Raúl Santibañez. En representación de las empresas se encontraban Mauro Dacomo y Domingo Rocchio por YPF, Rodrigo Ramacciotti por Pan American Energy, Ricardo Aguirre por Chevron, Mario Lordi por Petrobras Energía, Alfredo Mallea Gil por Enap-Sipetrol, y Horacio Cester y Ricardo Rodríguez por Occidental Argentina (Oxi).

Este acuerdo viola, mancilla y entrega los derechos de los trabajadores, desconoce la Constitución Nacional, tratados internacionales y, hoy por hoy, ata de manos y pies a los trabajadores para cualquier eventual reclamo de algún derecho. De esta manera se viola el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, suprimiendo el derecho a manifestarte frente a cualquier injusticia laboral y poniéndole precio a la paz social.

Justamente el ítem “Paz social” incluido en el acuerdo, determina que si los trabajadores realizan una medida de fuerza, pierden los $750 diarios correspondientes a su salario. Con la firma de este acuerdo la empresa puede accionar por sobre los derechos de los trabajadores y puede echar empleados a discreción y sin causa justificada. A la vez el acuerdo impone la prestación de “dotaciones mínimas para asegurar la normal provisión de hidrocarburos”. También plantea la “libre circulación por las vías de acceso a yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento”, lo que implica la prohibición de los piquetes y los cortes de ruta como métodos de lucha. Con la firma de este oprobioso acuerdo queda en evidencia la complicidad permanente entre el sindicato, el poder político provincial y nacional, y las operadoras que se están disputando las concesiones.

Ante tal situación, el 15 de septiembre un grupo de trabajadores petroleros del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, ocupó en forma pacífica las sedes de esta organización en Las Heras y Caleta Olivia, para luego ser desalojados de manera violenta por el grupo especial GEO de la policía. Estas acciones de reclamo se decidieron en vista de que los dirigentes del sindicato liderado por Héctor Segovia no han sabido representar a sus afiliados y menos aún defenderlos cuando han sido objeto de persecución laboral, amenazas y despidos.

Uno de los objetivos de esta medida es lograr la reorganización sindical del sector. La necesidad de pasar a otro sindicato o formar uno nuevo tiene varias razones. La más importante es el salario, pero también hay otras causas básicas y trascendentes, como las jornadas laborales que superan las doce horas, o la falta de inversión y control en materia de seguridad para un trabajo muchas veces riesgoso, con temperaturas que llegan a los 20 grados bajo cero de sensación térmica en invierno, además de realizarse trabajo nocturno.

En el mismo sentido los trabajadores hicieron público su repudio a la presión psicológica y persecución antisindical de la que es objeto Víctor Chamorro, también trabajador del sector petrolero, en Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz, a través de acciones como recarga de tarea y después quita de las mismas. A esto se suma el atentado de que fuera objeto el día 5 de octubre, cuando rompieron los vidrios de su auto y dejaron un frasco con combustible.

La persecución antisindical que llevan adelante las empresas y las organizaciones asociadas -los sindicatos empresariales o los funcionarios de gobierno- consiste en una sistemática extorsión a los trabajadores, amenazándolos con cesantearlos, para impedir que los trabajadores formen organizaciones gremiales en defensa de sus legítimos derechos. El despido sin causa tiene que ver con una cuestión laboral que es individual; la persecución antisindical, si bien puede estar enfocada en una persona física, es colectiva y tiene que ver con frenar, atenuar o hacer desaparecer el interés de los trabajadores por formar organizaciones legítimamente representativas que defiendan sus intereses.

Los directivos de esta empresa intentan presionar a Chamorro a través de actas notariales y amenaza de telegramas de despido, situación que se ha visto exacerbada desde que su liderazgo sindical ganó notoriedad, no solo dentro de su ámbito de trabajo, sino también entre trabajadores de otras empresas radicadas en la zona del norte de Santa Cruz, que ven en su persona y en la de otros compañeros tan reconocidos como él, la posibilidad de conformar organizaciones sindicales que defiendan honestamente los intereses de los trabajadores petroleros de la región.

Además de estos ignominiosos acuerdos y negociaciones con los sindicatos y la Provincia, las empresas tienen otras formas de contrarrestar las protestas de los obreros: suelen paralizar la producción por iniciativa propia, como sucedió durante la huelga en las baterías de Los Perales, a 60 kilómetros de Las Heras. Es una forma de comprometer a la administración provincial, que así pierde los ingresos diarios por regalías petroleras que alcanzan cifras millonarias.

La región petrolera de la zona norte de la provincia de Santa Cruz abarca Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, donde están instaladas empresas como Repsol, Vintage Oil y Pan American Energy, que tercerizan muchas actividades con las llamadas empresas de “servicios petroleros”, como Bolland, Metrapet-Serpecom, Indus y Argentina 2000. Algunas son capitales argentinos, otras no. A mediados de los ’90, tras la privatización de YPF y la irrupción de Repsol, una oleada de empresas norteamericanas llegó a la región. Las más conocidas fueron Slumberger y otra mucho más conocida: Halliburton, la compañía a la que está vinculado quien fuera vicepresidente de George Bush, Dick Cheney. Halliburton y Slumberger dejaron la zona cuando bajaron los precios internacionales del crudo, en el año 1996, produciendo su retirada masivos despidos.

Hoy la situación se ha modificado para las empresas, pero no para los trabajadores. Con el valor del petróleo en uno de sus records históricos, la actividad repuntó sensiblemente y unas cuantas empresas volvieron a radicarse en el norte de Santa Cruz. A esto debemos agregar un elemento más a su favor: la devaluación de 2002 redujo el costo laboral, volviendo el negocio mucho más rentable. Además en los yacimientos son suficientes unas diez personas para hacer las maniobras que antes se hacían con sesenta a ochenta personas por campo. Ahora todos esos trabajos están automatizados, por lo que, aunque la mano de obra bajó, la tecnología aumentó la productividad de los pozos.

El escenario de conflicto y lucha actual debe ser entendido en vinculación con los acontecimientos ocurridos en 2006 en Las Heras. El día 10 de febrero los trabajadores rodearon la comisaría de Las Heras donde estaba detenido Mario Navarro, dirigente de los trabajadores, que había sido detenido por orden judicial para descabezar la huelga por reclamos que habían iniciado días antes. La policía respondió con una salvaje represión. En aquel momento los trabajadores denunciaron que en medio del tumulto aparecieron provocadores pagados por la patronal, la multinacional Repsol de España, y de la burocracia sindical que se alineó con la empresa y en contra de la huelga, desoyendo la voluntad unánime de los trabajadores petroleros de iniciar la lucha. Como resultado de todo esto, en una serie de eventos confusos, resultó muerto el policía Jorge Sayago. El gobierno de Néstor Kirchner, que en aquel momento envió cientos de efectivos de la Gendarmería Nacional y decenas de agentes de la SIDE, hizo responsable -sin prueba contundente alguna- a los trabajadores de la muerte de Sayago.

Pese a la difícil situación represiva, los trabajadores consiguieron imponer ese año una parte de sus demandas: el encuadramiento en el convenio de trabajo petrolero de los trabajadores adscritos al convenio de trabajo de la construcción (con menores salarios y peores condiciones de trabajo, pese a que desarrollan la misma labor que el resto), el pago del salario durante los días de huelga y ningún despido a causa de la misma, el compromiso del gobierno de subir en el mes de abril el mínimo imponible del impuesto a las ganancias que afecta injustamente a los trabajadores que ganaban más de $1.800 (un salario equivalente a la canasta familiar), poder jubilarse con 25 años de trabajo (al desarrollarse su labor en condiciones de insalubridad y desgaste físico extremo en una de las zonas más inhóspitas de Argentina), y la jubilación con el 82% del salario ajustada a la inflación.

No es casual que este tipo de conflictos entre trabajadores y la pérdida de sus derechos surjan cuando se profundizan las exigencias por parte de las operadoras del petróleo y gas para lograr la liberación de precios en boca de pozos, para mantener las sustanciosas ganancias a las que están acostumbradas, teniendo de socios a sindicalistas empresarios, gobernantes accionistas que en clara contradicción dicen defender los recursos naturales, la calidad de vida de los ciudadanos de las provincias “dueñas” del hidrocarburo, permiten el saqueo de los recursos y amenazan con la escasez de gas y combustibles a futuro, todo lo cual repercute asimismo en nuevos aumentos en las tarifas finales de los usuarios de gas natural y energía eléctrica (al ser esta última dependiente del gas natural) y en los precios de los combustibles.

Por todas las razones anteriormente enumeradas exigimos el cese de las amenazas, persecuciones y/o presiones sobre los trabajadores petroleros de Santa Cruz, por el sólo hecho de participar en acciones que buscan la reivindicación de sus derechos fundamentales.

Del mismo modo exigimos que la Gendarmería Nacional se atenga a sus funciones específicas, relacionadas con la prevención y lucha contra el narcotráfico y el control de las fronteras nacionales, y deje de ser utilizada para la represión y/o intimidación de las protestas y movilizaciones sociales.

Por lo expuesto, y en defensa de las fuentes laborales atacadas, de los trabajadores, de sus derechos, de sus familias y de la normativa laboral vigente, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-

(ver antecedentes y solidaridades)

Fetera – CTA