Un reclamo que lleva 17 años: quiénes son y qué buscan los ypefianos

Los ex empleados de la petrolera estatal usan los cortes de ruta para llamar la atención del Gobierno.
Por Gabriela Balls
Huelgas de hambre en la Casa de Gobierno mendocina, protesta con encadenamiento incluido en la Rosada, piquetes en las principales rutas que provocan el enojo de miles de automovilistas por las demoras y desvíos, movilizaciones, lobby y presiones a funcionarios públicos son algunas de las manifestaciones que han realizado en estos últimos 17 años algunos ex empleados de YPF que reclaman el cobro de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP) que se acordó previo a la privatización y que nunca se pagó debidamente.
Aquella deuda, reconocida por la Justicia mediante varios fallos a favor, es considerada por muchos políticos y legisladores “un reclamo histórico justo y legítimo”, sin embargo para los 30 mil ex trabajadores de esta empresa en su época estatal se convirtió en un pedido que incluso los dividió y les hizo perder toda esperanza de un resarcimiento merecido.
Esta historia arranca en la época de las privatizaciones que llevó adelante el gobierno del ex presidente Carlos Menem.
“A partir de 1991, esta empresa estatal empieza su proceso privatizador, bajo el marco regulatorio legal de la ley 23.696 de Reforma del Estado, que dispone convertirla mediante otra ley, la 19.550 de Sociedades Comerciales, de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima”, explica José Tonón, presidente del Foro Nacional Ypefiano y ex mecánico de la Destilería de Luján.
En el momento en que “cuando empieza el vaciamiento de la empresa, son despedidos 28 mil efectivos gradualmente en todo el país. YPF comienza a cotizar en la Bolsa de New York y los empleados no reciben el 10% que les correspondía del total de acciones siendo excluidos del PPP que correspondía a las acciones de Clase C”, relató Tonón.
A partir de ese momento, la resistencia por parte de todos los yacimientos del país se profundizó y hoy los que mantienen la pelea aseguran que muchos cayeron en la depresión por las pérdidas de trabajo y denuncian incluso que las penurias económicas llevaron a muchos al suicidio (en Mendoza dicen que ya suman 29).
La senadora provincial y miembro de la Comisión de Energía, Alejandra Naman, consideró que “la privatización de YPF fue la mayor entrega que hubo en este país”, en alusión a los costos sociales y pérdidas que le significó al Estado en cuanto a la administración propia de los recursos de gas y petróleo. Según Naman, hay distintos tipos de reclamos que requieren un estudio profundo de cada caso: “Muchos de ellos han sido estafados y se van muriendo y esta es la triste historia a la que fueron llevados”. Hoy, hay más de mil ex ypefianos de entre 55 y 65 años sin trabajo en Mendoza.
Por aquel entonces, algunos de ellos, para tomar fuerza, constituyeron algunas agrupaciones como el Grupo de los Autoconvocados (liderado por Oscar Landeiro), la Asociación de ex empleados de YPF (dirigida por José Perícoli y Alfredo De la Rosa) y el Foro de ex empleados ypefianos (presidido por José Tonón). Su objetivo fue cobrar esas acciones y sus utilidades.
Miles de millones
Según detallan fuentes del sector, la empresa ingresó en el mercado bursátil estadounidense en 1997 con un piso de 11 dólares hasta alcanzar en pocos meses picos de casi 50 dólares la acción. La empresa tenía 33 millones de acciones.
Para ellos, la deuda que tiene el Estado nacional con cada uno es de $ 220 mil más los intereses generados desde el año 97, lo que representaría una cifra cuantiosa que ascendería a $ 6.600 millones. Sin embargo, conscientes de que el Estado “tiene graves problemas de caja”, según coinciden desde casi todas las agrupaciones y funcionarios, lo adeudado se vuelve un “valor impagable”.
Concretamente, desde 2002, muchos de ellos, alrededor de 3.500 personas en Mendoza, cobraron las acciones por orden de la ley 25.471, propuesta por el radical Victor Fayad y el salteño peronista Marcelo López Arias, mediante bonos del Estado nacional (los PR12). A cada ex empleado le pagaron a razón de $23 mil y la cotización de los títulos públicos era variable. Actualmente, cada bono cotiza a $1,90. Esa ley promulgada por el Congreso “indemnizaba” a los ex trabajadores de YPF que no habían accedido al PPP.
Mientras que alrededor de 80 ex ypefianos mendocinos esperaron la resolución de largos procesos jurídicos y fueron indemnizados con mejores valores. A este grupo también les pagaron una parte con los bonos PR13.
De acuerdo a la ley de privatización, aquella porción del 10% del paquete accionario pertenecía a los empleados como un derecho. “Las acciones fueron negociadas con la empresa compradora, Repsol-YPF, en unos mil millones de dólares, sin el consentimiento de los trabajadores”, de acuerdo al relato de Tonón.
Esto provocó que los ex empleados abrieran una causa contra las autoridades del Gobierno nacional y los directivos de Repsol por “defraudación y vaciamiento”, de acuerdo a lo que señalan los grupos de ex empleados ypefianos y los relatos periodísticos de la época.
Sin embargo, fuentes de YPF señalaron a este diario que se trata de “un reclamo ajeno a la empresa por acciones existentes antes de la privatización”, aclarando que la responsabilidad recae en el Estado Nacional.
Además de los que ya cobraron, como se indicó antes, hay otros aún no cobran, ni han hecho juicio (muchos de ellos son jubilados). Trataron de no caer en la quita que ocasiona el pago de honorarios como también desestimaron cobrar lo que indicaba la ley porque les pareció un monto poco ecuánime. En este grupo hay entre 700 y 800 personas en la provincia, de acuerdo al relato y detalle de los referentes de la Asociación de ex empleados de YPF, De la Rosa y Perícoli.
Por su parte, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ejecutivo provincial, Leonardo Giacomelli, fue elocuente al precisar que “ninguno de los gobiernos ha podido resolver este reclamo legítimo. Es justo y es contra la Nación. El nudo son las diferencias en la cotización de las acciones del PPP”, explicando a su vez que la actual gestión ha hecho trámites en Buenos Aires por los ex empleados.
Pero destacó que algunos ex empleados, como los Autoconvocados liderados por Landeiro, que por la semana última se encadenaron a la Casa la Rosada esperando así ser recibidos por la presidente Cristina Fernández, tienen “una actitud agresiva con una metodología de reclamo que afecta a todos”, dijo en alusión a los cortes de ruta y demás expresiones. En su opinión, “el monto reclamado ($220 mil más los intereses) es improbable que se pague”.
Los Andes