Brasil: ¿es posible criticar la matriz energética en tiempos de pre-sal?

Orden y progreso (Langer)

Entrevista a Julianna Malerba, de la Red de Justicia Ambiental de Brasil

En 2007 la empresa Petrobras descubrió frente a las costas de Espíritu Santo y Santa Catarina una de las mayores reservas de crudo y gas del planeta, a más de 5 mil metros bajo el mar, en la zona del pre-sal, el yacimiento “salvador” comprende una superfice de 149 mil km². El hallazgo automáticamente convirtió a Brasil en una potencia petrolera y motivó una serie de acontecimientos que convulsionaron a la sociedad local. El presidente Luis Inaçio Lula da Silva afirmó que los recursos obtenidos de la explotación de ese crudo permitirían implementar políticas públicas para desterrar las profundas desigualdades sociales del país. Incluso el Gigante del Sur se hará de un submarino nuclear para defender “su gallina de los huevos de oro”.

Esta promesa de transformación caló muy hondo en los movimientos sociales brasileños, algunos sectores confían que el vuelco hacia la matriz fósil desalentará la producción de bioetanol y frenará el incremento de cultivos destinados a biocarburantes. Julianna Malerba, de la Red de Justicia Ambiental de Brasil, conversó con el OPS sobre la posibilidad de debatir el modelo energético en esta coyuntura.

-El gobierno de Lula Da Silva desplegó una fuerte campaña publicitaria en torno al pre-sal. Ante el ‘futuro promisorio’ de sus discursos, ¿cómo se plantea una crítica a la matriz energética a la que apuesta Brasil?

¿Cómo plantear un debate crítico a un modelo de desarrollo que ha profundizado las desigualdades sociales, que ha profundizado la crisis climática, la crisis ecológica, ante un escenario donde se descubren miles de millones de barriles -se estima que hay entre 50 y 150 mil millones en las áreas de Pre-sal? Estamos ante un desafío muy grande, un desafío que nos preocupa por la ausencia del debate socio-ambiental, de crítica, en los movimientos que defienden la explotación de ese recurso.

Nosotros pensamos que la manera de plantear el debate es fortaleciendo los grupos que en los territorios enfrentan los impactos de este modelo, porque la matriz energética brasilera también genera muchos impactos. No sólo la matriz energética basada en combustibles fósiles -que se ahora busca profundizar-, también la matriz energética basada en la construcción de grandes represas. Ese modelo se ha profundizado en Brasil en los últimos años, dada la intensidad del consumo, y se han profundizado también los conflictos socio-ambientales en torno a él.

Nosotros logramos aglutinar fuerzas sociales críticas a este modelo energético por toda la historia de los impactos que han tenido las grandes represas en Brasil. Tal vez ahora hace falta profundizar la relación entre este modelo, los patrones de consumo y este modelo y la política de combustibles fósiles. Nuestro desafío es hacer alianzas entre los grupos que son críticos del modelo por los impactos que existen, con los que serán impactados por con profundización -centrada en la explotación de los combustibles fósiles.

-Lo gobierno anunció que la explotación del Pre-sal permitiría financiar políticas sociales, ¿esto modificó la relación con otros movimientos?

La verdad si, porque el gobierno tiene mucho apoyo de los movimientos sociales y la defensa del control de los recursos naturales por el Estado -como una alternativa para cambios del modelo- es algo muy sentido en gente que busca una transformación social. Lo que cambió para nosotros, y ese es el desafío del debate para hacer, es que aunque reconocemos que el control de los recursos naturales es muy importante para cambiar el modelo de sociedad, no puede ser la profundización de ese modelo la vía a un cambio social.

Si necesitas la plata del petróleo para cambiar el modelo, tú vas a profundizar este modelo para hacerte de esos recursos, es una contradicción en sí misma. Aunque sea necesario controlar esos recursos, es necesario también poner un límite a su explotación, y ese límite tiene que ponerlo el Estado desde las políticas públicas. Para nosotros es un desafío hacer ese debate con nuestros compañeros de los movimientos sociales y justamente en eso es que estamos. Creemos que es trayendo al debate a la gente que está siendo impactada por ese modelo que podemos hacer el aporte necesario para que nuestros compañeros comprendan que la condición para el cambio no puede ser profundizar este modelo.

-El avance sobre el pre-sal significa también profundizar explotación offshore, pero el gobierno impulsa exploraciones en tierra firme.

Sí, más o menos en la misma época que descubrieron las reservas de Pre-sal hubo una iniciativa del gobierno para avanzar sobre las cuencas sedimentarias en nuevas fronteras, donde hay indicios de presencia de petróleo y gas, que todavía no fueron explotadas.

-¿Explotadas o exploradas?

Explotadas y exploradas, porque la verdad estas cuencas -que son llamadas cuencas de nuevas fronteras- tuvieron un nivel de exploración hace años. Justamente esas exploraciones generaron los indicios que tiene el gobierno de que hay petróleo y gas, pero nunca hubo explotación.

Estas cuencas de nuevas fronteras están en la Amazonía brasileña y, en 2007, el gobierno decidió empezar acciones de exploración. Primero haciendo estudios areogravimétricos y después estudios sísmicos. Ese año la Agencia Nacional de Petróleo empieza a contratar empresas para que inicien estudios exploratorios en la región que comprende el estado Acre y el estado Amazonas, en la frontera con Perú.

La sociedad local recibió la noticia muy sorprendida porque no hubo un debate público sobre esta iniciativa del gobierno. En ese momento no se hicieron explotaciones, pero los estudios áreogravimétricos fueron consolidados y el gobierno se prepara para empezar los estudios de sísmica. Esto ha generado una preocupación muy fuerte en esos territorios -donde hay muchos grupos indígenas-, porque estas decisiones se tomaron prescindiendo de un debate profundo con la gente del lugar.

-Los territorios indígenas y las áreas protegidas tienen un régimen particular que impide la explotación de hidrocarburos. ¿Cómo se da, entonces, este avance de la frontera hidrocarburífera?

En Brasil las áreas de protección integral, como los parques nacionales, está prohibida la explotación minera y petrolera. En los territorios indígenas, aunque la Constitución lo permite, sólo puede hacerse si está reglamentada la forma de explotación, y esa reglamentación no existe. Aunque se está debatiendo en el Congreso nacional y en los próximos años estará reglamentado. Entonces, hasta el momento no está permitida la explotación en territorios indígenas y tampoco en áreas de protección integral.

En esta zona que avanza la exploración existen 29 territorios indígenas y una serie de áreas protegidas, entre ellas parques nacionales. Hasta el momento no se ha hecho exploración en territorios indígenas, pero sí en áreas de frontera de esos territorios. Eso ya está causando mucha preocupación en la gente de la zona, porque esos grupos indígenas también plantean al gobierno que apoye sus actividades productivas, que no son actividades mineras.

Los grupos en el Acre están planteando que el gobierno haga un debate abierto y público con la gente de cuáles son las intenciones de esa explotación y qué derechos la gente puede ganar o perder. Porque toda la información llega mayormente por la prensa a la gente y llega con un discurso de desarrollo, que va a traer empleo, que va a traer plata -incluso para la conservación-, pero no se plantea que este tipo de explotación es una amenaza a la conservación de la biodiversidad existente en esa zona y es una amenaza a los proyectos productivos que estos grupos ya desarrollan.

-En el proceso de articulación con los grupos del Acre intervinieron organizaciones de la Amazonía peruana y ecuatoriana, que visitaron la zona y contaron sus experiencias. ¿Cómo fue ese trabajo de red?

Los grupos del Acre tienen una historia de organización social muy antigua, muy fuerte, y de mucha lucha. Cuando en 2007 el gobierno anuncia que va a empezar una exploración en esa zona la gente se preocupa mucho y contacta a la Red de Justicia Ambiental. Nosotros habíamos estado haciendo una campaña fuerte contra la explotación de petróleo en Ecuador por parte de Petrobrás y a través de esa campaña, que movilizó mucha gente en Brasil, los compañeros de Acre nos buscan para tener más información de qué significaría para sus vidas una exploración y, después, una explotación petróleo en sus territorios.

Lo que nosotros hicimos fue ponerlos en contacto con la gente que en Ecuador, Bolivia y Perú sufre los impactos de la explotación petrolera. De ese contacto nace la idea de hacer un intercambio, que fue muy rico, porque dio a la gente del Acre una serie de informaciones que la prensa y los sectores que defendían la exploración no ponían a su disposición. Eso creo que fue muy importante para que después estos grupos puedan seguir las alianzas que ya tenían con la gente de Perú y profundizar las locales; también para hacer su propia critica y demandar un debate más democrático de esa opción [la extracción de hidrocarburos] para su territorio.

-¿En ese ámbito surge una propuesta de no explotar el crudo en Acre?

Ese es un debate que se está dando ahora. Los más indicados para decir cuál es la demanda concreta y real sobre explotar o no explotar el petróleo en su territorio es la gente del Acre. Yo sólo puedo decir que muchos grupos que están en la Red de Justicia Ambiental tienen una lectura muy crítica de este modelo de sociedad basado en la explotación de los recursos naturales -que genera muchas injusticias ambientales y sociales-, y tienen una postura muy crítica, también, sobre la opción de seguir profundizando la explotación de combustibles fósiles en todas partes.

Hay que acompañar los procesos en el Acre para saber si la gente del Acre va a hacer su reivindicación en base a esta crítica. Desde la Red de Justicia Ambiental planteamos que es necesario una transición, con apoyo de políticas públicas y de toda la sociedad para caminar hacia la construcción de una sociedad post-petrolera, donde los patrones de consumo sean reducidos y las relaciones sociales sean centrales -en términos de justicia social y sostenibilidad- y no el lucro y la profundización de este modelo de producción y consumo, que es muy degradante y muy demandante de recursos.

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