La falta de servicios sanitarios como agua potable y cloacas afecta más gravemente el norte del país.
Unos 6,5 millones de niños y adolescentes argentinos, el 53% de la población etaria, habitan en zonas de alta vulnerabilidad social provocada por la contaminación ambiental que causan diferentes actividades industriales, falta de cloacas y dificultades para acceder al agua potable.
La Defensoría del Pueblo nacional, en forma conjunta con cuatro organismos pertenecientes a las Naciones Unidas, presentó ayer a la prensa el Atlas de la Niñez en Riesgo Ambiental de la Argentina, un informe basado en cifras oficiales que releva la situación de la niñez en los 531 municipios del país.
El atlas abarcó los efectos provocados por las actividades industriales, la minería, la utilización de plaguicidas en la agricultura, la explotación petrolera y el saneamiento básico insuficiente en la Argentina.
“En todos los casos” analizados, detalló la jefa del Área Medio Ambiente de la Defensoría, Cristina Maiztegui, “la pobreza es el patrón común” de la población infantil afectada por la contaminación.
En el caso del riesgo ambiental causado por la extracción y explotación de petróleo, el atlas mencionó que afecta al 3% de la población infantil, localizada especialmente en Confluencia (Neuquén), General José de San Martín (Salta) y General Roca (Río Negro). (Ver recuadro)
El informe, según Maiztegui, resaltó que 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) “viven en departamentos con alta vulnerabilidad social”. Al respecto, “la peor situación” referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra “principalmente” en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas”.
En 46 departamentos, “predominantemente urbanos”, se concentra la mayor porción de la niñez (5,1 millones) en riesgo como consecuencia de la contaminación industrial. Bajo esta calificación se ubican en los primeros dos lugares las ciudades de Rosario y Córdoba, mientras los ocho restantes quedaron ocupados por ocho partidos bonaerenses, siete de ellos localizados en el primer cordón del conurbano.
La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.
Al referirse a la situación de la minería, Maiztegui aseguró que la Secretaría del área respondió por “escrito” a la Defensoría que “no tiene información” sobre la localización y el tipo de emprendimiento encarado por empresas.
“La zona de la Cordillera del país aparece prístina, transparente, pero es por la falta de información de la Secretaría de Minería”, explicó Maiztegui. (DyN)
Río Negro
Roca reúne los 4 factores relevados
El departamento rionegrino de General Roca es el único de los 531 que componen el país que registra potencial Riesgo de Contaminación para la población infantil en todos los rubros relevados por el Atlas que elaboró la Defensoría del Pueblo Nacional.
La zona presenta potenciales situaciones contaminantes causadas por actividades industriales, explotación petrolera, aplicación de agroquímicos y Saneamiento Básico Insuficiente, detalló el informe.
El documento resaltó que las localidades bonaerenses de Florencio Varela, Pilar y Escobar presentan tres de los aspectos analizados por su contaminación. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, 21 barrios se encuentran entre los cien lugares con más Riesgo Ambiental por actividades industriales, rango en el que también se ubicaron 20 localidades situadas en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. Por su parte, ocho departamentos chaqueños figuran entre los 20 con mayores problemas ambientales.
El Atlas, analizó especialmente cuatro casos para demostrar la situación de riesgo ambiental y vulnerabilidad: Barrio La Cava (Almirante Brown), Villa Inflamable (Dock Sud), Barrio El Arco (Tigre) y Barrio Ituzaingó (Córdoba). El documento fue elaborado por un grupo de profesionales de la Defensoría y contó con el respaldo del organismos como la Unicef, PNUD, OIT y OPS.
Río Negro