Brasil: el Comperj atrapado en redes artesanales

Imagen virtual del Comperj (Petrobrás)

El Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj), en el Estado del mismo nombre, es la mayor obra en ejecución por parte del Gobierno Federal de Brasil. Con un desembolso final de U$S 8.400 millones para 2012, su puesta en marcha -junto a otros proyectos en desarrollo- posicionaría al gigante de América del Sur como exportador de productos petroquímicos. Pero la planificación de obras anexas no contempló a los pescadores de Bahía de Guanabara y éstos, a costa de acciones directas y demandas judiciales llegaron a paralizar la construcción de un gasoducto vital para el Comperj.

Entre abril y mayo 2009 la Asociación Hombres de Mar (Ahomar) bloqueó la construcción del gasoducto. En ese contexto de resistencia fue asesinado el tesorero del sindicato, Paulo Santos Sosa. El crimen lanzó el conflicto al escenario internacional, pero pronto el manto del olvido lo cubrió. Francine Pinheiro, abogada la Assessoria Popular Mariana Criola -que patrocina a los pescadores-, dialogó con el OPS sobre la demanda que llevan adelante.

-¿Cómo se inicia esta disputa en torno a Comperj?

En la Bahía de Guanabara se está construyendo un polo petroquímico llamado Comperj, que es una mega obra de Petrobrás, que implica otras más pequeñas. Una de ellas es la construcción de un gasoducto que une el polo a una usina construida del otro lado de la bahía.

El impacto se da sobre varios municipios, sólo para que tengan una idea, el 70% de la población de [el estado de] Río de Janeiro se encuentra en la Bahía de Guanabara. El informe de impacto ambiental de la obra fue fragmentado y en ningún momento se consideró la pesca ni la vida de los pescadores. En el momento en que empezaban a hacer el ducto encontraron a los pescadores, más o menos unos 40, que resolvieron resistir la obra ya que Petrobras nunca estableció un canal de diálogo. Se pararon en frente de los ductos por 30, 40 días; de abril a mayo.

La primera difusión fue en la prensa alternativa, uno de los pescadores tiene mucho conocimiento del manejo de internet y el problema se empezó a divulgar. Activistas de derechos humanos fueron a visitarlos, vieron que era una resistencia pequeña a un gran emprendimiento de millones de reales y que valía la pena apoyar la lucha. A su vez, en el medio de esto, había un proceso de criminalización, a partir de una medida cautelar para retirar de los pescadores de la parte que estaba siendo inmovilizada.

Nosotros fuimos llamados para defender a los pescadores, por lo que comenzamos a acompañar la contienda. Nuestra estrategia jurídica fue con los propios documentos que ellos juntaron de las audiencias públicas, de las fotos. Nos encaminamos al Ministerio Público Federal y éste propuso una acción civil pública, planteando el derecho de indemnización de los pescadores. Se pidió judicialmente que Petrobrás haga los Estudios de Impacto Ambiental donde consten los impactos sobre la pesca. En el estudio [inicial] se explicita que los pescadores van a ser impactados, pero no consta ningún tipo de resarcimiento ni remediación de los impactos en la pesca ni mucho menos en la vida de los pescadores.

-¿La acción judicial qué busca concretamente?

Se denuncia que no hubo ningún tipo de consulta previa, inclusive el impacto es sobre varios municipios y el Estudio de Impacto Ambiental fue fragmentado, cuando no debería ser así; los procesos de licitación también se dieron por separado.

Se denuncia e insta a Petrobrás a que remedie la situación, que compense los daños que provocará. También se busca darle visibilidad a la criminalización que se está llevando a cabo. Varios de los pescadores tienen causas, los líderes tienen procesos penales y la Asociación cuenta con diversos procesos civiles: se los acusa por la paralización de las obras, de perjuicios de contractos a las empresas. También hay problemas con las subcontratadas por Petrobrás.

-¿Cómo fue la reacción de la población frente al conflicto?

Los pescadores lograron armar un debate, ya que la obra estaría afectando a la gran mayoría de la población de [el estado] Río de Janeiro, sin embargo, esta vive una desmovilización importante. El grupo directamente afectado por el emprendimiento es además muy frágil socialmente, desorganizado políticamente, los más resistentes entran en un proceso de negociación y los demás sólo sufren las consecuencias.

Más aún, cuando se ha parado la obra, se generó un enfrentamiento entre los trabajadores y los pescadores.

-¿Los organismos públicos locales cómo se posicionaron?

Existe una campaña de la prefectura que dice que ese emprendimiento eleva el empleo del municipio. El discurso de los agentes públicos es que [el estado de] Río de Janeiro vive un gran período de desarrollo, siendo los exponentes máximos el polo petroquímico y otro siderúrgico.

El estado provincial cobra un impuesto por este tipo de emprendimientos, entonces, es muy promovido a través de las instancias locales. Yo algunas veces me pregunto por qué la población no hace nada, porque incluso desde un punto de vista turístico el estado va a perder con esta política de desarrollo. Parecería que no hubiera una visión holística.

-¿Qué imagen tiene hoy Petrobrás más allá de este conflicto puntual?

Las poblaciones en donde esta actúa tienen una pésima visión de Petrobrás. Petrobrás es la empresa más rechazada en la Bahía de Campos, que tiene el 70% de producción de petróleo de Brasil. Las personas no creen en ella, especialmente porque también fue la primera en llegar. Comenzó a trabajar en la región sin ninguna política ambiental, antes de la constitución del ’88 [que incorpora la protección del ambiente]. Hoy en día sus prácticas están fuera de la ley.

Más información

Centro de Assessoria Popular Mariana Criola
http://www.mariana-criola.org/

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