William Carupe, consejero mayor de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), denunció ayer que el bombardeo militar lanzado el fin de semana buscaría desplazar a los indígenas para favorecer el ingreso de una minera de Estados Unidos.
El ataque fue lanzado en la madrugada del 30 de enero y dejó un saldo de tres adultos y un bebé heridos, aseguró la OIA.
El interés oculto es favorecer la actividad de la empresa Muriel Mining Corporation, multinacional con sede en Colorado, Estados Unidos, que recibió nueve licencias para operar en el cerro Careperro, denunció Carupe.
La comunidad afectada por el ataque fue Alto Guayabal, perteneciente al Resguardo indígena de Uradá-Jiguamiandó, ubicada en los alrededores de Careperro, cerro amazónico sagrado para los embera katíos y que contiene yacimientos probados de oro, cobre y molibdeno.
El cero Careperro está situado en los límites del departamento del Chocó con el de Antioquia y la empresa abrió oficinas en Medellín luego de recibir las licencias por parte del Instituto Colombiano de Geología y Minería.
Carupe desmintió que existan razones para justificar el bombardeo como lo sostuvo el Ejército Nacional debido a que la zona está bajo control militar desde hace dos años y los lugareños aseguran que no hay la presencia de grupos guerrilleros.
“El interés del Estado y de las multinacionales es el de desplazarnos” aseguró Carupe en declaraciones a la agencia de noticias Efe desde Medellín, capital del departamento de Antioquia y sede de la OIA.
“Se trata de favorecer actividades que no fueron consultadas ni consentidas por las comunidades indígenas, integradas por unas 2.000 personas, vecinas a varios asentamientos de población negra” indicó el consejero.
“Los helicópteros llegaron extrañamente de madrugada a bombardear”, expresó Carupe, cuya organización prepara en conjunto con la indígena del Chocó una misión humanitaria para verificar daños en el Alto Guayabal.
Además de los heridos fue afectado un “tambo” (domicilio tradicional) y cerca de una hectárea de cultivos de pan llevar destruidos, al igual que varios animales domésticos muertos.
La cifra de heridos proporcionada por la OIA es superior en dos a la reportada por el Ejército y la Defensoría del Pueblo, y el riesgo del desplazamiento está vigente, afirmó finalmente el consejero mayor de la OIA.
Los indígenas de Alto Guayabal se habían desplazado hace seis años presionados por enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y tropas militares, informo Efe.
Entonces eran 180 personas de cuarenta familias, recordó Carupe, que retornaron hace doce meses, cuando la comunidad la conformaban ya unos 200 aborígenes divididos en setenta hogares.
Servindi.org
