Chevron continúa utilizando sus artimañas para seguir demorando el juicio y desobedeciendo las órdenes de la Corte, denunciaron esta mañana dirigentes de los afectados por Texaco.
Según los dirigentes, el 18 de febrero del 2010 el juez Nicolás Zambrano emitió una providencia en la cual dispuso a Chevron que pague el 50% del costo de los últimos tres peritajes que fueron pedidos por ellos en el año 2003, a fin de que los peritos puedan realizar dichas pericias. Sin embargo, Chevron en vez de cancelar estos valores ha pedido al nuevo juez que disponga a dos de los tres peritos que realicen un nuevo plan de trabajo, y al tercer perito sólo pretende pagarle el 25% del costo de su experticia, según se desprende de los documentos entregados a la corte en las últimas horas y que fueron revisados por el abogado Pablo Fajardo.
Para el abogado de los demandantes, estos hechos demuestran una vez más el abuso del derecho y en esta ocasión con el agravante de haber caído en un claro desacato a las disposiciones del juez al no cancelar los valores solicitados por los peritos y dispuestos por el juez en su última providencia. Con esto Chevron está demostrando que no le interesan esas pruebas y las está utilizando únicamente como instrumentos para retardar indefinidamente el proceso, según Fajardo. “Ante esta situación, creemos que el nuevo juez debe disponer que esas pruebas dejen de realizarse ya que está demostrado que no son de interés de la petrolera demandada, por lo que el juez debe disponer que el proceso pase para su resolución o sentencia”, puntualizó el abogado
De otra parte, Luis Yanza, Coordinador de la Asamblea de Afectados, manifestó que con la oferta de pagar solo el 25% a uno de los peritos Chevron demuestra su interés de controlarles, es decir, chantajearles para que ellos digan lo que a Chevron le interesa, tal como lo hicieron con el perito Jorge Bermeo y Gerardo Barros, al igual que lo intentaron hacer con el perito Marcelo Muñoz a quien Chevron no le paga sus honorarios, porque el profesional no se ha doblegado ante la presión ejercida por la petrolera.
Humberto Piaguaje, dirigente Secoya, visiblemente molesto afirmó que las comunidades indígenas y campesinas no permitirán más abusos y chantajes por parte de la petrolera, por lo que desde este mes de marzo iniciarán acciones de vigilancia activa en la corte hasta que se dicte sentencia. “Los magistrados de la Corte no pueden caer en las garras de esta petrolera, y exigimos por tanto que haga respetar la Ley”, recalcó Piaguaje.
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