Por Franz Chávez.- El gobierno boliviano de Evo Morales se avino finalmente a negociar para evitar las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco, que amenazaron con marchas y bloqueos de caminos si no se toman medidas para proteger sus tierras y preservar el hábitat.
Un acuerdo de última hora frenó el comienzo de una marcha de más de 1.000 kilómetros de indígenas desde la norteña ciudad de Riberalta hasta La Paz, mientras delegados gubernamentales trataban de persuadir a guaraníes del sur de Bolivia a suspender un bloqueo de la carretera que conecta con Argentina.
Las comunidades originarias de esas zonas piden el amparo del gobierno de sus territorios, ricos en madera, agua, minerales y petróleo, en consonancia con la declaración de defensa de la Madre Tierra hecha por Morales en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, realizada hace justo un mes en la central ciudad de Cochabamba.
Se trata de un momento crucial para el gobierno izquierdista de Morales, el primer indígena en llegar a la Presidencia de este país con mayoría de población de ese origen.
Por un lado recibe fuertes demandas para la conservación de los bosques, las fuentes de agua y las tierras comunitarias de origen, mientras los ingresos de la industria petrolera, que en 2008 llegó hasta 1.464 millones de dólares, resultan fundamentales para las arcas del Estado.
“Es difícil explotar los recursos naturales sin causar daños ambientales, como es el caso de los hidrocarburos, que implica deforestar y abrir sendas para sacar el petróleo y el gas natural”, dijo a IPS Armengol Caballero, director del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Región Norte (Cipca).
Caballero acusa a Morales de tener un doble discurso, aunque tampoco renuncia a la extracción de recursos naturales para no “dejarlos dormidos” bajo tierra, pero que generen ingresos para los propios pueblos indígenas.
Por su parte, el Coordinador Nacional de Comunicación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Edwin Alvarado, sostuvo ante la consulta de IPS que “el gobierno impulsa un modelo extractivo con altos costos para la naturaleza, mientras intenta demostrar un proceso de cambio”.
Una comisión ministerial y dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) realizaron una apresurada negociación la semana pasada y el gobierno prometió gestionar el saneamiento y delimitación de tierras originarias.
Morales anunció que impulsará una nueva ley forestal y dijo que quitará concesiones mineras y de explotación de bosques a empresas que operan al margen de las normas en vigencia.
El compromiso incluye la redacción de un reglamento de consulta a los pueblos indígenas antes de autorizar la construcción de carreteras, complejos hidroeléctricos y actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.
También se reitera que el gobierno boliviano respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pero el interés oficial por realizar análisis previos y consultas con los pueblos originarios parece contradecirse con la habilitación de proyectos como la construcción de la carretera transoceánica entre las poblaciones de Villa Tunari, en el central departamento de Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en el norteño Beni, sostuvo Alvarado.
Más de 60 comunidades del Parque Nacional Isiboro Sécure serán afectadas por esta obra en su modo de vida, que comprende la caza de animales de manera sostenible, la recolección de alimentos y el uso de fuentes naturales de agua, advirtió el activista.
“Es una de las pocas zonas de pie de monte en América del Sur” que guarda un estilo de vida en un territorio considerado sagrado por los habitantes del lugar, indicó.
“Las políticas del gobierno dicen centrarse en los valores de respeto a la Madre Tierra, sin embargo un contra-discurso promueve la incursión acelerada de megaproyectos, vulnerando derechos indígenas con políticas poco éticas en la aplicación de métodos de consulta y justificaciones”, dijo a IPS la presidenta del grupo ambientalista Kandire, Daniela Leytón.
Leytón calificó a Bolivia como un país de alta dependencia de los recursos naturales y baja capacidad industrial, “lo cual promueve una actividad altamente ‘extractiva’ y las exportaciones se concentran en los hidrocarburos y la minería”.
En una revisión de los datos macroeconómicos, Leytón observó un incremento del producto interno bruto en 20 por ciento en los cuatro años del primer gobierno de Morales, iniciado en 2006, gracias al incremento de la explotación de los recursos naturales. En contraste, la pobreza sigue afectando a 60 por ciento de la población.
El análisis económico de Leytón observa con preocupación la debilidad del Estado en la continuidad del pago del bono a madres en estado gestación, lo cual obligó al gobierno a obtener un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 20 millones de dólares a un plazo de 40 años.
IPS
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Indígenas del pueblo guaraní demandan que se respeten los derechos de consulta establecidos por la nueva Constitución
Basados en la nueva Constitución Política del Estado y la ley de hidrocarburos que establece el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y se preserve sus culturas, los pueblos indígenas Guaranés son claros al señalar que no permitirán actividades petroleras en el Parque Nacional Aguarague.
La publicación digital de Reporte Energia detalla que YPFB Petroandina S.A.M. (Sociedad entre YPFB y PDVSA) tiene previsto perforar su primer pozo denominado Timboy en el bloque chaqueño Agüaragüe Sur “A” a partir del segundo trimestre de la gestión 2010 de acuerdo a afirmaciones del directorio de la empresa.
YPFB Petroandina S.A.M. tramita la respectiva licencia ambiental para llevar adelante las labores y encara los trabajos de ingeniería básica y de detalle para construir los accesos a los sitios escogidos y localización de la planchada sobre la que se construirán las fundaciones que soportarán el equipo de perforación.
La determinación del pueblo guaraní del Chaco de Tarija, respaldada por su organización a nivel departamental y nacional, fue tomada tras la “Gran Asamblea” realizada el 14 y 15 de Abril en la comunidad de San Antonio en Villamontes, la misma que fue precedida por una marcha indígena que partió desde Yacuiba.
Los indígenas se reunieron en la Asamblea con el ministro de Energía e Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti, donde expusieron sus demandas y avanzaron en el análisis de algunos temas, pero, respecto a las operaciones en el Parque Nacional Aguaragüe y áreas de influencia no hubo acuerdo y se decidió no permitir actividad de exploración y explotación.
“Exigimos ‘una pausa por la Madre Tierra’ que se traduzca en la suspensión definitiva de todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Aguaragüe y áreas de influencia, mismas que son parte de nuestro territorio ancestral y sobre las cuales el Pueblo Guaraní tiene derechos precedentes al Estado Boliviano”, señala el documento resolutivo de los guaraníes.
Una de las principales razones de los indígenas guaraníes, weenhayek y tapietes para oponerse a la actividad petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe es que ven con preocupación “la creciente destrucción del patrimonio natural de la región chaqueña. Esta situación se ve reflejada en el deterioro y contaminación de las fuentes de agua, cambio climático y lluvias, deforestación y erosión de los suelos, que no sólo afecta a los indígenas, sino también a la población local”.
Por su parte el ministro de Energía e Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti, explicó a los indígenas en la Asamblea, que la exploración de hidrocarburos en el país no puede parar debido al aumento de la demanda de gas en el mercado interno por las conversiones a Gas Natural Vehicular (GNV), y mayores envíos de este energético a países vecinos. “De alguna u otra forma todos contaminamos el medioambiente, pero se puede trabajar en reducir la mitigación. Las soluciones no son inmediatas, es un proceso en el que tendremos que avanzar, pero hay que explorar no más, es inevitable”, afirmó.
El Parque Nacional Aguaragüe fue creado mediante Ley de la República Nº 2083 en fecha 20 de abril del 2000. La Serranía del Aguaragüe se encuentra ubicada en la Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. El área protegida se encuentra en el este del Departamento de Tarija y cuenta con una superficie de 118 700 ha.
Quintín Valeroso – Presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuiba, manifestó su desacuerdo con este tipo de proyectos “La posición nuestra es clara, concreta y corta: No se permitirá el ingreso a las empresas petroleras, trabajos sísmicos ni explotación dentro del Parque (Aguaragüe), puesto que es la única fuente de vida que tenemos ahí. Como pueblo guaraní vamos a hacer respetar estos derechos porque la madre naturaleza debe conservarse. No nos oponemos por oponernos, no estamos en contra de la mejora, pero si damos el espacio para que se destruya nuestras reservas, de que áreas protegidas estamos hablando”.
En el mismo sentido Justino Zambrana, dirigente Guaraní expresó “La verdad es que hay muchas cosas en las que deben reflexionar los ministros. Esta marcha que hemos realizado es una muestra de que se deben corregir algunas cosas que se están cometiendo en contra de la humanidad y que el pueblo sale a defender. No estamos hablando de compensación sino de que se respeten los derechos y se hagan cumplir las normas para evitar que se dañe los recursos naturales, especialmente el agua. Una cosa es el Parque Aguaragüe y otra es lo que ha quedado fuera. Si se tiene que hacer consulta para actividades hidrocarburíferas fuera del Parque que se haga, no nos oponemos a este trabajo, pero que se realice de buena fe, sin engañar al pueblo indígena”.
Respeto al derecho de consulta.
Los representantes de la APG, denuncian que no se respetó el proceso de consulta, establecido en el Artículo 30 de la NCPE, previo al inicio de los estudios de sísmica 3D para el pozo Timboy X-2. “Se nos dice que los estudios de sísmica no causan ningún daño, pero esto lo conocemos porque ya hemos visto anteriormente en otros lugares donde se realizaron estudios de sísmica hubo disminución de los caudales de agua”, manifestó Jorge Mendoza de la APG.
Recordó que otros temas incluidos en el pliego de peticiones de la APG guardan relación con la necesidad de una respuesta inmediata de parte del Gobierno para dar solución al problema de los pasivos ambientales en Aguarague, legado de proyectos petroleros de décadas pasadas, que según Mendoza estarían vertiendo deshechos a las reservas de agua del parque contaminando el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de todos los habitantes de la zona.
“Otro de los problemas más grandes que tenemos es el tema de los pasivos ambientales en el campo Sanandita, hay dos pozos que a diario están derramando combustible a las quebradas y nadie dice nada, esa es la medida que hemos tomado, para que Yacimientos no venga con mentiras”, aseveró.
REPETIRÁN CONSULTA INDÍGENA PARA APROBAR LICENCIA AMBIENTAL DE GASODUCTO JUANA AZURDUY
Debido a que no se cumplió con todos los pasos del proceso de consulta con los pueblos indígenas para obtener la licencia ambiental del gasoducto Juana Azurduy, se repetirá el procedimiento, prometió el ministro de Energía e Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti, ante la Asamblea del Consejo de Capitanes Guaraníes Tapiete Tarija.
Sin embargo, Vincenti demandó a los guaraníes que viabilicen la realización de una Consulta eficiente y rápida porque el ramal de exportación de gas Juana Azurduy debe estar listo el 30 de abril del 2011, puesto que de otro modo el país afrontaría multas correspondientes al 15 por ciento del valor de gas que se exportará a Argentina.
Respecto a la participación indígena para aprobar el proyecto Gasoducto Juana Azurduy, los guaraníes dijeron que no conocen el trazado del ducto y que no saben con quienes se realizó la Consulta. “Seguro han hecho consulta pero obviando y buscando amigos. Es de mala fe lo que están haciendo”, cuestionó Justino Zambrana, presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes Tapiete Tarija.
“El ministro reconoció que hay cosas que se obviaban. Eso quiere decir que se han ido saltando algunos procedimientos para acelerar el compromiso, lo que es penoso y aquí han demostrado una tremenda debilidad. En este marco vemos que al Gobierno le falta experiencia para discutir con los pueblos indígenas”, afirmó.
Por otro lado, durante la Asamblea indígena se presentaron cinco puntos que resumen la demanda guaraní al Gobierno Nacional. El primero tiene que ver con la Consulta y Participación sobre Políticas, Planes y Proyectos de aprovechamiento de hidrocarburos (Consulta Previa). Al respecto Vincenti dijo: “No queremos suprimir el proceso de Consulta en la actividad hidrocarburífera porque sería técnicamente imposible, puesto que está en la Constitución Política del Estado, además que creemos en la autodeterminación de los pueblos. Se trata de un rumor malintencionado”.
El segundo punto está referido a la decisión guaraní de no permitir más exploración y explotación en el Parque Nacional Aguaragüe. En este tema no se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional.
El tercer punto mencionado por los guaraníes fue el de mitigación y eliminación de pasivos ambientales en el Parque Nacional Aguaragüe y Comunidades aledañas, que contempla contaminación petrolera en represas, quebradas y otros. En este tema no se llegó a una conclusión final porque se lo ligó al segundo punto.
El cuarto aspecto que se trató fue la participación directa de los guaraníes en las regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En este aspecto se mencionó que la ley 3058, contempla un fondo especial indígena que destina el 5 por ciento del IDH, cuya distribución y ejecución está definido por una directiva integrada por las cinco organizaciones indígenas y campesinas, que incluye a los guaraníes.
El último punto al que se comprometió Vincenti fue el de hacer llegar una copia a los dirigentes guaraníes el anteproyecto oficial de Ley de Hidrocarburos que socializa actualmente el Poder Ejecutivo.
Con información de Energy Press y Reporte Energía
Fobomade
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Romero califica de inatendible pedido de guaraníes
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, calificó ayer de “inatendible” la demanda de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes (APG) de suspender la explotación de Hidrocarburos en el Parque Nacional Aguaragüe.
“Hay un tema que nos preocupa, que es el hecho de que ellos piden la suspensión de la actividad hidrocarburífera en el Aguaragüe donde está el 70 por iento de las explotaciones de gas del país. Entonces, es una demanda inatendible”, argumentó Romero ayer, antes del inicio del diálogo con los guaraníes en la localidad de Yacuiba.
Argumentó que la explotación de los recursos hidrocarburíferos es la mayor fuente de ingresos del Estado y sirve para coadyuvar al desarrollo de todas las regiones del país y para las propias demandas de los pueblos indígenas.
El ministro de Autonomías aseguró que el Gobierno está de acuerdo en establecer mecanismos de preservación del medio ambiente y la identidad cultural de las comunidades indígenas guaraníes que habitan el Aguaragüe pero no a suspender la explotación hidrocarburífera.
El pueblo guaraní inició, el pasado lunes, un bloqueo indefinido de carreteras en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija exigiendo la atención del Gobierno a sus demandas: su inclusión en la elaboración del proyecto de ley de autonomías en la Asamblea Legislativa, el manejo de la tierra y la consulta para la explotación de hidrocarburos y su impacto medioambiental, entre los principales, además de los temas salud y vivienda.
La APG, tras cuatro días, levantó el jueves pasado el bloqueo en la carretera.
Los Tiempos
