La fiscalía aprecia indicios de delito por las fugas de petróleo en dos pozos a 2.400 metros bajo el mar – La compañía no informó a Fomento de los escapes.
Por Ferran Balsells.- Un juzgado de Tarragona ha abierto la vía penal contra Repsol por al menos dos fugas de crudo mar adentro frente al delta del Ebro (Tarragona), a unos 40 kilómetros de la costa catalana. Los escapes, que la petrolera no notificó a las autoridades, se produjeron en mayo y junio de 2009 durante las tareas de prospección que determinaron la viabilidad de dos pozos petrolíferos submarinos de difícil acceso, que la empresa prevé explotar en 2014.
El Ministerio de Fomento detectó las fugas en julio del año pasado y la fiscalía abrió al mes siguiente una investigación de oficio, que ha culminado apreciando indicios de delito contra el medio ambiente, según la denuncia que el juez recibió la semana pasada.
El juzgado número 3 ha abierto diligencias previas para determinar si la petrolera tiene responsabilidad, así como la empresa estadounidense Pride of North America, que manejaba la plataforma subcontratada para las prospecciones, han confirmado fuentes del juzgado y de la fiscalía. El proceso apunta a posibles negligencias de los empleados dado que el delito penal, para el que se prevén penas de seis meses a cuatro años de prisión, no se aplica aún a personas jurídicas, como es una compañía. La reforma del Código Penal en trámite sí contempla esta posibilidad, pero no se puede aplicar retroactivamente.
De confirmarse el error humano, Repsol sería responsable subsidiaria de los daños y perjuicios. En ese sentido apunta la instrucción, orientada a determinar la cantidad de crudo vertida y a cuantificar los daños económicos causados.
La petrolera ya indemnizó con 250.000 euros a los pescadores, que en un principio reclamaron 1,5 millones. Repsol sostiene que la cantidad de crudo vertida fue “mínima, ya que las autoridades ni activaron el plan de contingencia”, señaló ayer un portavoz. Este declinó comentar la apertura del proceso penal, que afirmó desconocer.
Ambas compañías están comprometidas porque la fiscalía no descarta que se produjeran más fugas de las reconocidas, ni que estas se originaran en la plataforma estadounidense o fluyeran a través de grietas abiertas en los pozos propiedad de Repsol, señalan fuentes de la fiscalía.
Esta última posibilidad implicaría que el vertido siguió una mecánica parecida a la fuga que BP abrió en el golfo de México el pasado mayo en un pozo casi imposible de sellar. Es lo que preocupa a los ecologistas, que esta semana solicitaron al Gobierno una moratoria sobre los dos nuevos pozos que Repsol prevé explotar en Tarragona.
Salvando las mayúsculas diferencias, ambos accidentes guardan cierto paralelismo: los pozos ubicados frente al delta fueron descubiertos hace 16 años, pero la tecnología de la época no permitía su explotación dado el inaccesible emplazamiento del crudo. Repsol consideró resuelta la cuestión tras las prospecciones del año pasado pero los accidentes en esos trabajos pueden cuestionar la seguridad del método empleado en la perforación, el mismo factor que acabó propiciando el escape de la petrolera británica.
“Deben paralizarse todas las prospecciones en la costa española antes de que la seguridad esté garantizada”, señala un portavoz de Greenpeace que advierte de la fuerte presión que Repsol ejerce sobre la explotación de yacimientos marinos próximos a la costa española.
En febrero pasado, la compañía obtuvo una prórroga de tres años para explorar el Cantábrico en busca de crudo. Ese mismo mes adjudicó a la compañía francesa Technip el contrato para acondicionar los nuevos yacimientos de Tarragona. Los trabajos empezarán a mediados de 2011, durarán dos años y costarán unos 60 millones, que se añaden a los 135 ya invertidos por la petrolera en la perforación de estos pozos ahora bajo sospecha.
Los dos vertidos de los que se tiene constancia fueron detectados por Capitanía Marítima en un episodio polémico por la ausencia de información de Repsol: el vertido del 15 de mayo de 2009 lo descubrió un satélite que localizó una gran mancha de crudo cercana al delta; el del 23 de junio lo detectó la torre de control del puerto de Tarragona. Esta desveló un ajetreo constante de buques coronados por un humazo negro que partía del horizonte. Tras consultar a Pride, que negó estar sufriendo algún tipo de incidencia, se envió un helicóptero con cámara a la zona que comprobó que el intenso humo procedía de la misma plataforma, a su vez rodeada por enormes ribetes de crudo liberados al mar.
Fomento impuso a Pride una fianza de 2,7 millones y abrió un expediente sancionador en el que también estaba incluida Repsol, que alegó no haber sido advertida de lo ocurrido por Pride y asumió la responsabilidad de la sanción administrativa.
El ministerio ya ha cerrado ese proceso a petición de la fiscalía, que entiende que los hechos constituyen un posible delito y no una mera infracción. “Es la única forma para que las multinacionales cumplan las reglas en España lo mismo que en Alemania”, señaló ayer el capitán marítimo de Tarragona, Fernando Collado, todavía molesto por los encontronazos con la empresa estadounidense y Repsol en 2009.
El País
